Prisiones y Penas

Obama compra una cárcel para cerrar Guantánamo

2009-12-16T22:23:00.003-03:00

El gobierno de Barack Obama avanza en el cierre de base naval de Guantánamo (Cuba) con la adquisición de una prisión en el noroeste de Illinois, a la que serán trasladados los detenidos en la prisión militar, informó una fuente diplomática oficial.

Según esta fuente, el presidente estadounidense ordenó al gobierno federal la compra del Centro Correccional Thomson, una cárcel de máxima seguridad al oeste de la ciudad de Chicago.

El gobernador de Illinois, Patrick J. Quinn, y el influyente senador del Estado, Richard J. Urbin, reciben con entusiasmo la idea de alojar presos de Guantánamo en la cárcel de Thomson porque contribuiría a la creación de empleo en una de las partes más empobrecidas de la región, informó The New York Times.

La oposición de los republicanos de Illinois, en cambio, teme que el traspaso de los presos convierta el Estado en un objetivo potencial del terrorismo.

La cárcel de Thomson fue construida en 2001 a un costo de 120 millones de dólares, originalmente pensada para integrar el sistema penitenciario federal norteamericano.

Antes del traspaso de los detenidos a Illinois el Congreso estadounidense debe aprobar la ley por la que todos los detenidos sean juzgados en Estados Unidos.

El cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Jalid Sheij Mohammed, será juzgado en un tribunal civil en Nueva York junto a otros cuatro sospechosos de haber planeado los ataques terroristas. Los cinco están en Guantánamo. Aparte de éstos, otros 40 de los 215 que aún permanecen en la prisión también serán juzgados fuera de la base. Otros 90 serían enviados a terceros países y 75 aún esperan ante un vacío jurídico.

Obama anunció tras su asunción la intención de cerrar Guantánamo, en un plazo de un año. El presidente norteamericano impuso como plazo inicial el 22 de enero de 2010, pero Washington ha reconocido que cerrar Guantánamo para esa fecha es una misión imposible.

La pena de muerte: industria en crisis en Estados Unidos

2009-11-24T20:11:00.000-03:00

Un informe del Centro de Información Sobre la Pena de Muerte (DPIC en inglés) confirma, sin informar nada nuevo, que la pena de muerte lleva a la ruina a varios de los estados de Norteamérica en los que la pena capital está vigente.

Es que según las organizaciones que siguen de manera crítica estos procesos aseguran que el costo mínimo para ejecutar a una persona es de 3 millones de dólares. Y sostienen que, en cambio, si la máxima pena fuera de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional, su costo sólo llegaría a 11,5 millones de dólares, pero durante todo un año.

Son los datos más elocuentes, aún si estuvieran un poco exagerados, y teniendo en cuenta la cada vez mayor resistencia popular a mantener la pena máxima, para incorporar al análisis que ocupa cada vez más espacio en la mente de los estudiosos y se recalienta en las proyecciones presupuestarias de los gobernantes: abolir los corredores de la muerte por razones económicas.

California destinó 137 millones de dólares para sostener las superestructuras políticas, judiciales y carcelarias que llevan a la pena capital. En la otra costa estadounidense, el estado de Florida ocupa 24 millones de dólares de su presupuesto en cada una de las ejecuciones, aún después de haber reducido 10% su presupuesto judicial.

Por su parte, Nueva Jersey gastó 250 millones de dólares en nueve años antes de decidir la eliminación de la pena muerte, después de estimar que llegar a una ejecución costaba 10 millones promedio más en los casos penales de mayor gravedad.

Asociado a esto, la abolición del corredor de la muerte se aprobó en Connecticut, mientras se avanza hacia lo mismo en los parlamentos de Montana y Colorado. Arizona, en cambio, estudia privatizar todas sus cárceles, incluyendo el tenebroso corredor. Otros once estados, incluido Texas, el distrito que encabeza largamente las cifras de ejecuciones, ya han comenzado a analizar el futuro de la pena capital.

Como es sabido, estas enormes erogaciones no se van en las cámaras de ejecución, sino en el frondoso e intrincado camino judicial que demanda el atar a un condenado a la camilla de inyección letal. Los cálculos de las organizaciones especializadas indican que desde 1976 hasta el presente la pena máxima costó 2 mil millones de dólares al sistema legal y penitenciario de los Estados Unidos.

Es que no se puede ejecutar a nadie sin que se cumplan con todos los recursos de apelación, revisión del caso y eventualmente clemencia, lo que demanda la conformación de una estructura de abogados, carceleros y médicos, entre otros convocados, a las que deberá atenderse y sostener económicamente durante los diez años promedio que transcurren entre la condena y la ejecución.

Y aún con esto, sin eliminar totalmente el riesgo de llevar a la muerte a algún inocente.

En contrapartida, según Anna Grau para el diario ABC de California, “hay quien aguarda la pena capital con horror y hay quien le ve el lado bueno o incluso picaresco. Son las contradicciones de esta carísima industria. Hay quien ha cometido tantos crímenes que cuando le pillen no cabe duda que pasará el resto de su vida en la cárcel. Y a veces, esa vida puede ser mejor si se está condenado a muerte.

Es por ejemplo el caso de Billy Joe J…, líder de una banda de defensores de la supremacía blanca condenado a muerte el mes pasado en California. Recibió la noticia con indisimulado júbilo. El corredor de la muerte en California tiene 685 habitantes, de los cuales a duras penas se ejecuta a 13 cada año. Muchos de ellos fallecen por causas naturales mucho antes de que les «toque».

Y entre tanto, disfrutan de algunas ventajas: ocupan celdas individuales más grandes que las celdas para dos de los presos ordinarios, tienen televisor y CD para ellos solos, más acceso al teléfono y mejor régimen de visitas”. Mientras, la factura –de gastos- sigue subiendo.

Esta semana, el estado de Virginia ejecutó por inyección letal a John Allen Muhammad, el “francotirador de Washington” por la matanza de Fort Hood.

La ley consideró probado que este hombre sembró el terror disparando con mirilla telescópica a gente que iba a la gasolinera, al supermercado o al instituto. Durante tres semanas, murieron diez personas en Washington en 2002. John M… fue detenido rápidamente y en 2004 lo condenaron a muerte. Lo ejecutaron hace dos semanas.

Se negó a pronunciar sus últimas palabras y a que la prensa fuera informada del menú de su última cena, en la que el reo puede pedir lo que se le antoje, siempre que se pueda preparar en la misma cárcel o, según el estado, se pueda traer preparado de fuera por un coste no superior a cuarenta dólares. La pena capital se cumplió en presencia de familiares de las víctimas.

Y el otro cuestionamiento: no son pocos los que enfocan que mientras el Estado gasta fortunas en ejecuciones, muchas viudas, hijos y otros dependientes de las víctimas quedan en la indefensión o indigencia. ¿Y si se invirtiera menos en castigar y más en compensar a las víctimas? preguntan estos cuestionadores.

Foto: fachada de la prisión de Huntsville, sede de un corredor de la muerte en Texas.

Cárceles de Noruega: otra cosa

2009-11-10T19:40:00.000-03:00

La cárcel noruega de Bastoey fue pensada con el precepto de que las prisiones tradicionales, de regímenes cerrados, no cumplen una función útil. Adscripto a esa filosofía carcelaria quien fuera su director, Oeyvind Alnaes, es el más convencido de que “el mayor error de nuestra sociedad es creer que se debe castigar duramente a los criminales para que cambien”.

Agregó el ex funcionario que eso “es un concepto errado; si tratas mal a la gente, se portarán mal. Cualquiera puede ser buen ciudadano si se le trata bien, se le respeta y se le imponen desafíos. Las grandes prisiones cerradas son escuelas de delincuentes” remató Alnaes.

Pero Noruega, en Escandinavia, es un país muy distinto en cuanto a su idiosincrasia, culturas y costumbres en comparación con las jóvenes naciones de Centro y Sudamérica.

Y también muy distinto, por supuesto, de los Estados Unidos. Noruega sería una “anticárcel” si se la comparara con Norteamérica. Noruega tiene una de las tasas de encarcelación más bajas de Europa, con 66 presos por cada 100 mil habitantes, mientras Estados Unidos registra 727 presos por cada 100 mil individuos.

Y el mensaje del Ministerio de Justicia noruego es recurrente en privilegiar la necesidad de reintegración del condenado en la sociedad más que la necesidad de castigo y en preocuparse de que las prisiones se vean como una parte normal de la sociedad.

Mejor, poco posible
Bastoey, a setenta kilómetros de la capital del país, es una prisión de régimen semiabierto situada en una isla con construcciones de distintos colores, vegetación tupida y playa para los detenidos en las aguas del fiordo de Oslo.

Afortunados con el lugar al que han sido enviados, allí se alojan más de cien presos que no están encarcelados sólo por violar normas de tránsito según dice la información y que disfrutan de actividades que rara vez se asocian con una prisión.

En el verano, asesinos, violadores y ladrones, pueden mejorar su técnica en las pistas de tenis, cabalgar por el bosque o nadar a la playa. En cambio en invierno, las posibilidades se reducen al esquí deportivo.

Los internos trabajan entre las 8 y las 14:30 horas en la prisión que, en el segmento de trabajo carcelario, es una granja con ganado al que hay que atender, leña para cortar y procesar en el gran aserradero –con hachas y sierras- y cultivos y cosechas para realizar. Si el tiempo de condena es suficiente, muchos dejarán Bastoey con un certificado por la formación laboral recibida.

Después del trabajo, los hombres regresan a los alojamientos: cabañas de madera de buena construcción en las que conviven grupos de cuatro a seis internos.

Alnaes, el ex director de la prisión, subraya: “cualquiera puede ser un buen ciudadano si se le trata bien, se le respeta y se le imponen desafíos y exigencias”.

Esta forma de pensar muestra la forma en que Noruega y las naciones escandinavas gestionan los sistemas penales en los que no están contemplados la pena de muerte, ni la prisión perpetua. En cambio, la pena máxima de cárcel es de 21 años, por asesinato. La mayoría cumple dos tercios de la pena antes de quedar en libertad. Los condenados mantienen su derecho a voto y pueden ejercerlo en prisión.

Todos los internos comienzan su condena en una cárcel tradicional. Son instalaciones más seguras, pero que tienen los problemas comunes a otras cárceles del mundo: drogas, falta de educación y de oportunidades de trabajo. Esto se debe a que la mayoría de los detenidos pasan mucho tiempo del día encerrados en sus celdas. Aún así, la experiencia de una prisión tradicional en este país escandinavo es muy diferente de la de otros países.

Aunque el trato a los delincuentes no está exentos de las polémicas en Noruega. El partido Progreso, principal de la oposición, reclama desde hace años sentencias más duras y prolongadas para los responsables de delitos violentos, una visión que ahora alcanzó al partido Laborista, en el gobierno.

Las cárceles más violentas del hemisferio están en Venezuela afirmó la CIDH

2009-10-27T18:02:00.000-03:00

Casi una muerte cada día se registra en las cárceles venezolanas, lo que las convierte en las cárceles "más violentas" del hemisferio occidental, según el Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los derechos de las personas privadas de libertad, Florentín Meléndez.

El Relator, en audiencia pública en la CIDH, afirmó que "no he encontrado cárceles más violentas que las de Venezuela'' luego de monitorear las medidas tomadas para proteger la vida de los internos en centros de reclusión en ese país.

Con 25 mil encarcelados en promedio en los establecimientos de detención venezolanos, se formularon actuaciones por "casi una –muerte- cada día, eso no se observa en ningún otro país'' del hemisferio, precisó el funcionario ante los miembros de la CIDH.

El Observatorio Venezolano de Prisiones por su parte, aseguró que llevó a los jueces estadísticas desde 1999 hasta el presente que registran 3.644 muertes –en estos últimos diez años-, unas 365 muertes violentas intracarcelarias por año y "el equivalente –de la población penal- de casi cinco prisiones'', puntualizó la entidad.

El Observatorio registró 39 muertes en el primer semestre de 2008 y 63 durante el mismo periodo este año, adelantaron sus voceros.

Más allá de las cifras acerca de la situación carcelaria de Venezuela, también habla de manera preocupante la actitud de su gobierno que negó a la CIDH la autorización para recorrer las penitenciarías y conversar sobre las condiciones de detención con los presos. Meléndez apuntó que "he gestionado permisos para visitar el país y las cárceles, pero no ha sido posible'' obtener los permisos.

También, Meléndez resaltó que no se han corregido las condiciones de hacinamiento en muchos centros de detención como en La Pica, donde la sobrepoblación alcanza el 34%, en la cárcel Yare 45%, Uribana el 71% y el penal El Rodeo I y II, donde la sobrepoblación supera el 115%.

Mientras la situación en las cárceles de Venezuela no muestra señales de mejorar, la directora de Servicios Penitenciarios de ese país, Consuelo Serrada, salió al cruce de las críticas difundiendo los proyectos destinados a mejorar la situación carcelaria, como el “Plan de Humanización Penitenciaria”, que incluye nueva infraestructura, restauración de edificios antiguos y la contratación de más agentes penitenciarios.

Serrada expuso cifras oficiales acerca de una leve “tendencia a la baja” de los hechos de violencia, al pasar de 2,94% a 2,59% en los datos de heridos y de 1,66% a 0,90% en los muertos entre 2008 y 2009. Serrada consideró a estas raquíticas reducciones como un "paso adelante, pequeño pero significativo''.

Fuga de presos en hospitales: un problema no sólo de la Argentina

2009-10-13T19:43:00.000-03:00

La fuga de detenidos de los hospitales públicos, adonde son trasladados cuando la atención médica demanda “complejidad”, obligó a las autoridades españolas a crear un “protocolo” de procedimiento para asegurar estos movimientos, en cuya letra la esencia es la vigilancia continua y recargada.

En Argentina, los riegos inherentes a estos traslados no han cambiado y se confía en el celo y la profesionalidad de los guardias durante el movimiento de los detenidos en los hospitales públicos atestados de gente en los pasillos y recintos de los nosocomios.

Cuando se dice riesgos inherentes a estos traslados, no se habla centralmente del que asume el personal penitenciario por su trabajo sino, y ante todo, de los riesgos potenciales que un preso peligroso con actitud de fuga puede derramar precisamente sobre los pacientes y acompañantes que acuden a los centros de salud.

España, por lo visto, está asustada de estos riesgos a propios y terceros y, luego de una larga historia de fugas de terroristas de la ETA y de otros detenidos peligrosos, el Ministerio del Interior ibérico decidió formular un “protocolo” del procedimiento de traslado a los hospitales extramuros donde la tolerancia cero es lo principal.

Ordena el protocolo que “en ningún momento se perderá de vista a los internos” durante su traslado hospitalario, aún cuando la demanda de atención médica implique la intervención “en las partes íntimas”, indica taxativamente la norma.

Y no es todo: la instrucción en el sentido de tener al detenido a la vista en todo momento incluye la custodia de guardias durante las operaciones quirúrgicas.

Hay otras órdenes inexorables en su cumplimiento: los traslados de presos terroristas, serán “especialmente vigilados”, al igual que los movimientos de grandes narcotraficantes o los reclusos más conflictivos e inadaptados. Se agrega que desde la entrada en vigencia de este protocolo, los funcionarios que escolten este tipo de movimientos serán informados “expresamente” de que los trasladados son terroristas, para que prevean las medidas de seguridad adecuadas.

El protocolo va incluso más allá: entre líneas hace responsables a la comisión penitenciaria de traslado a un hospital de mantener al interno contenido permanentemente con elementos de sujeción –esposas o cadena- al señalar que “en ningún caso procede a las fuerzas y cuerpo de seguridad la liberación de un preso en custodia o traslado”.

La nueva normativa ya vigente, reforma a otra similar redactada catorce años atrás. Este reemplazo, más contundente en cuanto a la vigilancia de los trasladados surgió dos meses después que varias capas de desinteligencias y errores de jueces concluyera con la fuga del peligroso delincuente kosovar Astrit Bushi, jefe de la banda que asaltó la casa del productor José Luis Moreno en diciembre de 2007.

Según voces adentradas en la problemática penitenciaria española, que no es menor, con la reforma el Ministerio del Interior abordó lo que reconsidera una de las vulnerabilidades del sistema de seguridad peninsular: los riesgos que asocian los frecuentes traslados de presos a juzgados, hospitales y otras dependencias públicas y privadas.

Entre otras cosas, con la reforma de los procedimientos de vigilancia pretenden disuadir a la ETA de poner en práctica alguno de los temerarios planes de fuga ya descubiertos o que se repitan fugas de presos peligrosos como ha sucedido con anterioridad ante la sorpresa de la guardia armada.

Foto: fachada de la cárcel española de Picassent

Detenidas con hijos en cárceles españolas

2009-09-28T20:07:00.000-03:00

Ciento sesenta y cuatro mujeres acompañadas de sus hijos de hasta tres años están detenidas en la cárcel de Tenerife II, islas Canarias, España, en situación que colisiona con lo que postula la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de ese país, es decir que convivan separadas del resto de la población penal femenina.

Por el contrario, estas mujeres están recluidas acompañadas de sus hijos en alojamiento común con el resto de las presas, por lo que los chicos de tan delicada edad conviven no sólo con sus madres sino con todas las internas. Exactamente lo contrario de lo que representa un penitenciarismo bien entendido.

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias pretende, aunque no lo logra, que los menores puedan estar con sus madres en sectores separados del resto de las presas y dice que “está buscando” en las islas Canarias un lugar para habilitar una “unidad de madres” destinado a este delicado segmento de la población penal femenina.

La situación del sistema español en esta problemática, es peor que la del Servicio Penitenciario Federal en Argentina, donde podría decirse que la Unidad 31, “Centro Federal de Detención de Mujeres Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás” de Ezeiza, es modelo en el género con sus “plantas de madres” que alojan a las detenidas acompañadas de sus hijos como en ningún otro lugar de latinoamérica y el Caribe que sea conocido.

En Argentina, la ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad Nº 24.660, contempla que los menores pueden convivir con sus madres en recintos penitenciarios hasta los cuatro años, lo que es motivo de renovada polémica planteada por quienes sostienen que incluso antes de esa edad los niños absorben indeseablemente los códigos de vida que subyacen dentro de las prisiones.

Sin sectores para madres diferenciados, las autoridades penitenciarias explican que en Tenerife II, al ingreso de una embarazada o una madre con hijos menores de 3 años, se le hace saber que la cárcel “no es un lugar adecuado para que crezcan niños” y se le plantean alternativas como buscar algún familiar que se haga cargo de la criatura mientras la madre permanezca detenida.

