Cárceles privadas en Chile: el Estado sólo controla y brinda la seguridad

Chile avanza en un ambicioso programa de construcción de diez unidades carcelarias concesionadas a operadores privados, que habilitarán 16.335 plazas de las cuales el 48,6% estarán destinadas a régimen de máxima seguridad según el proyecto oficial.

El programa, que duplicará la infraestructura penitenciaria trasandina existente, prevé una inversión privada de 280 millones de dólares para la edificación de 370 mil cuadrados y el presidente saliente, Ricardo Lagos, ya inauguró el primero de los establecimiento en Rancagua.

La particularidad del vasto programa de construcciones se destaca al proponer un quiebre con la política carcelaria de Latinoamérica: el constructor y operador del establecimiento no sólo será privado, sino que además tendrá a cargo la alimentación, salud, higiene y el tratamiento de readaptación social de los internos, mientras Gendarmería de Chile –institución penitenciaria del vecino país- se concentrará en las funciones de vigilancia, seguridad y administración del penal. "Gendarmería mantiene las funciones de custodia y vigilancia" precisó el ministro de Justicia trasandino, Luis Bates.

Según explica la información oficial chilena el tratamiento de readaptación social que el Estado contrata a los operadores privados de las cárceles incluye educación, asistencia social y psicológica, atención a lactantes de hijos de internas, tratamientos contra alcoholismo y drogadicción, capacitación laboral, acceso a trabajo, deporte, recreación, arte y cultura. Sus resultados serán controlados por el Estado que, de acuerdo a las cláusulas de la concesión, pagará un canon preestablecido por el servicio carcelario.

La modalidad de las cárceles privadas, cuya sola mención dispara opiniones y polémicas en los ámbitos que tienen que ver con las prisiones y las penas, irrumpe en la región por primera vez con estas construcciones como alternativa no sólo del control de la ejecución de la pena privativa de libertad estatal, sino de una pauta de penitenciarismo tradicional fuertemente enraizada con lo institucional en esta región del mundo. El sistema de cárceles privadas integra hoy una elite que sólo funciona en Francia, Inglaterra y Estados Unidos, entre otros países avanzados.

La ya activada cárcel de Rancagua, junto a las de Alto Hospicio y La Serena –a inaugurarse “próximamente” según la agenda oficial- integran el Grupo 1 del “Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria” y fueron adjudicadas al consorcio BAS (Besalco, Torno, Sodexho).

Las unidades concesionadas por 20 años, incluida la de Rancagua con régimen de máxima seguridad, cuentan para la gestión del predio penal segmentación en módulos de hasta 80 internos clasificados de acuerdo al grado de “compromiso delictual y cantidad”. Contemplan dormitorios individuales, talleres, comedores y patios incorporados para “evitar el contagio criminógeno entre los distintos grupos, permitiendo además la realización de los programas de reinserción social específicos para cada segmento” se explicó oficialmente.

El diseño del proyecto encarrila el tránsito de la población penal y la visita por circulación separada, para concentrar los contactos en los recintos habilitados. El único contacto se produce en los lugares de encuentro. El tránsito es de sentido unidireccional para prevenir retornos no autorizados en intentos de fuga.

La seguridad externa se basa en el sistema concéntrico de anillos de seguridad –muro y/o alambradas- y áreas de exclusión vigiladas, para permitir “reaccionar adecuada y gradualmente frente a cualquier eventualidad” dice el proyecto. Los obstáculos físicos son complementados con observación por televisión por circuito cerrado con interfaz digital y detección por sensores cuyas características no fueron informadas.

La televisión por circuito cerrado con interfaz digital también es una herramienta de la seguridad interna a lo que se suman el control centralizado de puertas para el control remoto de las vías de circulación; sistemas de interferencia de comunicaciones inalámbricas no autorizadas dentro y alrededor del predio penal.

Se agregan sistemas de detección por rayos X de alta resolución para el ingreso de bultos; sistemas altamente sensibles de detección de metales con tecnología Silla BOS y de drogas y explosivos de última generación -por aspiración de partículas- que, “mediante el uso de portales, permiten su uso en grupos de personas dando mayor seguridad en menor tiempo, con lo que se optimiza la revisión y el ingreso de visitas” precisan los documentos oficiales de construcción de los penales.

