Obama compra una cárcel para cerrar Guantánamo

El gobierno de Barack Obama avanza en el cierre de base naval de Guantánamo (Cuba) con la adquisición de una prisión en el noroeste de Illinois, a la que serán trasladados los detenidos en la prisión militar, informó una fuente diplomática oficial.

Según esta fuente, el presidente estadounidense ordenó al gobierno federal la compra del Centro Correccional Thomson, una cárcel de máxima seguridad al oeste de la ciudad de Chicago.

El gobernador de Illinois, Patrick J. Quinn, y el influyente senador del Estado, Richard J. Urbin, reciben con entusiasmo la idea de alojar presos de Guantánamo en la cárcel de Thomson porque contribuiría a la creación de empleo en una de las partes más empobrecidas de la región, informó The New York Times.

La oposición de los republicanos de Illinois, en cambio, teme que el traspaso de los presos convierta el Estado en un objetivo potencial del terrorismo.

La cárcel de Thomson fue construida en 2001 a un costo de 120 millones de dólares, originalmente pensada para integrar el sistema penitenciario federal norteamericano.

Antes del traspaso de los detenidos a Illinois el Congreso estadounidense debe aprobar la ley por la que todos los detenidos sean juzgados en Estados Unidos.

El cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Jalid Sheij Mohammed, será juzgado en un tribunal civil en Nueva York junto a otros cuatro sospechosos de haber planeado los ataques terroristas. Los cinco están en Guantánamo. Aparte de éstos, otros 40 de los 215 que aún permanecen en la prisión también serán juzgados fuera de la base. Otros 90 serían enviados a terceros países y 75 aún esperan ante un vacío jurídico.

Obama anunció tras su asunción la intención de cerrar Guantánamo, en un plazo de un año. El presidente norteamericano impuso como plazo inicial el 22 de enero de 2010, pero Washington ha reconocido que cerrar Guantánamo para esa fecha es una misión imposible.

La pena de muerte: industria en crisis en Estados Unidos

Un informe del Centro de Información Sobre la Pena de Muerte (DPIC en inglés) confirma, sin informar nada nuevo, que la pena de muerte lleva a la ruina a varios de los estados de Norteamérica en los que la pena capital está vigente.

Es que según las organizaciones que siguen de manera crítica estos procesos aseguran que el costo mínimo para ejecutar a una persona es de 3 millones de dólares. Y sostienen que, en cambio, si la máxima pena fuera de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional, su costo sólo llegaría a 11,5 millones de dólares, pero durante todo un año.

Son los datos más elocuentes, aún si estuvieran un poco exagerados, y teniendo en cuenta la cada vez mayor resistencia popular a mantener la pena máxima, para incorporar al análisis que ocupa cada vez más espacio en la mente de los estudiosos y se recalienta en las proyecciones presupuestarias de los gobernantes: abolir los corredores de la muerte por razones económicas.

California destinó 137 millones de dólares para sostener las superestructuras políticas, judiciales y carcelarias que llevan a la pena capital. En la otra costa estadounidense, el estado de Florida ocupa 24 millones de dólares de su presupuesto en cada una de las ejecuciones, aún después de haber reducido 10% su presupuesto judicial.

Por su parte, Nueva Jersey gastó 250 millones de dólares en nueve años antes de decidir la eliminación de la pena muerte, después de estimar que llegar a una ejecución costaba 10 millones promedio más en los casos penales de mayor gravedad.

Asociado a esto, la abolición del corredor de la muerte se aprobó en Connecticut, mientras se avanza hacia lo mismo en los parlamentos de Montana y Colorado. Arizona, en cambio, estudia privatizar todas sus cárceles, incluyendo el tenebroso corredor. Otros once estados, incluido Texas, el distrito que encabeza largamente las cifras de ejecuciones, ya han comenzado a analizar el futuro de la pena capital.

Como es sabido, estas enormes erogaciones no se van en las cámaras de ejecución, sino en el frondoso e intrincado camino judicial que demanda el atar a un condenado a la camilla de inyección letal. Los cálculos de las organizaciones especializadas indican que desde 1976 hasta el presente la pena máxima costó 2 mil millones de dólares al sistema legal y penitenciario de los Estados Unidos.

