Argentina: preparativos en cárceles para el voto de procesados el 28 de octubre

Por primera vez en las cárceles argentinas los detenidos procesados que tengan su DNI podrán sufragar voluntariamente en las elecciones presidenciales del 28 de octubre. Se estima que más de veinte mil presos estarán en condiciones de votar, aproximadamente la mitad del número de detenidos sin sentencia firme alojados en los penales del país.

Los servicios penitenciarios están encargados de gestionar los DNI necesarios a los internos que hayan manifestado su intención de participar del comicio y, en la provincia de Buenos Aires, se desarrolló la semana pasada un ensayo del acto electoral en la Unidad 36 de Magdalena con la participación de 126 presos, personal carcelario y funcionarios de la justicia electoral que fueron coordinados por el secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional, Nicolás Deane. También asistieron el director nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Alejandro Marambio, y su par bonaerense, Fernando Díaz.

El ensayo duró dos horas y los presos votaron mientras las autoridades observaron el procedimiento, con la finalidad de corregir con anticipación errores y vicisitudes que puedan surgir en las mesas el 28 de octubre.

Deane explicó que los detenidos elegirán sólo a candidatos a presidente y vice y a legisladores nacionales y “la boleta será una hoja en la que figurarán los partidos y candidatos con un recuadro al lado; los detenidos, en cuarto oscuro, marcarán una opción y luego ensobrarán la boleta para introducirla en la urna” especialmente habilitada en las instalaciones del penal.

Se ha previsto que el día de la elección los detenidos serán traslados en pequeños grupos desde los pabellones de alojamiento hasta el sector donde se ubicará la urna -generalmente el área educativa de la cárcel- para sufragar. Al llegar a la mesa entregarán el DNI a las autoridades e ingresarán al cuarto oscuro donde votarán divididos por el distrito electoral al que pertenecen.

La autoridad penitenciaria controlará la elección, aunque la presidencia y las fiscalías de mesa podrán asignarse a cualquier ciudadano. Al finalizar el comicio, las autoridades de mesa fiscalizarán si la cantidad de boletas corresponde a las del padrón y luego las remitirán al correo desde donde serán enviadas a la Cámara Nacional Electoral.

En relación a la información que llegará a los detenidos sobre la actividad política destinada a la jornada electoral, el jefe del Servicio Penitenciario bonaerense, indicó que “todas las personas privadas de libertad tienen acceso a la información política a través de la televisión, las radios y los diarios; están informados” explicó.

El primer privado de libertad en participar de la experiencia electoral carcelaria en la U.36 de Buenos Aires fue Alejandro, interno de 23 años que fue detenido a los 18. Nunca votó y está contento de participar en una elección de autoridades. “¿A quién voy a votar?, a Cristina. Es que con este gobierno hay más trabajo y le aumentaron a los jubilados, aunque una deuda pendiente es la inseguridad”, dijo Alejandro tranquilo y entusiasmado.

Por decreto
Los presos procesados votarán por primera vez en la Argentina tras la firma de un decreto reglamentario rubricado por el presidente Néstor Kirchner, que reglamentó el beneficio otorgado en 2004 a los recluidos sin sentencia firme por la modificación a la ley 25.858. Mientras en la provincia de Buenos Aires el derecho a voto sería ejercido por casi trece mil presos, en todo el país el número de detenidos en condiciones de sufragar rondaría los treinta y cinco mil.

No se informó sobre el costo que demanda al contribuyente la organización y realización de los comicios para los alojados en las cárceles del país.

Más allá de la discusión, filosófica y de teoría de derecho sobre el beneficio otorgado, la iniciativa gubernamental de otorgar el voto a los detenidos procesados trasluce el sesgo político de ir a la caza no sólo de la gran mayoría de esos potenciales 35 mil sufragios posibles, que es lo de menos, sino del rédito electoral, mucho mayor, que ofertan los votos del conjunto familiar y de allegados a los presos.

Es de imaginarse que para cosechar la gran mayoría de esos 35 mil votos previamente habrá que dar concesiones a los detenidos cuyos alcances nunca se conocerán y formular promesas que, de no cumplirse, naturalmente se traducirán en estridentes protestas tumberas poseleccionarias.

El objetivo político enfocando a las cárceles fue reconocido en diálogo con periodistas por el Secretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, Alejandro Slokar, principal impulsor de la medida junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) dirigido por el periodista Horacio Verbitsky, al destacar que “lo valioso” de poner en práctica este beneficio a los detenidos sin condena implica una “politización” que “obligará al sistema de partidos a atender a los intereses que expresen los presos desde las cárceles”.