miércoles, noviembre 08, 2006

Cárceles privadas, la polémica: filosofía, economía y gestión


El primer contingente de presos que aceptaron ser reubicados en prisiones fuera de California para aliviar la crítica sobrepoblación de las cárceles del distrito arribaron el sábado a penitenciarías privadas de Tennessee, en medio de una disputa por la validez constitucional de su alojamiento en establecimientos privados.

Un vuelo charter con 80 detenidos decoló del aeropuerto de Bakersfield para dejar su carga de condenados en el Centro de Detenciones de la compañía Corrections Corporation of America, en los suburbios de Memphis.

El Departamento de Prisiones, dijo al diario estadounidense "La Opinión" que este grupo de reclusos californianos es el primero de cinco trasferidos a instalaciones privadas, localizadas en Arizona, Indiana, Oklahoma y Tennessee.

Actualmente hay 172 mil presos en las cárceles de California, mientras la capacidad es para 100 mil y las autoridades calculan que en junio se quedarán sin camas de continuar la situación.

Los presos comenzaron a ser trasladados por el gobernador Arnold Schwarzenegger, a pesar que la Asociación de Guardias de Seguridad de las Prisiones Estatales y la Local 1000 del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) recurrieron la medida ante la Corte Suprema de Justicia del estado sosteniendo que los traslados violan la Constitución estatal que, según la presentación, no permite delegar la custodia de prisioneros en operadores privados.

El traslado de presos bajo custodia estatal de California a cárceles privadas reflotó, a pesar de la situación de aguda emergencia del sistema, el sensible debate sobre la delegación de custodia de los detenidos en manos empresariales.

Las polémicas, en todo el mundo, desbordan las cuestiones constitucionales y jurídicas para escalar a la ética y la filosofía de la ejecución de la pena privativa de la libertad fuera de los mecanismos punitivos del Estado.

Si las embestidas contra las cárceles privadas tienen estos argumentos de peso, se enfrentan con otras realidades no menos importantes de índole política y económica: el alojamiento en las penitenciarías privadas es mucho menos costoso para el contribuyente que en el sistema oficial, la posibilidad de reclamos por incumplimiento de las funciones penitenciarias es mucho más simple para los gobiernos y las correcciones más rápidas, al tiempo que los parámetros de seguridad de los establecimientos son parejos, lo cual también es un tema observado por los contribuyentes.

El escenario
"Según la Ley de Servicios de Emergencia, el gobernador tiene autoridad durante una emergencia para suspender cualquier estatuto regulatorio", respondió tajantemente el secretario del Departamento de Prisiones Jim Tilton, que apoyó sus dichos en la Sección 6256 del Código Penal que permitiría al Estado contratar instalaciones privadas.

El 4 de octubre el gobernador proclamó una emergencia para aliviar la saturación en 29 de las 33 prisiones californianas y firmó contratos con las compañías privadas, GEO Group Inc. y Corrections Corporation of America, por más de 152 millones de dólares para alojar entre tres y cinco años a unos 2.300 reclusos.

La senadora demócrata de Los Ángeles, Gloria Romero, reconoció la situación de emergencia pero se sumó a los cuestionamientos al denunciar que, según asesores del Consejo Legislativo, los contratos con cárceles privadas violan la Constitución de California.

Por su parte Chuck Alexander, vicepresidente de la Asociación de Guardias de Seguridad de los Correccionales de California, un sindicato que aglutina a 30 mil agentes, dijo que el gobernador se excedió en sus funciones y consideró que las autoridades "pretenden enviar a los mejores reos a otros estados para resolver el problema de sobrepoblación, supuestamente para darnos seguridad, pero la realidad es que la situación se pondrá peor, porque nos dejarán lidiando con los reos más peligrosos", puntualizó.

Actualmente, la Asociación de Guardias de las Prisiones tiene más de cuatro mil plazas vacantes que, a decir de Alexander, nadie quiere ocupar por los bajos sueldos y el peligroso ambiente laboral.

A su vez Marc Bautista, vicepresidente de la Local 1000 del SEIU, un sindicato con 20 mil empleados en las prisiones, entre ellos enfermeras, maestros, trabajadores administrativos y del área de comedores, dijo que la decisión del gobernador de enviar presos fuera del estado es solamente para que se diga que se está haciendo algo.

"Las compañías privadas mejoran sus utilidades recortando servicios” sostuvo y agregó que los únicos ganadores son un puñado de corporaciones que dominan la industria privada de las prisiones.

“Los reos que han sido reubicados en Tennessee son de mediana peligrosidad, ninguno tiene problemas extraordinarios de salud mental y, antes de ser incluidos en este grupo, recibieron asesoría legal y fueron informados del proceso, observó un vocero de la prisión sin precisar la raza ni situación migratoria de los trasladados.

La primera remesa de presos a instalaciones carcelarias privadas partió luego que el juez federal de Sacramento, Lawrence Karlton, rechazara una solicitud para establecer una orden temporal que impidiera el envío de los presos fuera del estado.

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