Inauguración
El presidente Lagos, inauguró en Rancagua la primera de las diez nuevas cárceles concesionadas junto al subsecretario de Justicia, Jaime Arellano y el Director Nacional de Gendarmería, Juan Carlo Pérez Contreras, entre otras autoridades. Sobre el programa de construcciones el ministro de Justicia, Luis Bates, dijo que “marca un antes y un después en el sistema carcelario, que pasará a ser más eficiente, otorgando garantías de seguridad a la ciudadanía y concentrando sus esfuerzos en la rehabilitación. La inversión que hace el país es histórica e implica dar vida a un nuevo modelo penitenciario, que es visto por los países de la región como un modelo exportable. Gendarmería, en tanto, mantiene las labores de custodia y vigilancia” puntualizó Bates.

Por su parte el ministro de Obras Públicas, Jaime Estévez, señaló que “con este hito Chile se convierte en pionero en Latinoamérica en desarrollar infraestructura penitenciaria mediante concesiones. Los nuevos establecimientos permitirán una imagen carcelaria menos agresiva y más amable con la más alta tecnología de seguridad en términos de diseño, materialidad y equipamiento, de modo de asegurar las condiciones óptimas para la operación del establecimiento y el resguardo de la seguridad ciudadana”, explicó.

Además de las mencionadas el “Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria” está compuesto por la erección de las unidades penales de Concepción; Antofagasta; Santiago I y II; Valdivia; Puerto Montt y VII Región.-

Las cárceles: un equilibrio inestable

Más que por otros factores, la rutina carcelaria se sostiene en un equilibrio inestable. Es lo que puede esperarse de un ámbito en el que más de la mitad de los que conviven –los presos- repudian estar allí aunque, es extraño, los enfoques sobre la temática es difícilmente ponderen el peso de semejante particularidad.

Por este choque frontal de intereses las líneas de límite están en constante movimiento en las prisiones. Son dinámicas.

Hay una especie de “olfato” carcelario recíproco de presos y guardianes en esto de estirar más o menos los límites para evitar trifulcas: muchas veces, muchas, una arbitrariedad de los carceleros no llega a la protesta o “batucada” de los presos ni mucho menos y, muchas veces, muchas, aquello que puede esperarse, por ejemplo la negativa de ingreso a una visita que olvidó la documentación obligatoria para hacerlo, termina en rebelión de pabellones y mucho más. Hay un listado inmenso y permanentemente renovado de pequeñas cosas que en la cárcel pueden conducir al motín.

Este equilibrio inestable en las cárceles es cada vez más inestable en los países con retraso en su desarrollo. Naturalmente, cuánto más retraso judicial, social y tecnológico, peor también para la cárcel, sin incluir en este panorama a aquellos sistemas donde el terror reemplaza a las leyes y reglamentos penitenciarios.

Rejas comparadas
En los países centrales raramente un motín carcelario finaliza con decenas de muertos. La memoria del estudioso de la cárcel debe ir bastante atrás para rescatar una revuelta estremecedora en esos lugares. Allí el equilibrio de las prisiones es menos inestable.

Por muchos factores, entre los cuales tiene mucho que ver la madurez social y el desarrollo económico. Entre ellos la vigencia de leyes y códigos claros, cerrados y así poco vulnerables a la interpretación que, junto a la tecnología extendida, decanta en plazos judiciales razonables que ahorran dosis de inquieta ansiedad a la población penal.

El equilibrio es menos inestable en esos países también por un andamiaje social educado en la sanción al que quebranta la ley y confiado en quienes condenan, lo que otorga legitimidad al sistema penal. En las naciones avanzadas es menor la preocupación de la gente sobre cuántos de los que están adentro deberían estar afuera y cuántos de los que están afuera deberían estar adentro.

Cuenta, por supuesto, el factor económico. Si hay progreso esto también incide en la convivencia dentro de la cárcel por dos vertientes: con un número menor de los índices de encarcelamiento y con inversión estatal en el sistema penitenciario, donde está incluido lo estructural de la cárcel, el número, característica y la funcionalidad de sus construcciones.

Los países desarrollados enfrentan la sobrepoblación en unidades de riesgo con la receta conocida –estatal o alquilada a sistemas privados- del alojamiento en celda individual de los prisioneros, como presupuesto básico del combate a la intranquilidad en las cárceles.

Así como cuesta encontrar antecedentes a motines cruentos en los países avanzados, Latinoamérica reincide en revueltas con pilas de muertos y heridos: el equilibrio inestable de las cárceles es más inestable en estos lugares.

Cuesta decirlo pero hay holgadamente más posibilidades que las matanzas se repitan, en vez que ese riesgo ceda para reacomodarse dentro del equilibrio inestable típico de la rutina de las prisiones.

En principio porque no puede esperarse que en pocos años los gobiernos de la región, salvo un impensado empeño, puedan cambiar leyes y códigos difusos y sembrados de vacíos legales que están abiertos a la interpretación caprichosa y apelación. Factores que, junto a la orfandad tecnológica de los juzgados, decantan en tiempos de sentencia y plazos judiciales para el espanto. Es decir en recargas de angustia e incertidumbre para la población penal.