Como muy pequeño paliativo, los pequeños que viven dentro de la prisión muchas veces tienen suerte de que se ocupe de ellos el voluntariado de la pastoral penitenciaria, que se ocupa de retirarlos en días festivos para su esparcimiento en la vida libre.

Paralelamente, en un convenio con la Cruz Roja, el sistema penitenciario español busca la atención y contención de los chicos cuyas madres ya se encuentran en etapas de salidas transitorias y libertad condicional.

Si bien está previsto que en estos días se habilite un nuevo centro de inserción social para detenidos con salidas transitorias y libertad condicional en las instalaciones de Tenerife I, tampoco aquí está previsto acoger a las detenidas madres con sus bebés.

Foto: fachada de la cárcel de Tetnerife II en islas Canarias

Gran Bretaña encarcela a partir de diez años de edad. Europa desde los catorce

2009-09-14T19:30:00.000-03:00

EFE.- Gran Bretaña tiene el polémico privilegio de encabezar el índice de encarcelamientos de menores entre los países avanzados. La edad de imputabilidad penal en Inglaterra y Escocia es de diez años y en Gales, de ocho, lo que contrasta con la mayoría de los países europeos, que la tienen fijada en catorce.

De esto, a que Gran Bretaña haya alcanzado el número de 2,5 por ciento de detenidos en cárceles menores de 18 años, en relación con la población penal total de sus países.

Así lo indica un informe del Centro Internacional de Estudios sobre Prisiones del King´s College londinense, según el cual, Gran Bretaña envía a la cárcel a más jóvenes que los Estados Unidos.

A pesar de varios llamamientos de la ONU, la edad de imputabilidad penal en Inglaterra y Escocia es de diez años y en Gales, de ocho, lo que va en desacuerdo con la mayoría de los países europeos, que jhan fijado esa edad en catorce años.

Según informa hoy el semanario "The Economist", el año pasado, utilizando sus poderes antiterroristas, la policía londinense procedió con 2 mil registros de jóvenes de menos de 16 años, e incluso, en 58 casos, los niños cacheados no habían cumplido aún los diez se afirmó.

En los últimos años, las cifras de detenciones han aumentado fuertemente entre los más jóvenes, con edades entre los diez a los catorce años.

En cambio, la cifra de menores hasta 18 años enviados a la cárcel, ha caído entre 1997 y 2007 en casi una quinta parte. Así, en este último grupo de edad, sólo 130 fueron recluidos en 1997, mientras que en el 2007 superaban el medio millar.

El motivo más frecuente de detención de menores es violar las sanciones que impone la autoridad, u “órdenes por comportamiento antisocial”. Por éstas, la policía puede prohibir a los menores acercarse a determinado lugar donde han abusado, por ejemplo, de la gente mayor, o cometido alguna ofensa de otra índole. Si los menores no acatan esas órdenes y violan la prohibición que les imponen, pueden terminar encarcelados.

"Barnardo", Organización No Gubernamental (ONG) británica preocupada del bienestar infantil, acusa a las autoridades de incumplir sus propias directrices, según las cuales sólo se encarcelará a los menores de catorce años si han cometido delitos graves o persistentes.

Al igual que ocurre entre los presos adultos, los adolescentes tienen tras de sí historias preocupantes: uno de cada cinco menores de catorce años ha intentado la automutilación y uno de cada diez han intentado suicidarse.

EE.UU.: 10% de los presos con prisión perpetua; dos tercios son negros y latinos

2009-08-31T19:12:00.000-03:00

El 10 por ciento de los presos alojados en cárceles de Estados Unidos cumplen condenas a cadena perpetua y, de éstos, dos tercios son negros o latinos, según el último informe de Sentencing Project, organización dedicada al estudio de la reforma del sistema penitenciario norteamericano.

De los 2,3 millones de presos que en la actualidad cumplen condena en las cárceles de Estados Unidos unos 240.000, es decir más del 10% de ellos, pasarán toda su entre rejas, un récord desde que la organización Sentencing Project inició sus estadísticas en 1984.

El porcentaje de reclusos condenados a pasar el resto de su vida en prisión se eleva al 20 por ciento cuando se trata de California, el estado con la mayor población carcelaria de Estados Unidos, según los datos recogidos por la misma entidad que estudia las características del sistema penitenciario estadounidense.

De los 170.000 presos que cumplen condena en California, unos 34.000 cumplen una sentencia de por vida, lo que supone el triple de casos de los registrados en 1992, mientras que en otros cuatro estados del país --Alabama, Massachusetts, Nevada y Nueva York-- la proporción es uno de cada seis presos.

La creciente población carcelaria de Estados Unidos y el elevado número de condenados a cadena perpetua desató una encendida polémica, azuzada por la crisis económica y los problemas presupuestarios que afrontan muchos estados como California que cuestionan los costos de los regímenes carcelarios, destacó recientemente el prestigioso diario “New York Times”.

Por otra parte, las estadísticas recogidas por la ONG revelan que dos tercios de los condenados a cadena perpetua son negros o latinos, y en el caso del estado de Nueva York, sólo el 16,3 por ciento de esos reclusos son de raza blanca.

Si bien una gran mayoría de esos presos que pasarán el resto de su vida encarcelado fueron condenados por cometer crímenes violentos, algunos observadores de la delicada temática aseguran que cada vez son más los casos de sentencias de por vida por otro tipo de delitos.

La organización Sentencing Project también recordó que ni los sistemas penitenciarios de seis estados de la unión -Illinois, y Dakota del Sur, Iowa, Louisiana, Maine y Pennsylvania-, ni el sistema federal, ofrecen la posibilidad a los presos que cumplen cadena perpetua la posibilidad de solicitar la libertad condicional.

Dividendos y miedos por la gestión privada de cárceles

2009-08-14T13:24:00.003-03:00

La controvertida empresa británica Serco acaba de asegurarse un nuevo contrato para gestionar los centros de detención de inmigrantes de Australia.

El 29 de junio pasado el Departamento de Inmigración y Ciudadanía (DIAC) de Australia, anunció la firma de un contrato de servicios de detención por cinco años y un valor de 370 millones de dólares con Serco.

De origen británico, Serco es un "outsourcing" -subcontratación a terceros- con 600 contratos maytormente con los gobiernos de 35 países, y se estima que 2 mil millones de libras los proporcionan los contratos de prisiones y seguridad.

En el Reino Unido, los contratos para seguridad de Serco incluyen la gestión de servicios de custodia a los tribunales y control electrónico de arrestos domiciliarios así como cinco cárceles, dos "centros de formación" juveniles, dos centros de detención de inmigrantes y 16 servicios de salud de centros de detención y prisiones.

Con un contrato para construir y gestionar dos prisiones más en el Reino Unido anunciado el mismo día que el acuerdo australiano, la empresa se convertiría en el mayor gestionador penitenciario privado del Reino Unido.

Se trata de un sector —tal como prevé Serco en su informe anual de 2008— que continuará brindandoportunidades de expansión tanto en el Reino Unido como en Australia.

Serco dirige ya dos cárceles en Australia y aspira a conseguir los contratos penitenciarios de Parklea y Cessnock en Nueva Gales del Sur. Lo hará en reemplazo de la Global Solutions Limited (GSL), culpada por un juez de instrucción de Australia Occidental de la muerte de un aborigen bajo su custodia.

Aunque Serco presenta un historial limpio en Australia —donde todavía no ha gestionado ningún centro de detención de inmigrantes —la empresa es cuestionada en el Reino Unido. "Creemos que son responsables de continuadas violaciones de derechos humanos en los centros de detención que gestionan y hemos testimoniado las evidencias médicas que lo demuestran", afirma Emma Ginn, coordinadora de Medical Justice, una red de médicos, abogados y defensores que controlan el tratamiento médico y los regímenes de diez centros de detención de inmigrantes en Inglaterra.

En contrapartida, la portavoz de Serco, Emma Needham, se remitió a los comentarios, citados por la prensa australiana este año, donde el historial de derechos humanos de la empresa aparece impecable lo, asegura, se vio ratificado en los informes de la Inspección de Prisiones de Su Majestad en Inglaterra.

No obstante, en el informe de su última vista al centro de detención de Colnbrook, el Inspector jefe de Prisiones, registró inquietudes en torno a la seguridad, inadecuado suministro de servicios y las infracciones de derechos humanos. En el otro centro de detención de la empresa, Yarl's Wood, 20 detenidos se declararon en huelga de hambre el mes pasado en protesta por las deficientes condiciones y atención sanitaria, así como por la detención de niños. Después de varios días, una sentada organizada por el grupo fue disuelta por funcionarios de Serco. Los presos sostienen que se reprimió y hubo heridos y familias que fueron separadas durante la operación.

De acuerdo con Emma Ginn, el historial de Serco no difiere de modo significativo de otras empresas privadas de cárceles en el Reino Unido. En su informe de 2008, Medical Justice recopiló información sobre cerca de 300 presuntos ataques a detenidos por inmigración ilegal, sucedidos en su mayoría mientras se desplazaba a los apresados entre centros o se los deportaba.

Al tiempo que reconoció mejoras en las instalaciones y servicios en años recientes, la Comisión de Derechos Humanos de Australia (CDHA), en su Immigration Detention Report, advirtió el "ambiente regido por la seguridad" en los centros de detención. Y refirió el nuevo centro de Christmas Island por ser "una imponente instalación de alta seguridad" que no debería utilizarse para la detención administrativa.

FOTO: la prisión de Colnbrook en el Reino Unido.

Un muerto cada tres días en cárceles bonaerenses, según Comité provincial

2009-08-10T07:25:00.001-03:00

Cada tres días murió un detenido en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, en 2008, lo que marcó un aumento del 10% respecto de 2007. El 31% de las muertes ocurrió en peleas, asesinatos, heridas de arma blanca, electrocución y suicidio por ahorcamiento.

Cada día, en los penales bonaerenses se registrarían 19 hechos violentos. El año pasado se comprobó ante la Justicia el uso de la picana eléctrica para torturar a un interno. También aumentó el número de mujeres detenidas y acusadas por tenencia simple de drogas.

De acuerdo con los informes remitidos por el Poder Judicial, el año pasado hubo 7.027 hechos violentos, a razón de 585 por mes.

Los datos surgen del informe anual del Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, que fue presentado el 6 de agosto último en el Colegio de Abogados de La Plata.

La estadística, con cifras elaboradas por el Comité contra la Tortura no precisamente un defensor de la cárcel como institución, no fue sin embargo refutada oficialmente hasta ahora.

Durante 2008 murieron 112 personas en el sistema penitenciario provincial, lo que implica un crecimiento del 10% con relación a 2007, cuando perdieron la vida 101 presos.

“La tortura sigue siendo práctica generalizada en las cárceles provinciales. El submarino seco, los palazos, las golpizas, la picana eléctrica, los traslados constantes, las duchas o manguerazos de agua helada, el aislamiento como castigo, constituyen un muestrario de prácticas vigentes en cárceles provinciales”, afirma el informe.

La población femenina en unidades carcelarias también creció: mientras que en 2007 representaban un número menor al 3%, para 2008 representaron el 4,1% del total de detenidos. Un porcentaje bajo en relación con la población penal total, que en los distintos sistemas penitenciarios nacionales y extranjeros habitualmente alcanza al 10%.

El 25% de las mujeres entrevistadas ha sufrido agresiones de personal penitenciario. Un 85% de las mujeres están con prisión preventiva, asegura el informe del Comité contra la Tortura de la provincia de Buenos Aires.

También criticó la presentación la gestión del ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli: “Representó un retroceso. Los resultados de esa política fueron el uso cada vez más extendido de prácticas arbitrarias como las torturas, suicidios sospechosos en comisarías y un nuevo caso de desaparición forzada de persona: el joven Luciano Arruga, de 17 años, que fue visto por última vez en una comisaría de Lomas del Mirador”.

Foto: la cárcel de Olmos, Unidad 1 del Servicio Penitenciario bonaerense, la más conflictiva de las cárceles del distrito.

Lo nuevo: presos contratan "consultores de prisiones"

2009-07-31T20:20:00.000-03:00

Lo que sigue es la transcripción de un cable de la agencia de internacional de noticias Associated Press que informa acerca de lo más nuevo en cuestiones de la cárcel.

También es de lo más insólito pero a tono con los tiempos en que los asesores pululan en todas las actividades: la aparición de "consultores de prisiones" que aconsejan a los nuevos presos -con recursos para pagarlos- cómo adecuarse de la mejor manera a la vida carcelaria que tendrán por delante.

Es sorprendente, y además, sabroso el texto de este cable que "Prisiones y Penas" transmite a sus lectores, seguramente lo leerán hasta el final.

NEWARK, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) - El ex financiero Bernard Madoff pudo alguna vez comprar prácticamente todo lo que pudieran recomendarle los decoradores para sus casas, pero en el último lugar donde vivirá necesita otro tipo de asesor, uno especializado en prisiones y que se ha vuelto cada vez más frecuente para los delincuentes de cuello blanco.

Madoff, un financista culpado de estafar cientos de millones de dólares, cumple una condena de 150 años de prisión en el Complejo Correccional Federal de Butner, cerca de Raleigh, Carolina del Norte y no es el único recluso que recurre a un especialista a fin de prepararse para la vida detrás de las rejas.

Desde la figura de televisión, Martha Stewart, hasta el ex jugador de la NFL Michael Vick, varias celebridades, ex ejecutivos y políticos caídos en desgracia han contratado a consultores carcelarios, a fin de buscar un buen lugar en la prisión, hacer más llevadera la duración de la sentencia y entender mejor la cultura dentro de un reclusorio.

La semana pasada, una investigación amplia sobre corrupción derivó en la detención de 44 personas, incluidos funcionarios públicos y líderes religiosos de Nueva York y Nueva Jersey, que pronto podrían ser clientes nuevos de estos asesores.

La Oficina Federal de Prisiones está al tanto del trabajo de los consultores, pero la agencia considera sus peticiones como cualquiera del público en general, aseguró la vocera Felicia Ponce.

Los consultores dicen que nunca prometen un buen lugar en la prisión y que el cabildeo por esa prerrogativa es sólo un aspecto de lo que hacen por sus clientes.
"Esto es como ir a un país extranjero donde uno nunca ha estado: diferente idioma y costumbres de la gente", dijo Tim Miller, del servicio de consultores "Doctor Prisión", con sede en San Diego. "Cuando la gente entra al sistema, le ayudamos en formas en que ellos quizás no esperan".

Miller dice que su firma evalúa inicialmente la conducta de su cliente en la prisión y luego da los consejos necesarios. Frecuentemente, se recuerda a los otrora famosos o poderosos que ya no pueden dar órdenes a quienes están a su alrededor o se insta a la gente más tímida a jugar naipes o hablar de deportes, para no parecer antisocial.

Según Miller, se aconseja a los clientes permanecer con gente de su raza, sin importar cuán incluyentes pudieran haber sido en el mundo exterior y se les recomienda nunca permitir que alguien se meta delante de ellos en la fila para la comida.

Se les advierte que los ambientes de dormitorio común son más explosivos que los de celdas individuales y que la mayoría de los altercados ocurre en la sala de televisión.

Estos consultores cobran desde unos cientos hasta miles de dólares por esos consejos y ayudan a que el encarcelado sortee cada aspecto de su reclusión, desde que se le sentencia hasta que sale libre, si ese fuera el caso.

Herbert Hoelter dijo que decidió ayudar a Madoff como un favor para Ira Sorkin, abogado del ex financiero, pero no recibe paga, pues el defraudador está en la ruina.

Hoelter, quien se preparó como trabajador social y fue pionero en estas consultas, cofundó en 1977 el Centro Nacional sobre Instituciones y Alternativas, una organización sin fines de lucro con sede en Maryland, que ha representado a Stewart, a Vick y a los financieros Michael Milken e Ivan Boesky.

Foto: la cárcel de Butner que aloja a Maddof y es visitada por "consultores de prisiones".

¿Cuánto cuesta mantener un preso?

2009-07-20T19:49:00.001-03:00

Mantener un preso en España cuesta 54,79 euros al día, es decir unos 298 pesos argentinos, según cifras oficiales. En las cárceles estatales de los Estados Unidos, un encarcelado cuesta un promedio de 65 dólares diarios, es decir 247 pesos argentinos.

Por otra parte, como un dato que no puede dejar de tenerse en cuenta más allá de la cuestión cultural y hasta filosófica de no intervención del Estado en la delicada cuestión carcelaria, la empresa norteamericana Corrections Corporation of America, que gestiona privadamente más de sesenta penitenciarías norteamericanas, factura un promedio de 42 dólares diarios, unos 165 pesos argentinos, y su balance muestra que obtiene rentabilidad empresaria(!).

Si estos números son fidedignos, mostrarían que la gestión de una cárcel privada ahorra cerca del 40% del gasto penitenciario al Tesoro norteamericano. Enfrentando estos números con el costo por mantener un preso en las cárceles españolas, es 45% mayor en España y también es holgadamente mayor como se ha visto en los mismos Estados Unidos.

Pero Martín Gershanik, director de "Unidos por la Justicia", una ONG argentina integrada por jueces, fiscales, defensores oficiales y abogados, aclara sobre lo relativo que es abrir juicio en base a estos números: "el planteo de una cifra en sí misma puede parecer simplista” en la temática carcelaria explica Gershanik.

Por empezar, y aunque casi todos lo olvidan en sus análisis, porque todo lo relativo a la seguridad de un Estado o sociedad es, por esencia, caro, debe recordar "Prisiones y Penas".

Pero además se es simplista al hablar de la cuestión carcelaria por sus costos, como refiere Gersahnik, porque cualquier adentrado mínimamente en los temas penitenciarios conoce de los sistemas y escenarios totalmente dispares según sea el país que se analice carcelariamente hablando.

Sabe como premisa que no es lo mismo una ejecución de la pena con pretensión de resocializar y otra con el encierro como único principio. La primera es una cárcel con oferta a los internos de maestros, médicos, psicólogos, criminólogos y asistentes sociales y la segunda con casi nada de profesionales para atender a los reclusos.

No es lo mismo un preso en una cárcel española o del Servicio Penitenciario Federal argentino, que un preso en las cárceles norteamericanas. Por supuesto.

Y esto, no con mucha frecuencia pero para destacar cuando surge, tiene fuerza hasta para trascender las ideologías.

Así, sorprende que desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una ONG tradicionalmente enfrentada a la gestión carcelaria, Paula Litvachky reconozca que el tema carcelario con su complejísima problemática no debe encararse desde el lado monetario. Al menos, no como punto de partida de un debate serio”.

