viernes, marzo 24, 2006

No a libros de magia en cárceles del Reino Unido


El Servicio de Prisiones de Gran Bretaña prohibió a un detenido la lectura de libros de magia por considerarlo “inadecuado” para un preso, aunque no fundamentó la medida y entonces desató las suspicacias sobre si los funcionarios se inquietaron al considerar que el pedido del recluso podía convocar a la prisión al fantasma del mago Harry Houdini, el experto en fugas más celebre.

Un cable de la agencia noticiosa Associated Press fechado este mes en Londres informó que Shaun Tuley, de 36 años, condenado por matar a una prostituta hace seis años, “no podrá adquirir manuales sobre magia” luego que el Servicio de Prisiones del Reino Unido calificara a esos textos “inadecuados” para un preso.

"Mi pasatiempo es la magia, que he estado practicando desde que era niño", protestó el recluso en una carta que escribió al escribió al periódico Inside Time, un medio editado por organizaciones de caridad que llega a las cárceles británicas.

Tuley, acusado de asesinar a una joven mujer en 2000 luego de pagarle 45 libras -80 dólares- para tener relaciones sexuales, está actualmente en la cárcel de alta seguridad de Frankland, en el noreste de Inglaterra, desde donde denunció la prohibición.

La negativa del Servicio de Prisiones no aclaró las causas en las que fundamentó su decisión por lo que no pudo saberse, por lo menos en el primer momento, si los manuales de magia que deseaba el preso incluían trucos escapistas, útiles entre otras cosas para escapar de una prisión.

La falta de explicaciones oficiales dejó agitándose sobre las oficinas del Servicio de Prisiones inglés el fantasma de Houdini el más grande de los magos de todos los tiempos, experto en escapismo o, lo que es lo mismo, fugas.

Y dejó al preso sin su libro, lo cual no deja de traducirse en una paradoja: la prisión de Frankland ha sido felicitada por el tamaño y la diversidad de su biblioteca.


Penitenciaría de Mendoza, otra vez malas noticias
Doce presos peligrosos se fugaron en la madrugada del miércoles de la penitenciaría de la capital de la provincia de Mendoza -Argentina- a través de un túnel del que emergieron en un parque aledaño en las afueras del establecimiento penal. Cinco evadidos fueron recapturados poco después y otro grupo era perseguido por la policía.

La fuga se produjo alrededor de las 4.30 del miércoles cuando internos del pabellón 9, donde se aloja a imputados de delitos graves, escaparon por un túnel de veinte metros de extensión que les permitió superar subterráneamente la línea de la gruesa muralla perimetral y salir en el predio del parque General San Martín.

El túnel se inició dentro del pabellón 9 y su construcción databa de varios días. No se dieron más detalles sobre las características del pasadizo subterráneo y cómo los presos lograron hacerse de las herramientas necesarias y ocultar su construcción. Dado el alerta de evasión por la guardia de la penitenciaría, la policía dispuso un operativo de rastrillaje en la zona, el que recapturó a cinco de los fugados a los pocos minutos que huyeran de la cárcel.

El hecho suma otra mala noticia sobre el funcionamiento de la penitenciaría de la capital de Mendoza, denunciado reiteradamente por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) por las condiciones de grave hacinamiento y obsolescencia que presenta.

A pesar de ser una cárcel provincial, la CIDH denunció al gobierno nacional argentino por la situación de esta penitenciaría a la que calificó como “una de las peores” de Sudamérica y dispuso una serie de inspecciones de ese organismo para monitorear la realización de trabajos que mejoraran las condiciones de detención.

Por la denuncia el Ministerio de Justicia de la Nación envió un grupo de funcionarios de la cartera que fueron acompañados por oficiales del Servicio Penitenciario Federal, para estudiar la situación de la deteriorada cárcel. Luego del informe realizado por estos enviados el gobierno de la Nación prometió ayuda financiera; formuló recomendaciones para aliviar el funcionamiento de la atestada penitenciaría y reclamó al gobierno de Mendoza acciones con la misma finalidad.

Esta situación produjo roces entre las autoridades de ambos gobiernos, los que demoraron la realización de los trabajos y que volvieron a ser exigidos por la CIDH al gobierno nacional.

No se sabe cuáles son los avances registrados en los trabajos de refacción de la vieja penitenciaría de la capital mendocina. Es de esperar que su ritmo sea mayor que el que muestra la página oficial en Internet de la penitenciaría mendocina donde, por ejemplo, el título “Novedades” difunde hechos de abril de 2005.