Tampoco se podrá esperar que en el corto y mediano plazo cambie un andamiaje social regional que no confía en quienes condenan, lo que se traduce en la duda frecuente sobre cuántos de los que están adentro deberían estar afuera y cuántos de los que están afuera deberían estar adentro.

No puede esperarse además que una oleada de tecnología, informática y de seguridad, irrumpa en las viejas prisiones. Por lo menos en las argentinas. Datos: es raro, incluso sorprende, toparse con computadoras en las cárceles provinciales, mientras que las penitenciarías federales intentan la conexión en red informática de la treintena de sus establecimientos. No es un problema penitenciario ya que los presupuestos institucionales son asignados por las autoridades gubernamentales, pero el resultado no cambia: ni hablar de electrónica e informática que permita la custodia de las unidades con una baja dotación de agentes. Salvo, y parcialmente, en los complejos penitenciarios federales y otras unidades modernas abiertas entre 1996 y 1999, se sigue con la cárcel a pulmón y largavistas, restando recurso humano a las áreas de resocialización de los detenidos.

Lo que debe esperarse
En cambio sí debe esperarse, debe demandarse, que los gobiernos cumplan con lo primario de su responsabilidad en la cuestión carcelaria: es decir, aportar el presupuesto básico de apuntalar la convivencia –la tranquilidad- de las cárceles –y de las comunidades vecinas- con obras que brinden una aceptable y segura condición de alojamiento.

No menos que esto deben proveer es, más que su responsabilidad, su obligación. Avanzando como se pueda pero sin intermitencias hacia la celda individual en las unidades de máxima seguridad y doble a lo sumo, en regímenes de mediana seguridad.

Es caro. Ciertamente. La cárcel, por su razón de ser, es cara. Toda seguridad es cara.

Pero no hay cárcel que pueda ufanarse de segura, cuando los presos deben convivir en grupos, como las “ranchadas” de nuestro folclore tumbero. Porque favorecer la gestación de estos grupos, sosteniendo estructuras disfuncionales, potencia los riesgos de pelea y motín y es lo que aplauden los presos “porongas” o “pesados”: disimulados en el montón tienen el camino despejado para someter a los débiles. Siempre ha sido así la cárcel, después de la teoría.

También después de la teoría, mientras no se avance en invertir en estructuras que diluyan la sobrepoblación penal para cumplir con el presupuesto básico de la convivencia en las prisiones, el equilibrio inestable de la cárcel seguirá siendo más inestable en la región. Y la Argentina no está fugada de la realidad carcelaria Latinoamericana.


Fotografía -gentileza Servicio Penitenciario Federal-: Frente del edificio principal del moderno Complejo Federal de Jóvenes Adultos de Marcos Paz, Buenos Aires, Argentina, que brinda adecuado alojamiento a los detenidos entre 18 y 21 años. Su estructura no ha conocido un motín desde que se inauguró en 1996. Se necesita avanzar hacia estos modelos paulatinamente, pero sin intermitencias, para sostener el equilibrio inestable típico de las prisiones de la región.

Por los medios

Las cárceles federales llegaron a los titulares de los medios nacionales al finalizar enero por situaciones opuestas: mientras el sábado 28 “Clarín” brindó un reconfortante “Informe Especial” sobre los trabajos extramuros que realizan condenados alojados en la Unidad 14 de Esquel, cuatro días después los títulos policiales de diarios, radios y televisión reflejaron el drama de la riña entre presos en un pabellón de la disfuncional U.2 de Villa Devoto, que dejó como saldo dos muertos, nueve heridos y cuatro guardias contusos.

El “Informe Especial” de Clarín fue escrito por Carlos Prieto como enviado especial a Esquel, con el título “Condenados por delitos graves que buscan reinsertarse en la sociedad” y destaca que “algunos –presos- trabajan como barrenderos, contratados por la Municipalidad; otro en una carpintería y además estudia Derecho. La gente no cree que signifiquen un riesgo y casi todos los aceptan con naturalidad”.

La nota detalla las características de las labores que realizan fuera del penal y el nivel de absorción que los condenados alcanzan en la comunidad esqueleña. El trabajo periodístico es útil para acercar al masivo público porteño, el carácter más cercano de la relación de la cárcel con las instituciones y la gente que conviven con ella en una localidad del interior.

