viernes, septiembre 07, 2007

Cuerpo penitenciario propio y no militarizado para la capital argentina


La titular de la la Comisión de Seguridad de la Legislatura porteña, Silvia La Ruffa reafirmó a “Prisiones y Penas” que los proyectos de ley penitenciaria de la capital federal -algunos de su autoría- apuntan a “la creación de un servicio penitenciario propio no militarizado” y que no hay estimación sobre el costo que demandará la creación del sistema.

La Ruffa se expresó con esta convicción al finalizar las exposiciones sobre “Lineamientos generales de la política penitenciaria y de reinserción social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)”, que organizó en los salones del palacio comunal porteño el martes último.

Los expositores, como se verá más adelante, coincidieron en crear un servicio penitenciario capitalino en el marco de críticas generalizadas que se hicieron a la tarea que presta el Servicio Penitenciario Federal(SPF) por la custodia del ínfimo número de contraventores detenidos por la justicia porteña, alojados en la particular unidad ubicada en Viamonte casi esquina Cerrito, frente al teatro Colón, en el corazón del centro porteño.

“Es otra forma de reivindicar la autonomía de la ciudad” coincidieron los expositores, de la misma forma que lo hicieron al conceder que aún no se ha estimado cuánto le costará a los contribuyentes porteños un nuevo sistema penitenciario que, como todo lo que tiene que con la seguridad, es caro por naturaleza.

Además de los disertantes asistieron al Salón Juan Perón de la Legislatura Ana Conde y Luis Lozano, integrantes de la Suprema Corte de Justicia porteña. No lo hicieron, a pesar de ser anunciados en el programa oficial como disertantes, el Secretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Alejandro Slokar, y el titular del juzgado de Ejecución Penal Nº 2, Gustavo González Ferrari. No apareció invitado el titular del juzgado de Ejecución Nº 3.

Las exposiciones
Al iniciar la charla La Ruffa consideró que “es el momento de discutir cuándo la ciudad va a tener su propia justicia penal y de discutir qué política penitenciaria queremos”. Paralelamente “hay que definir con criterio político qué infraestructura necesitamos y si nos sirven o no los edificios -carcelarios- existentes”. Agregó que después “vamos a discutir cómo presta el servicio el SPF” y, si no estamos conformes con el cuerpo actual, pensar en otros modelos” anticipó.

Por su parte Sergio Delgado, titular del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1, identificado con la postura garantista de los derechos de los detenidos, puntualizó que el proyecto de administración penitenciaria “que más le conviene” a la capital debe guiarse por el texto de la ley penitenciaria bonaerense que habilita “tres modelos de tratamiento, abierto, semiabierto y cerrado no secuenciales”, es decir que los internos pueden ser incorporados a cualquiera de ellas sin pasar necesariamente por una anterior.

Adhirió a la creación de un servicio penitenciario no militarizado y solicitó la creación de una “Agencia de Ejecución Penal” para tratar la problemática de pena privativa de la libertad.

Protestó porque “el estado de inocencia no rige en este país y, para ser condenado, hay que estar preso ya” de acuerdo a lo acostumbrado. Tras esta conclusión dijo sobre los proyectos de ley penitenciaria que están presentados en las comisiones que sería oportuno que “la ley permita flexibilizar la incorporación al tratamiento del condenado de acuerdo al tiempo que lleva detenido, lo que por lo general llevaría a incorporarlo directamente al período de prueba en lugar del de socialización” -el inicial del Tratamiento Penitenciario en el fuero federal.

Postuló que el nuevo texto debe fijar el procedimiento ante todas las sanciones y disciplinarias “no como hasta ahora donde la ley tipifica las faltas graves y deja a los reglamentos las leves”.
Pidió la “comunicación de todas las sanciones a los jueces y que éstas se cursen durante la etapa cautelar para que lleguen en tiempo porque en general se comunica tarde” a los magistrados. También que la sanción sea efectiva luego de la aprobación del juez.

Reclamó “voz y voto” de los docentes contratados en el Consejo Correccional; negativa a legislar a favor de la “cárcel voluntaria” e igual postura sobre la extensión de condena por enfermedad grave”. Asimismo salidas transitorias “para estudio y para cumplir el rol de ama de casa” detalló.
En la última de sus sugerencias para la formulación de la ley penitenciaria capitalina pidió que la nueva norma fije que las prevenciones sumarias no sean realizadas por personal de la unidad. “¿Cuándo las realizadas por el SPF han resuelto un problema de tráfico de drogas o tortura en la cárcel? se preguntó ante un auditorio de unas ochenta personas. Se quejó luego del trato que reciben los internos por personal del SPF y puntualizó que “con mejor trato y con mejor tratamiento penitenciario se puede bajar la reincidencia como lo marcan las estadísticas de otros países”.

Finalmente advirtió que la ciudad ya tiene problemas con los detenidos en cárceles federales y citó que “todos los días 20 a 30 internos con afecciones agudas deben ser atendidos en los hospitales públicos” y que “los planes sociales son atendidos por la ciudad”, sostuvo además que “los detenidos van a volver a reincidir en la capital”. Por estos costos que ya paga la ciudad instó a sus autoridades a crear su propio servicio penitenciario.

Ramiro Monner Sans, subsecretario de Justicia de la CABA, instó por su parte a “iniciar un cambio cultural en la administración del sistema penitenciario sobre el que hoy hay disconformidad” y postuló la creación de “una agencia con autarquía presupuestaria” para administrarla -los fondos son los fondos-. Sobre la infraestructura carcelaria, entendió que “la ciudad tiene todo por hacer en esta materia”.

Jorge Haddad, oficial penitenciario federal retirado más o menos a cargo del Centro de Contraventores de la CABA, advirtió que hasta hoy se trabaja en la ciudad en un “contexto – de administración penitenciaria- de ilegitimidad e ilegalidad” ya que lo contemplado por la ley de Ejecución Penal en lo referente a tratamiento penitenciario y funcionamiento del Consejo Correccional no se cumple en el centro a su cargo por falta de personal y metodología”.

Explicó, apesadumbrado, que la asistencia de salud de los 18 presos contraventores que ese día tenía la ciudad la presta el SAME con la visita de un médico diariamente para atender a los detenidos ya que no hay enfermería; no hay educación formal y no se pueden realizar actividades de ocio creativo” para los alojados. Es decir todo lo contrario al penitenciarismo bien entendido y, por lo reconocido por el propio funcionario, estableciendo un régimen “de ilegitimidad e ilegalidad”. Gravísima esta situación cuando de lo que trata su unidad es de ser una auxiliar de la justicia. Menos mal que aloja a dieciocho presos...

Postuló la creación de “un cuerpo profesional no militarizado” para administrar las cárceles y pidió se analice la posibilidad de fijar turnos de trabajo de ocho horas al personal para reducir el estrés que provoca la tarea carcelaria”.

Finalmente Ricardo Baldomar, consejero de la Magistratura de la CABA, instó a la ciudad a “asumir la cuestión penitenciaria; lo podemos hacer hoy empezando de cero” y sostuvo que “la resocialización no es un gasto sino una inversión”.

Postuló “crear un instituto -de gestión carcelaria, con todo lo nuevo de lo que se habla y no se aplica” y enfatizó que “el Estado se tiene que hacer cargo del egreso” del detenido. Finalmente puso énfasis en que “hay que cambiar al SPF; se necesita mucho taller y educación en las cárceles” dijo.

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