Es que no se puede ejecutar a nadie sin que se cumplan con todos los recursos de apelación, revisión del caso y eventualmente clemencia, lo que demanda la conformación de una estructura de abogados, carceleros y médicos, entre otros convocados, a las que deberá atenderse y sostener económicamente durante los diez años promedio que transcurren entre la condena y la ejecución.

Y aún con esto, sin eliminar totalmente el riesgo de llevar a la muerte a algún inocente.

En contrapartida, según Anna Grau para el diario ABC de California, “hay quien aguarda la pena capital con horror y hay quien le ve el lado bueno o incluso picaresco. Son las contradicciones de esta carísima industria. Hay quien ha cometido tantos crímenes que cuando le pillen no cabe duda que pasará el resto de su vida en la cárcel. Y a veces, esa vida puede ser mejor si se está condenado a muerte.

Es por ejemplo el caso de Billy Joe J…, líder de una banda de defensores de la supremacía blanca condenado a muerte el mes pasado en California. Recibió la noticia con indisimulado júbilo. El corredor de la muerte en California tiene 685 habitantes, de los cuales a duras penas se ejecuta a 13 cada año. Muchos de ellos fallecen por causas naturales mucho antes de que les «toque».

Y entre tanto, disfrutan de algunas ventajas: ocupan celdas individuales más grandes que las celdas para dos de los presos ordinarios, tienen televisor y CD para ellos solos, más acceso al teléfono y mejor régimen de visitas”. Mientras, la factura –de gastos- sigue subiendo.

Esta semana, el estado de Virginia ejecutó por inyección letal a John Allen Muhammad, el “francotirador de Washington” por la matanza de Fort Hood.

La ley consideró probado que este hombre sembró el terror disparando con mirilla telescópica a gente que iba a la gasolinera, al supermercado o al instituto. Durante tres semanas, murieron diez personas en Washington en 2002. John M… fue detenido rápidamente y en 2004 lo condenaron a muerte. Lo ejecutaron hace dos semanas.

Se negó a pronunciar sus últimas palabras y a que la prensa fuera informada del menú de su última cena, en la que el reo puede pedir lo que se le antoje, siempre que se pueda preparar en la misma cárcel o, según el estado, se pueda traer preparado de fuera por un coste no superior a cuarenta dólares. La pena capital se cumplió en presencia de familiares de las víctimas.

Y el otro cuestionamiento: no son pocos los que enfocan que mientras el Estado gasta fortunas en ejecuciones, muchas viudas, hijos y otros dependientes de las víctimas quedan en la indefensión o indigencia. ¿Y si se invirtiera menos en castigar y más en compensar a las víctimas? preguntan estos cuestionadores.

Foto: fachada de la prisión de Huntsville, sede de un corredor de la muerte en Texas.

Cárceles de Noruega: otra cosa

La cárcel noruega de Bastoey fue pensada con el precepto de que las prisiones tradicionales, de regímenes cerrados, no cumplen una función útil. Adscripto a esa filosofía carcelaria quien fuera su director, Oeyvind Alnaes, es el más convencido de que “el mayor error de nuestra sociedad es creer que se debe castigar duramente a los criminales para que cambien”.

Agregó el ex funcionario que eso “es un concepto errado; si tratas mal a la gente, se portarán mal. Cualquiera puede ser buen ciudadano si se le trata bien, se le respeta y se le imponen desafíos. Las grandes prisiones cerradas son escuelas de delincuentes” remató Alnaes.

Pero Noruega, en Escandinavia, es un país muy distinto en cuanto a su idiosincrasia, culturas y costumbres en comparación con las jóvenes naciones de Centro y Sudamérica.

Y también muy distinto, por supuesto, de los Estados Unidos. Noruega sería una “anticárcel” si se la comparara con Norteamérica. Noruega tiene una de las tasas de encarcelación más bajas de Europa, con 66 presos por cada 100 mil habitantes, mientras Estados Unidos registra 727 presos por cada 100 mil individuos.

Y el mensaje del Ministerio de Justicia noruego es recurrente en privilegiar la necesidad de reintegración del condenado en la sociedad más que la necesidad de castigo y en preocuparse de que las prisiones se vean como una parte normal de la sociedad.

