Buenos Aires: siete mil presos a las calles por falta de Justicia y cárceles

Más del 30% de los 24 mil presos bonaerenses quedarán en libertad en el término de unas cuantas semanas, porque sus causas se encuentran estancadas en la Justicia y porque la caótica situación de hacinamiento en las cárceles provinciales ya mete miedo al gobierno de Felipe Solá que se apura a encontrar apuradas formas -vale la redundancia- de atenuar esa situación.

Atenuar esa situación implicará entonces, y no sólo para la provincia de Buenos Aires, que 7 mil detenidos -debe repetirse 7 mil- volverán a las calles debido al principio de presunción de inocencia, por lo que la ciudadanía no puede esperar otra cosa que resignarse a padecer una nueva trepada de los índices de delincuencia que hace tiempo sobrepasaron la raya de lo tolerable más tolerante. Y la culpa no la tiene el principio de presunción de inocencia que afortunadamente es base de derecho en la Argentina, sino la falta de respuesta a la problemática de la inseguridad de los sistemas político, judicial y legislativo bonaerenses y federal por lo menos.

El legislativo porque elabora leyes sin propiciar el bien común, sino como espasmo ante las circunstancias; ejemplo: la durísima “ley Ruckauf” para encerrar en exceso y la anunciada reforma penal enviada a la Legislatura provincial que más o menos subrepticiamente favorecerá la apertura de las puertas de las cárceles. El judicial porque no se compromete en mejorar su gestión en tiempo y en formas. Finalmente el Ejecutivo, porque no hace cumplir las leyes.

Según las voces coincidentes de Solá y el ministro de Justicia provincial, Eduardo Di Rocco, la síntesis de la situación es que “la justicia está en colapso” y en esto se debe incluir a las cárceles que les dependen directamente.

Por ese “colapso”, de los 24 mil presos bonaerenses, más de 19 mil no tienen sentencia firme y entre ellos unos 7.200 serán declarados "libres de culpa y cargo" después de varios años de detención afirmaron especialistas en la temática.

El mismo Di Rocco reconoció que “gran cantidad de delitos quedarán impunes por falencias de las normas. 7 mil detenidos quedarán en libertad sin que se pueda determinar si son culpables o inocentes” concedió el ministro sin dar una esperanza al hombre y la mujer de trabajo en la comunidad libre. Precisó además el funcionario que "el 63 por ciento -de los que ya están en el umbral de la cárcel- tiene más de dos años de detención sin condena", dijo compungido.

Así las cárceles estarán más descongestionadas para atenuar el miedo del gobierno provincial de que revienten. Algo que se soluciona a favor de la gente respetando la ley y los derechos humanos de los presos con destinar partidas de fondos para construir las plazas carcelarias que se necesitan y no sólo las que se construyen y publicitan oficialmente hasta con banda de música para salvar la ropa política.

A fin del año pasado y siempre según cifras oficiales, de los 28 mil y pico de encarcelados en establecimientos de detención y comisarías de Buenos Aires más del 80 por ciento no habían recibido condena. La cifra es holgadamente mayor a las de Estados Unidos y Chile, advirtieron jueces y abogados en sendos seminarios desarrollados en las facultades de Derecho de La Plata y de Quilmes, en el sur del conurbano bonaerense.

Di Rocco aprovechó el carácter de su mensaje para llegar a los oídos de los legisladores al insistir en la necesidad de avanzar rápidamente en la polémica reforma penal que está en tratamiento en la legislatura provincial, destinada a encontrar la fórmula que permita "un juicio rápido y justo" según afirmó, ya que "es urgente el tratamiento de la ley para multiplicar los órganos de juzgamiento y cambiar sistemas de trabajo que datan de 1920" puntualizó el ministro para que la gente recuerde la antigüedad de la gestión de su Estado.

Foto ministro Di Rocco y parte del material: Agencia Nova de Buenos Aires.