jueves, enero 25, 2007

Inmigrantes presos a cárceles de sus países: se gesta la opción


La posibilidad de desplazar a los inmigrantes detenidos de las cárceles para que cumplan condenas en sus países de origen lenta, pero ininterrumpidamente, comienza a tomar cuerpo. Habitualmente con avances hacia ese objetivo administrativos, legales y legislativos y otras veces hasta con iniciativas insólitas.

La alternativa, que tiene la doble finalidad de recuperar plazas carcelarias por un lado y ahorrar el alto costo de mantención de un preso, hace tiempo que es estudiada e impulsada en los Estados Unidos y desde allí voló, por ejemplo, hacia España. En ambos países, más allá de las emergencias por hacinamiento carcelario existente, se plantea el controvertido tema envuelto en la alta sensibilidad que plantea el problema de la inmigración contra la que comienza a reaccionar la opinión pública de los países receptores.

Una iniciativa insólita para desembarazarse de presos inmigrantes se le ocurrió, por ejemplo, al legislador de Texas, Craig Estes, quien propuso votar una ley que permita al sistema carcelario de ese estado norteamericano contratar la construcción y operación de una cárcel en México, a fin de alojar en ella a los mexicanos condenados en ese distrito estadounidense.

La propuesta busca una solución a la creciente población de inmigrantes mexicanos en las sobrepobladas cárceles de Texas, al tiempo que, según el legislador, destinar a los presos mexicanos a una cárcel en su país ayudaría a la rehabilitación de estos internos.

"Estos delincuentes son con frecuencia cercenados de sus redes de apoyo familiar que están en el otro lado de la frontera; si son mantenidos en México, sería posible que sus familias los visitaran y ayudaran en su rehabilitación” explicó Estes, quien además apuntó que otros beneficios consistirían en “la reducción de las barreras culturales y de idioma entre el personal de la prisión y los internos y la reducción en los costos para Texas en encarcelación”.

Se estima que ocho mil presos en las cárceles norteamericanas son mexicanos y la iniciativa de Estes promueve el envío a México de los delincuentes no violentos, por lo que especialistas locales calculan que la medida alcanzará a entre tres mil y cuatro mil reclusos mexicanos.

Para ser aprobada, la ley debe ser votada por las dos terceras partes de cada una de las cámaras de senadores y representantes, lo que promete duras controversias: la propuesta debería resolver asuntos tan intrincados como la soberanía, además de un sistema judicial especial para intervenir en temas como fuga de presos y otros derivados de la encarcelación de personas cuando están en jurisdicciones ajenas.

Por otra parte debe tenerse en cuenta que en México no existen hoy cárceles privadas, por lo que el funcionamiento de un establecimiento de estas características demandaría cambios de las leyes.

Estes explicó que su iniciativa no asocia una orden de construir una cárcel en México, sino de proveer al Departamento de Justicia Criminal de Texas la opción de poder hacerlo: “Quiero dar a nuestros funcionarios de justicia criminal una opción para tratar con estos internos y los costos relacionados a los mismos” dijo, para luego plantear que “un desafortunado hecho de la inmigración ilegal procedente de México, es el número de indocumentados que cometen delitos estatales mientras se encuentran en Texas”, enfatizó.

El sistema carcelario de Texas alberga en la actualidad a 153 mil prisioneros en sus 112 prisiones y se encuentra al tope de su capacidad.

A pesar de lo rebuscada, la propuesta del senador no es nueva. En 2005, la Cámara de Representantes de Arizona aprobó una iniciativa análoga que no prosperó por los obstáculos diplomáticos que planteaba su ejecución.

No obstante los obstáculos de variada índole que cabe esperar de estas iniciativas, la alternativa de trasladar condenados para cumplir las penas en los países de origen, sigue en camino.

España es una de las naciones que ya explora la posibilidad de sacarse presos de encima para internarlos en establecimientos fuera de sus fronteras. La propuesta es atacada por un sector del gobierno y rechazada por el sindicato de guardias de prisiones. Sin embargo sus rasgos ya están presentes en el sistema carcelario español.

Así, más allá de su denominación, los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), funcionan como cárceles que detienen a los inmigrantes sin papeles de residencia, mientras esperan la orden de expulsión dentro de los cuarenta días de ser capturados.

Aunque es frecuente que durante el período de detención las órdenes de expulsión no son ejecutadas y entonces se libera a los detenidos aunque ya condenados: la captura los estigmatiza como ilegales y les imposibilita regularizar su situación al trabar los permisos de trabajo y residencia.

La ola de prisionalización fuera de las fronteras para paliar el hacinamiento y ahorrar gastos al Estado que baja del mundo avanzado, camina todavía hoy con andador. Sin embargo no se detiene.

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