Sobre los trabajos de limpieza que realizan en las calles de Esquel los internos el resumen lo dio Eduardo Conesa, secretario de Obras y Servicios Públicos de esa ciudad: “no hay quejas de los vecinos por contratar presos; al contrario, en 2002 suspendimos los contratos por la crisis económica, y hubo protestas por falta de limpieza. Si alguno quiere seguir como barrendero cuando salga en libertad, no hay problema, ya se ha hecho” explicó el funcionario.

“Ni enterada estaba que eran presos, pero me parece bien que estén activos”, opinó la vecina Gabriela Sepúlveda; “está bien que les den trabajo, porque así dan un servicio a la comunidad y supongo que deben evaluar a quiénes dejan salir”, dijo por su parte a “Clarín” Daniela González, asistente social.

El periodista acierta cuando rescata un diálogo entre los presos-trabajadores en el que lamentan que al intentar contratarlos "los patrones se asustan por todos los trámites que tienen que hacer”. Ese comentario, probablemente inducido, tiene como contrapartida la palabra del dueño de un taller que explicó: “necesitaba un carpintero y un conocido que trabaja en la cárcel me recomendó a Pedro, así que hice los trámites, que tardaron casi tres meses. Es muy buen trabajador, va a seguir hasta que decida irse; es una buena opción darle trabajo a un detenido, en la zona es escasa la mano de obra, y además así se puede ayudar un poco” comentó Juan Carlos Villalba, dueño de la carpintería "Modelos" de Esquel.

Cuatro días después treparon a los títulos policiales de todos los medios la pelea entre presos del pabellón 3 de la Planta 1, plena “villa” de la Unidad 2 de Villa Devoto. Los títulos de las informaciones variaron en dramatismo: desde el neutro “Mueren dos presos en pelea en la cárcel de Devoto” que fue adoptado por varios medios, hasta el de “Baño de Sangre en Devoto” que usó “Crónica” el jueves 2 de febrero.

No obstante esta dispersión para titular el contenido informativo general giró en torno a lo expresado por el comunicado de prensa emitido por el Servicio Penitenciario Federal la tarde anterior y lo declarado a los medios por el Ministerio de Justicia.

“Prisiones y Penas” puede agregar a lo que señalaron las noticias que la gresca entre los presos fue asimétrica: en la puja por una cucheta, una “ranchada” –grupo de presos del pabellón- atacó armada de “facas” a otra desarmada, según pudo saberse. Los lectores advertirán a cuál de los dos grupos pertenecían los muertos y heridos.

También esta página conoció que los detenidos resistieron la intervención del personal penitenciario hasta ser reducidos y con este propósito regaron de aceite comestible los pisos de acceso al pabellón para dificultar el ingreso de los guardias entre los que hubo cuatro lesionados.

Buenos Aires, presos picapedreros
Por su parte el Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires (SERPENBA), llegó a “La Nación” el 4 de febrero con el trabajo que realizan presos de la Unidad 2 de máxima seguridad de Sierra Chica en la cantera que da nombre al lugar.

La nota fue realizada por María Baliño como enviada especial y señala que 80 reclusos “hoy, como hace un siglo, trabajan picando piedra en la cantera de Sierra Chica, a 350 kilómetros de la capital y doce de Olavaria”.

La información de “La Nación” puntualiza que la decisión de posibilitar a detenidos picar piedra fuera de la cárcel es una iniciativa de la Subsecretaría de Políticas Penitenciarias y Readaptación Social del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que pretende triplicar en el futuro el número de trabajadores.

Con 1600 internos Sierra Chica, tristemente célebre por el sangriento motín ocurrido en marzo de 1996, es la tercera cárcel más poblada de la provincia y la posibilidad de aumentar el número de reclusos trabajadores está relacionada con la obtención de la titularidad de las tierras por parte del SERPENBA.

"En épocas duras del país, las máquinas no se reparaban y las explotaciones se perdieron, explicó el titular del servicio, Fernando Díaz. "Vimos que activando la cantera, podíamos empezar a dar trabajo a muchos reclusos", agregó el funcionario convencido que el trabajo en la cárcel es buen recurso en la cruzada por mejorar las posibilidades de reinserción social de los condenados.

Explica el informe periodístico que los presos trabajan de 7 a 12 dentro de “un reforzado y altamente custodiado cerco perimetral –que- deja en claro los límites. El trabajo es a mazazos y los presos llegan a producir piedra para que funcione la trituradora del penal cada dos semanas.

En 1890 se inició la explotación de la cantera por los presos de la cárcel. Llegó a producir 90 mil toneladas anuales de piedra y más de 400 puestos de trabajo para los internos, lo que declinó hasta 2001 cuando la crisis clausuró el trabajo. "El piso de la catedral de La Plata está hecho con granito de Sierra Chica", comentan con orgullo los penitenciarios allí destinados.