"La eficiencia del gasto en el tema penitenciario es secundario, es meramente instrumental. No podemos debatir si se gasta mucho o poco en cada preso cuando todavía está pendiente una discusión sobre las políticas judiciales, sobre los valores que hay que sostener y sobre cuánta gente, como sociedad, podemos tolerar en situación de cárcel", explicó Litvaschky, directora del Programa de Justicia Democrática del CELS.

"El gravísimo aumento exponencial de la población carcelaria argentina debido al abuso de las prisiones preventivas es una de las discusiones más importantes que aún están pendientes. Luego de resolver cuestiones como éstas, y recién entonces, se puede evaluar la eficiencia en el gasto oficial", concluyó Litvaschky ante la consulta del diario argentino “Clarín”.

Para poner en un cuadrito y colgarlo frente a los hacedores de las políticas penitenciarias de toda iberoamérica.

Por otro lado Marcos Salt, profesor de Derecho Penal de la UBA y especialista en Ejecución Penal, en relación con la baja de costos que ofertan las empresas de prisiones privadas, subrayó que no hay que caer en la creencia de que "la privatización de las cárceles es la solución, porque ya se han tenido muy malas experiencias en Estados Unidos e Inglaterra".

Pero los dichos de Salt se ven relativizados con otros datos que arranca la gestión privada de las cárceles. Se han difundido estudios académicos que demostrarían que en los estados americanos donde las instituciones públicas compiten con las privadas, la eficiencia de la gestión estatal en materia penitenciaria aumentó y el costo promedio por interno disminuye de a poco.

Otro dato es que en ese país, las penitenciarías privadas se iniciaron manejando únicamente centros de detención para inmigrantes pero con el tiempo, y esto induce solamente a atribuirse a la consistencia de su gestión, les abrió las puertas de cárceles con régimen de máxima seguridad.

Michael Jackson sumó despedida tumbera: 2 mil presos bailaron "Thriller" en Filipinas

2009-07-10T17:46:00.000-03:00

2 mil presos filipinos de la cárcel de Cebu, bailaron el sábado vestidos de naranja la célebre canción "Thriller" en homenaje al Rey del Pop, Michael Jackson, fallecido el jueves a los 50 años, informó la agencia de noticias France Press.

Luego de rezar una plegaria en memoria del desaparecido cantante, los detenidos del Centro de Detención y Rehabilitación de Cebu (en el centro del país) cantaron algunas de las canciones más difundidas del Rey del Pop y completaron la recordación haciendo la coreografía de su canción más famosa.

Ya dos años antes, los presos de este centro penitenciario se hicieron conocidos al alcanzar a mostrar en Youtube su versión coreográfica de "Thriller" filmada en el patio de la cárcel.

La versión registró 23 millones de visitas, asegura la noticia.

"Estoy conmovido; los presos están de luto desde que se enteraron de la muerte de su ídolo", explicó Byron García, funcionario carcelario de Filipinas que a la vez fue impulsor de la coreografía original.

"Esperaban que algún día, Michael Jackson viniera a bailar con ellos" agregó García, reafirmando la adoración que los reclusos filipinos mantienen por la figura de Michael.

La versión de "Thriller" de los presos de Cebu, condenados por diversos delitos muchos de ellos graves, se ha convertido, ahora con la muerte de Jackson, en una atracción que excede holgadamente lo turístico.

Es que el interés del turísmo no es invento: muchos visitantes a la cárcel de Cebu buscan tomarse fotografías con los presos, en Filipinas identificados con un típico uniforme carcelario color naranja.

Aquí, el link del video: http://www.youtube.com/watch

Psicópatas en la cárcel: los sin tratamiento

2009-07-04T07:28:00.000-03:00

Las psicopatías son alteraciones psíquicas que mantienen íntegras las funciones perceptivas y mentales, pero donde está patológicamente alterada la conducta social del individuo que la padece.

Para mayor precisión, que lleva a no considerar a todos los alterados psíquicos como psicópatas, se suele definir a estos enfermos como los que “sufren o hacen sufrir por su anormalidad”.

La personalidad psicopática se da en individuos que deben satisfacer necesidades especiales y para ello hacen un uso particular de su libertad, valiéndose de códigos propios y utilizando a las otras personas como cosas. La psicopatía no es algo que se adquiere, sino que es una alteración que llega con el nacimiento y se traduce en una manera distinta de ser en el mundo.

A modo de ejemplo: el psicópata depresivo es la persona melancólica, con un rango de humor debajo del normal por carencias en el sentido del placer, pesimismo sobre el futuro y falta de alegría en general. El psicópata es una manera de ser, siempre es así, a diferencia de alguien en fase depresiva que, una vez superada ésta, vuelve al rango de humor normal.

Para los incluso no adentrados en los temas médicos y criminológicos, un acto de violencia brutal e innecesaria nos lleva a concluir sin otra consulta que su autor es un psicópata.

En Argentina, por ejemplo, hechos de violencia brutal e innecesaria como los de “el francotirador de Belgrano”, aparecen como nítidos referentes psicopáticos.

No obstante la crueldad de muchos de los actos de los psicópatas peligrosos, estos individuos no reciben en las cárceles ningún tratamiento diferenciado. Y la referencia es hacia las cárceles del primero, segundo y tercer mundo.

Es frecuente que sentenciados como culpables de violar, torturar y asesinar a sus víctimas sean declarados psicópatas y encarcelados para ser sometidos –si es que es su voluntad- al tratamiento resocializador. Justamente cuando una personalidad de estas características, es de casi imposible resocialización.

No obstante esta gruesa contradicción, nadie ha pensado en la posibilidad de elaborar un tratamiento para el psicópata encarcelado.

Trabajar desde el error
En las cárceles aún se trata a estos psicópatas por el delito que cometieron, no por su trastorno mental. Y en los últimos años se ha demostrado que los psicópatas necesitan tratamientos diferenciados.

Los especialistas aseguran que incorporados a las terapias psicológicas comunes estos individuos aprenden del terapeuta y luego utilizan ese conocimiento para lo que lo que es conocido de este tipo de personalidades: manipular a quienes están a su alrededor, terapeuta incluido, y empezar a recoger beneficios del régimen penitenciario y legal.

¿Por qué no hay tratamiento para los psicópatas en las cárceles? Porque los manuales de enfermedades mentales, por ejemplo los de la Asociación Americana de Psiquiatría, no lo reconocen como trastorno. Mientras tanto, para los juristas la psicopatía es cualquier trastorno de personalidad y se sumergen en la confusión sobre sus características, opinan los expertos.

En contraste, los nuevos estudios calificados como “rigurosos” sostienen que la psicopatía es un trastorno de la personalidad de características particulares. En psiquiatría a escala internacional el examen por excelencia para detectar psicopatías es la PCL R (Escala de Calificación de la Psicopatía Revisada), ideado por Robert Hare, de la Universidad British Columbia, en Canadá.

No se conoce que este test se realice sistemáticamente en las cárceles americanas y europeas.

Por consiguiente y según los especialistas en tratar esta alteración, los psicópatas encarcelados son sometidos a programas de atención que no los benefician y no se les suministra un tratamiento específico para su problema.

El final: al recuperar su libertad vuelen a las calles con la misma, o peor por efecto del encierro, alteración mental que los llevó a la cárcel.

Canadá: control forense a agresores sexuales y juicio al Estado por reincidentes

2009-06-19T20:34:00.002-03:00

La contención de los delincuentes sexuales es una temática sensible que en estos tiempos mantiene en vilo a la población de la República Argentina, luego de soportar varios casos de esta naturaleza de depredadores que han incluido, hace tres semanas, hasta la muerte de una joven durante un intento de violación en pleno centro geográfico de la capital federal del país.

La flexibilidad de las leyes argentinas para su interpretación por jueces, el Procurador Penitenciario de la Nación –funcionario que defiende los derechos de los presos- y especialistas criminólogos y psiquiatras especializados, desemboca con frecuencia en la puesta en libertad de violadores que, una vez en la calle, vuelven a delinquir atemorizando a la gente.

Mientras en la Argentina, y podría afirmarse en toda Centro y Sudamérica, el control del delincuente sexual no pasa de lo declarativo, países más avanzados las alternativas para contener a estos individuos se ha profundizado.

Se ha conocido que en Canadá, en el extremo norte de América por ejemplo, el tema de la delincuencia sexual se plantea como un problema de la salud pública del país.

Un problema de salud pública en donde se conviene en que el delincuente sexual “es ajeno a un problema de racionalidad, ya que es afectado por su compulsividad, lo que obedece a su carencia de la voluntad precisa de no delinquir”, según lo que precisan los especialistas forenses de Canadá.

Con esta visión de la problemática, el sistema judicial de este país obliga al condenado por delito sexual a someterse a un tratamiento específico, cuyo proceso es responsabilidad del sistema sanitario o, como se mencionó, la salud pública, a través del servicio forense nacional.

La premisa de esta modalidad pretende ser clara para los profesionales forenses: son responsables de la seguridad pública en lo que a su especialidad corresponde.

Y tan claro debe ser para estos especialistas como que, en caso de reincidencia en este tipo de delito, la víctima tiene derecho a litigar contra el Estado alegando inseguridad. El derrame de estas causas judiciales es pesado: puede acabar con la carrera profesional del médico, psiquiatra o juez que ha cometido un error al dejar actuar a un agresor sexual.

Resultado: la reincidencia de este tipo de delincuentes en Canadá es muy baja, se asegura.

Explican
De esta manera, se explica, son los cuerpos forenses los que responden ante la Justicia por la conducta de los delincuentes que se les confían, para lo que se los faculta mantener el abanico de controles que consideren necesario en la contención del delincuente sexual.

Debe repetirse: se faculta a los profesionales que tratan a los delincuentes sexuales a requerir la batería de controles que consideren necesario para contener a estos individuos. Y no hay rubores éticos ni ideologías que se superpongan a esta determinación de privilegiar la seguridad de la comunidad.

Entre esos controles, se encuentran los que podrían definirse como de máxima seguridad bajo control forense, que funcionan áreas de “alta seguridad” de algunos hospitales.

Estas unidades hospitalarias especiales están destinadas a alojar a agresores sexuales con “alto riesgo de reincidencia”. No es cárcel, pero tampoco están en libertad. Especialistas de esta temática aseguran que esta modalidad de contención del violador es el indicado para “preservar” la seguridad pública.

Son los mismos especialistas forenses del sistema belga los que concluyen, o por lo menos sostienen, que el delincuente sexual “es ajeno a un problema de racionalidad, ya que es afectado por su compulsividad, lo que obedece a su carencia de la voluntad precisa de no delinquir”.

Los "jailhouse lawyers": presos que defienden presos

2009-06-07T06:11:00.000-03:00

El número de “jailhouse lawyers” en las cárceles es más de lo que podría imaginarse. Son los detenidos que se defienden personalmente, sobre todo en los Estados Unidos donde las leyes de muchos estados permiten hacerlo sin la participación de abogado defensor.

En otros países como la Argentina, por ejemplo, el letrado es obligatorio en la tramitación de las causas penales, aunque son muchos los presos que buscan estudiar leyes para mejorar su condición judicial y la de sus compañeros de encarcelamiento, como así también para procurar mejoras en su régimen de detención.

Mumia Abu-Jamal es uno de ellos y, desde el pabellón de la muerte de una cárcel norteamericana en Pensilvania, dedicó su sexto libro “Abogados desde la cárcel: presos que defienden presos contra Estados Unidos", precisamente a los presos que defienden presos.

Supo que la obra se publicaría a través de una editorial en coincidencia con una negativa de la Corte Suprema de los Estados Unidos a revisar su caso, lo que vuelve a abrir el camino hacia su ejecución.

Mumia presenta las palabras y vivencias de una treintena de "jailhouse lawyers" que conoció personalmente o a través de cartas, la gran mayoría iniciados en el derecho como autodidactas a través de lo que han leído y estudiado en la prisión, donde lo que sobra es el tiempo.

Dice Mumia, como uno de ellos, tal vez el más famoso: “no se han olvidado de pelear; no se han olvidado de ayudar a los otros presos, a veces los más indefensos y muchos han salvado vidas de otros, condenados a muerte. Otros han obtenido mejoras para situación de los encarcelados”.

Barry “Running Bear” Gibbs (el Oso) logró que su propia sentencia de muerte fuera revocada igual que las de otros dos presos. Se acuerda de cómo se sintió cuando uno de los jóvenes le informó de las buenas noticias. Dijo el Oso: “salvar la vida a alguien por medio de tinta y papel es una experiencia grata e inolvidable”.

En este libro de Mumia, se conocen a presos políticos, de presos rebeldes y de presos revolucionarios como Rashaan Brooks-Bey, armador de huelgas y otras medidas de protesta por los derechos de los presos. Junto a Russell Maroon Shoatz, Robert Joyner y Kareem Howard, enfrentaron frontalmente a los jueces y cargaron contra los policías; Iron Thunderhorse, defensor de los derechos de presos, hoy ciego y Ed Mead, originalmente un preso social que se volvió activista por los derechos de los detenidos y cofundador de Prison Legal News.

En el libro, también se conocerá a Steve Evans, que estudió derecho en la cárcel y enseñó a otros presos cómo defenderse judicialmente, excluyendo expresamente a los buchones –soplones- y violadores de niños.

Warren Henderson, que lo siguió, aprendió a leer en prisión antes de estudiar el derecho. Luego, al recuperar la libertad, robó libros para organizar una biblioteca en su barrio que sirviera para favorecer la defensa de delincuentes y pandilleros. Midge DeLuca, aún con cáncer, ayudó a otras presas enfermas adhiriendo a la frase de la poetisa Audre Lorde: “sólo nuestros silencios nos lastimarán”.

Richard Mayberry empezó sus batallas para autodefenderse en los años ’60 y a pesar de los reiterados castigos en celdas de aislamiento, obtuvo logros como la demanda que ganó en 1978 por la que consiguió drásticos cambios en los regímenes de detención de varios estados.

En 1971, David Ruiz levantó una demanda contra el sistema carcelario del estado de Tejas, que llevó a amplias reformas ordenadas por la justicia. En Pensilvania a principio de los años ‘80, una demanda presentada por Rashaan Brooks-Bey de parte de todos los presos logró que se cerraran sectores de castigo en la prisión de Pittsburgh. Los presos ganaron dos horas de ejercicio al aire libre en lugar de quince minutos, servicio de lavandería, tapas para las viandas de comida y la prohibición del procedimiento de desnudarlos varias veces cada vez que recibieran visitas.

En California, Jane Dorotik presentó apelaciones que resultaron en la libertad de mujeres ilegalmente encarceladas en el penal Chowchilla.

Los “jailhouse lawyers”, hacen sus planteos ante jueces, fiscales y personal carcelario que la mayoría de las veces no están bien dispuestos con esta representatividad de los presos que defienden a presos. Además lo hacen en medio de la falta de recursos y la apatía de la sociedad.

Los presos-abogados que desde la cárcel defienden a sus compañeros presos con frecuencia pierden sus casos, pero las victorias que han obtenido los incentivan a proseguir con el ideal de justicia que ellos pretenden desde su particular condición.

España: tratamiento en cárcel eliminaría reincidencia de agresores sexuales

2009-05-31T07:27:00.001-03:00

Cuando en Argentina, los delitos sexuales, su alta probabilidad de impunidad y sus casi nula posibilidad de recuperación social del delincuente están en la superficie de los cuestiones irresueltas y recurrentes, un tratamiento penitenciario español es señalado por sus operadores –profesionales- como factor de una “reinserción completa y sin casos de reincidencia.

La información dice que más de medio centenar de reclusos condenados por delitos de agresión o abusos sexuales completaron un programa terapéutico de carácter voluntario que logró “la reinserción social completa y sin que se conozca ningún caso de reincidencia”, aseguraron autoridades criminológicas de la cárcel de Pereiro de Aguiar, en Orense, España.

Según precisó la educadora penitenciaria que trabaja en la iniciativa resocializadora, Concha Rey, antes de poder iniciar el tratamiento “se entrevista al interno para evaluarlo y se espera que en ese diálogo asuma el delito, porque si no lo reconoce ya no se puede trabajar con él”, sostuvo la especialista.

Añade Rey, “el recluso debe encontrarse entre los tres y cuatro últimos años antes de poder acceder a libertad condicional y tener claro que se trata de tratamiento puro y duro, sin beneficios penitenciarios y sin permisos especiales de salidas”. Otra exigencia para ingresar al programa es saber leer y escribir.

Aclara, además, García “que es requisito indispensable para poder solicitar la libertad condicional haber realizado algún programa” de resocialización.

Sobre este programa de tratamiento a agresores sexuales, que dura año y medio, el subdirector de tratamiento general y psicólogo, Manuel Antonio García, aseguró que como resultado se logra “la reinserción social completa y sin que se conozca ningún caso de reincidencia” comentó.

Una docena de internos con edades entre 24 y 62 años se someten actualmente al programa denominado “Control de agresión sexual”, que aunque se aplica desde 2002 en Pereiro de Aguiar, en España se inició en 1996. Más de cincuenta internos completaron con éxito esta modalidad de tratamiento específica para abusadores sexuales en los últimos siete años, se informó.

Cuando finaliza el programa, advierte García, “aumenta la probabilidad de que los internos que participaron piensen en el suicidio, porque le acabas de hacer ver que lo que hicieron fue un error y que estaban equivocados y se sienten mal; pero hay que encaminarlos para que entiendan que pueden mantener relaciones sexuales pero claro, consentidas”.

“Por norma general“, añadió García, “sólo el 20% de los presos de estas características reinciden, estableciendo una escala distinta respecto de otros delitos como los robos”. En el sistema español los delincuentes sexuales alcanzan al 1% del total de los encarcelados

Perfiles
La mayoría de los reclusos condenados por agresión sexual, coinciden Rey y García, son varones con déficits de conducta sexual y cognoscitivo. En los abusos, se dirigen a menores, normalmente niñas, y en algunos casos niños del entorno familiar. Los agresores son los padres, amigos o vecinos.

“Además se repiten conductas familiares, ya que es habitual una historia infantil de abusos sexuales y malos tratos, grupos familiares desestructuradas con alcoholismo de por medio, aunque también hay casos en los que provienen de las que son normales y lo hacen igual”, puntualizó el subdirector de tratamiento.

El trabajo busca mejorar el comportamiento sexual y se centra, explica García, en “hacerles entender que los menores son objetos sexuales inaceptables, mientras que en las violaciones a mujeres adultas, lo que es incorrecto es el modo de acceso porque usan la violencia para llegar a ella”.

