lunes, noviembre 19, 2007

"Reformular" lo penitenciario en Argentina: ¿dentro o fuera de la ley?

A punto de dejar la presidencia en manos de su esposa Cristina Fernández, el presidente Néstor Kirchner enfatizó que “es central reformular el sistema penitenciario”.

Al no dar precisiones -se supone que se refirió al fuero federal que le compete directamente y no a los provinciales que dependen de sus jurisdicciones-, debe entenderse que el primer magistrado piensa en primer en lugar en el blanqueo de los sueldos del personal penitenciario que en un 60% -debe repetirse el 60%- es “no remunerativo”, es decir sin aguinaldo, sin aporte jubilatorio ni de obra social y prescindente para el cálculo jubilatorio.

Y Kirchner debe entender esto porque es escandaloso que desde 1993 el Estado pague salarios en negro y pretenda inculcar al pueblo ética laboral pretendiendo obligar a los empleadores a hacer lo que oficialmente no se hace en un vasto segmento de la administración pública: blanquear los sueldos.

El decreto 2807/93, alumbrado por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo en la por este gobierno tan repudiada década del ´90, sigue teniendo plena vigencia para menospreciar los sueldos de las fuerzas de seguridad y seguir dando un pésimo ejemplo desde lo más alto de las instituciones del país.

Si puede suponerse que el presidente se refirió a la eliminación de esta violación de la ley laboral por parte del Estado como inicio de la “reformulación” del sistema penitenciario federal, la restante agenda de cambios en lo carcelario ciertamente es densa. Sobre todo cuando la cárcel es, siempre lo es, un problema para la política.

Tres puntos
Una reforma carcelaria “central” de acuerdo a lo postulado por Kirchner incorpora tres planos ineludibles. El judicial, el presupuestario, y el de gestión carcelaria.

Sobre el judicial: una plaza carcelaria vale mucho cuando la infraestructura se ve superada holgadamente como sigue sucediendo en la actualidad -y más que en la década del ´90- a pesar del discurso oficial. Por esto los jueces deben tener las leyes que le permitan reservar esa plaza a un imputado de delito grave y no, por ejemplo, ocuparla con un pibe de 20 años que robó un pollo y debe ir preso porque judicialmente no puede fijar domicilio. Esto pasa.

También contar con leyes y procedimientos que aseguren el cumplimiento de penas alternativas de prisión -que podrían ser supervisadas por personal carcelario administrativo al saberse que los patronatos de liberados no están en capacidad de cumplir con la gigantesca misión para la que fueron creados-, como una receta viable y moderna para recortar el hacinamiento de los establecimientos.

El plano presupuestario: aún con un sistema de excarcelaciones en práctica, el crecimiento del delito en las proporciones que se da en Argentina no pide menos que mayor presupuesto para la construcción y modernización de establecimientos de detención. No hay otra.

Pero sucede que, como todo lo que tiene que ver con seguridad, es caro. Por lo tanto requiere de una fuerte decisión política por dar mejor vida a los presos en mejores establecimientos y mejor vida a la gente común alojando a quien se lo haya ganado en una cárcel. Estructura que cuesta mucho levantar y luego mantener, sobre todo cuando quien destruye en la prisión -a nadie le gustan las paredes, las rejas y un régimen que lo apartan de la libertad- no tiene una pena que le haga pensar dos veces en arremeter vandálicamente contra las instalaciones.

Sobre la gestión: ciertamente también es necesario modernizar la formación de personal para gestionar las cárceles modernas. Sin ideologías. Formar en la eficiencia y en la eficacia.

Hay aquí un universo para trabajar. La cárcel, a pesar de sus muros y alambradas que lo separan de la vida libre, también merece modernizarse.

Y es apenas el comienzo. En el futuro sería mejor que, incluso dentro del juego político, desde la presidencia se instruya a los funcionarios a no decir lo que no es, a riesgo de papelonazos.

Por ejemplo la declaración de la semana pasada del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Alberto Iribarne, quien sin ruborizarse afirmó que “durante esta gestión comenzamos a revertir la situación de abandono de más de tres décadas en el Servicio Penitenciario Federal”.

El ministro extrañamente olvidó que en la fustigada década del ´90, se crearon el Complejo Federal de Jóvenes-Adultos de Marcos Paz; los Complejos Penitenciarios Federales I de Ezeiza, y II también de Marcos Paz, y la unidad 31 para mujeres de Ezeiza. En total se amplió en casi 75% el cupo de alojamiento de detenidos del Servicio Penitenciario Federal. Nada lo ha superado durante las tres décadas citadas por el funcionario.

Dato: se denunció corrupción en la contratación de los dos complejos penitenciarios. Nadie ha ido preso por estas acusaciones casi diez años después. Otra defección del Estado cuando de aclarar las cosas y adjudicar responsabilidades se trata. Fue ayer y es hoy.

Volviendo a Iribarne, raro que el ministro haya omitido este dato respecto a quien hizo qué en lo carcelario federal: es uno de los pocos que para pertenecer a este gobierno puso como condición que no se lo obligara a hablar mal del encabezado por Carlos Menem del que él, como todos lo que hoy conducen la Argentina, formó parte o se vio beneficiado políticamente.

Final: sin haber tocado las desalentadoras problemáticas carcelarias provinciales ciertamente es “central” reformular el sistema penitenciario en la Argentina. La tarea queda ahora delegada a la presidente electa Cristina Fernández de Kirchner, que podrá iniciar la reformulación mencionada dando el ejemplo desde arriba.

Es decir cumpliendo la ley. Más que nunca porque los servicios penitenciarios son instituciones auxiliares de la justicia.

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