Iribarne, convenio e inauguración de obra en San Juan
El ministro de Justicia argentino, Alberto Iribarne, firmó un convenio de “cooperación mutua” con la provincia de San Juan para la construcción de obras en unidades del Servicio Penitenciario provincial.

Mediante el convenio el gobierno de la Nación entregará 10 mil pesos a San Juan para financiar mejoras en las cárceles, mientras la provincia “priorizará el alojamiento de internos federales durante 25 años” explica el comunicado oficial. El Servicio Penitenciario Federal no cuenta con establecimientos penales en ese distrito.

Iribarne anunció el alcance del convenio al habilitar obras realizadas en la unidad provincial 4, sobre el que afirmó que “permitirá avanzar en una mayor calidad de alojamiento penitenciario con el objetivo de reforzar los mecanismos de reinserción social de las personas privadas de libertad".-




martes, marzo 21, 2006

Internos federales y bonaerenses a estudiar

Los servicios penitenciarios federal y bonaerense, que alojan en conjunto más de la mitad de la población penal de la Argentina, iniciaron los ciclos lectivos de este año con cifras alentadoras: mientras casi 45% de los detenidos se inscribieron en alguno de los niveles educativos que se dictan en las cárceles federales; un tercio del total de internos de Buenos Aires lo hizo en las unidades penales de la provincia.

En este distrito se resaltó decididamente la importancia del comienzo de las clases en aulas carcelarias al encabezar la ceremonia alusiva la plana mayor del gobierno provincial. Asistieron el gobernador Felipe Solá; la vice Graciela Giannettasio; el ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco; la directora general de Cultura y Educación, Adriana Puiggrós, y el titular del Servicio Penitenciario bonaerense (SERPENBA), Fernando Díaz, entre otras autoridades y funcionarios.

“Es la primera vez que un gobernador bonaerense inaugura el ciclo lectivo en un establecimiento penitenciario” subrayó la gacetilla de prensa del Ministerio de Justicia provincial al informar sobre la ceremonia que se realizó el 13 de marzo en la Unidad 24 de Florencio Varela.

En las palabras alusivas Solá se aventuró a anunciar que “el objetivo para el 2007 es que el 70% de la población -penal- tenga acceso a la educación porque se van a sentir una persona” dijo. “Las cárceles no son para castigo, son para proteger a los de afuera de la posible peligrosidad de los de adentro, pero deben ser sanas y limpias y otorgar un trato humano cotidianamente” agregó el gobernador, quien finalmente puntualizó que “no estamos construyendo cárceles para tener más presos sino para que estén mejor; durante años el sistema carcelario no cumplió con las normas constitucionales, agradezco al ministro Di Rocco por la enorme preocupación de mejorar las cárceles y la situación de los internos”.

Por su parte, el ministro Di Rocco, consignó que “la educación es fundamental para la socialización y para volver a estar dentro del sistema; es obligación del Estado que ustedes tengan educación” recordó.

En el ámbito federal el lanzamiento del ciclo lectivo, que desde hace años registra una nutrida inscripción, no tuvo la misma suerte: toda la conducción del sistema penitenciario federal optó por viajar a Posadas para asistir al Consejo Federal Penitenciario que se desarrolló en esa ciudad. El acto realizado el 8 de marzo en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza fue encabezado por el director general de Régimen Correccional del SPF, inspector general César Montenegro.

Los registros de inscripción en los ciclos lectivos carcelarios de las jurisdicciones citadas entusiasman por el porcentaje significativo de internos que inician las clases, aunque es sabido que las cifras bajan indeseablemente durante el año en buena parte por falta de perseverancia de los detenidos y por las salidas del sistema educativo que asocian las libertades.

Así y todo el saldo reconforta y debe destacarse el trabajo de los maestros y autoridades carcelarias en los servicios penitenciarios federal y bonaerense cuando la meta es enseñar: la educación es una parte del tratamiento penitenciario; probablemente la más sólida para brindar al preso mejores armas de percepción e información, es decir alternativas al delito y, por lo tanto, alternativas a la cárcel misma.

Más allá de la retórica y de cualquier promesa hoy más de 4 mil presos, de un total de 10 mil, acceden a las aulas carcelarias federales y más de 8 mil detenidos bonaerenses, de un total de casi 25 mil, lo hacen en los recintos educativos del Servicio Penitenciario de Buenos Aires. Es noticia.-