En el caso de la conducta social, lo que se busca según la educadora “es que sean empáticos con la víctima, que se pongan en su lugar, porque ellos imaginan que lo que hacen a las víctimas les gusta también a ellas”.

Distorsión cognitiva
Manuel García afirma que “la inmensa mayoría de las personas que cometen este tipo de delitos sufren distorsiones cognitivas, en algunos casos se manifiestan al pensar que la esposa está para complacer al marido y en otros casos creen que si una mujer va vestida de alguna manera, pide alguna relación sexual o, lo que los agresores sexuales dicen, que va provocando”.

En el caso de niños, creen que cuando “uno sostiene una relación con el menor porque se ganó su confianza mediante juegos o ardides, adquieren derechos sobre ellos lo que es totalmente ilícito porque los niños no tienen capacidad para decidir”.

Foto: fachada de la prisión española de Pereiro de Aguiar, foco del tratamiento.

Guardias de cárcel franceses "bloquean" las prisiones para protestar

2009-05-23T08:21:00.000-03:00

Los tres principales sindicatos penitenciarios franceses iniciaron hoy un "bloqueo progresivo" de los accesos a las prisiones, para protestar por sus condiciones de trabajo y por la falta de propuestas del Ministerio de Justicia para atender la sobrepoblación penal, informaron medios locales.

Los sindicatos, cuyos integrantes no tienen derecho a la huelga, reclaman con esta particular modalidad más personal y medidas para afrontar la crisis que plantea la superpoblación carcelaria, con más del 20% de detenidos por encima de las plazas carcelarias existentes. El promedio de ocupación en las prisiones denunciada por los países que integran el Consejo de Europa supera en 2% las plazas carcelarias habilitadas.

La medida de “bloqueo” de los accesos a las cárceles se inició en la segunda semana de mayo y durante las primeras jornadas los referentes de los sindicatos reclamaron que se detengan los traslados de presos, los encarcelamientos y los comparendos judiciales.

Según los voceros penitenciarios de Francia, si en estos días la ministra francesa de Justicia, Rachida Dati, no atiende las quejas propiciando la contratación de más agentes y conteniendo la sobrepoblación penal, se estudia extender el “bloqueo” a las visitas de los reclusos, sus abogados y el personal civil de las áreas de trabajo y salud que trabajan en las prisiones del país.

Dati intentó el pasado jueves evitar las medidas de protesta en una reunión con la dirigencia de los sindicatos y negoció recortar obligaciones del personal, como revisar la orden de hacer rondas cada dos horas para vigilar a los detenidos con el fin de evitar la elevada tasa de suicidios y detener los controles en las bajas por enfermedad.

Estos recortes de tarea reglamentadas por las normativas penitenciarias europeas, -con la que coinciden los sindicatos pero para lo que solicitan más medios-, fue otra de las promesas a las que recurrió la ministro para evitar el conflicto.

El Ministerio de Justicia dejó "las puertas abiertas" para seguir dialogando en búsqueda de soluciones y fue la propia ministro Dati, quien concedió en un comunicado que tenía "conciencia" de las "tensiones" a las que están sometidos los funcionarios de prisiones.

Dati anunció que había evidenciado en parte, su compromiso con la búsqueda de una solución al delicado tema al decidir el refuerzo de los equipos de vigilancia de noche en las prisiones pequeñas y el pago de las horas suplementarias atrasadas.

A pesar de ello, los vigilantes penitenciarios “bloquearon” desde un primer momento el acceso a grandes prisiones como Fleury-Mérogis (afueras de París), la más grande de Europa, en cuya puerta se congregaron varias grupos de agentges.

Según los medios locales, los gendarmes –policías franceses- debieron intervenir para desbloquear las barricadas de madera instaladas en la carretera para evitar el acceso a la prisión y lograron desmantelarlas tras chocar con los empleados penitenciarios a los que lograron “convencer” mediante el uso de gases lacrimógenos.

Incluso los furgones de la Gendarmería debieron ingresar a las cárceles para cumplir con las órdenes judiciales de comparendo de detenidos, en medio de las protestas del personal de las prisiones.

En las cárceles de las principales ciudades francesas se produjo un escenario semejante: manifestantes formando barricadas para tratar de impedir la salida de furgones con acusados hacia los tribunales.

Foto: la moderna cárcel francesa de Fleury Mérogis, la más grande de Europa.

Cárcel extravagante: aloja familias enteras y es un exótico destino turístico

2009-05-16T08:44:00.000-03:00

Con más de mil quinientos presos, más sus invitados, más los turistas que la recorren a diario, la cárcel de San Pedro, en La Paz, es la más grande de Bolivia. Como se verá, también la más extravagante en su género, según la información periodística que se puede obtener.

Efectivamente, unos doscientos detenidos convirtieron la cárcel en su hogar ya que conviven ahí con sus familias sin demasiados obstáculos: se han hecho de espacio para alojar a todo el clan y sus mujeres e hijos pueden entrar y salir de la prisión sin ningún problema. Es decir, esta prisión paceña ha mutado a otro barrio más de la capital boliviana.

Entre los “vecinos” de este muy particular barrio se cuentan, por supuesto, los presos más conocidos del país cuyos nombres, también por supuesto, coinciden con un buen poderío económico.

Por ejemplo el ex prefecto de la provincia de Pando, Leopoldo Fernández, opositor al gobierno quien lo acusa de ser el responsable de la matanza de pobladores en medio de la disputa por la autonomía del distrito hace un año; también el destituido titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez y hasta los dos detenidos hace un mes por la denuncia de una presunta conspiración contra el presidente Evo Morales.

Pero las particularidades de la cárcel de San Pedro no se agotan con sus zonas barriales, que ha adoptado el predio penal. Ha sido elegida además, como uno de los lugares turísticos más exóticos del mundo.

Y no lo califica así cualquiera, sino por ejemplo la agencia de viajes Lonely Planet que ofrece visitar esta especial cárcel a un costo de 35 dólares, asegurándose conocer la sociedad raramente afincada tras las rejas de San Pedro, consumir la cocaína producida en el lugar y, como frutilla del postre, hasta vivir una noche en una celda.

La explotación turística de la cárcel nació hace diez años. El inglés Thomas McFadden, estuvo encarcelado por tráfico de drogas entre 1996 y 1999. Pero no perdió tiempo durante las largas horas de la condena y aún condenado, pudo crear una singular compañía de viajes que ofrecía recorridos y estancias en el interior de la cárcel. Para mostrar las condiciones de vida de los presos.

La extravagancia del sitio como objetivo turístico trascendió y llegó a los oídos del mochilero australiano Rusty Young, que en 1998 conoció en la cárcel a McFadden. Cuatro años después editaron un libro con las memorias del inglés en la prisión, “Polvo en marcha”, publicado en 2002. La novela llamó la atención de Hollywood y se dice que el libro será llevado al cine en 2010 con la producción de Brad Pitt; la dirección de José Padilha y el protagonista del film, en el papel de McFadden, sería el estadounidense Don Cheaddle.

Semejante exposición logró que, finalmente, las autoridades bolivianas intenten detener la oleada turística sobre la cárcel de San Pedro. También sacar a las mujeres y los hijos de los presos del penal.

Esta última decisión debió ser revocada a poco de regir, dieciocho presos se declararon en huelga de hambre y se anuló la medida. También se intentó recortar el tráfico de drogas detrás de las rejas y eliminar la veta turística que proporciona el penal: la respuesta fue el amotinamiento.

El director de la cárcel, José Cabrera, aseguró que el objetivo de las autoridades es "que los internos entiendan de una vez que este es un centro penitenciario". Por lo relatado antes, el objetivo no será fácil de conseguir.

Por empezar porque la prisión funciona en sectores y aloja a los presos de acuerdo a su poder adquisitivo. Las más lujosas tienen baño privado, cocina y televisión por cable; los presos pobres habitan celdas comunes. Cualquier penitenciario conoce lo difícil que resulta dar marcha atrás con este sistema.

Porque además no es todo. Como es de esperar, los presos se manejan en la prisión con actividades que les procuran dinero: las ganancias por traficar drogas dentro de la cárcel es difícil de estimar, pero es más fácil conocer cuanto ganan los “gerentes” de los locales de venta de alimentos, los de venta de productos de higiene y otras necesidades, la peluquería y el salón de billar por ejemplo. El ex preso McFadden, gracias al éxito de su "empresa turística", consiguió hacerse propietario de una cafetería y un supermercado en el interior del penal.

Foto: vista de uno de los patios de la prisión de San Pedro, que no parece el de una cárcel precisamente.

La mafia de presos más poderosa del mundo (y no es la única)

2009-05-09T07:49:00.002-03:00

La celda es individual y una de las más vigiladas de la cárcel Presidente Bernardes en San Pablo, una de las de máxima seguridad de todo Brasil. El alojamiento es para uno de los jefes criminales más poderosos de Latinoamérica con más de 100 mil personas a sus órdenes. Marcos Willians Herbas Camacho, alías Marcola, es el preso y su poder indiscutido: es el jefe de la organización Primer Comando de la Capital(PCC), organización que agrupa y protege a la mayoría de los reclusos paulistas que la integran.

En coincidencia con su traslado a la cárcel algo se le ocurrió y es todavía su secreto. Pero ordenó una de las olas de violencia más virulenta de las que Brasil recuerda.

Se dice que la policía rompió la promesa de dejarlo libre en el camino a la cárcel, que el traslado de ocho de sus jefes en el PCC a prisiones alejadas le disgustaba, que provocar el caos ayudaba al presidente Lula Da Silva a ganarle al ex gobernador de esa provincia los comicios presidenciales.

Sin que todavía hoy se conozca por qué ordenó a sus seguidores en San Pablo atacar durante casi una semana a la policía, al servicio de transporte, tiendas y amotinarse en todas las cárceles de San Pablo, uno de los estados más poblados del país. Hubo en esos hechos la friolera de 270 muertos y cientos de miles de dólares de costo en daños a los servicios y edificios públicos.

Sólo se supo una lista de reclamos de los presos que iban desde la suspensión del traslado de los líderes del PCC, el pedido de 60 televisores para ver el mundial de fútbol en Alemania, el cambio de color de los uniformes carcelarios y hasta la liberación de las visitas íntimas en todos los presidios, incluso en los que hubiera regimenes diferenciados.

A casi tres años de esa rebelión, los capos de la organización fueron incomunicados y hasta se les requisó sus armas más letales para ordenar acciones delictivas: los teléfonos celulares.

Pero la historia del PCC continúa y muy bien. Sigue sin ser una agrupación que se dedica sólo a defender los derechos de los prisioneros paulistas, para la que se creó en 1992 después de la masacre que costó 100 presos muertos por la represión policíal en el penal de Carandirú.

El PCC no sólo recauda dinero de las cuotas mensuales que pagan sus miembros, membresía que es más cara para los que han salido de la cárcel. Ahora, dice un informe del Departamento de Estado norteamericano cuya elaboración acredita por sí sola el poderío que se atribuye a esta mafia de presos, compartirían los mismos negocios que el que empeña a la organización hermana mayor de Río de Janeiro, el Comando Vermelho: narcotráfico y la venta de armas.

Se duda además que se muevan casi libremente sólo en las favelas de San Pablo, los barrios más pobres en Brasil, sino que ya estarían en capacidad de operar en Bolivia, Uruguay, Argentina y Paraguay (país donde apresaron a uno de sus líderes), y hasta se piensa que habrían inspirado a un grupo similar en el extranjero, El Primer Comando de Portugal.

El gobierno brasileño incluso le atribuye haber financiado a un grupo de lobbystas para impulsar ante las autoridades constituidas una reforma que los beneficie y hasta un partido que los represente en el país.

Pero es innegable que la organización cuenta con un decisivo poder de acción fuera de los muros: de lo contrario es imposible explicar la facilidad con la que desataron la rebelión en 2006 en la gigantesca ciudad de San Pablo, más allá de otras más pequeñas que no alcanzaron trascendencia.

El PCC y las cárceles paulistas, como en cualquier lugar del mundo, reflejan el estado de la sociedad de donde reciben a sus alojados. Si bien se asegura que el gobierno de Lula ha logrado disminuir la brecha entre ricos y pobres, el país lidera ránkings internacionales de violencia.

Esto deja a las claras que el tema no va sólo por el lado de la pobreza sino que también se exigen reformas judiciales, policiales y carcelarias que modifiquen la situación del país, similar a la que se vive en gran parte de Latinoamérica.

“En San Pablo solamente hay más de cien mil detenidos, cuando hace diez años la población carcelaria de todo Brasil era de cerca de cien mil. En su sistema penitenciario cada mes entran 700 nuevos presos”, aseguraba en 2006 la socióloga Vera Maguti Batista, profesora de Criminología de la Universidad Cándido Mendes y doctora en Salud Colectiva. Para ella el PCC “surgió a partir de estas condiciones terribles, medievales de las prisiones brasileñas”.

Según el diario Folha, la realidad hoy no es muy distinta. Con una capacidad cercana a los 96 mil presos, las cárceles paulistas alojan en la actualidad a más de 140 mil, sin contar a otros 13 mil que se encuentran en las comisarías.

Esto, sumado a la violencia con la que se conviven en los penales, parece ser para una gran parte de los académicos brasileños la causa de la existencia del PCC.

Cabe la pregunta ante estas conclusiones: ¿el rédito del tráfico de drogas, la prostitución y el delito en general no tienen nada que ver con el poderío del PCC

Motín en Inglaterra: sin heridos, pero trasladan a más de la mitad de los presos

2009-04-30T07:39:00.000-03:00

Unos 400 presos se amotinaron en la prisión inglesa de Ashwell y destruyeron las tres cuartas partes de las instalaciones de la cárcel, indicó el portavoz de la Asociación de Funcionarios de Prisiones (POA en inglés), Glyn Travis. Es “uno de los sucesos más graves que hemos visto en una prisión de este país en mucho tiempo” concedió oficialmente el Servicio de Prisiones británico.

Un preso, escapó a pesar de que se buscó recapturarlo hasta con helicóptero, mientras que otros 360 fueron rápidamente trasladados de Ashwell, en el centro de Inglaterra, a otras penitenciarías. Ashwell alojaba un total de 600 presos al estallar el motín.

De acuerdo con el vocero Travis, el detonante del motín fue la cancelación de mejoras en el régimen penitenciario a un grupo de reclusos.

Según el portavoz de la POA, "llevará mucho tiempo" reparar las instalaciones de la cárcel, donde el 75 por ciento de las instalaciones sufrió daños materiales, entre los saqueos e incendios que caracterizaron esta revuelta carcelaria.

Una muestra de la virulencia que adquirió el motín, la dio la decisión de las autoridades penitenciarias de llamar a las fuerzas antidisturbios para retomar el predio penal.

Al precisar sobre el alcance de la cancelación de mejoras en el régimen penitenciario a un grupo de reclusos que habría originado la revuelta, Travis señaló que "uno de los presos no estaba contento con esa decisión de supresión de privilegios y esa misma noche “decidió incitar a otros a reaccionar” y así empezaron los disturbios.

Anteriormente, el Servicio de Prisiones había calificado el desorden como de "indisciplina concertada" por "varios presos". Se trata de "uno de los sucesos más graves que hemos visto (en una prisión de este país) en mucho tiempo” dijo el Servicio.

La policía fijó un perímetro de seguridad de tres kilómetros en torno al centro penitenciario, que encierra a reclusos de categoría C -los presos en las cárceles inglesas se dividen en categorías A, B, C y D-, referidas a un orden descendente de peligrosidad).

Según la cadena pública británica BBC, grupos de presos fueron sacados de la cárcel en furgones policiales, en tanto que un helicóptero de las fuerzas de seguridad sobrevoló la zona en labores de vigilancia.

Algunos presos "quemaron cosas", dijo el padre de uno de ellos. Es lo que le había confiado un hijol regresar a su casa, que recibió una llamada de su hijo, internado en un ala de la prisión que no se ha visto afectada por los disturbios, en declaraciones publicadas por el diario local "Leicester Mercury".

El presidente de la PAO, Colin Moses, apuntó que su asociación ya había advertido del riesgo de altercados de ese tipo, debido a los recortes presupuestarios, el aumento de la población penitenciaria y la reclusión de presos en cárceles de categorías inadecuadas.

Por su parte, el portavoz de Justicia del opositor Partido Conservador, Edward Garnier, pidió al Gobierno un replanteamiento de su política penitenciaria y denunció que la prisiones están "superpobladas", lo que negó el Ministerio de Justicia.

No es la primera vez que se registran disturbios en la cárcel de Ashwell, que empezó a funcionar en 1955: en 2003 cuatro reclusos se habían atrincherado en una habitación y dañaron las computadoras, equipamientos de oficina y ventanas.

Foto: vista parcial de la cárcel inglesa de Ashwell, escenario de un nuevo motín.

En el primer mundo también pasa: graves cuestionamientos a prisiones francesas

2009-04-19T06:36:00.000-03:00

El Observatorio Internacional de Prisiones (OIP) destacó, en un reciente informe sobre las cárceles de Francia, los problemas de superpoblación, hacinamiento, promiscuidad, violencia, degradación de las condiciones sanitarias y un aumento permanente de los suicidios.

“En las prisiones hay un índice de ocupación que puede llegar a un 300% de su capacidad”, revela el informe.

El médico psiquiatra Bernardo Squiavetta, que trabaja en la cárcel de Villepinte, precisa: “Hay suicidios debidos a enfermedades psicóticas que por lo general no han sido detectadas como tales. Una vez pedí la hospitalización de un preso en urgencia y lo rehusaron porque no había lugar. Hay prisioneros que pasan muchos meses sin tener sus gafas. El estado de los dientes de muchos prisioneros es deplorable. Hay personas con sífilis, con parásitos intestinales, con sarna, con piojos, y también los hay que llegan a la cárcel en estado psicótico avanzado.”

Frente a la gravedad de estos problemas se estudia en Francia la reforma de la ley Penitenciaria que, insólitamente para un país calificado de avanzada, plantea recién ahora soluciones elementales las que, incluso, ya están instaladas en varias cárceles de países inmaduros como la Argentina.

Entre otras, la implantación de la celda individual, la creación de hospitales psiquiátricos de alta seguridad, acceso al teléfono de los detenidos y la posibilidad de uso del brazalete electrónico como alternativa a la cárcel.

