Inseguridad: más, y más, y no "jodemos" más

“Jodemos”; “joder”: en Argentina, molestar;
el título de arriba, después de los dos puntos,
alude al pasaje de una canción popular de moda.

Conversación en una colonia penal de la Argentina, donde se envía a detenidos que transcurren los últimos tiempos de sus condenas en la “fase de confianza” del tratamiento penitenciario. Acceder a esa fase les permite progresar hacia regímenes y sectores de mínima seguridad donde, en ese tipo establecimiento casi abierto, quien quiere, se fuga con sólo correr un ratito. Es lo que hay; la ley y la justicia no exigen más. Los gobiernos tampoco.

En ese escenario, el director de la unidad penitenciaria charla con un detenido y le dice -textual-: “dentro de poco llega la orden del juzgado y pasás a trabajar del lado de afuera del alambrado y yo sé, porque te conozco, que te vas a fugar; a ver, decime por qué, si sólo te quedan unos cuantos meses de condena, para qué cargarte otra vez con una orden de captura” preguntó el funcionario penitenciario.

El recluso contestó: “jefe, en vez de estar acá sabe la ´guita´ -dinero- que en esos meses yo puedo hacer afuera”. No dijo la palabra “robando”, pero la aclaración sobraba. Tampoco se le cruzaba por la cabeza medir los riesgos de volver a delinquir: las posibilidades de detención son más que escasas y, en el peor de los casos, las leyes son dulzonas. Así que a esa altura el preso en “confianza”, no calculaba otra cosa que en el itinerario a elegir para correr lo menos posible al escapar. Imposible calcular el número de víctimas de robo que se cargaría durante esos meses.

No es demasiado. Hasta se dio el caso que un detenido por una causa que llegó a los títulos de diarios y noticieros, también en “confianza”, concedió una entrevista para un ciclo periodístico televisivo importante y se escapó antes que el programa saliera al aire... A pesar de los minutos de fama que luego le dio la pantalla, no fue recapturado.

Seguimos. Una semana atrás un violador con historia “tumbera” fue detenido en un transporte colectivo no con las manos en la masa, sino con las manos sobre una nena que se trasladaba al colegio en el conurbano bonaerense. El depravado fue liberado dos días después por la jueza de Garantías de turno..., lo que aprovechó para esperar la salida de la chica de la escuela para amenazarla por haber sido causante de su toco la celda y me voy. Saldo: el violador libre y la nena encerrada en su casa por el pánico de sus padres. Sin vigilancia policial para resguardar a la criatura.

Otra: “Prisiones y Penas” informó días pasados sobre la decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires de liberar más de 7 mil presos -debe repetirse siete mil detenidos- por falta de justicia y de plazas carcelarias.

Todo esto sólo entresaca apenas una parte de dos o tres días de la problemática carcelaria que está enmarcada en la grave crisis de inseguridad en la Argentina. Temática que, por lo que se ve y se siente, es cada vez más saludable enfrentada con estupendos floreos verbales de parte de los funcionarios oficiales.

Y la inseguridad es cada vez más saludable, para los delincuentes naturalmente, porque no hay otras señales institucionales en la Argentina que las que desembocan en leyes más “ligth”; menos persecución a la delincuencia y más concesiones a quienes han delinquido contenidas en políticas de olvido de la comunidad libre.

No son sólo palabras esto de las políticas de olvido de la comunidad libre. Un dato que se agrega al de la nena antes citada sólo como ejemplo y el de miles de víctimas no sólo de la delincuencia y del olvido de ellos por parte del Estado: la unidad 31 para mujeres del Servicio Penitenciario Federal, desde que se inauguró en 1996, es modelo en Centro y Sudamérica por concepción y gestión penitenciaria. Dentro de esa concepción, cuenta con un jardín maternal para los hijos de hasta cuatro años que acompañan a sus madres encarceladas. Los chicos se lo merecen. Pero en toda Ezeiza, con otra cárcel para mujeres, la Unidad 19 y el Complejo Penitenciario Federal, no hay una guardería o jardín para los hijos de alrededor de 2 mil hombres y mujeres penitenciarios que cumplen turnos de doce horas cada treinta seis en esos penales. ¿No se lo merecen sus chicos? La respuesta a todo lo anterior es, sobre todo, resignación.

