"Reclamos por condiciones de detención son menores" dice defensor oficial en Argentina

El defensor oficial ante los juzgados de Ejecución Penal, Alberto Giordano, elevó un informe tras entrevistar más 2 mil encarcelados del sistema federal y un puñado del bonaerense, donde afirmó que “... los reclamos por las condiciones de detención han sido muy menores” (...) “encontrándose motivados fundamentalmente en solicitudes de traslado a unidades de mediana seguridad o módulos de conducta”.

La afirmación del abogado defensor, integrante de uno de los cuerpos de veedores de las cárceles habitualmente muy críticos del sistema, no sólo debe tranquilizar a los seguidores de la situación penitenciaria federal, sino también permeabilizar a quienes cuestionan a la ligera, por costumbre o tendenciosamente, los regímenes de detención en el marco de una concepción de repudio a la institución cárcel.

Esta reflexión tampoco debe ser lineal: así como los dichos del defensor deben servir para redimensionar, precisando los aspectos cuestionables del funcionamiento de las cárceles controladas además por otras cuatro instancias, tampoco debe omitirse en el resultado de la ronda de entrevistas, la generalizada parquedad y cautela que con frecuencia afectan a las manifestaciones de los encarcelados.

Giordano señaló que “los reclamos por las condiciones de detención han sido muy menores” en el informe de su gestión a Stella Maris Martínez, titular de la Defensoría General de la Nación, que comprende el monitoreo realizado en 31 cárceles durante 2005 y hasta octubre de este año inclusive.

Agrega el defensor Giordano que “el contacto directo con las personas privadas de libertad y las entrevistas personalizadas concretadas ha motivado una sensible mejora” en la celeridad de los trámites carcelarios habitualmente lentos por el abrumador peso de la burocracia.

“La tarea es permanente, en tanto existe una gran movilidad de los condenados a cargo de la Defensoría de Ejecución” resaltó por otra parte el autor del informe.

El control
Giordano detalló la tarea ejecutada en 2005 y hasta octubre de 2006 inclusive, en la cual se entrevistaron más de 2.220 personas de ambos sexos condenadas y privadas de su libertad en 31 establecimientos carcelarios; 27 federales de todo el país y 4 del servicio penitenciario bonaerense.

Según su propia descripción, en las visitas realizadas junto a sus colaboradores en 2005, Giordano monitoreó las unidades federales N° 10 de Formosa, donde entrevistaron a alrededor de 40 internos; siguió en la N° 6 de Rawson, Chubut, donde dialogó con 240 presos; la unidad N° 7 de Resistencia, Chaco, con 250 internos; la 9 de Neuquén, con 80 presos; la N° 5 de General Roca y la N° 12 de Viedma -en estas dos últimas no precisa cifras de entrevistados- y la unidad 15 de Río Gallegos, Santa Cruz, donde entrevistó a unos 20 internos.

Este año Giordano realizó una segunda visita a la unidad N° 7 de Resistencia y luego visitó la N° 14 de Esquel, Chubut, donde dialogó con 30 internos; la unidad N° 4, de Santa Rosa, La Pampa; la 17 de Candelaria, Misiones, y la unidad 25 de General Pico, donde habló con 6 condenados en cada una.

En la capital federal la actividad se cumplió en las unidades federales N° 20, del Servicio Psiquiátrico Central de Varones-Hospital Borda, entrevistándo a 53 detenidas; la Unidad 27, Servicio Psiquiátrico Central de Mujeres-Hospital Moyano, dialogando con 3 internas y la Nº 21, Centro Federal de Enfermedades Infectocontagiosas-Hospital Muñiz, a la que “asiste al momento de ser requerido por internos allí alojados de modo circunstancial, en tanto no permanecen mucho tiempo” dice el informe acertadamente.

“En lo que hace a la Unidad Nº 2 de Villa Devoto, también en la capital federal, se entrevistaron a 213 internos” precisa Giordano para referirse a la cárcel del sistema federal más anacrónica y disfuncional del sistema.

Agrega el infome que “otras unidades del Servicio Penitenciario Federal visitadas fueron el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza con entrevistas a 240 internos; unidad N° 3, Instituto Correccional de Mujeres de Ezeiza, a 74 detenidas; unidad N° 31, Centro Federal de Detención de Mujeres de Ezeiza, donde habló con 44 internas y unidad 19, Colonia Penal de Ezeiza, donde entrevistó a 183 internos.

En el Complejo Federal de Marcos Paz, Buenos Aires, donde funcionan el Centro Federal de Tratamiento Especial para Jóvenes Adultos y las Unidades N° 24 y 26, se entrevistaron a 67 internos. En el Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz, se dialogó con 203 reclusos.

En jurisdicción provincial el funcionario visitó a 10 presos en las cárceles de Sierra Chica, Batán, Dolores y Los Hornos, del Servicio Penitenciario bonaerense.

En el informe que presentó a la Defensora General de la Nación, Giordano finaliza señalando que “cada entrevista motivado la presentación de escritos individuales ante los distintos Juzgados de Ejecución, con el fin de canalizar adecuadamente las variadas peticiones de los internos”.

Asimismo, informó que habilitó “un libro de consultas telefónicas para registrar llamados de internos”, donde “aproximadamente se reciben un promedio de 60 llamadas diarias” e implementó “.... un libro similar para registrar las consultas de familiares y demás individuos sometidos a distintas medidas de coerción que se hacen presentes en esta dependencia”, con una concurrencia de “aproximadamente 140 personas por semana”.

Por otra parte, además de las visitas generales que se efectúan en las unidades “diariamente se convocan a internos que solicitan audiencias especialmente y se procede a entrevistarlos en la alcaidía Roberto Pettinato”, ubicada en la calle Lavalle del centro porteño, vecina al Palacio de Justicia.

Como puede verse, los representantes de la Defensoría General de la Nación en las cárceles han dispuesto variadas y accesibles vías de contacto con los encarcelados y sus familiares para defender sus derechos durante el trance en prisión.

Asimismo debe subrayarse que en el detalle de la tarea realizada desde marzo del año anterior, las visitas del defensor oficial focalizaron preferentemente los establecimientos más difíciles de gestionar: los de máxima seguridad como lo son las unidades 6 de Rawson, 7 de Resistencia y 9 de Neuquén; el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza y la cárcel de Villa Devoto, además de la de Sierra Chica, perteneciente al Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires.

Con esta batería de medidas y las visitas personales de supervisión a los establecimientos, que el defensor oficial Giordano haya concluido que “... los reclamos por las condiciones de detención han sido muy menores”, debe considerarse por lo menos alentador para el sistema.