Argentina: construcciones carcelarias, poco, para no decir nada.

Desconectadas entre si por su origen, dos noticias aparecidas en los medios los últimos días se unifican en implicancias para alcanzar, por sí solas, a desnudar la carenciada situación de los dos sistemas carcelarios más importantes de la Argentina, el de la provincia de Buenos Aires y el federal.

Precisamente los dos, por su peso institucional y volumen, sobre los que mayor responsabilidad recae en el cumplimiento de la función social penitenciaria de reinserción social de los condenados.

Una de las noticias anunció que la gobernación bonaerense dispuso “redireccionar” 100 millones de pesos para construir dos establecimientos penitenciarios en Ezeiza, con una capacidad de 492 internos cada uno. Las unidades a construirse se denominarán “Ezeiza III” y “Ezeiza IV” y “forman parte de un plan que pretende construir un total de 4.000 nuevas plazas carcelarias”, se anticipó oficialmente. "Estamos dando cumplimiento al fallo de la Corte que exigía un mejoramiento en las condiciones de detención de las personas privadas de libertad", destacó el Ministerio de Justicia provincial.

La otra noticia, difundida por el periódico online “El Comercio” el 23 de octubre rescató del Primer Congreso Nacional de Arquitectura Penitenciaria realizado en Buenos Aires, el reconocimiento de funcionarios del Servicio Penitenciario Federal (SPF) de que “hoy se invierte muy poco dinero en el mantenimiento de las cárceles" e incluso que los presupuestos de mantenimiento del sistema se siguen recortando: mientras en 2005 se destinaron 7.657.400 pesos al mantenimiento de todas las cárceles federales, este año las mismas partidas fueron fijadas en 4.198.000 pesos, surgió de ese congreso.

"Nuestras cárceles superan los 50 años; son edificios poco flexibles que están desbordados de internos. En el 80 por ciento de los casos, cada complejo tiene más de 300 plazas, cifra que los organismos internacionales recomiendan no superar", dijo Ernesto Villamayor, director de mantenimiento de los establecimientos carcelarios del SPF precisó “El Comercio Online”. Agregó el funcionario penitenciario que si bien es cierto que la arquitectura puede ayudar a los reclusos a rehabilitarse "hay una realidad que echa abajo todo lo dicho” planteada por el raquitismo presupuestario que antes se había detallado en la jornada de capacitación.

Las informaciones hablan por sí solas. Según lo precisado en el Congreso de Arquitectura Penitenciaria el sistema federal sólo pudo destinar este año menos de cuatrocientos mil pesos por mes a la cuenta de mantenimiento de más de treinta unidades penitenciarias que alojan casi diez mil internos: es decir, poco, para no decir nada.

Y según lo anunciado por el Ministerio de Justicia bonaerense, con viento a favor el año próximo se habrán construído “Ezeiza III” y “Ezeiza IV” para alojar mil internos, bastante menos de la décima parte de los que están detenidos en comisarías de la provincia, por dejar de lado aquí la aguda sobrepoblación penal que ahoga al sistema carcelario del distrito. Es decir que las construcciones previstas, más allá de los anuncios, también serán poco, por no decir nada.

Ciertamente el panorama no difiere en mucho de lo que ha sido una constante gubernamental durante muchas décadas en cuanto al olvido de las cárceles y quienes la habitan -la denostada década del ´90, sin embargo, renovó más de la mitad de las plazas penitenciarias federales sin lo cual el sistema hubiera colapsado ineludiblemente con o sin las sospechas de corrupción que enlodaron las licitaciones -.

Pero lo que antes pasó, sucedió con gobiernos que no hicieron del respeto a los derechos humanos un estandarte político, por lo que no hubo de resultar extraño que las cárceles se mantuvieran en un estado que es crónico en la Argentina: postergadas.

En cambio, el actual gobierno nacional y el actual gobierno bonaerense han privilegiado nítidamente en sus dichos y políticas el respeto a los derechos humanos y se ufanan de protegerlos cada día de gestión.

Miles de presos -aunque no son todos el total es de unos 50 mil si se incluyen los detenidos en comisarías- en el sistema federal y el de Buenos Aires se encuentran hacinados en lugares de alojamiento deplorables y se hallan masificados al no poder ser clasificados por sectores de acuerdo al delito y/o personalidad, por carencias de infraestructura penitenciaria.

Ellos, los presos, los guardias que deben trabajar en penales obsoletos, oscuros, húmedos y riesgosos y todos aquellos que postulan el penitenciariarismo bien entendido, cada día se preguntan cómo se defienden esos derechos humanos?

Las mismas voces responden que se defienden con las bocas llenas de declaraciones oficiales en defensa de los derechos elementales y las partidas de fondos para construcciones e infraestructura casi vacías.

No son sólo palabras de los que sufren las faltas: mientras funcionarios de un sistema reconocen en público que “hoy se invierte muy poco dinero en el mantenimiento de las cárceles" y lo fija en menos de cuatrocientos mil pesos mensuales para mantener más de treinta establecimientos, los anuncios oficiales del otro sistema se empalagan al prometer mil plazas, cuando el déficit es veinte veces mayor y en crecimiento.

Es caro, sí. Ciertamente la seguridad, toda seguridad, es cara. Pero es uno de los deberes indelegables del Estado y, en la actualidad, es la primera demanda de la sociedad argentina.

Por eso el título: de construcciones carcelarias, poco, para no decir nada.