Este proyecto no satisface, sin embargo, a François Bes, del OIP, porque se han dado cinco años de prórroga a la implantación de la celda individual, se incluyen restricciones de derechos fundamentales, como la posibilidad de proceder a exploraciones de cavidades internas, vaginales o rectales si la administración penitenciaria lo considera necesario. También exige como una obligación suministrar ocupación a todos los presos que deseen trabajar.

El filósofo y psicoanalista Miguel Benasayag, militante político en argentina que fue preso y torturado, se doctoró en Francia con el trabajo “Psicopatología de la cárcel”, y al enfocar la cuestión carcelaria gala, en su libro "Utopía y libertad" la califica de lugar de no derecho, donde prima la ley del más fuerte y no se aplican las leyes de la República.

“Lo que está preso detrás de los muros y las rejas es la pobreza y la economía paralela ligada al tráfico de drogas”, dice Benasayag. Como diría Dante: ‘tú que entras aquí abandona toda esperanza’; mientras la cárcel sea eso, es un fracaso para la sociedad”, sostiene el filósofo con experiencia de recluso.

François Bes sostiene a su vez: “sabemos que el índice de reincidencia es mucho más bajo cuando la persona beneficia de un acompañamiento social dentro de la prisión y de una flexibilización de la condena con un seguimiento y una preparación para la reinserción al salir de la cárcel” opina Bes, para la discusión.

Foto: un pabellón de la prisión de "La Santé", también criticada como referente del sistema carcelario francés.

Internos de apoyo: especializados en evitar suicidios en la cárcel

2009-04-07T06:45:00.000-03:00

La figura del interno de apoyo es una de las medidas que puede aplicarse en las cárceles para vigilar a presos en los que se ha advertido tendencias suicidas.

Ese interno de ayuda puede acompañar al preso alterado hasta las veinticuatro horas de cada día –interno “sombra”- y para la selección debe superar una serie de condiciones a satisfacción de una junta penitenciaria y profesional específicamente designada para calificar estos casos.

Un antecedente: un preso alertó sobre el intento de suicidio de un asesino confeso y condenado en la cárcel española de Morón. La tentativa de suicidio se consumó cuando el preso se colgó en un baño de la prisión utilizando un cordón. El preso dejó una carta en su celda, aunque no se ha conocido su texto en el que podría dar detalles de por qué tomó la extrema determinación.

Dieciséis reclusos se quitaron la vida durante el año pasado en cárceles españolas.

Perfil del preso suicida
Hay coincidencias entre especialistas en que los detenidos con perfil suicida de mayor riesgo son los varones solteros, imputados de haber cometido delitos contra las personas -sobre todo los de índole sexual-, sobrellevando los primeros días de detención y con antecedentes de conducta autodestructivas. Otro segmento de potenciales suicidas son los que se consideran rechazados por sus familias, allegados y por sus compañeros de alojamiento en prisión.

Para ayudar a presos potencialmente suicidas se alientan la aparición de la figura del ya mencionado “interno de apoyo”.

Entre los criterios de selección de estos detenidos “de apoyo” en España, se recomienda elegir a aquellos que muestren "capacitación, actitud y motivación" para la tarea y que presenten "una situación estable en la unidad penitenciaria, buen comportamiento y sin traslado previsible". Además, que para la libertad condicional les reste más de un año, que no registren sanciones, que sean ajenos a antecedentes de autolesiones y tratamientos continuados de enfermedad psiquiátrica y que no tengan un consumo activo de drogas en el momento de la selección.

También el “interno de apoyo” debe aprobar un curso de formación de no menos de treinta horas diseñado por profesionales penitenciarios con la participación de médicos externos. El curso incluirá conocimientos en técnicas "de escucha activa", comunicación interpersonal, conocimientos básicos sobre depresión y primeros auxilios, entre otras temáticas.

Compensaciones
La dedicación como “interno de apoyo” prevé compensaciones para el detenido que la desempeña. Debido a que la actividad de “interno de apoyo” requiere de especialización, involucramiento y responsabilidad en la tarea, la prestación deberá tener como contrapartida para este tan particular operador “beneficios penitenciarios" que, aunque no se han especificado, debe suponerse como flexibilizaciones del régimen de detención.

Cabe señalar que para detenidos con estados de alteración evidentes o que pueden ser detectados rápidamente por los profesionales médico-psiquiatras y personal penitenciario, se debe prevenir problemas inicialmente con el retiro de elementos de riesgo –cinturones, correajes, cordones o encendores-, para reducir las posibilidads de repetir lo que se vivió con el episodio mencionado arriba de la cárcel de Morón.

Finalmente, debe consignarse que psiquiatras penitenciarios españoles puntualizan que en establecimientos para alojar reclusos con problemas mentales, la figura del interno de apoyo es inviable por la complejidad de las patologías. Entonces las vigilancias deben ser confiadas a sistemas de circuito cerrado de tevé con cámaras en las celdas de los presos que manifiesten alto riesgo de conductas suicidas.

De la ONU: "cárceles uruguayas violan derechos humanos"

2009-04-02T07:47:00.000-03:00

Las cárceles de Uruguay registran violaciones a los derechos humanos “a gran escala”, con condiciones “infrahumanas” de alojamiento que “son un insulto a la dignidad de los reclusos”, afirmó el viernes último el relator de la ONU Manfred Nowak.

Enviado especial sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes de Naciones Unidas así lo ponderó durante su testimonio a la prensa sobre los resultados de la visita de cinco días que realizó a varios penales, psiquiátricos y correccionales juveniles de Uruguay. “El pueblo de uruguayo, un país reconocido por su democracia y desarrollo social, no merece este sistema penitenciario”, dijo.

Según explicó Nowak, si bien en Uruguay existen pocas denuncias creíbles de torturas y existe una actitud positiva del gobierno para luchar contra la impunidad y prevenir los malos tratos, la situación de los presos en las cárceles se encuentra “entre las peores” de todo el mundo.

El relator de la ONU denunció que a los presos detenidos en la cárcel de Libertad, situado unos 60 kilómetros al norte de Montevideo, “se les trata peor que animales” y son encerrados en jaulas metálicas “superpobladas” casi 24 horas al día.

“Debido al acceso restringido de agua, los reclusos se ven forzados a tomar el agua del inodoro y a usar botellas de plástico o bolsas para hacer sus necesidades fisiológicas”, subrayó Nowak fuertemente contrariado.

En cuanto a tortura y malos tratos informó que ha recibido pocas denuncias de tortura en comisarías, sin embargo recibió otras muchas creíbles de malos tratos y uso excesivo de la fuerza en prisiones y centros de detención de adolescentes.

Entre ellas, quejas por la sobrepoblación en las cárceles, las condiciones de las visitas, coexistencia de presos procesados y condenados y especialmente en la falta de una política penal o penitenciaria integral.

Sus recomendaciones a las autoridades uruguayas tras la visita fueron:

Llevar a cabo una reforma del sistema penal judicial, con hincapié en la prevención del crimen y en la resocialización de los delincuentes, y no en medidas punitivas y en una política de encierro de presuntos criminales y condenados lejos de la sociedad.

Crear un Ministerio de Justicia, responsable del sistema penitenciario e incorporado a una reforma del sistema penal judicial y de la política penitenciaria nacional.

Incrementar el uso de medidas distintas a la encarcelación con el fin de reducir el hacinamiento en las prisiones.

Además, separar a los procesados de los condenados; limitar el plazo máximo de privación de libertad para los detenidos procesados; proveer a los reclusos las necesidades básicas, tales como agua y comida suficiente, tratamiento médico, más oportunidades laborales, educación y recreación.

Crear establecimientos adecuados para las reclusas que viven con sus hijos en las cárceles;K tipificar la tortura de acuerdo con la definición contenida en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura; establecer un mecanismo de denuncias accesible y efectivo para víctimas de tortura y malos tratos.

Ampliar el mandato del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario para que incluya todos los centros de privación de libertad y asegurar que este Mecanismo Nacional de Prevención se integre plenamente en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a crearse próximamente.

Foto: la cárcel uruguaya de Libertad, cuestionada por el veedor de la ONU.

Estudian el consumo de drogas en cárceles a través de sus aguas residuales

2009-03-24T09:40:00.002-03:00

Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Ciencia e Investigación (CSIC) de España, desarrolla un estudio piloto para cuantificar y cualificar el consumo de drogas en las cárceles, a través de la detección de restos de esas sustancias en sus aguas residuales.

A través de estos estudios las jefaturas penitenciarias españolas pretenden determinar el alcance del consumo de drogas en los pabellones de detención y comprobar la eficacia de las medidas que adoptan para controlar su tráfico.

La especialista doctora Miren López de Alda, del Instituto de Diagnóstico Ambiental ibérico, explicó a EFE que la iniciativa se realiza investigando muestras de las aguas fecales de una unidad penitenciaria con una discreción que impide revelar cuál es el establecimiento analizado.

El estudio se basa en aprovechar los restos de orina de los consumidores con las drogas metabolizadas, lo que permite conocer qué sustancias y en qué cantidad se han consumido a través del estudio de las aguas residuales.

López de Alda, que hoy ha ofrecido una charla sobre el método utilizado por el CSIC para detectar la presencia de drogas en las aguas, detalló que se busca detectar cinco clases de consumo de drogas: cocaínicas, opiáceas (como la morfina y heroína), el cannabis, el LSD y los compuestos de la anfetamina (del tipo del éxtasis), a las que se sumará la metadona y un ansiolítico como el Tranquimacín.

El CSIC utiliza el mismo método que ha permitido conocer el consumo aproximado de drogas en algunas zonas por medio de sus aguas residuales, como el realizado recientemente en una depuradora con agua residual de algunos barrios de Barcelona. Entre otros datos, los estudios arrojaron que en la zona estudiada algunos fines de semana se llegaban a consumir hasta 40 mil dosis de cocaína diarias -73 mil si se proyectaba el estudio a la población total del área metropolitana-.

También se hicieron análisis similares en depuradoras de otras siete poblaciones de la cuenca del río Ebro. Del estudio en esta cuenca -que se publicará en breve-, se destaca el consumo de cocaína en Zaragoza o Pamplona, con una estimación de unas cinco dosis diarias promedio cada mil habitantes, frente a las 1,6 de Logroño.

López de Alda subrayó el sorprendente caso del análisis efectuado en julio pasado en la localidad turística de Benicassim, la misma semana en que este municipio acogía el festival de música FIB: el estudio de sus aguas residuales registró un consumo diario de 22,37 dosis de cocaína, y de 24,47 de éxtasis cada mil habitantes.

En general, los informes detectan una mayor presencia de los restos de estas sustancias en el agua conforme se acerca el fin de semana, sobre todo en aquellas drogas relacionadas con el ocio, como la cocaína y el éxtasis.

Pero la tecnología que se utiliza es muy cara, unos 400.000 euros, y por eso habitualmente sólo la pueden financiar las grandes ciudades, apuntó la científica.

La doctora ha explicado que el grado de eliminación de estas sustancias una vez que pasan por la depuradora es variable, y así, mientras el cannabis y sus derivados suelen permanecer, en el caso de la cocaína se eliminan hasta en un 95% sus rastros en el agua.

Otra contra la pena de muerte: es más cara que la prisión perpetua

2009-03-17T19:18:00.001-03:00

Los estados norteamericanos que contemplan la pena capital consideran hoy la alternativa de eliminar este castigo extremo porque sus procesos judiciales resultan más costosos que mantener un preso en la cárcel toda su vida.

El dato, según el cual “decenas de millones de dólares” se ahorrarían si la pena de muerte fuera reemplazada por la cadena perpetua, reaparece asociado a los gravísimos problemas económicos que, por la recesión, mantiene en vilo a los estadounidenses.

Los juicios de pena de muerte son más caros entre otras cosas por: requieren más abogados; existen estrictos requerimientos de idoneidad de los letrados para que se les confíe un caso de pena de muerte, lo que se traduce en larguísimas esperas en las apelaciones mientras se designa a un defensor capacitado; los costos de seguridad de los pabellones de la muerte son los más elevados de todo el sistema de prisiones, así como los de procesamiento de evidencia: los análisis de ADN, por ejemplo, son mucho más caros por su peso judicial para acusar o liberar a quien es imputado de un crimen con posible sentencia de pena capital, que cualquier otro estudio de práctica para causas menores.

Tras la sentencia, los precios siguen elevándose. Cuesta mucho más alojar a un condenado a muerte, remitidos a celdas individuales segregadas, con guardias que les entregan desde las comidas diarias hasta el papel sanitario y no pierden de vista ninguno de sus movimientos durante las veinticuatro horas de cada día.

Y una ejecución no se cumple antes de los nueve o diez años de la sentencia original y hasta veinte años en estados como California.

Por todo esto muchos de los estados norteamericanos están considerando abolir la pena capital mutando hacia la cadena perpetua. Y no lo hacen por principios éticos, sino por motivos financieros.

"Ésta es la primera vez en que el costo ha sido lo que prevaleció al discutir sobre la pena de muerte", dijo Richard Dieter, director del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, grupo que favorece la abolición de la pena capital.

Ocho estados en estado de cálculo
De los 36 estados en los que aún existe la pena de muerte, al menos ocho tienen pendientes proyectos de ley que la eliminarían: Washington, Kansas, Maryland, Nebraska, Colorado, Nuevo México, Montana y Nueva Hampshire.

En 2007, Nueva Jersey fue el primer estado en abolir las ejecuciones desde que se reinstauró 1972. Razones: el tiempo y el dinero que demandaban. El gobernador, demócrata, conmutó la sentencia de muerte a diez presos y las sustituyó por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los costos legales eran demasiado altos y la sentencia no arrojaba resultados, convinieron los legisladores. Es que tras gastar más de 4 millones de dólares por cada sentencia a muerte, el estado no había ejecutado a nadie desde 1963.

Entretanto, el número de sentencias a muerte en Estados Unidos ha bajado sustancialmente: de 284 en 1999 a 11 en el 2008. Las razones varían según quién provea los datos: los partidarios de la sentencia dicen que la tasa de crímenes violentos ha caído y que las ejecuciones son un importante factor. Los abolicionistas afirman que cada vez más jueces y jurados se muestran renuentes a arriesgarse a quitar una vida inocente.

Las ejecuciones también disminuyeron: de 98 en 1999, a 37 el año pasado.

Los argumentos más recientes contra las ejecuciones brotaron del creciente número de condenados absueltos por evidencia de ADN.

En Illinois, en 2000, el entonces gobernador George H. Ryan impuso una moratoria de las ejecuciones luego que 13 personas fueron exoneradas por razones que fueron desde pruebas genéticas hasta retractación de testimonio". Ryan dijo que el sistema estaba "tan lleno de errores que se ha acercando a la peor pesadilla: que el estado le quite la vida a una persona inocente". Ryan conmutó las sentencias de los 167 condenados a muerte y las redujo en su mayoría a cadena perpetua. La moratoria sigue en vigor.

En todo el país, el número de prisioneros exonerados y con la sentencia conmutada supera los 130, con miles de apelaciones atestando las cortes.

En California, con la mayor población de condenados a muerte -667- , cuesta 90 mil dólares adicionales tener encarcelado a un condenado a muerte, un costo extra que totaliza más de 63,3 millones de dólares al año, de acuerdo con un estudio del 2008 de la Comisión para la Administración Justa de la Justicia.

Tiempos de reflexión
"Es diez veces más costoso matarlos que mantenerlos con vida" aunque muchos estadounidenses piensen lo contrario, dijo Donald McCartin, ex jurista de California conocido como "El Juez Ejecutor del Condado Orange" por enviar a nueve hombres al pabellón de los condenados a muerte.

Retirado en 1993, la reflexión ha ocupado su tiempo y lo llevó a recostarse sobre la posición contraria a castigar con pena de muerte. ¿Por qué?

El sistema de apelaciones de California es legendariamente lento, lo que se traduce en un promedio de 20 años de espera desde la sentencia hasta la inyección letal. Es la espera más larga del país. De los nueves reclusos sentenciados a muerte por McCartin, solamente uno ha muerto, y no por ejecución, sino por un ataque cardiaco…"Todos mis casos están trabados en el sistema de apelaciones", destacó McCartin,

"Es una pérdida de tiempo y de dinero", dijo el magistrado de 82 años, que se describe a sí mismo como republicano ultraderechista: "lo único que hace es prolongar la agonía de las familias de las víctimas".

Choque de poderes en Argentina: por pena -o falta de- pena de prisión

2009-03-09T19:21:00.001-02:00

En un virulento cruce de declaraciones entre la Presidencia de la Nación y la Corte Suprema desembocó la crisis de inseguridad que azota a la Argentina, donde sus máximos dirigentes parecen recién caer en la cuenta de que un cambio en esta delicada temática no admite dilaciones y hasta compromete sus estaturas políticas y judiciales.

Como es costumbre de estos últimos años en la Argentina, los medios de prensa no salieron ilesos de semejante cruce, desde los dos sectores los culpabilizaron de preocupar a la gente calificándolos, por ejemplo, como “bombarderos” de noticias policiales que con su mensaje multiplican las muertes en hechos delictivos???

La polémica
Mientras el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni aseguró que por sus sucesivas modificaciones el Código Penal argentino "vive un momento catastrófico", su par, Carmen Argibay, culpó de la exasperante lentitud judicial a la estrechez del presupuesto nacional que se traduce en la falta de jueces y medios. Ambos recibieron destempladas respuestas de la presidente, Cristina Fernández de Kirchner, lo que puso la discusión a la altura de un choque entre los poderes Ejecutivo y Judicial

Zaffaroni fue más que ilustrativo al clausurar el seminario "Derechos humanos y justicia penal en América Latina" en Buenos Aires, cuando señaló que "si preguntaran cuál es la pena máxima en Argentina se podría contestar que es la prisión perpetua, o 50 años de prisión, o 37 y medio o 25, ya que para cualquier respuesta habría una parte del Código que la respalde".

El juez criticó luego los sistemas globales de "exclusión social que crearon un nuevo sujeto, el excluido, que no es un explotado sino uno que nació mal", sostuvo Zarraroni.

"Se ha producido un desplazamiento presupuestario del hospital a la cárcel" reflexionó para luego fustigar a los medios de prensa que "nos bombardean con noticias rojas y crean una realidad en la que el enemigo principal es la inseguridad urbana".

"Los políticos temen a esos medios y por eso modifican el Código Penal, que está en escombros, porque cada cambio es en realidad un mensaje motivado en una coyuntura que ya olvidamos". Por último Zaffaroni pidió "evitar todo fraccionamiento de la sociedad, que es lo que buscan estos discursos partidarios de la pena de muerte".

