Cárceles de la provincia de Buenos Aires: escepticismo tras anuncios básicos

El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció como un nuevo sistema para recortar la violencia en sus cárceles, separar por su peligrosidad a los presos alojados en sus establecimientos penales.

“Los actuales criterios de selección y de destino de los internos no han sido los más adecuados ni han dado los resultados esperados, por lo cual hemos decidido cambiarlos” explicó Ricardo Casal, el ministro de Justicia provincial días atrás.

El proyecto de la gobernación encabezada por Daniel Scioli contempla un nuevo sistema de clasificación de los internos que busca favorecer la “convivencia” entre los detenidos, se dijo oficialmente. Se prevé clasificar a los internos de las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SERPENBA), según su “grado de conflictividad” agregaron las fuentes.

Lo lanzado por el gobierno provincial buscando difusión mediática, no da para un anuncio: es lo más rudimentario de una política penitenciaria que se precie de tal.

El arte de clasificar detenidos es propio y básico de la profesión penitenciaria y, sin necesidad de ser anunciado con pompa por los titulares periodísticos, su objetivo es una mejor convivencia entre los presos. Punto.

Vida o muerte
Clasificar detenidos para el alojamiento a su llegada a una cárcel puede significar la vida o la muerte para los ingresantes. Una buena lectura del profesional penitenciario tras diez minutos de consultas al encarcelado lo alojará con detenidos que, puede esperarse, lo aceptarán con más o menos ganas. Pero lo aceptarán.

Un error en esto, que cada tanto sucede -y se paga con la carrera penitenciaria-, lleva al ingresado a un pabellón donde alguien o muchos tienen cuentas que cobrarle, que no lo toleran por el tipo de delito por el que se lo acusa, o porque las personalidades de los ya alojados son incompatibles con las del nuevo. Resultado: habrá violencia contra él, a veces hasta su muerte.

Claro que todo esto se soluciona con pabellones celulares exclusivos para los ingresos.

Un poco más adelante en el trance carcelario el interno volverá a ser clasificado por penitenciarios o por éstos junto a equipos criminológicos -en los sistemas que lo tienen como el argentino-, para resolver su alojamiento definitivo atendiendo al tipo de delito que se le imputa y al perfil personalístico de quien es clasificado.

Esto, a su vez, se soluciona con un número de pabellones de alojamientos razonable, que permita una separación eficaz de acuerdo a las exigencias que en ese momento vive el sistema carcelario.

Rudimentos
Es decir que las posibilidades de recortar la violencia y la carga criminógena -propia de la cárcel- son conocidas por todos los allegados a un servicio penitenciario por rudimentarias, o como se dijo, elementales: pabellones celulares exclusivos para los ingresos y un número de pabellones de alojamiento adecuado a las exigencias del momento para permitir una separación de los internos penitenciariamente bien hecha. Es decir, que beneficie la convivencia entre los presos y entre éstos y los guardias.

Pero para esto se necesita algo más que decisión política y la anunciación mediática, se necesitan partidas de presupuesto importantes como las que demanda todo aquello que responde a la inseguridad. Porque por su naturaleza, la seguridad es cara.

Por lo detallado no pasa del escepticismo la sensación con la que el iniciado en temas penitenciarios toma la promesa de la gobernación Scioli de “cambiar los actuales criterios de selección y de destino de los internos, que no han sido los más adecuados ni han dado los resultados esperados”.

Son muchas décadas de promesas de mejorar los sistemas penitenciarios que no se cumplen en la Argentina; y un ejemplo emblemático es la provincia de Buenos Aires.

¿Por qué habrá de cumplirse ésta promesa?

En más de cuatro años de gobierno nacional, del que el estado provincial depende política y financieramente para sobrevivir, no ha asomado la decisión -ni la acción- política de mejorar los establecimientos de detención y la provincia de Buenos Aires no tiene fondos propios para la construcción de más y mejores pabellones de alojamiento de detenidos.

¿Cómo cumplir entonces el compromiso, más allá del anuncio mediático y de alguna que otra pequeña medida que no implique gasto?

Como es costumbre en la cuestión carcelaria, tras las promesas, el escepticismo y más también.

Con un dato paradójico en el medio de todo que debería erizar a las actuales gestiones de gobierno: cuando se mejoraron en su esencia las cárceles en la Argentina, en jurisdicción del sistema federal ampliando en dos terceras partes su número de alojamientos con modalidad celular, fue durante la década tan buscada por las actuales autoridades para encontrar la fuente de todas las culpas: la década del ´90.