miércoles, enero 02, 2008

Buenos Aires: subsecretaría vigilará regímenes de detención; salud carcelaria, será extracarcelaria

La Suprema Corte bonaerense dispuso la creación de un área de “Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad” para supervisar las condiciones de detención de procesados y condenados.

Será creada con rango de subsecretaría con la misión de “organizar un sistema de seguimiento y un modelo de organización que permita sistematizar y controlar el proceso de implementación y ejecución de las condiciones de detención de las personas alojadas en comisarías y establecimientos del sistema penitenciario”, lo que es una complicada y pomposa manera de querer decir que se pretende formular un sistema de seguimiento de los regímenes de detención” a los que están sometidos los presos.

La Corte ponderó que la problemática exige “arbitrar medidas que escapan a los moldes del litigio clásico, a fin de asegurar la vigencia de determinados estándares mínimos para toda persona alojada en establecimientos policiales y en la cárceles de la provincia y hacer posible el seguimiento regular de su evolución” señala la disposición.

El pedido está fundado en las pautas establecidas en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 5 de mayo de 2005, que ordenó la mejora de las condiciones de detención de los reclusos.

La resolución del máximo tribunal pidió además al Poder Ejecutivo provincial que en noventa días hábiles presente un plan “integral” tendiente a normalizar de modo definitivo los severos problemas edilicios que presentan de los lugares de detención y asegurar la provisión de servicios elementales para la población carcelaria.

La orden de la Corte bonaerense, tanto en la puesta en marcha del seguimiento de los regímenes de detención como de mejora edilicia de cárceles y comisarías, llevará seguramente mucho más de noventa días tal como se gestiona en la provincia de Buenos Aires. También seguramente, mucho de lo que se impone no se podrá cumplir.

Lo que bien reclaman los jueces colisiona con una cuestión de peso: es costoso y Buenos Aires tiene sus arcas no sólo exhaustas, sino gravemente endeudadas.

Esto es así más allá del anuncio del flamante gobernador, Daniel Scioli, quién se comprometió a trasladar a penales de la provincia más de mil quinientos presos detenidos en comisarías, en malas condiciones de alojamiento.

Más allá de la voluntad del gobernador, lo prometido es incumplible en la práctica con las condiciones actuales: no sólo por la magnitud del emprendimiento, sino porque concentrar mil quinientos presos más en los penales bonaerenses ya a punto de reventar, no puede ser realizado por un principio de mantenimiento de mínima seguridad en las unidades carcelarias sino como una premisa de penitenciarismo racional.

Dirección de Salud carcelaria independiente
Por separado, y esta vez por vía de una ley provincial, se creó la Dirección General de Salud Penitenciaria como un organismo descentralizado del Servicio Penitenciario bonaerense (SERPENBA) y, por extensión, del Ministerio de Justicia de Buenos Aires.

Dicha ley crea un nuevo organismo desconcentrado de la cartera de Justicia provincial, y por lo tanto del Servicio Penitenciario Bonaerense, para brindar la atención sanitaria integral de todas las personas privadas de la libertad.

La ley, que independiza la atención sanitaria de los presos del SERPENBA, fija que la misma dirección de salud intervendrá también en los exámenes de ingreso del personal, los exámenes psicofísicos y lo relacionado con las resoluciones de las juntas médicas.

Desde la Comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios de la Cámara Baja bonaerense se dijo que “dimos despacho positivo a este proyecto como un paso importante hacia lo que consideramos a futuro debe ser: que la atención sanitaria de las personas privadas de su libertad dependa del Ministerio de Salud”. Agregaron que “con esta ley seguimos consolidando los avances de los últimos años en la formulación de políticas públicas que garanticen la promoción, protección, recuperación y rehabilitación en las cárceles de nuestra provincia”.

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