Un día después de estos dichos, el viernes último, la presidenta Cristina Kirchner los respondió señalando que "todos tenemos responsabilidad, pero en materia de justicia y de liberación de detenidos la responsabilidad es exclusiva del Poder Judicial. Y esto no es echarle la culpa a otro poder. Por la división de poderes, los únicos que pueden juzgar y encarcelar en la Argentina son los jueces".

"Se pueden comprar patrulleros, construir comisarías y formar policías, pero, en lo que hace a juzgar y a no liberar a personas peligrosas, la responsabilidad le corresponde a los jueces" dijo Cristina, buscando desligar a su gobierno de la indignación que gana a la sociedad por el número de ilícitos cometidos por los liberados de las cárceles

"La dicotomía garantismo-mano dura no existe. Hay Justicia o no la hay. A secas. Y cada uno debe hacerse cargo de la parte que le corresponde. La Justicia cuenta con los elementos para que las personas que constituyen un peligro para la sociedad no sean liberadas", aseguró la presidente al referirse al caso del acusado por violación que quedó en libertad por la falta de una firma en un certificado médico.

Agregó que "necesitamos una Justicia más eficaz, con mayor celeridad y que no cometa errores, una Justicia a secas para los que delinquen y violan las leyes, sea por derechos humanos o por delitos comunes".

Una vez salido al cruce de las máximas autoridades judiciales, Cristina volvió a renovar sus cuestionamientos hacia la prensa, cuando sostuvo que "el tema de la inseguridad es un problema que tenemos los argentinos" y al coincidir con Argibay en que –aseguraron- los medios de comunicación "contribuyen a crear un temor en la sociedad".

"La noticia de un crimen repetida 358 veces por los medios, pareciera que se trata de 358 crímenes" dijo la presidente en una curiosa interpretación de la acción del periodismo.

Mientras las culpas van y vienen, menos de un día después de estos dichos un crimen más con extrema violencia que terminó en asesinato innecesario y otro que dejó una víctima milagrosamente viva con dos balazos en su cuerpo, pasó a engrosar la lista de muertes perpetradas con ferocidad en los suburbios de Buenos Aires.

Estos delitos de robo seguido de asesinato y feroces palizas innecesarias para consumar los ilícitos se reiteran con inusitada frecuencia al extremo de tener atemorizada a la población que no hace más que interponer una reja tras otra para separar el interior de sus hogares de la delincuencia.

Foto: presidente de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

No lo arregla ni Schwarzenegger: orden judicial para liberar 57 mil presos

2009-03-01T08:50:00.000-02:00

El estado de California tendrá que liberar a miles de presos en los próximos tres años debido al hacinamiento que registra el sistema penitenciario, según una orden preliminar dictada por jueces federales de Estados Unidos.

Una tercera parte de la población penal de California, es decir la friolera de 57 mil presos, podría quedar en libertad si prospera una orden judicial que así lo dispone, tras sentenciar que hay “hacinamiento” en el sistema penitenciario de ese más que populoso estado de los Estados Unidos.

No sólo para la opinión de especialistas, sino y sobre todo para la visión y sensibilidad de la gente, una decisión de poner en las calles a ese número de encarcelados se traduciría directamente en un nuevo desborde de la inseguridad en los distintos distritos de ese estado norteamericano.

Un tribunal argumentó que hay pruebas “abrumadoras” de que el índice de sobrepoblación penal del sistema penitenciario de California viola los derechos de los detenidos, al imposibilitar sus cuidados médicos y psiquiátricos garantizados por la Constitución estadounidense.

Las cárceles de California alojan casi 170 mil presos, en instalaciones con capacidad para 100 mil detenidos, es decir superadas un 70% según admiten las cifras estatales. El sistema penitenciario del Estado ha puesto a prueba la paciencia de su gobernador, el actor Arnold Schwarzenegger, quien debió dedicar buenos tramos de toda su gestión a atender la problemática. Hoy Schwarzenegger, debe lidiar con el sobrepasado sistema carcelario condicionado por un formidable déficit fiscal que hasta el momento no ha encontrado fórmulas de contención.

El estado de California tendrá que liberar a miles de presos en los próximos tres años debido al hacinamiento que registra el sistema penitenciario, según una orden preliminar dictada por jueces federales de Estados Unidos.

Una tercera parte de la población penal de California, es decir la friolera de 57 mil presos, podría quedar en libertad si prospera una orden judicial que así lo dispone, tras sentenciar que hay “hacinamiento” en el sistema penitenciario de ese más que populoso estado de los Estados Unidos.

No sólo la opinión de especialistas, sino y sobre todo la visión y sensibilidad de la gente, una decisión de poner en las calles a ese número de encarcelados se traduciría en un nuevo desborde de la inseguridad en los distintos distritos de ese estado norteamericano.

Un tribunal argumentó que hay pruebas “abrumadoras” de que el índice de sobrepoblación penal del sistema penitenciario de California viola los derechos de los detenidos, al imposibilitar sus cuidados médicos y psiquiátricos garantizados por la Constitución estadounidense.

Las cárceles de California alojan casi 170 mil presos, en instalaciones con capacidad para 100 mil detenidos, es decir superadas un 70% según admiten las cifras estatales.

Los magistrados, con una decisión inédita, concluyeron que las pruebas indican que la única solución a las condiciones inconstitucionales en las prisiones californianas es una orden de liberación para los presos.

De todas maneras, los jueces dictaron una orden preliminar que otorga tiempo a las autoridades para solucionar los problemas, antes de la sentencia definitiva. El tribunal juzgó de esta manera en respuesta a una demanda colectiva de reclusos contra el estado de California.

El fiscal general de California, Jerry Brown, aseguró en un comunicado oficial que la decisión de los jueces será apelada en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, al entender que la orden preliminar “no es justificada constitucionalmente” y adelantó que “el Estado recurrirá directamente al Tribunal Supremo cuando la sentencia definitiva sea emitida”.

Brown opinó que la orden del tribunal es “un burdo instrumento que no reconoce los imperativos de la seguridad pública ni los desafíos que representa encarcelar a delincuentes, muchos de los cuales sufren profundos trastornos”, sostuvo.

Los jueces federales consideran, sin embargo, que su orden puede ser ejecutada sin que se traduzca en una amenaza para la seguridad pública, al aplicar a los presos que resultarían liberados combinaciones de libertad condicional, alicientes por buen comportamiento y medidas de parecida naturaleza.

El sistema penitenciario de California pretenden que el sistema penitenciario recorte la población de presos de la actual sobrepoblación del 70% a entre el 20 y el 45 por ciento de exceso en un plazo de dos a tres años.

Los magistrados, con una decisión inédita, concluyeron que las pruebas indican que la única solución a las condiciones inconstitucionales en las prisiones californianas es una orden de liberación para los presos.

De todas maneras, los jueces dictaron una orden preliminar que otorga tiempo a las autoridades para solucionar los problemas, antes de la sentencia definitiva. El tribunal juzgó de esta manera en respuesta a una demanda colectiva de reclusos contra el estado de California.

El fiscal general de California, Jerry Brown, aseguró en un comunicado oficial que la decisión de los jueces será apelada en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, al entender que la orden preliminar “no es justificada constitucionalmente” y adelantó que “el Estado recurrirá directamente al Tribunal Supremo cuando la sentencia definitiva sea emitida”.

Brown opinó que la orden del tribunal es “un burdo instrumento que no reconoce los imperativos de la seguridad pública ni los desafíos que representa encarcelar a delincuentes, muchos de los cuales sufren profundos trastornos”, sostuvo.

Los jueces federales consideran, sin embargo, que su orden puede ser ejecutada sin que se traduzca en una amenaza para la seguridad pública, al aplicar a los presos que resultarían liberados combinaciones de libertad condicional, alicientes por buen comportamiento y medidas de parecida naturaleza.

El sistema penitenciario de California pretenden que el sistema penitenciario recorte la población de presos de la actual sobrepoblación del 70% a entre el 20 y el 45 por ciento de exceso en un plazo de dos a tres años.

Foto: el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, jaqueado otra vez por la situación carcelaria

La droga, un problema cada vez más grave para la cárcel

2009-02-23T06:27:00.000-02:00

Estudiosos, especialistas y guardias de cárceles coinciden en afirmar que la droga en las cárceles, por lo menos en las de países latinos, circula casi “como en la calle”.

Como todo lo relacionado con el tráfico de estupefacientes, dentro de las cárceles incrementa drásticamente el número de muertes entre los presos, ya sea por la puja para manejar su comercio intramuros o por sobredosis y contagio de patologías infectocontagiosas al compartir jeringas y demás objetos.

Para ser más amplios y certeros, la problemática de la droga en las prisiones no es patrimonio sólo de las que funcionan en los países de ascendencia latina, sino que, por el contrario, su propagación masiva alcanzó primeramente los establecimientos de detención del mundo avanzado.

La diferencia es que, luego de su aparición, en estos países las drogas no circulan “como en la calle” dentro de las unidades de detención. Nadie podría afirmar que en estas prisiones el ingreso de la droga haya sido totalmente eliminado, pero no transita abiertamente por los predios penales.

Es que en las cárceles de esos países las acciones antidrogas buscan cumplir su finalidad con eficacia y, primero la ley, no se detienen ante cuestionamientos burocráticos e ideológicos: nadie se ruboriza si los controles de ingreso de personas a los establecimientos son ayudados por el olfato de perros especialmente entrenados en la detección de estupefacientes. Es decir, nadie que no trasporte ilícitos para ingresar a una cárcel puede sentirse con miedos u ofendidos con controles pasivos.

Es más, dependencias especializadas en las cuestiones carcelarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), aconsejan públicamente el uso de los perros para enfrentar el tránsito de drogas tras las rejas.

En cambio, en las penitenciarías de casi todos los países latinos, enfrontar la circulación de las drogas entre la población penal se ve reducido a la inacción y la indolencia por carencia de decisión política para enfrentar al tema.

Por ejemplo y al sólo título de aprovechar declaraciones de los últimos días, la directora general de Instituciones Penitenciarias de España, Mercedes Gallizo, concedió que hay “dificultades” para evitar la entrada de droga en las cárceles, sobre todo cuando son cantidades que los presos pueden introducir en orificios de su cuerpo.

Las visitas pueden ser requisadas y los presos cacheados al regresar a sus alojamientos, pero la droga dentro de un organismo humano sólo es detectada con radiografías o análisis especiales que no pueden ser realizados sin autorización judicial.

En la realidad, en la práctica de todos los días, la requisa común de drogas “a ojo”, no es eficaz: quien conoce de ingresos a las cárceles las disimulan dentro de su cuerpo casi con garantía de inmunidad.

En esto ha coincidido quien está en la otra vereda de los guardias de prisiones, el responsable de cárceles de Asociación por los Derechos Humanos de España, Valentín Aguilar, quien concedió que “el control es muy superficial” y “cualquier persona que entra y sale –de la cárcel- puede introducir droga, hay condenas a familiares, funcionarios de prisiones y hasta curas” por ese ilícito, explicó con detalle.

Gallizo se debió referir en estos términos al tema después que en los primeros días de enero murieran tres reclusos aparentemente por consumo de droga adulterada y luego que sindicatos de funcionarios de prisiones y Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) recordaran que desde 2000, al menos 86 encarcelados han muerto por sobredosis.

No es todo, el consumo de drogas ya es la primera causa de muerte no natural entre los internos, por encima del SIDA y los suicidios, en España, por lo que los funcionarios de los sistemas penitenciarios de Centro y Sudamérica deberían comenzar a preocuparse seriamente para atender esta compleja problemática. O hacer como se generalizadamente acostumbra, esperar que eclosione el tema y, si se puede, mirar para otro lado.

Foto: típica postal de un decomiso de drogas, pequeñas cantidades posibles de ocultar dentro del cuerpo, esta vez en una cárcel de Santiago de Chile.

Regímenes carcelarios re-recargados: para la polémica

2009-02-14T10:30:00.001-02:00

Las cárceles del distrito de Manicoppa, en Arizona, Estados Unidos, existen. El director del sistema penitenciario del lugar o “sheriff”, también existe y es visible: se llama Joe Arpaio y su identidad y gestión están destinadas a trascender.

Aún en el país más poderoso del mundo, donde la democracia es más transparente que en otros sitios del planeta y donde la justicia es mucho menos cuestionada que en otros lados, Arpaio tiene las manos libres para conducir un régimen carcelario “duro” como él mismo lo reconoce. Ciertamente es dura la vida en las prisiones de Manicoppa. Este sheriff no se ruboriza ni oculta para administrar un régimen carcelario bien recargado.

Desde aquí lo que se conoce de las penitenciarías a cargo de Joe “el sucio” Arpaio, que está decidido a no construir más establecimientos sin que esto sea un contrasentido de su personalidad. Porque levantó un campamento carcelario de carpas para evitar que Arizona gaste millones de dólares en la construcción de un complejo carcelario nuevo.

Dejando de lado el escepticismo cuando es la prestigiosa agencia de internacional de noticias Associated Press la que informa, por las temperaturas de hasta 43° en el campamento de carpas rodeado de alambres de púa, los 2 mil presos alojados fueron autorizados a quedar en calzoncillos color rosa provistos por el gobierno, sin que por esto los internos dejaran de quejarse: “esto es el infierno, estamos adentro de un horno, es inhumano”.

Arpaio no dudó en responderles que “tenemos entre 48 ºC y 54 ºC en Irak, nuestros soldados allí también viven en carpas, caminan todo el día bajo el sol cargados con sus pertrechos de guerra, encima les disparan y ellos no cometieron ningún crimen, de modo que cállense la boca”.

Por otro lado, el sheriff redujo el costo de la vianda de comida a 30 centavos de dólar cada una, pero les cobra a los presos su comida asegura la información recibida.

Asimismo, prohibió fumar en la cárcel, también las revistas pornográficas y el cinematógrafo sólo muestra películas de argumento ultraliviano.

Decomisó las máquinas del gimnasio y los elementos de levantamiento de pesas argumentando que los internos “están en la cárcel para pagar una deuda con la sociedad, no para criar músculos y asaltar a gente inocente cuando dejen la prisión”.

Obsesivo, cortó la televisión por cable hasta que la Corte Federal le impuso cumplir la norma que exige proveer ese servicio en las cárceles. Entonces volvió a conectar la televisión por cable, pero sólo permitió el canal Disney y el meteorológico. Cuando le preguntaron por qué seleccionó el canal meteorológico, dijo: “así lo presos sabrán como estará el tiempo cuando trabajen en mis cuadrillas encadenadas”.

Eliminó el café porque, sostuvo, tiene un valor nutritivo nulo y por eso es un derroche de dinero de los contribuyentes. Cuando los reclusos protestaron, contestó “esto no es el –hotel- Ritz Carlton; si no les gusta, no vuelvan”.

Creó las cuadrillas encadenadas para que los internos hagan trabajos municipales y los contribuyentes ahorren dinero de mano de obra. Paso seguido implementó las cuadrillas encadenadas de mujeres, …para que no lo acusen de discriminación.

Arpaio obliga a los presos a su cargo a vestir de rosa y dice públicamente a quien lo quiera oír: “Los condenados deben ser castigados y no vivir con lujos hasta la libertad, para que salgan a cometer más crímenes y volver a la cárcel para vivir a costa del contribuyente disfrutando de cosas que los mismos contribuyentes no pueden costear para sí”.

Un último dato: Joe "el sucio" Arpaio fue reelecto otra vez como sheriff por la comunidad de su distrito.

Después de leer esta nota, es de esperarse la polémica: Prisiones y Penas recibe mensajes sobre esta información de sus lectores en prisionesypenas@gmail.com

Inútil: piden a EE.UU. no tener "la mayor población carcelaria del mundo"

2009-02-07T12:10:00.003-02:00

La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) pidió al gobierno de los Estados Unidos políticas alternativas al sistema penal de mano dura para encarcelar delincuentes, como forma de que ese país abandone el dudoso privilegio de registrar "la mayor población carcelaria del mundo", señalaron.

Cifras oficiales al 31 de diciembre de 2008, difundidas por el Departamento de Estadísticas de Justicia, dependiente del Departamento de Justicia de Estados Unidos, demuestran que 2,3 millones de personas estaban recluidas en cárceles y penitenciarías norteamericanas "lo que constituye la mayor población carcelaria del mundo", afirmó el comunicado de HRW.

Estados Unidos también tiene la tasa más alta de encarcelamiento del mundo, con 756 presos por cada 100 mil habitantes. A título comparativo, el Reino Unido mantiene encarceladas a 153 personas por cada 100 mil habitantes, Canadá a 108 cada cien mil e Italia a 83 cada cien mil. Las diferencias son abismales.

"Estas nuevas cifras confirman que Estados Unidos sigue siendo el principal país carcelario del mundo", señaló el director del programa de Estados Unidos de la organización Human Rights Watch, David Fathi.

Estos datos, añadió el vocero, "deberían hacer que los estadounidenses cuestionen duramente a sus líderes“ sostuvo Fathi, quien luego lanzó varias preguntas: ¿Por qué Estados Unidos tiene siete veces más presos que Canadá? ¿Cómo es posible que otros países puedan salvaguardar la seguridad pública encarcelando a menos personas?".

El pedido de Human Rigths Watch, aparece como una gota en el océano de un cambio normativo en lo penal, si se atiende al sentir judicial y popular norteamericano. En ese país, la mano dura contra la delincuencia no es cuestionada ni por los libros de derecho ni por la gente.

En cambio, la sociedad norteamericana ha convenido en la práctica con sus gobernantes desde hace larga data que quien delinque debe ser castigado y en ese país el castigo al delincuente debe ser la cárcel.

De esto que se plantea como virtualmente inútil un pedido a las autoridades estadounidenses de reducir las condenas o sustituir la pena de prisión por la del cumplimiento en libertad vigilada.

Asimismo, en las últimas estadísticas de Estados Unidos se afianzan los registros que desnudan grandes disparidades raciales en la población penal. La tasa de encarcelamiento de los hombres de raza negra es 6,5 veces superior a la de los de raza blanca y 2,5 veces mayor a la de los hispanos. La tasa de encarcelamiento de las mujeres negras es aproximadamente tres veces superior a la de las mujeres blancas y el doble que la de las mujeres hispanas. Las cifras son contundentes.

También se advierten grandes variaciones entre cada uno de los Estados: la máxima tasa de encarcelamiento (Louisiana) supera cinco veces a la mínima (Maine).

