Sin novedad, políticos cobran plus con fondos carcelarios: hoy Chile

Que en muchos países de la región los presupuestos carcelarios ni siquiera se acercan a las rejas y alambrados de los establecimientos de detención no es nuevo ni mucho menos. Incluso en naciones con gobiernos que agitan los derechos humanos como premisas de conducta política.

Partidas de fondos carcelarias desviadas a pliegues políticos de los países son, en demasiados casos, una costumbre para mal de presos y penitenciarios. Y así lo demuestra el escándalo de proporciones que desató en Chile un informe a la Cámara de Diputados detallando los sobresueldos pagados con fondos de la Gendarmería -servicio penitenciario de Chile- a funcionarios durante diez años.

La nómina investigada toca a ex ministros de Justicia y actuales parlamentarios, pasando por embajadores y funcionarios y hasta salpica a la hija de la presidente Michelle Bachelet.

El pago de sobresueldos a altos funcionarios del Ministerio de Justicia desde 1995 surgió de un informe pedido a Gendarmería por la Cámara de Diputados sobre asesorías pagadas a “distintos personeros” hasta 2003, el que involucra a importantes figuras y autoridades del oficialismo.

Con honorarios cobrados por más de $7 millones entre 1995 y 1996, el ex ministro de Justicia y actual presidente del PRSD, senador José Antonio Gómez, dijo que algunos de los pagos se explicaban por el mecanismo de sobresueldos que en ese entonces se aplicaba al interior de ese ministerio para los altos funcionarios. Gómez afirmó que los honorarios estaban contemplados dentro de la "estructura de sueldos" para los jefes de gabinete de Justicia. "Los jefes de gabinete tenían una contrata que se renovaba año a año y, adicionalmente, recibían honorarios de Gendarmería" reconoció el hoy senador.

El también radical Eduardo Jara, que para esa fecha ejercía como asesor del subsecretario de Justicia, reveló que el mecanismo operaba para todos los jefes de gabinete de la cartera, tanto ministros como subsecretarios.

En esa condición el listado de Gendarmería incluye al actual ministro de Justicia, Carlos Maldonado, y la embajadora en Alemania, Marigen Hornkohl. Maldonado percibió honorarios por $15 millones entre 1998 y 2000, período en que ejerció como jefe de gabinete de Gómez. Hornkohl, en tanto, aparece cobrando más de $40 millones entre 1994 y 2000, cuando se desempeñó como jefa de gabinete de la ministro de Justicia, actual senadora y presidenta de la Democracia Cristiana, Soledad Alvear.

Más asesorías
Otros incluidos en el listado son el actual ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade (Partido Socialista), que aparece percibiendo honorarios por un monto cercano a $25 millones entre 1996 y 2005. El secretario de Estado, casado con la actual subdirectora técnica de Gendarmería, Miriam Olate, dijo haber asesorado jurídicamente a Gendarmería en proyectos de rehabilitación y asistencia para detenidos.

En la nómina de asesorías figura también el ex ministro del gobierno de Ricargo Lagos, Osvaldo Puccio, con pagos por más de 20 millones de pesos y dirigentes de la Democracia Cristiana como la ex directora de Chiledeportes, Loreto Ditzel, y el ex subsecretario de Justicia Jaime Arellano.

En la nómina correspondiente a 2006 aparece la hija de la presidente Michelle Bachelet, Francisca Dávalos. Según explicó Gendarmería los pagos, que alcanzan los $800 mil pesos, retribuyeron la ejecución de un proyecto que la hija de Bachelet realizó junto a estudiantes de Antropología de la Universidad de Chile, en el marco de su práctica profesional. El convenio, que figura en el portal Chile Transparente, desarrolló trabajos de investigación criminológica con privados de libertad en varias cárceles chilenas.

Malestar penitenciario
Las asociaciones de funcionarios de Gendarmería expresaron su malestar por el pago de honorarios a “personeros de la Concertación” entre 1993 y 2006, según el informe elaborado por Gendarmería.

El presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (ANSOG), Juan Marechal, dijo que es "vergonzoso" que la institución pague a políticos, cuando los funcionarios -carcelarios- han denunciado la precariedad con que ejercen sus labores por falta de personal e infraestructura.

"Eran platas que se debieron destinar a cubrir esas necesidades" insistió Marechal, que imputó a “gente que estuvo vinculada al servicio, como el actual senador José Antonio Gómez y el ministro de Justicia, Carlos Maldonado.

El dirigente declinó individualizar a quienes no habrían ejecutado trabajos por los que se les pagó, por “no contar con todos los antecedentes”, pero adelantó que esperarán lo que determine la investigación solicitada por los diputados para demandar responsabilidades políticas y administrativas.

Por su parte Carlos Donoso, director de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), declaró que si bien el servicio penitenciario debe contratar asesorías en algunas materias, como se hizo para la implementación de la Reforma Procesal Penal, lo prioritario es destinar recursos para aumentar la planta de guardias.

Lo que sí “es cuestionable es que se realicen asesorías al Ministerio de Justicia con platas de Gendarmería, debido a la constante lucha que están dando para que se destinen recursos para aumentar” la planta de funcionarios carcelarios especificó Donoso.

Las asociaciones de funcionarios negocian con el director de Gendarmería un proyecto de ampliación de la infraestructura y solucionar la recarga de trabajo. Donoso, quien recordó que la Corte Suprema reconoció la carencia de gendarmes en 52 comunas del país, advirtió que esperan una propuesta el 6 de septiembre; de lo contrario, iniciarán “movilizaciones” adelantó.

La crítica no se focalizó sólo en las autoridades de los últimos diez años: “ésa situación no debería sorprender ya que todos los gobiernos hacen lo mismo” dijo Donoso y recordó que, en el régimen militar, "con platas de Gendarmería se pagaba a personal que pertenecía a la DINA o a la CNI", los servicios de inteligencia principales de la dictadura pinochetista.