viernes, abril 04, 2008

Sobre la jerarquización profesional penitenciaria


El ministro de Justicia de la provincia argentina de Buenos Aires, Ricardo Blas Casal, aseguró días pasados en una ceremonia institucional, que desde el gobierno del distrito“haremos todo lo que esté a nuestro alcance para jerarquizar la institución penitenciaria” y especificó que “los empleados de esta institución son el motor del sistema”.

Las palabras del ministro reiteran dichos similares formulados por anteriores gobiernos que en la práctica nunca llegaron a acciones concretas: la síntesis de parvas de promesas realizadas a través de décadas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es un trabajo penitenciario casi no reconocido por la ciudadanía y tampoco reconocido en los sueldos de los agentes. No existió la jerarquización tantas veces prometida.

Escenarios calcados se detectan sin fronteras que los circunscriban: se dan en la mayoría de las provincias argentinas y en la mayoría de los países de la región centro y sudamericana.

Hay una esencia del tema de la jerarquización del trabajo penitenciario que no es seguro que los funcionarios perciban como tal. Por lo menos así lo deja inferir la ausencia de mensajes y acciones dirigidos a ponderar esa cuestión con esa característica vital. También así por lo menos lo dejan pensar los ínfimos montos de sueldo que los gobiernos destinan a un guardia de cárcel para realizar un trabajo calificado como “penoso” por las Naciones Unidas.

Una jerarquización concreta
La jerarquización del penitenciarismo se encuentra claramente y está presente como principio en la legislación argentina: “la reinserción social del condenado”, según fija la ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad Nº 24.660.

El problema es que los designados para tener a cargo las instituciones carcelarias no transmiten a los hombres y mujeres trabajadores de la cárcel cuál es el norte de la jerarquización y dónde está su futuro insustituible: el del tratamiento penitenciario de los presos.

No se escucha entre los funcionarios, quien diga con convicción a los penitenciarios de la región que su futuro es el de apuntar hacia y sostener el tratamiento de los presos como horizonte profesional.

Apuntarlo y sostenerlo por dos razones concretas, tangibles, que se pueden ver y tocar: porque mejorar las tasas de reinserción social de los liberados es decididamente un logro laboral jerarquizador capaz de ser reconocido por la ciudadanía sin discusión y, en segundo término, porque el penitenciario debe conceder que una tarea de vigilancia y custodia ya no lo jerarquizará.

Sencillamente porque ese trabajo lo puede realizar un integrante de cualquier fuerza de seguridad. Simplemente con escuchar la orden de que “nadie se fugue”. Sencillamente también, por si hace falta decirlo, porque esa tarea la realizan en algunos sistemas penitenciarios de la región hombres cuya preparación como guardias de cárceles les toma el tiempo de aprender a disparar un fusil con razonable puntería. Después de eso a las murallas...

Los penitenciarios saben que hay colas de postulantes decididos a aprender a manejar un fusil. Pero no hay muchos dispuestos a asistir a cursos de formación anuales que jerarquicen su trabajo capacitándolos para operar, supervisar y decidir en un tratamiento penitenciario.

Por allí, con algunos agregados y matices, pasa la jerarquización penitenciaria. La que ponderará la sociedad. Para bien de todos.

Esa jerarquización busca autoridades decididas a trasladar a las instituciones carcelarias el mensaje jerarquizador de la profesión: estar formado para reinsertar, para recortar las tasas de reincidencia criminal. Es el desafío penitenciario a enfrentar en el futuro.

Autoridades también decididas a plantear lo delicado del trabajo carcelario a los más altos estamentos de los gobiernos y, por esto, su necesidad de ser jerarquizado transitando un horizonte resocializador que, no puede obviarse, demanda salarios suficientes para exigir la capacitación.

Este trasfondo jerarquizado servirá de mucha mejor base a la “ampliación de los jardines maternales y de infantes que resolveremos brevemente” y a los“nuevos criterios de selección de personal y de clasificación de los internos para disminuir los índices de violencia en las cárceles”, que prometió el ministro Casal para los agentes del Servicio Penitenciario bonaerense al hablar en una ceremonia.

El ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires hizo estas promesas al presidir la semana pasada el acto de inauguración del ciclo lectivo 2008 del Instituto Superior de Formación y Capacitación del Personal Penitenciario bonaerense en la ciudad de La Plata.

La ocasión, como iniciación de un esfuerzo capacitador, fue inmejorable para dar, desde el ministerio de Justicia bonaerense, un empujón a la jerarquización de la profesión penitenciaria: en ese instituto unos mil agentes cursan tres carreras terciarias: Tecnicatura en Ejecución Penal, en Recursos Humanos y en Seguridad Institucional. Los egresados obtienen título oficial de la Dirección General de Escuelas de la provincia.
Foto: ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Blas Casal.

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