Human Rights Watch considera que los gobernantes de los Estados Unidos deberían eliminar la pena mínima decretada para todos los delitos relacionados con las drogas para, en cambio, optar por la alternativa de sanciones modernas con un basamento de trabajo comunitario y otras opciones distintas del encarcelamiento para los que cometan delitos menores y sin violencia.

Human Rights Watch apeló también al flamante presidente, Barack Obama, para que modifique la esencia encarceladora la justicia penal norteamericana.

"El presidente Obama debe liderar un diálogo nacional sobre la política de control del crimen", señaló el vocero Fathi. "Ha llegado el momento de desmarcarse de las políticas fallidas que han convertido a Estados Unidos en el principal carcelero del mundo", concluyó.

Ilustración: Escudo del criticado Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Cárceles cachondas en España: autorizaron striptease frente a 300 presos

2009-01-28T19:19:00.001-02:00

Según la reconocida agencia española de noticias EFE, el sindicato de prisiones Acaip denunció que en la cárcel de Picassent, en Valencia, se permitió el 2 de enero último un espectáculo de “striptease” femenino frente a unos 300 presos varones

La denuncia del sindicato, difundida en su página web, asegura que una bailarina se desnudó totalmente, se embadurnó el cuerpo con leche condensada, se acercó a los internos para que pudieran frotarse con ella, tocó los genitales a un grupo de reclusos e, incluso, llegó a introducir un vibrador en la boca de, al menos, uno de ellos.

El sindicato de guardias de prisión, el más importante en su género de España, ha pedido explicaciones al director del centro de detención por la realización de la, para una cárcel, inédita e insólita puesta en escena.

La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, también solicitó un informe al jefe máximo de Picassent, Ramón Cánovas, donde le reclama que justifique la organización del espectáculo, explique si conocía de su realización y averigüe si alguno de los presentes se sintió ofendido, confirmaron fuentes de esa dirección general.

El sindicato Acaip, afirmó que la actuación se convirtió en '”un espectáculo porno” y lo calificó de "escandaloso”. Los guardias añadieron que en los módulos 8 y 10, cuyos alojados fueron algunos de los que presenciaron el striptease, hay internos condenados por delitos contra la libertad sexual y por violencia de género.

Los guardias aseguraron además que el espectáculo fue presenciado por una de las subdirectoras de tratamiento del centro, quien “en ningún momento ordenó la suspensión del mismo”, mientras que sí lo hicieron varias funcionarias que “se sintieron degradadas y hasta llegaron a temer por su integridad”.

Según voces de Instituciones Penitenciarias, el espectáculo se desarrolló en el mismísimo salón de actos de la prisión valenciana, donde actuaron cuatro cantantes, tras los cuales salió al escenario una chica que realizó el espectáculo erótico.

La bailarina "se desnudó totalmente, se roció el cuerpo con leche condensada, se acercó a los internos con que se frotó, tocó los genitales a un grupo de reclusos e, incluso, llegó a introducir un vibrador en la boca de, al menos, uno de ellos", aseguró la página de Acaip.

No obstante la carga erótica del acto y el muy especial auditorio al que estuvo dirigido, las voces oficiales aseguraron que durante el striptease no se produjo ningún incidente y el comportamiento de los reclusos fue “normal”.

A pesar que los espectáculos eróticos no están expresamente prohibidos en el reglamento interno de las prisiones, a la titular de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, “no le parecen apropiados” para ser representados en un establecimiento carcelario y reclamó “más precaución'” a sus autoridades al programar actividades para los internos.

Representantes de Acaip se reunieron con el director de Picassent, Cánovas, quien según la denuncia reconoció que autorizó la realización del espectáculo erótico, por lo que dijo asumir “toda la responsabilidad de lo que ocurrió” explicaron los portavoces de los guardias.

Sin embargo, el sindicato considera que una vez autorizado el striptease, la responsabilidad es “única y exclusivamente de la subdirectora de tratamiento presente” por ser la máxima autoridad carcelaria al momento de realizarse el espectáculo.

Foto: frente de la cárcel española de Picassent, escenario del escándalo erótico.

Chile: guardias de cárcel paran durante sus turnos en demanda de más personal

2009-01-19T06:00:00.000-02:00

Los gendarmes –guardias de cárcel- chilenos decidieron apelar a la insólita medida de dejar de trabajar durante tramos de sus guardias, para reclamar por incremento de personal y la modernización de la infraestructura penitenciaria del país.

Siete mil gendarmes adoptaron la novedosa modalidad de parar dos horas en sus turnos de guardia, para demandar el reclutamiento de cinco mil agentes más, un reconocimiento por riesgo laboral y cambios en el sistema de ascensos.

El paro de los integrantes de una guardia carcelaria registra pocos antecedentes conocidos, no sólo por lo inédito e inesperado de la medida, sino por el riesgo para la integridad física del propio personal, los detenidos y eventuales terceros como las visitas asocia una limitación de la actividad. La decisión a la que se animaron los guardias , por sí sola, habla de graves dificultades que atraviesa el sistema penitenciario trasandino.

La escasez de agentes en las cárceles chilenas alienta a los presos a “perpetrar agresiones contra el personal, y los anima a provocar disturbios y encarar fugas masivas”, explicó el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), Pedro Hernández.

"La situación en las prisiones es agobiante", sostuvo el representante de los agentes y, como ejemplo, citó que en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur hay 55 gendarmes a cargo de 6.500 presos.

Hernández abarcó con sus dichos a todo el escenario carcelario chileno y aseguró que a nivel nacional hay 8.400 gendarmes para custodiar a unos 50 mil detenidos en las cárceles y otros 50 mil condenados que están beneficiados con regimenes abiertos o de libertad restringida, pero que son custodiados por los guardias de prisión.

Como dato ilustrativo, puede señalarse que el Servicio Penitenciario Federal argentino, referente válido entre los sistemas penitenciarios de Centro y Sudamérica, registra una planta de 7 mil agentes activos que en los momentos de mayor población penal –años 2004 y 2005- custodió y trató a unos 10.500 presos. En la actualidad el mismo sistema aloja a menos de 9.300 reclusos.

"Esta situación compromete la seguridad, porque sin suda estamos en peligro de ser sobrepasados" agregó Hérnández sobre el sistema chileno. Seguidamente denunció deficiencias de infraestructura y de equipamiento necesario para resguardar la integridad física y psicológica de los guardias.

Los representantes de los gendarmes revelaron que se reúnen desde hace más de un año con el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, para elaborar las normas que atiendan los problemas del sistema carcelario, pero el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, ha postergado indefinidamente su presentación ante el Parlamento, aclararon.

Foto: hombres y mujeres gendarmes chilenos formados en la escuela de capacitación.

"El olor de la cárcel"

2009-01-07T19:57:00.000-02:00

Por Frances Escribano, para “El periódico de Catalunya”

Se ofrece a continuación un extracto de lo publicado hace pocos días en el medio y con la pluma del articulista antes mencionados con el título "El olor de la cárcel", por reflejar particularidades vívidas inherentes a las prisiones que quienes las han recorrido las reconocen como propias de estos lugares de detención.

"Tuve la oportunidad de visitar algunas cárceles catalanas. Es muy curioso, pero el olfato es el primer sentido que detecta que te encuentras dentro de una institución penitenciaria. Es una sensación peculiar. La poca ventilación aumenta la acumulación de olores corporales con los de comida y de productos de limpieza... Y no sé si el fracaso tendrá algún olor, pero, si lo tuviera también se encontraría mezclado con los demás.

El fracaso se respira porque es lo que tienen en común la mayoría de las personas recluidas. El destino las ha maldecido, y ahora sólo les queda esperar el tiempo que les queda.

En lo colectivo, la libertad y la justicia son los valores fundamentales que han orientado nuestra vida desde el tiempo de los clásicos. En nombre de la libertad y la justicia se han hecho las guerras, las revoluciones y los movimientos que han configurado las sociedades modernas. En el plano individual, quien tiene una deuda con la justicia debe pagarlo con su libertad. En Catalunya, más de 10 mil personas viven en prisión. Las nuevas leyes, la mayor eficacia policial y el aumento demográfico han supuesto que la población penitenciaria se haya incrementado en los últimos años y todo lleva a pensar que la crisis económica no ayudará precisamente a disminuir esta cifra.

Es un panorama de futuro complicado para los responsables de las instituciones penitenciarias catalanas. Deberán buscar espacio en edificios antiguos donde, en algunos casos, se amontonan más de cuatro internos por celda, y tendrán que encontrar dinero para construir nuevos centros que les permitan clausurar reliquias del pasado que todavía son útiles.

Por lo pronto el presidente catalán, José Montilla, anunció hace poco que las restricciones presupuestarias para los próximos tiempos no afectarán los planes que prevén la construcción de nuevos centros penitenciarios. Supongo que esta decisión política no despertará ninguna reacción eufórica en la opinión pública. La situación de las cárceles no suele ser un tema prioritario de preocupación para la ciudadanía.

De las cárceles solo se suele hablar cuando hay conflictos. Eso sí, cuando son noticia es porque los problemas que generan son considerables, y entonces inundan las primeras páginas de los periódicos. En Francia, la catastrófica situación y la superpoblación de las cárceles ha puesto a la ministra Rachida Dati contra las cuerdas después de que en los últimos seis meses se hayan suicidado 92 internos. En Catalunya, con motivo del juicio contra los amotinados de la cárcel de Quatre Camins, todos hemos podido ver hace poco las impactantes imágenes del estallido de violencia y la escalofriante agresión al subdirector del centro.

Vivir en la cárcel no es agradable, ni tampoco lo es acercarse a su realidad cotidiana. Las mujeres y los hombres que allí se encuentran arrastran vidas truncadas por el delito. Pero ellos no son las víctimas, aunque puedan parecerlo, y, por tanto, no es fácil ponerse en su lugar, ni vivir sus problemas como si fuesen nuestros. Al contrario: si están encerrados es porque tenemos asumido que es la mejor forma de proteger a los ciudadanos de la amenaza que representan. Esta es la primera función social que debe cumplir la institución.

Pero si las cárceles solo estuviesen para eso, servirían de poco. Si hay que invertir esfuerzos y dinero es para lograr que la experiencia de reclusión sirva para la posterior reinserción de esas personas.

La reinserción es posible y siempre será la mejor protección ciudadana. Para lograrla, hay que romper muchos tabúes y tópicos. Empezando por valorar de modo diferente a los profesionales que trabajan en las prisiones. Al visitar las cárceles catalanas me ha sorprendido ver cómo los funcionarios conviven con los internos, cómo se mezclan con ellos y cómo, sin llevar armas de ningún tipo, son capaces de mantener un orden y un equilibrio extremadamente frágiles.

Hacen un trabajo poco lucido. Esto explica la dificultad que tienen aún muchos educadores y funcionarios de cárceles para identificarse como tales cuando conocen a alguien.

Habría que acabar con estos tabúes y estigmas, porque si queremos mejorar la sociedad, no podemos olvidar las cárceles. Aunque pueda parecer utópico y ningún científico se haya entretenido en buscarla, estoy seguro de que la esperanza también tiene olor, y este es el mejor antídoto contra el miedo y el fracaso".

(A propósito de los olores a los que se refirió el autor, una acotación interesante: para saber cuál es el olor del miedo, científicos de la Universidad de Stony Brook, Nueva Cork, colocaron trapos absorbentes bajo las axilas de un grupo de paracaidistas novatos. La mezcla de excitación, nervios y pánico les provocó una intensa sudoración…, cargada de información interesante. Una vez destilada la esencia extraída de los trapos del grupo en cuestión, los científicos comprobaron que el cerebro humano es capaz de detectarla, y descubrieron, además, que tiene un efecto contagioso. ¿Será que las emociones no solo se sienten, sino que también se huelen y por ello se contagian?

Falta de personal en cárceles de USA: vamos por estudiantes en pasantías

2008-12-29T20:49:00.000-02:00

Los directores de algunos centros correccionales de los Estados Unidos están “desesperados” por contratar recursos humanos para cubrir cargos de agentes carcelarios, ya que “muchas veces es difícil encontrar personal” dispuesto a realizar este trabajo y “la rotación –número de renuncias- es alta” conceden las autoridades penitenciarias de distintos distritos norteamericanos.

"Los carceleros probablemente tienen que lidiar con una imagen difícil", dijo Joe Coffee, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Carreras en Derecho, Seguridad Pública, Correccionales y Seguridad, de los Estados Unidos.

Tal vez por esto los jóvenes estadounidenses no se dejan seducir por el seguro social y un salario de más de 15 dólares por hora, muy buen sueldo en cualquier país de centro y Sudamérica, y desdeñan un trabajo penitenciario.

Vayamos por estudiantes
Entre otras cosas por lo anterior, la cárcel de Irving, del distrito homónimo vecino a Dallas, en el estado norteamericano de Texas, puso en marcha en setiembre último un programa de pasantía para los estudiantes de preparatoria universitaria, que les permite cumplir con la exigencia curricular al tiempo que realizan tareas carcelarias donde existe falta de personal.

A nivel nacional tales programas son inusuales, principalmente por razones de seguridad al tener a los estudiantes cercanos a los presos, señaló Coffee. Para preservarlos, los pasantes en Irving no tienen contacto físico directo con los reclusos y en todo momento están bajo la supervisión de un oficial experimentado.

Como estudiantes universitarios realizan tareas de vigilancia de sectores de la cárcel a través de pantallas de televisión por circuito cerrado y labores administrativas como registrar a los nuevos internos, papeleo, ingresar correo y encomiendas, atender a la visita de familiares, recibir dinero de fianzas, abrir y cerrar puertas y contestar preguntas de los reclusos.

Los estudiantes, generalmente orientados a carreras de justicia penal, cumplen con la pasantía exigida por las universidades y no perciben ninguna remuneración. Trabajan en la cárcel de dos a tres días por semana, dependiendo de los horarios de su escuela, ocupando vacantes de agentes carcelarios que comúnmente deben cumplir con los requisitos de selección para ganar, inicialmente, 15.39 dólares la hora, es decir unos 53 pesos argentinos.

Opiniones
El profesor de justicia penal de la academia penitenciaria del lugar, Justin Harper, quien trabajó en una cárcel antes de ser agente de policía, dijo que esta experiencia es valiosa. Y espera poder ampliar el programa el próximo año para que los estudiantes hagan sus prácticas también como alertas de emergencias penitenciarias.

"Dicen que no tenían idea de las locuras que hace la gente cuando ingresa a la cárcel", dijo Harper. "Yo diría que -el programa de pasantía- es una experiencia que les cambia la vida, porque aún si no siguen trabajando en la cárcel, esto les sirve de guía y comienzo si quieren seguir en justicia penal".

Los distritos escolares de Irving y Burleson están impartiendo parte del currículum que se utiliza para la capacitación de los oficiales penitenciarios en Texas, explicó Michael Upshaw, director de capacitación correccional del Departamento de Justicia Penal de Texas.

No obstante, dejó claro que el programa de pasantía no es una iniciativa del sistema penitenciario estatal. "No digo que sea una mala idea que trabajen en las cárceles, pero es un riesgo que yo creo que no debe asumir nuestra organización", dijo.

"Tenemos criminales muy peligrosos allá adentro, y no quiero correr el riesgo de que un muchacho resulte lastimado por uno de esos sujetos" advirtió Upshaw con énfasis.

Casos
Sesilie Rico, de 17 años, contesta llamadas en la cárcel de Irving, como parte de su pasantía en ese centro carcelario. Dice que sus padres al principio "estaban aterrados" de que su única hija trabajara en la cárcel. "Yo misma estaba nerviosa porque nunca había visitado una cárcel"; luego la conocí y me pareció un buen ambiente" afirmó.

Maclovio Martínez, de 18 años, está ocupado en una garita de control de un pabellón de alojamiento del penal. "¿Qué necesitas?", preguntó, al responder al pedido de un interno a través de un intercomunicador. "¿Puede cambiar de canal, al 23?", preguntó el reo. Maclovio, quiere ser agente de policía o ingeniero algún día. "Al principio, a mi mamá no le gustó la idea de que trabajara aquí; pensó que terminaría lastimado. Pero me dejó".

Desde la caseta de vigilancia puede ver a otros presos en sus celdas. Con sólo tocar una pantalla, el estudiante puede abrir y cerrar todas las puertas del sector. El nuevo agente dice que sólo ha visto un incidente serio, cuando un recluso se negó a ser encerrado en una celda y varios oficiales corrieron a someterlo. “Esperaba ver más acción” en una cárcel, reveló.

Maclovio y los otros estudiantes visten un uniforme de botas negras, pantalones de trabajo azul marino y una camisa de cuello azul con una insignia que refiere el nombre de su escuela, The Academy of Irving ISD.

La supervisora de centros de detención de Irving, Kristin Spivey, dijo que las autoridades carcelarias quieren tener una buena relación con el distrito escolar. "Como madre, sé que si mi hijo quisiera hacer prácticas en una cárcel me preocuparía", dijo. "Así que hicimos un evento abierto al público y les ofrecimos un recorrido por toda la cárcel".

Ricardo Ordaz, de 17 años, está sentado detrás de un escritorio ingresando datos de internos recién llegados. "Mi familia está orgullosa de mí; mis amigos no me creen", dijo el adolescente, quien quiere ser agente de policía. "Es emocionante".

Foto: un locutorio del penal de Irving, Texas.

Erradicar celulares en prisiones de Texas cuesta u$s 66 millones. ¿Aquí qué hacemos?

2008-12-18T19:59:00.001-02:00

66 millones de dólares costará a los contribuyentes de Texas reforzar la seguridad en las prisiones estatales lo que, entre otras medidas, busca desterrar el ingreso ilegal de teléfonos celulares encontrados de a cientos en las cárceles de ese estado.

El plan, presentado la semana anterior en la reunión de la Junta de Justicia Criminal de Texas que se desarrolló en la ciudad de Austin , incluye la colocación de marcos detectores de metal y aparatos de rayos X para la revisión de paquetes y mensajería en las 112 prisiones de la entidad.

La medida será potenciada con la colocación de cámaras de video en las 19 prisiones de máxima seguridad, incluyendo la unidad carcelaria Polunsky, donde el ingreso subrepticio de teléfonos celulares desató un escándalo. Esa cárcel cuenta con un "pabellón de la muerte" con más de 300 presos sentenciados a pena de mtuerte y, no obstante ser considerado el sector de mayor seguridad de todo el sistema penitenciario de Texas, su vigilancia y control fue burlado no menos de 16 veces de acuerdo al número de teléfonos celulares encontrados en el pabellón en una requisa realizada tras denuncias de amenazas de muerte.

