Admiten que no pueden contener "secuestros virtuales" desde teléfonos carcelarios

El titular del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires (SERPENBA), Fernando Díaz, reconoció que "se agudizaron" en los últimos meses las llamadas telefónicas extorsivas realizadas desde aparatos instalados en pabellones carcelarios.

Díaz explicó que se atraviesa “una de las épocas en que se agudiza” la modalidad delictiva que engaña a la víctima a través de un llamado telefónico con el que se le hace creer que uno de sus familiares ha sido secuestrado y que, para liberarlo, deberá adquirir una cantidad de tarjetas telefónicas sin cortar la comunicación telefónica cuyos códigos de uso deberá suministrar a través de la línea al que formula la amenaza. Las tarjetas para uso de los teléfonos se comercializan entre presos en los recintos carcelarios de la Argentina. Los teléfonos públicos que funcionan en los sectores de detención de los penales están autorizados por las leyes de ejecución de la pena privativa de la libertad en la jurisdicción federal y de muchas provincias argentinas.

Esta modalidad delictiva facilitada por el beneficio de autorizar el uso de teléfonos a los detenidos dentro de los predios penales fue descubierta por los presos hace aproximadamente un lustro y se la dejó crecer hasta que la gravedad y el número de los ilícitos que se perpetraban a través del uso de esos teléfonos, alcanzaron a los titulares de los diarios y noticieros de radio y televisión.

Por ese escándalo, a finales de 2004 las intrascendentes autoridades del Ministerio de Justicia encabezado por Horacio Rosatti, no tuvieron otra alternativa que moverse y acordaron con las empresas de servicio telefónico que todo llamado surgido de los teléfonos instalados en pabellones carcelarios debía advertir al receptor que el llamado provenía de una cárcel antes de iniciarse la comunicación. La prevención originalmente se extendió a la jurisdicción federal y luego fue adoptada por otras provincias como Córdoba y Buenos Aires.

Ni siquiera con esta medida se pudo replegar la modalidad del “secuestro virtual” cuya continuidad “agudizada” es reconocida por el propio Díaz como director del SERPENBA. Cabe destacar que en la Argentina es ilegal cualquier escucha telefónica subrepticia -incluso a los condenados-, salvo por expresa autorización judicial.

El funcionario buscó aclarar que desde el servicio penitenciario a su cargo “ya se viene trabajando desde hace largo tiempo” tratando de contener ese fenómeno delictivo y consideró que “la primer medida, la más importante, es que todos los teléfonos que están en los pabellones emitan un mensaje previo que avisa al receptor que recibe un llamado de un establecimiento carcelario", dijo.

Díaz añadió que hasta que no se complete la instalación de cámaras de seguridad que graben los teléfonos ubicados en los pabellones carcelarios, no puede castigarse a quienes llevan adelante la práctica de extorsión a través de esta insólita modalidad.

La advertencia de Díaz sobre el tiempo que demandará la instalación del sistema debe abrumar a los lectores: no cabe imaginar que, no sólo en el corto, sino aún el mediano plazo, se entreguen a los servicios penitenciarios los fondos suficientes para instalar circuitos cerrados de televisión para cubrir las proximidades de todos los aparatos telefónicos que funcionan en predios penales.

"Los teléfonos están en un pabellón, donde en general es usado por unas cincuenta personas, así que aún contando con el informe de la -empresa privada- telefónica con la hora exacta de la llamada extorsiva no podemos determinar cuál de los internos hizo el llamado”, puntualizó el funcionario.

Señaló finalmente que el proceso de instalación de esas cámaras de televisión por circuito cerrado “se encuentran previstas desde hace unos meses, actualmente en etapa de contratación, pero seguramente durante el año vamos a tenerlas en funcionamiento” concluyó el titular del SERPENBA, muy pero muy optimista para los plazos que se acostumbran a manejar en las provisiones para las cárceles.

Hombre fallece por "secuestro virtual"
Confirmando lo reconocido por el servicio penitenciario bonaerense, la agencia nacional de noticias DyN informó que ayer "un hombre de 71 años murió de un paro cardiorrespiratorio en Quilmes, tras recibir una llamada, al parecer proveniente de una unidad carcelaria, en la que le exigían unos cinco mil pesos para liberar a su hijo, presuntamente víctima de un secuestro exprés, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho ocurrió el viernes 16, luego que Gregorio Meczkalo aceptó en su domicilio de la calle Martín Rodríguez 2278, Quilmes oeste, una llamada de cobro revertido, que provendría de una unidad carcelaria. En esa comunicación, según pudieron determinar fuentes de la investigación, el hombre fue advertido sobre el secuestro de su hijo.

Alterado por la noticia, el hombre cruzó a una remisería para contar la situación y preguntar qué hacer, pero, según relató hoy su hijo, quien nunca estuvo secuestrado, la telefonista del local y choferes que aguardaban allí por viajes "le dijeron que se calme, ya que esos llamados nunca terminan en nada".

Tras charlar en la remisería, el hombre volvió a su casa donde, aparentemente cerca de las 10, falleció, víctima de un paro cardiorrespiratorio.

Su hijo comenzó a llamarlo a la vivienda, pero al no obtener respuesta decidió ir a la casa que compartían, donde lo halló sin vida.

"Mi papá recibe el llamado y desesperadamente sale de casa a una remisería que se encuentra enfrente. Le dijeron que me tenían secuestrado, maniatado y le pedían un rescate de cinco mil pesos. En la remisería le dijeron que se quede tranquilo, que son llamados que no terminan en nada, pero él estaba nervioso", contó a radio Mitre el hijo de la víctima.

Según el entrevistado "en la zona, en menos de cuatro manzanas, tenemos 40 ó 50 llamados de este tipo", en los que se amenaza a víctimas desprevenidas sobre el secuestro de algún familiar.
"Un vecino pegado a casa recibió un llamado de este tipo, a otro vecino, de casa de por medio, le dijeron que tenía que llevar plata a un lado porque un pariente se había accidentado. Es una cosa increíble", concluyó.

El despacho de DyN recuerda que 9 de marzo pasado, el jefe del SERPENBA, Fernando Díaz, admitió que se "multiplicaron" las denuncias ante llamados telefónicos con fines extorsivos realizados desde pabellones de unidades carcelarias de la provincia.