Porque no hay otras señales institucionales en la Argentina que las que desembocan en leyes “ligth”; menos persecución a la delincuencia y más concesiones a quienes han delinquido en políticas de olvido de la comunidad libre y que dan pie al título de esta entrega: inseguridad: más, y más, y no jodemos más.

Decreto reglamentario
Por eso el título no es una ocurrencia.

Hace pocos días se firmó la reglamentación del decreto 1291/06 por el cual “los procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva tendrán derecho a emitir su voto en todos los actos eleccionarios que se celebren durante el lapso en que se encuentren detenidos”. El decreto obedece a la promulgación de la ley Nº 25.858 que entre otros artículos derogó un artículo de la ley anterior -19.945-, que excluía del padrón electoral “a los detenidos por orden de juez competente”, tuvieran o no condena firme.

La medida no refiere el costo que demandará su implementación a los contribuyentes, en muchos casos víctimas de los ahora beneficiados por la ley. Tampoco si los candidatos tendrán puertas abiertas para introducir sus mensajes proselitistas detrás de las rejas adonde seguramente concurrirán con las consabidas grandes pancartas de tela, que luego les serán solicitadas por los detenidos como “souvenir”: son de lo mejor para descolgarse de los pabellones de alojamiento en el intento de alguna fuga.

Por la norma en la próxima elección unos 40 mil presos procesados -en su inmensa mayoría con prueba suficiente para imputarlos de cometer delitos, pero técnicamente inocentes porque no les llegó la condena- están en condiciones de votar en las presidenciales de octubre. A estos cuarenta mil votos potenciales se debe añadir el de familiares y allegados.

Naturalmente, quien es delincuente votará por los que le prometen -o por lo menos guiñan el ojo a- leyes penales más benignas o “ligth”, más impunidad y más olvido de la comunidad en libertad. Es genuino que los presos procesados voten así al ser autorizados, es lo que necesitan como prioridad. Que crezca la inseguridad. ¿O cabe esperar otra cosa?

No, no debe esperarse otra cosa sino más inseguridad en la Argentina. Es la razón del título, Inseguridad: más, y más, y no jodemos más.


Confirmación
El director del Servicio Penitenciario Bonaerense (SERPENBA), Fernando Díaz, confirmó hoy a la agencia nacional de noticias DyN, que "las personas detenidas sin condena firme en las cárceles de la provincia podrán votar en las elecciones nacionales de octubre próximo.

El ejercicio de ese derecho ciudadano se hará efectivo mediante una boleta común a todas las unidades penales, que será distinta a la boleta extramuros, las autoridades de mesa serán los guardiacárceles, y cada recluso votante lo hará según su último distrito de residencia.

Díaz explicó que para poder sufragar, los internos que estén procesados con prisión preventiva, deberán contar con su documento nacional de identidad. Reconoció que "es común que los reclusos carezcan de documentos, razón por la que hemos preparado a personal penitenciario para que realicen las tramitaciones en el Registro de la Personas de forma tal que la mayor cantidad de gente privada de su libertad pueda elegir a sus gobernantes en el orden nacional".

Potencialmente estaría en condiciones de votar el 80 por ciento del total de la población carcelaria de la provincia estimada en mas de 25.000 personas.

Finalmente Díaz señaló que "las autoridades de los comicios serán las mismas autoridades de los penales y reiteró que " solo podrán emitir sufragio los internos que no tengan condena firme y que cuenten con DNI".

De esta manera la provincia de Buenos Aires, adhirió a la ley nacional que tiene jurisdicción sobre las cárceles federale.