Proyecto pide grabar llamadas de la cárcel para enfrentar "secuestros virtuales"

La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación recibió un proyecto de ley de la diputada por el Peronismo Federal Mirta Pérez que, de ser aprobado, autorizaría a las autoridades a escuchar las conversaciones de los presos para enfrentar el delito conocido en Argentina como “secuestro virtual”.

Esta modalidad delictiva engaña a la víctima a través de llamados telefónicos realizado desde las cárceles que le hacen creer que un familiar ha sido secuestrado y que, para liberarlo, sin cortar la comunicación deberá adquirir una cantidad de tarjetas telefónicas cuyos códigos de uso deberá suministrar a través de la línea al que formula la amenaza. Las tarjetas para uso de los teléfonos se comercializan entre presos en los recintos carcelarios de la Argentina. Los teléfonos públicos que funcionan en los sectores de detención de los penales están autorizados por las leyes de ejecución de la pena privativa de la libertad en la jurisdicción federal y de muchas provincias argentinas.

El proyecto de ley busca inicialmente unificar el criterio federal y provincial de prohibir el uso de teléfonos celulares en las unidades carcelarias del país y reafirma lo que ya es de uso en los distritos más importantes de la Argentina: un mensaje previo a la conexión de la llamada advierte sobre la procedencia carcelaria de la comunicación.

Pero Pérez avanza en el tema y pide que se graben todas las conversaciones telefónicas realizadas por los encarcelados, para lo que deben modificarse leyes anteriores que establecen el derecho a la privacidad de esas conversaciones.

“Cuando un derecho se convierte en un delito, se acabó el derecho; porque la gente en su casa también tiene derecho a que no se le cometa un delito” señala la diputada bonaerense, al cuestionar esa atribución concedida a los presos y su potencialidad para que reincidan en la delincuencia utilizando infraestructura de un recinto oficial: la cárcel.

Y amplía la argumentación al señalar que “cuando llamamos a las empresas de servicios públicos muchas veces nos dicen que la llamada está siendo grabada y yo no me ofendo; si -los presos- hablan con su familia para decirle que la quieren, no se van a ofender por ser grabados; se van a ofender los que estén hablando con sus banditas para robar” sostuvo Pérez.

Para la reflexión. Sobre todo cuando días atrás el Servicio Penitenciario Bonaerense reconoció oficialmente que no puede contener la ola de “secuestros virtuales”, entre otras cosas porque “no podemos grabar las conversaciones lo que traería aparejados problemas judiciales por la violar la privacidad de los internos” explicó el titular de la institución, Fernando Díaz.

Mientras los “secuestros virtuales” crecen, de acuerdo a lo concedido también oficialmente por las autoridades, la Comisión de Legislación Penal tiene el proyecto desde hace un mes y puede anticiparse que su tratamiento no será fácil y sí será muchas cosas menos rápido.

En esa tramitación parlamentaria la gran pregunta sigue sin ser respondida: manteniendo la actual situación se legisla para el bien común de acuerdo a lo que fija la Constitución Nacional? El interrogante queda para ser respondido por los legisladores y, mejor, por cada uno de los lectores.

A los que debe advertirse que se sigan previniendo como puedan de los “secuestros virtuales” desde ya: es casi imposible que se vote a favor de grabar las llamadas de los encarcelados.

Traería ruido en las cárceles -y no solamente en los teléfonos de los pabellones- lo que no hay voluntad política de soportar. Menos todavía cuando hay 40 mil votos de presos procesados en juego que largan en octubre, lo que se votó y autorizó hace unas semanas.

Antes del drama
La legisladora Pérez presentó este proyecto de ley antes que la oleada de “secuestros virtuales”, desembocaran en una primera víctima mortal. Un hombre de 71 años murió de un paro cardiorrespiratorio en Quilmes, provincia de Buenos Aires, tras recibir una llamada proveniente de una unidad carcelaria, en la que le exigían 5 mil pesos para liberar a su hijo, presuntamente víctima de un secuestro.

Ni esto apuró el trámite del proyecto de ley “antisecuestro virtual”. De hecho la Comisión de Legislación Penal, presidida por Rosario Romero y de la cual Pérez es vicepresidenta, no se ha reunido desde el comienzo del año legislativo.

Conocedora de las casi nulas posibilidades de que el proyecto se convierta en ley la legisladora alertó que de cualquier el articulado “es preventivo porque en general la legislación va después de los hechos consumados o se hacen modificaciones porque ya se hicieron demasiados delitos de con normas anteriores. Es simple lo que hay que hacer; con algo así evitamos” la continuidad y crecimiento de los “secuestros virtuales” concluyó.