Buenos Aires: amparo sobre periferia de situación de niños alojados en cárceles

El Tribunal Oral Criminal IV de Buenos Aires hizo lugar a una acción de amparo de la Comisión por la Memoria de la provincia, para verificar el cumplimiento de los derechos de los niños de hasta cuatro años que acompañan a sus madres encarceladas en la jurisdicción bonaerense.

El pedido de amparo, formulado por la Comisión de la Memoria, a través de su Comité contra la Tortura, sobrevuela la periferia de esta sensible problemática al limitarse a canalizar reclamos sin exigir que los veedores de la justicia también se expidan sobre el alcance de los trastornos psicofísicos que asocia el alojar niños en cárceles de adultos indiscriminadamente.

Este interrogante es el trasfondo vital de la situación de los chicos que se desarrollan hasta los cuatro años internados en pabellones carcelarios, que jamás fue contestado seriamente, porque no se abordó la profundidad de la problemática y, también, por contaminación ideológica y política.

Hoy, refiriendo casos de la Argentina, la experiencia penitenciaria de años de observar a los niños en las prisiones acompañando a sus madres, indica que terminan por asumir el lugar de reclusión como su hogar, a internalizar el encierro como una parte de su vida y a adoptar el vocabulario de los mayores en prisión, presas y personal penitenciario.

Llegar a este contexto es posible sin profundos análisis ni costos: pueden incorporarse al debate sobre el tema a los profesionales que trabajan en contacto con hijos y madres dentro de las cárceles.

Esta experiencia traumática ya detectada en los niños plantea la alternativa, acordada con la madre, de decidir su alojamiento carcelario como solución de última instancia y no como primera opción como se da en la práctica actual favorecida por la legislación sobre la que se ha derramado ideología.

El amparo
La ley carcelaria, o de ejecución penal argentina, tanto en la Nación como en la provincia de Buenos Aires, contempla que los hijos de las detenidas pueden convivir con sus madres en prisión hasta cumplir cuatro años cuando deben dejar la cárcel para quedar a cargo de familiares biológicos, tutores o instituto de menores.

Desde el 1º de junio médicos pediatras, psicólogos, asistentes sociales y arquitectos recorrerán las unidad 33 de Los Hornos; 4 de Bahía Blanca; 3 de San Nicolás; 5 de Mercedes y 51 de Batán, para informar al Tribunal Oral Criminal IV sobre la situación de los menores que conviven con sus madres en prisión.

La Comisión por la Memoria a través de sus representantes Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Cañón y Martha Pelloni, presentó el amparo para pedir que se suministre a los niños -cerca de un centenar en la provincia- infraestructura para acceder libremente a la educación, para responder a quejas de las madres por falta de atención médica y para formular un programa de “revinculación” del menor con su familia de origen según su denominación.

Por la presentación del amparo fuentes del Ministerio de Justicia bonaerense relativizaron las denuncias de la Comisión al asegurar que la mayoría de las garantías pedidas se “estaban cumpliendo” en las unidades penales.

Las mismas fuentes no descartaron que el ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco, y el director del Servicio Penitenciario bonaerense, Fernando Díaz, sean citados por el tribunal provincial para responder a las consultas sobre la situación de los cien niños alojados en los penales del distrito.

La periferia y no la esencia
El pedido de amparo admitido por el Tribunal Oral Criminal IV reclama entonces investigar la periferia y no la esencia del problema.

Una legión de médicos, psicólogos, asistentes sociales y arquitectos, casi seguramente poco conocedores de las entrañas de una cárcel, las recorrerán para luego informar que la actividad médica y educativa penitenciaria sobre los menores que acompañan a sus madres en prisión se da en más o menos cantidad y que los pabellones de detención, pensados para esto último, no son funcionales para desarrollar estas acciones.

Después del informe la Justicia ordenará modificaciones de estructura tras la rejas que, por la realidad raquítica del presupuesto carcelario, no podrán modificar la situación actual de manera consistente.

Pero la esencia de todo no será desentrañada: el concluir con certeza científica si alojar indiscriminadamente a los hijos junto a sus madres en cárceles de adultos, es el mal menor y no provoca a las criaturas más males que beneficios.

Peor, se permanecerá con una respuesta ideológica y política a uno de los más sensibles problemas humanos planteados: el de los niños criados en el ambiente criminógeno propio de cualquier cárcel.