Recurren a presos trabajadores para reemplazar a indocumentados en EEUU

El Departamento de Correccionales de Colorado lanzará este mes un programa para ocupar a sus presos en trabajos de agricultura fuera de la prisión, luego que un aluvión de indocumentados dejaran ese estado tras sancionarse una especialmente dura ley antiinmigratoria entre las vigentes en Estados Unidos.

La iniciativa, incorporada al Programa de Industrias Correccionales (CCI), ofrecerá los primeros empleos en el distrito de Pueblo y la página de Internet oficial ya ofrece mano de obra voluntaria de reclusos de baja peligrosidad en cumplimiento de sus condenas carcelarias.

El pago alcanzará a 60 centavos de dólar al día y no hay otras precisiones sobre condiciones de trabajo y alcance de las coberturas sociales, si es que ellas están previstas.

El programa pretende abastecer toda la leche que consumen los internos en cárceles estatales, entre otras labores agrícologanaderas en distintos distritos del estado de Colorado. “Nuestra operación de reciclaje le ahorra dinero a los contribuyentes de Colorado y preserva los recursos naturales”, afirma el CCI.

El programa laboral para los presos se presenta como una novedad en el terreno de recurrir a los encarcelados para solucionar problemas políticos que no tienen que ver con el ámbito de las prisiones sino con lo externo a ellas: en este caso la necesidad de mano de obra reclamada por organizaciones rurales de Colorado que afrontan esta carencia desde el año pasado.

La idea inicia lo que podría constituirse en beneficios sustanciales para prisiones y presos y su consideración por parte de la ciudadanía libre: llevar soluciones fuera de los muros en lugar de las esperadas demandas estridentes, a menudo violentas, y siempre costosas, que los encarcelados exigen a las autoridades y a los representantes de la ciudadanía libre.

Residencia legal
Promulgada en agosto, la actualización de la ley antiinmigratoria obliga a los residentes a demostrar que están legalmente en Estados Unidos al solicitar servicios públicos. También se exige prueba de residencia al postularse para ocupar un empleo.

Las nuevas exigencias impulsaron a miles de indocumentados a abandonar Colorado en búsqueda de trabajo por lo que a algunos legisladores locales, apurados por las quejas de falta de mano de obra de los productores rurales, se les ocurrió golpear las puertas de las penitenciarías solicitando reclusos de buen comportamiento para realizar las tareas agrícologanaderas fuera de los muros de la prisión.

La legislatura de Colorado, con mayoría demócrata, aprobó lo que el propio gobernador Bill Owens consideró como una de las más duras normas legales impuestas a los inmigrantes indocumentados para que regularicen su situación, la que se prómulgó envuelta en el impulso que plantea el comienzo del debate nacional norteamericano para sancionar una reforma migratoria por el Congreso de su país.

La ley es más importante de lo que puede estimarse superficialmente: por ejemplo, más del 90 por ciento de los campesinos en California son de origen mexicano y la mitad de éstos son indocumentados de acuerdo con cifras oficiales y elaboradas por universidades y organizaciones especializadas, inclusive las que nuclean a las agroindustrias norteamericanas.