Mejor, poco posible
Bastoey, a setenta kilómetros de la capital del país, es una prisión de régimen semiabierto situada en una isla con construcciones de distintos colores, vegetación tupida y playa para los detenidos en las aguas del fiordo de Oslo.

Afortunados con el lugar al que han sido enviados, allí se alojan más de cien presos que no están encarcelados sólo por violar normas de tránsito según dice la información y que disfrutan de actividades que rara vez se asocian con una prisión.

En el verano, asesinos, violadores y ladrones, pueden mejorar su técnica en las pistas de tenis, cabalgar por el bosque o nadar a la playa. En cambio en invierno, las posibilidades se reducen al esquí deportivo.

Los internos trabajan entre las 8 y las 14:30 horas en la prisión que, en el segmento de trabajo carcelario, es una granja con ganado al que hay que atender, leña para cortar y procesar en el gran aserradero –con hachas y sierras- y cultivos y cosechas para realizar. Si el tiempo de condena es suficiente, muchos dejarán Bastoey con un certificado por la formación laboral recibida.

Después del trabajo, los hombres regresan a los alojamientos: cabañas de madera de buena construcción en las que conviven grupos de cuatro a seis internos.

Alnaes, el ex director de la prisión, subraya: “cualquiera puede ser un buen ciudadano si se le trata bien, se le respeta y se le imponen desafíos y exigencias”.

Esta forma de pensar muestra la forma en que Noruega y las naciones escandinavas gestionan los sistemas penales en los que no están contemplados la pena de muerte, ni la prisión perpetua. En cambio, la pena máxima de cárcel es de 21 años, por asesinato. La mayoría cumple dos tercios de la pena antes de quedar en libertad. Los condenados mantienen su derecho a voto y pueden ejercerlo en prisión.

Todos los internos comienzan su condena en una cárcel tradicional. Son instalaciones más seguras, pero que tienen los problemas comunes a otras cárceles del mundo: drogas, falta de educación y de oportunidades de trabajo. Esto se debe a que la mayoría de los detenidos pasan mucho tiempo del día encerrados en sus celdas. Aún así, la experiencia de una prisión tradicional en este país escandinavo es muy diferente de la de otros países.

Aunque el trato a los delincuentes no está exentos de las polémicas en Noruega. El partido Progreso, principal de la oposición, reclama desde hace años sentencias más duras y prolongadas para los responsables de delitos violentos, una visión que ahora alcanzó al partido Laborista, en el gobierno.

Las cárceles más violentas del hemisferio están en Venezuela afirmó la CIDH

Casi una muerte cada día se registra en las cárceles venezolanas, lo que las convierte en las cárceles "más violentas" del hemisferio occidental, según el Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los derechos de las personas privadas de libertad, Florentín Meléndez.

El Relator, en audiencia pública en la CIDH, afirmó que "no he encontrado cárceles más violentas que las de Venezuela'' luego de monitorear las medidas tomadas para proteger la vida de los internos en centros de reclusión en ese país.

Con 25 mil encarcelados en promedio en los establecimientos de detención venezolanos, se formularon actuaciones por "casi una –muerte- cada día, eso no se observa en ningún otro país'' del hemisferio, precisó el funcionario ante los miembros de la CIDH.

El Observatorio Venezolano de Prisiones por su parte, aseguró que llevó a los jueces estadísticas desde 1999 hasta el presente que registran 3.644 muertes –en estos últimos diez años-, unas 365 muertes violentas intracarcelarias por año y "el equivalente –de la población penal- de casi cinco prisiones'', puntualizó la entidad.

El Observatorio registró 39 muertes en el primer semestre de 2008 y 63 durante el mismo periodo este año, adelantaron sus voceros.

Más allá de las cifras acerca de la situación carcelaria de Venezuela, también habla de manera preocupante la actitud de su gobierno que negó a la CIDH la autorización para recorrer las penitenciarías y conversar sobre las condiciones de detención con los presos. Meléndez apuntó que "he gestionado permisos para visitar el país y las cárceles, pero no ha sido posible'' obtener los permisos.

También, Meléndez resaltó que no se han corregido las condiciones de hacinamiento en muchos centros de detención como en La Pica, donde la sobrepoblación alcanza el 34%, en la cárcel Yare 45%, Uribana el 71% y el penal El Rodeo I y II, donde la sobrepoblación supera el 115%.

