Cárceles privadas: ¿Inversión del futuro?

El Ministerio del Interior inglés prevé una necesidad de 8 mil nuevas plazas carcelarias para los próximos meses, pero su par de Hacienda parece no dispuesto a entregar fondos con ese destino. Por lo que se ve, no sólo en Centro y Sudamérica las prisiones siempre deben esperar.

La postura de quien maneja el dinero en Gran Bretaña obligó a estudiar otras alternativas. Entre ellas, según informó el diario “The Guardian” lo que fue a su vez desmentido desde el Ministerio del Interior, ni siquiera la posibilidad de contratar cárceles privadas que ya funcionan en el sistema inglés, sino una convocatoria a accionistas privados para construir instalaciones en sus terrenos y edificios que luego resulten funcionales como prisiones.

Esta rebuscada iniciativa, que convertiría a inversionistas comunes en una especie de gestionadores de pequeñas cárceles privadas, trata de ser impuesta como paliativo a las urgencias que desnuda el funcionamiento de algunos sistemas penitenciarios de países avanzados, cuyas espirales ascendentes de encarcelamiento desafían la búsqueda de soluciones por parte de los funcionarios.

De concretarse, la medida pondría a prueba la inventiva de funcionarios y empresarios para solucionar el alojamiento de los presos sin plazas en las cárceles. Esa prueba se realizará en medio invocaciones al cielo por parte de los involucrados estatales y privados para que no afloren con alcance de catástrofes problemas derivados de falta de seguridad, debilidades de los materiales de construcción o disfuncionalidad de sectores carcelarios. Sorprendentemente, hasta ahora los sindicatos de guardias de prisión ingleses no se han manifestado sobre esta posibilidad.

Pero, de llegar al tramo de ejecución, la misma prueba dirá cuánto de verdad y cuánto de fantasía asocia la idea de invertir en la construcción de cárceles privadas, tal como sectores interesados en el negocio lo presentan.

Es cierto que las inversiones en prisiones privadas comienzan a atraer más miradas en los países donde ese tipo de establecimientos funcionan contemplados por la ley. Sin embargo, mediciones confiables acerca del verdadero interés que el negocio de las prisiones despierta en potenciales inversores es lo que falta.

Es en Estados Unidos donde la privatización carcelaria ha avanzado más y con holgada diferencia respecto de otras naciones. La empresa norteamericana más importante del sector es Corrections Corporation of America (CCA). Fundada en 1983 es, en volumen de presos custodiados, el quinto sistema penitenciario del país, detrás del que sostiene el gobierno federal y otros tres pertenecientes a sendos estados de la Unión.

A la CCA parece que no le va mal: once años después de iniciar sus actividades fue aceptada para comenzar a cotizar en la Bolsa de Nueva York. Ofrece renta a sus inversionistas a través del alquiler a los gobiernos federal y provinciales de 72.500 plazas distribuidas en 65 establecimientos de detención de su propiedad que emplean a 16 mil personas.

Su página web cree haber hallado el mensaje convincente para seducir a potenciales inversores y dice: "la industria de las prisiones no se ve significativamente impactada por los ciclos económicos, ni por las variaciones en el precio de la energía -costo del petróleo-”.

Lo cual, a pesar del disgusto que pueda acarrear al Estado, se ve confirmado con las cifras oficiales: cada día hay más clientes potenciales para las cárceles privadas cuando la población carcelaria en Estados Unidos aumenta ininterrumpidamente desde la década del setenta.

En noviembre último norteamérica estableció un nuevo récord de población carcelaria con 2,2 millones de presos en noviembre de 2006 (2,7% más que el año anterior) y que llega a siete millones si se cuentan las libertades condicionales y vigiladas.
La espiral de crecimiento del encarcelamiento desde los `70 se atribuye por los estudiosos a la emergencia por inseguridad que conmocionó a la sociedad en los Estados Unidos, a lo que se sumó la mayor dureza de las condenas por delitos relacionados con drogas (49% del total de las plazas carcelarias ocupadas por violación a las leyes sobre estupefacientes entre 1995 y 2003).

Por su parte Inglaterra vive hoy las consecuencias de medidas impuestas por el gobierno de Tony Blair en 2005, que endurecieron con penas de cárcel condenas por delitos menores que antes se cumplían con trabajo social o inclusive podían quedar en suspenso, salvo casos de reincidencia de cumplimiento efectivo. Es lo que le pasó a Blair.

Hubo unas 3 mil condenas mensuales de esta naturaleza que llevaron a la cárcel a 800 imputados en los primeros ocho meses de 2006. 800 en ocho meses contra 132 apresados en todo el año anterior... De aquí a la instantánea sobrepoblación penal en los establecimientos penitenciarios, no hay trecho a recorrer.

También Inglaterra, Gales y Escocia -Irlanda del Norte también aunque muy atrás- han superado en la actualidad la cifra de 80 mil encarcelados. Las tendencias británicas se habían americanizado hace tiempo y se agravaron con el fracaso de las nuevas sentencias suspendidas,

La tendencia carcelaria al alza ha sido general en Europa, aunque en algunos países, como España, más marcada.

Según datos comparativos disponibles del Consejo de Europa, de 2004, el abanico va de los 406 presos por cada 100 mil habitantes de Ucrania (488 en Estados Unidos) a los 40 de Islandia. Siguen en orden descendente los países de la antigua Unión Soviética, Estonia, con 338 y Letonia, con 333; más Polonia 207, seguidos de otros estados que integraron Europa del Este.

Entre los occidentales encabezan el Reino Unido y España -el país con mayor crecimiento- con 140 encarcelados cada 100 mil habitantes, mientras entre 1983 y 2004, la población carcelaria pasó de 73 a 90 en Francia; de 73 a 96 en Italia y de 28 a 123 en Holanda.

Se advierte además la existencia de un pesado factor que corresponde al elevadísimo número de extranjeros alojados en cárceles europeas. La media de extranjeros en esas cárceles es del 15,2% y los que proporcionalmente alojan más inmigrantes son Luxemburgo (74%) y Suiza (70%); seguidos de Chipre (48%), Estonia (32%) España (31% en Cataluña, 27% en el resto) e Italia (31%).