EEUU: denuncian maltrato en cárceles privadas a latinos, principalmente los enfermos

La situación de los presos hispanos, principalmente los enfermos, en los centros de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) como la cárcel de Stewart, produjo reacciones en algunas sedes diplomáticas latinoamericanas que envolvieron en una nube crítica a la administración de cárceles por empresas privadas.

Según fuentes diplomáticas en otras prisiones estatales y federales que, como la de Stewart, son gestionadas por la empresa privada Corporación de Correccionales de EE.UU. (CCA), los reclusos reciben mejores cuidados de salud, por lo que consideran que en Stewart la situación es diferente al alojar presos que están a poco de ser deportados a sus respectivos países de origen.

El Centro de Detención de Stewart funciona desde octubre de 2006 en Lumpkin, Georgia, al sur de la ciudad de Atlanta. Cuenta con seis módulos para sumar 1.526 plazas de alojamiento, gimnasio, varios patios de recreación, cocina y lavandería.

Aloja centralmente a varones inmigrantes detenidos en Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur, principalmente. Las mujeres presas inmigrantes son remitidas al Centro de Detención de Etowah,en Alabama.

En Stewart los presos con antecedentes criminales están separados de los infractores de leyes migratorias. Los reclusos considerados peligrosos visten uniforme rojo; los que cometieron delitos menores uniforme verde y los indocumentados uniforme color naranja.

En Stewart trabajan 311 empleados de la CCA y 29 del ICE, incluido un juez de inmigración.

Los plazos acostumbrados por la ICE para concluir la deportación de un extranjero indocumentado oscila entre los 30 a 90 días.

Las quejas
El cónsul general de Colombia en Atlanta, Camilo De Bedout, consideró que las historias de enfermos que no reciben la atención necesaria en estos sitios de tránsito previos a la deportación son casos comunes y preocupantes y sensibilizaron al de El Salvador, Asdrúbal Aguilar, quien decidió concurrir a esa cárcel del estado de Georgia para recibir las quejas por mala atención médica de parte de sus connacionales.

"He dialogado con las autoridades penitenciarias de Stewart para que se dé a los detenidos un trato más humanitario, porque tengo denuncias de connacionales con enfermedades crónicas a quienes solo se les suministran ibuprofenos -analgésicos comunes-" dijo Aguilar, quien agregó que la mala medicación "ocurre mucho con los diabéticos”.

"Seguido recibíamos llamadas de presos o sus familiares denunciando falta de atención médica, malos tratos y lentitud en los procesos de deportación" indicó Aguilar. El cónsul comentó que no pocas veces, los presos salvadoreños que informaron supuestos abusos amenazaron con apelar a medidas extremas para protestar, como amotinarse con quemar colchones y huelgas de hambre.
"Este año las denuncias han mermado, pero cada denuncia que recibimos la reportamos ante los supervisores de inmigración y creo que han actuado" puntualizó el cónsul Aguilar.

Por su parte, la cónsul de Guatemala en Atlanta, Beatriz Illescas, dijo que han recibido quejas de que los guardias mienten a los detenidos sobre sus procesos. "Los guardias les dicen que su consulado los abandonó, que sus salidas se dilatan porque no queremos emitirles sus documentos de viaje", aseguró Illescas. "Ya presentamos quejas contra algunos oficiales por esa falta de humanidad", adelantó.

"En general, las máximas autoridades tienen buenas intenciones; siempre atienden nuestras denuncias. El problema son algunos agentes insensibles e incapaces de cumplir con sus funciones", puntualizó la diplomática.

En contraste, el Consulado General de México en Atlanta informó a través de su portavoz, Armando Bello, que visitan una o dos veces al mes los diferentes centros de detenciones de su jurisdicción y que, en cuanto a enfermedades crónicas, las cárceles siempre les notifican.

"Nos consta que son atendidos en base a los estatutos de cada centro de detención. Cuando algo extraordinario ocurre generalmente nos damos enteramos por parte del mismo centro", comentó el portavoz. Seguidamente instó a los presos y sus parientes a que llamen al consulado si advierten anormalidades y se comprometió a investigar cada situación particular.

Un preso en el Centro de Detención de Stewart aseguró que durante los tres meses del año pasado que permaneció ahí, su esquizofrenia empeoró debido a que no se le habría permitido tomar sus medicamentos.

Alfaro dijo que padece desde los cinco años esquizofrenia, una enfermedad mental que provoca trastornos en la personalidad y que requiere atención clínica ininterrumpida, por lo que periódicamente sufría de ataques con agresividad. El ex detenido aseguró que, a pesar que los guardias conocían de su padecimiento, nunca le dieron la atención apropiada ni permitieron que accediera a los medicamentos que necesitaba.

"Dejé de tomar mis medicinas y por eso frecuentemente me venían los ataques", dijo Alfaro. Cuando los guardias se enteraban que estaba enfermo lo que hacían era castigarme; me encerraban en el ´hueco´ -celda de aislamiento-".

La cárcel privada
Como era de esperarse, por las denuncias, el sistema de administración privada de cárceles fue el blanco de muchas críticas.

El cónsul colombiano De Bedout se preocupó por aclarar que no toda la responsabilidad recae sobre las autoridades migratorias -conocidas como ICE, por sus siglas en inglés-, sino que el cargo debe alcanzar a la empresa privada que gestiona la cárcel de Stewart, la Corporación de Correccionales de EE.UU. (CCA). Esta empresa es una de las dos más grandes administradoras de cárceles en norteamérica.

En ese sentido De Bedout especificó que la falta de atención médica no es lo único que padecen los presos en Stewart, ya que “a ellos también se les hacen cobros excesivos por las llamadas telefónicas con sus parientes, lo que les impide reportar alguna dolencia” precisó. "Existe un monopolio y por ello una llamada por teléfono así sea local les cuesta caro. Muchos presos sin recursos económicos están incomunicados", indicó el diplomático en una tácita sospecha de que la administración privada carcelaria se aprovecharía de la situación encareciendo los servicios pagados por los detenidos.