Mientras la situación en las cárceles de Venezuela no muestra señales de mejorar, la directora de Servicios Penitenciarios de ese país, Consuelo Serrada, salió al cruce de las críticas difundiendo los proyectos destinados a mejorar la situación carcelaria, como el “Plan de Humanización Penitenciaria”, que incluye nueva infraestructura, restauración de edificios antiguos y la contratación de más agentes penitenciarios.

Serrada expuso cifras oficiales acerca de una leve “tendencia a la baja” de los hechos de violencia, al pasar de 2,94% a 2,59% en los datos de heridos y de 1,66% a 0,90% en los muertos entre 2008 y 2009. Serrada consideró a estas raquíticas reducciones como un "paso adelante, pequeño pero significativo''.

Fuga de presos en hospitales: un problema no sólo de la Argentina

La fuga de detenidos de los hospitales públicos, adonde son trasladados cuando la atención médica demanda “complejidad”, obligó a las autoridades españolas a crear un “protocolo” de procedimiento para asegurar estos movimientos, en cuya letra la esencia es la vigilancia continua y recargada.

En Argentina, los riegos inherentes a estos traslados no han cambiado y se confía en el celo y la profesionalidad de los guardias durante el movimiento de los detenidos en los hospitales públicos atestados de gente en los pasillos y recintos de los nosocomios.

Cuando se dice riesgos inherentes a estos traslados, no se habla centralmente del que asume el personal penitenciario por su trabajo sino, y ante todo, de los riesgos potenciales que un preso peligroso con actitud de fuga puede derramar precisamente sobre los pacientes y acompañantes que acuden a los centros de salud.

España, por lo visto, está asustada de estos riesgos a propios y terceros y, luego de una larga historia de fugas de terroristas de la ETA y de otros detenidos peligrosos, el Ministerio del Interior ibérico decidió formular un “protocolo” del procedimiento de traslado a los hospitales extramuros donde la tolerancia cero es lo principal.

Ordena el protocolo que “en ningún momento se perderá de vista a los internos” durante su traslado hospitalario, aún cuando la demanda de atención médica implique la intervención “en las partes íntimas”, indica taxativamente la norma.

Y no es todo: la instrucción en el sentido de tener al detenido a la vista en todo momento incluye la custodia de guardias durante las operaciones quirúrgicas.

Hay otras órdenes inexorables en su cumplimiento: los traslados de presos terroristas, serán “especialmente vigilados”, al igual que los movimientos de grandes narcotraficantes o los reclusos más conflictivos e inadaptados. Se agrega que desde la entrada en vigencia de este protocolo, los funcionarios que escolten este tipo de movimientos serán informados “expresamente” de que los trasladados son terroristas, para que prevean las medidas de seguridad adecuadas.

El protocolo va incluso más allá: entre líneas hace responsables a la comisión penitenciaria de traslado a un hospital de mantener al interno contenido permanentemente con elementos de sujeción –esposas o cadena- al señalar que “en ningún caso procede a las fuerzas y cuerpo de seguridad la liberación de un preso en custodia o traslado”.

La nueva normativa ya vigente, reforma a otra similar redactada catorce años atrás. Este reemplazo, más contundente en cuanto a la vigilancia de los trasladados surgió dos meses después que varias capas de desinteligencias y errores de jueces concluyera con la fuga del peligroso delincuente kosovar Astrit Bushi, jefe de la banda que asaltó la casa del productor José Luis Moreno en diciembre de 2007.

Según voces adentradas en la problemática penitenciaria española, que no es menor, con la reforma el Ministerio del Interior abordó lo que reconsidera una de las vulnerabilidades del sistema de seguridad peninsular: los riesgos que asocian los frecuentes traslados de presos a juzgados, hospitales y otras dependencias públicas y privadas.

Entre otras cosas, con la reforma de los procedimientos de vigilancia pretenden disuadir a la ETA de poner en práctica alguno de los temerarios planes de fuga ya descubiertos o que se repitan fugas de presos peligrosos como ha sucedido con anterioridad ante la sorpresa de la guardia armada.

Foto: fachada de la cárcel española de Picassent