Aunque caro, muy caro, como todo lo que tiene ver con sistemas para seguridad, las autoridades texanas -asustadas por el decomiso de casi trescientos teléfonos celulares en las últimas semanas- no han demorado las medidas tendientes a mejorar la vigilancia carcelaria.

Por supuesto, en los países centro y sudamericanos no sucede lo mismo y el ingreso ilegal de elementos, incluso armas, es frecuente en las prisiones de la región sin que el delicado tema avance hacia una mejora. Es que no sólo no hay vocación política ni fondos para aumentar la seguridad de la población sino que, por el contrario, lo que hay es apenas lo mínimo para mantener las prisiones funcionando precariamente.

El proyecto
El director ejecutivo del Departamento de Justicia Criminal de Texas, Brad Livingston, dijo que se busca obtener los fondos en forma inmediata mediante una aprobación especial de las autoridades estatales, en vez de esperar la aprobación legislativa el próximo año.

"Tenemos la responsabilidad ante los texanos de detener esto, ahora mismo y aquí mismo", dijo Livingston a los nueve miembros de la Junta de Justicia Criminal, reunidos en un hotel de Austin. Los fondos deberán ser aprobados tanto por la Oficina del Gobernador de Texas como por la Junta de Presupuesto Legislativo.

El ingreso ilícito de teléfonos celulares es un viejo problema en las prisiones de Texas. Sin embargo, se convirtió en una prioritaria preocupación hace seis semanas, cuando se descubrió que diez reos con pena de muerte realizaron unas 2.800 llamadas desde un teléfono celular que fue ingresado subrepticiamente. El detenido propietario de ese teléfono, Richard Tabler, utilizó el aparato para realizar llamadas intimidatorias a un senador estatal y a varios reporteros.

Las autoridades comenzaron a investigar, luego de que el senador John Whitmire denunció que recibía llamadas de un condenado a la pena de muerte. El gobernador de Texas, Rick Perry, ordenó entonces un operativo exhaustivo de búsqueda de elementos prohibidos en todas las cárceles del estado. El operativo, que se prolongó tres semanas, llevó al increíble e insólito decomiso de 289 teléfonos celulares y cargadores telefónicos.

El número, por sí solo, pone en el terreno de las dudas la eficacia de la seguridad en las prisiones texanas. Y dispara la pregunta para todos los sistemas penitenciarios del centro y sur del continente americano: ¿Y por casa cómo andamos?

Foto: pabellón de la muerte de la cárcel de Polunsky, comunicado con diez celulares ilegales.

Masacre en cárcel de Coronda: condenaron a nueve detenidos

2008-12-11T07:11:00.000-02:00

La justicia santafesina condenó a nueve de los quince procesados por la masacre en la cárcel de Coronda donde murieron 14 presos rosarinos. A seis de ellos, el juez de la causa, Mauricio Frois, los sentenció a prisión perpetua en tanto a los otros tres, a 10 años de cárcel. A todos los declaró reincidentes.

Seis de los imputados fueron absueltos de culpa y cargo, aunque dos seguirán en prisión por otros delitos en los que fueron imputados. El fiscal de la causa, Carlos Romero, había solicitado la máxima pena para los quince acusados. En tanto los abogados defensores habían pedido la absolución de sus clientes. El fallo no está firme y no se descarta que pueda ser apelado tanto por el integrante del ministerio público como por los defensores de los internos.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Diario UNO -Santa Fe-, el juez Frois priorizó las declaraciones de los agentes penitenciarios por sobre los testimonios de los internos. El magistrado habría considerado que los dichos de los penitenciarios tienen mayor entidad que las manifestaciones de los reclusos, debido a que hay indicios de que éstos podrían haber asumido una actitud mendaz para favorecer y encubrir o para incriminar falsamente a compañeros de pabellón

El juez Penal de Sentencia de la Cuarta Nominación condenó a prisión perpetua a los reclusos Oscar Gutiérrez, Luis Romero, Carlos Aranda, Ariel Rojas, Rodrigo Romero y Juan Pablo Massa, omo culpables de ser coautores de los delitos de privación ilegítima de la libertad coaccionante agravada por haberse logrado el propósito y homicidio calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas reiterado en catorce oportunidades en concurso real".

En tanto los internos, Rafael Lemaire, Juan Pablo Cantero y Marcelo Enrique, fueron condenados a diez años de prisión por encontrarlos "coautores penalmente responsables de los delitos de privación ilegítima de la libertad coaccionante agravada por haberse logrado el propósito”. Por último a otros seis reclusos los absolvió de culpa y cargo y dispuso su libertad bajo caución juratoria.

Asimismo cuatro penitenciarios quedaron imputados por la masacre en la cárcel de Coronda donde murieron 14 internos oriundos de Rosario el 11 de abril de 2005, tras el sobreseimiento de 11 funcionarios del Servicio Penitenciario de la provincia que se conoció hace un mes. El juez de Instrucción de la 5ª Nominación Darío Sánchez procesó, ordenó la prisión preventiva y trabó embargos contra Oscar Yosviak y Eduardo Marchesín por “incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con homicidio culposo agravado en 14 oportunidades”. Y a Oscar Mansilla y Carlos Monti por "incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con homicidio culposo agravado en 4 oportunidades (las ocurridas en el pabellón 1)”.

El juez sobreseyó al ex director del Servicio Penitenciario de la gestión Obeid y actual concejal, Fernando Rosúa, y al subdirector Walter Rossini. También el jefe Correcional de la Dirección General, Eduardo Leclerc, el titular del Cuerpo Penitenciario, Evaristo González; los jefes ayudantes del ala norte (los pabellones donde se produjo la masacre) Lorenzo Miguel Ricca, Humberto Orsi y Marcos López Castro; los jefes de Correccional, Marcelo Caligaro, Manuel Benegas y el jefe y suboficial coordinador del sector Daniel Ferreyra y Darío Peralta.

El juez concluyó que la matanza no fue un enfrentamiento espontáneo entre rosarinos y santafesinos como se dijo oficialmente, sino un plan diseñado para vengar “las actitudes de los internos que atacaban a las visitas” rompiendo así un código carcelario.

Para sostener ese argumento, el magistrado tomó en cuenta un dato fundamental: la matanza selectiva estuvo conducida por J.J.A., apodado "el rosarino Gareca", originario de esa ciudad, quien en su declaración judicial relató: “se trató de motivos personales; es de público conocimiento, tanto por parte de los celadores como de las autoridades del penal, que los rosarinos se estaban portando mal en el patio de las visitas. Molestaban a la visita y nosotros tenemos un código que a la visita no se la molesta. Le afanaban cosas, por ejemplo. Así no se podía convivir y las autoridades lo sabían”, dijo el imputado al juez de Instrucción.

Sánchez determinó, además, que la matanza fue favorecida por la conducta inapropiada de los guardias procesados que facilitaron que los tomen de rehenes para avanzar de un pabellón a otro y que la dirección del penal no impartiera las órdenes para detener el andar de la horda criminal. A pesar de lo frondoso de las responsabilidades, otras situaciones trascendentales no se han dilucidado aún, lo que se concretará en la etapa del plenario con la amplitud que la situación requiere” le dijo a Diario UNO, Ricardo Bernárdez Varela, abogado de los imputados.

“Ignoro el detonante“
El motivo estructural por el que se produjo la masacre lo tengo claro: una superpoblación infernal que iba a terminar en estallido. Pero el detonante puntual de la masacre lo ignoro hasta ahora”, dijo Fernando Rosúa, entonces funcionario a cargo del Servicio Penitenciario provincial.

“Una de las hipótesis del origen era una oposición contra nuestra política. Pero no tengo certeza de eso. Por mucho tiempo las cárceles eran variable de ajuste de la acción policial: había existido una política penitenciaria subordinada a la política policial”.“Para resolver el problema policial, las instalaciones del SP se saturaron con presos derivados desde instalaciones policiales, se habían eliminado los trabajos en talleres, se colocaron dos y hasta tres internos por celda. No se hacían cárceles nuevas y se mandaba más gente a las cárceles superpobladas que existían”dijo a UNO.

“Cuando yo asumí en Coronda había 1.560 internos en un lugar con capacidad para 900. Yo advertí al asumir que la situación era una bomba que iba a explotar. Esta conflictividad infernal, más allá del detonante puntual, llevó a la masacre”, sostuvo el ex director del Servicio Penitenciario.

Foto: típica imagen posterior a un desorden carcelario, el estado en que quedó uno de los pabellones de Coronda por la feroz pelea.

90 suicidios en cárceles francesas: culpan a mano dura de Sarkozy

2008-12-04T12:10:00.000-02:00

Noventa presos se suicidaron en Francia durante los primeros diez meses de 2008 y los sindicatos carcelarios, junto a la oposición, lo adjudican por un lado a la política "ultrarrepresiva" del presidente, Nicolas Sarkozy, y por otro a la falta de medios.

Un recluso de 45 años se ahorcó el viernes en su celda de la cárcel de Ensisheim, en la que otros tres detenidos, dos de ellos menores, se dieron muerte en los últimos días.

Desde comienzos de año el número de suicidios se elevó a 90 en las doscientas prisiones francesas, frente a 96 que se registró en todo 2007. Asimismo, se anotaron 115 en 2004, 122 en 2005 y 94 en 2006.

Los sindicatos del personal penitenciario consideran la situación alarmante y señalan que los hechos ocurren en un contexto de agravamiento de la sobrepoblación carcelaria. Las prisiones francesas contaban con 63.185 detenidos el 1º de octubre cuando sólo tienen plazas para 51.000, es decir un exceso de población penal de casi 25%.

Uno de los sindicatos, la CGT (Confederación General del Trabajo), denunció la política penal "ultrarrepresiva" del gobierno, que conduce a "encarcelar a ultranza" y las tres principales nucleamientos gremiales de los guardiacáceles denunciaron "falta de medios humanos y materiales". Además reclamaron por lo que consideran una "situación alarmante de las condiciones de trabajo" y una "incoherencia de la política penal".

Las tres centrales han conversado con el ministerio de Justicia en reuniones en las que buscan acordar y aprobar acciones para atacar estas situaciones.

Por su parte, aprovechando el contexto de reclamos, la oposición socialista fustigó "la política ultrarrepresiva" del presidente Sarkozy y reclamó la formulación de "un plan de acompañamiento psicológico de los presos y la renovación de las prisiones francesas".

El ministerio de Justicia, por su lado, salió al cruce de las quejas de falta de personal al asegurar que, en 2009, creará 1.087 empleos – casi lo mismo que en 2008- en la administración penitenciaria.

La titular de Justicia, Rachida Dati, planea presentar próximamente un proyecto de ley penitenciaria, algunas de cuyas medidas propiciarían mejoras en el trato-tratamiento de los detenidos.

Pero el análisis del texto por parte del Parlamento, inicialmente previsto a fines de año, fue aplazado al primer trimestre de 2009 debido a la crisis financiera internacional, un argumento insuficiente a ojos de los sindicatos.

Foto: fachada de la cárcel francesa de Ensisheim, escenario de los últimos tres suicidios de presos.

Periodistas aprenden sobre la cárcel: presos por una noche

2008-11-28T21:16:00.000-02:00

Una cincuentena de periodistas vivieron en el lugar la rutina diaria de los presos al someterse a un simulacro de detención en el nuevo centro penitenciario Lledoners, de Barcelona, recién inaugurado y punto de recibir los primeros detenidos.

Desde las seis de la tarde del martes 18 hasta el mediodía siguiente, profesionales de un amplio segmento de los medios de comunicación catalanes conocieron los reglamentos, límites y restricciones que plantea la vida en una cárcel, en una experiencia inédita en España y que podría ser rescatada por las jefaturas de los sistemas penitenciarios de centro y Sudamérica para transferir a los periodistas locales las vivencias que acontecen en un predio penal.

Los hombres de prensa debieron firmar con anterioridad su consentimiento para someterse al régimen penitenciario y al trato y condiciones de los funcionarios que, dice la información recibida, pretendían ser lo más cercano a la realidad. Fue una “prueba piloto, un ensayo general” antes de que avanzado el otoño lleguen los primeros presos, ilustraron los que propiciaron la iniciativa.

En el ingreso, raramente voluntario, de los periodistas al moderno centro penitenciario Lledoners, sólo el cierre a sus espaldas de puertas y rejas fue apagando las sonrisas, sarcasmos y comentarios irónicos con los que los visitantes recordaban las películas que tuvieron a las cárceles como escenario protagónico.

El teléfono celular, la documentación personal, dinero y otros objetos de valor, además de instrumentos cortantes, perfumes y bebidas quedó requisado en la recepción y los sorprendidos inquilinos se quedaron con el pijama, una muda de recambio y el material gráfico informativo del régimen de la prisión fueron todo el equipaje permitido para el ingreso.

Llegó luego el turno de la larga espera en las celdas de traslados o “leoneras”, como se las llama en Argentina, donde los periodistas aguardaron a ser llamados individualmente para cumplir los últimos trámites previos, incluida la entrevista de ingreso, a una entrada reglamentaria en prisión.

No faltaron el cacheo corporal –seguramente atenuado-, el registro dactiloscópico, la fotografía, la revisación médica y hasta la charla con el “profesor”, que explica a los internos la oferta educativa dentro de la rutina penitenciaria.

Sin dinero en su poder, el centro penitenciario ofrece a los presos fichas para abastecerse en las máquinas expendedoras y las tiendas de ropa y otros artículos instaladas dentro de la cárcel.

Cuando el proceso habitual de ingreso puede demorarse hasta cinco días, los funcionarios lograron completar el de la cincuentena de periodistas en tres horas y los nuevos “presos” ya pudieron ingresar a las celdas asignadas.

Estas, dobles o individuales en Lledoners -un lujo tras ver imágenes de las literas de hasta cuatro pisos de algunas celdas de otras prisiones catalanas-, fueron ocupadas en este caso cada una por una sola persona, para acercar al profesional de la información una sensación de aislamiento o soledad, se explicó.

Luego llegó la cena, servida por un par de estos presos muy especiales 'presos', escogidos al azar por los funcionarios, quienes a su vez invitaron a otros “voluntarios” a limpiar las mesas y lavar los platos. Verdura, pan, tortilla de papas, pan, flan y agua servido en bandejas individuales con cubiertos y vasos de plástico.

Un poco de aire libre se respiró en el patio del módulo 1, con cancha de fútbol, canastas de básquetbol y una mesa de ping pong. Además un patio más o menos amplio para caminar de muro a muro, fumar, hacer un poco de ejercicio y charlar con los otros presos y guardias.

“¡Abreme la 35!”, gritó un agente por su radio mientras el periodista ve cómo se abre la puerta de su celda. Entonces ingresa, puede oír la puerta cerrarse tras él y entonces se sume en un pequeño mundo, donde sólo puede leer, fumar, pensar o dormir. Cada celda, de unos ocho metros cuadrados, está equipada con baño, ducha y calefacción, además de un comunicador donde el preso puede llamar en caso de emergencia.

Mientras tanto los guardias, muy en su papel, hacían la ronda de turno, que incluía recuento -tres al día- celda por celda. La experiencia carcelaria de unas doce horas que vivieron los representantes de los medios de comunicación en Lledoners, puede calificarse de vistazo si se la compara con la media de nueve años de prisión que registran las estadías de los presos catalanes.
Pese al régimen atenuado que vivieron los periodistas en una cárcel nueva, su experiencia de encierro, incomunicación, aislamiento, régimen de detención y un lento pasar del tiempo fue seguramente muy instructiva y conveniente para su trabajo futuro cuando la noticia surge de una cárcel. Esta experiencia los pone, al informar, más lejos de caer en la fascinación que ejercen los mitos y las fantasías sobre la prisión.

La cárcel de Lledoners, que insumió 25 meses y demandó una inversión de 105 millones de euros, es la primera de un modelo de prisión diseñado con un corredor central que separa los módulos de alojamiento y los espacios comunes.

Los ocho módulos de residencia tienen dos plantas y 64 celdas cada uno. Cada unidad puede funcionar de forma autónoma, ya que tiene espacio de asistencia médica, economato con los productos básicos, comedor, sala de estar, polideportivo, aulas educativas y talleres.

También hay un módulo con 24 celdas para los internos en primer grado penitenciario, el más restrictivo, y otro para los sancionados, con 12 celdas más.

Los presos podrán participar de los tres ciclos de estudio formal, así como cursos no reglados de informática o idiomas. También realizar actividades artísticas o de educación social. Otro edificio está destinado a la sanidad, aunque cada módulo tiene su propia enfermería.

El área de formación ocupacional y los talleres productivos se dedicará a la fabricación de perchas para la ropa, panadería y repostería y fabricación de bolsas de escombros. Los presos también podrán trabajar en la cocina y la lavandería.

Sobre las comunicaciones de los detenidos con el exterior hay 25 locutorios, 14 salas de visitas familiares, 15 de visitas íntimas, tres salas de videoconferencias y una para ruedas de reconocimiento. Para acceder al recinto, los visitantes cuentan con una sola entrada y salida, con cabinas de control e identificación y salas de cacheos.

La cárcel está rodeada por un perímetro de seguridad formado por tres barreras físicas de seis metros de altura y tres sistemas de sensores. Más de 600 cámaras controlan el interior del centro y su perímetro.

En Lledoners trabajarán más de 400 personas entre efectivos de vigilancia y seguridad, administración, mantenimiento y rehabilitación, y psicólogos, pedagogos, juristas, educadores y trabajadores sociales.

Foto: fachada de la nujeva cárcel de Lledoners.

Cárceles de Bolivia: alojan familias enteras de presos y sólo uno de tres es condenado

2008-11-20T19:10:00.000-02:00

De cada diez detenidos en las cárceles de Bolivia, siete no tienen condena, según un informe del Servicio Nacional de Defensa Pública.

La cifra se encuadra dentro de los índices de encarcelamiento de muchos de los países latinoamericanos, donde la Justicia es más que lenta y además sospechada.

Pero lo que es particular y sorprende del sistema penitenciario del país del altiplano es que, en la mayoría de sus cárceles, conviven familias enteras lo que provoca un registro inusual de niños, adolescentes y hasta recién nacidos alojados por iniciativa del clan familiar: en la actualidad son casi 1.500 los menores que acompañan a sus madres o padres detenidos en los pabellones carcelarios.

Las celdas, en muchos casos, son alquiladas o entregadas en anticrético -un depósito de dinero- que permite la convivencia de grupos familiares en pequeños lugares “adaptados para encierros”, dice la información llegada. Los ocasionales “huéspedes” deben trabajar en lo que pueden para el sustento de su familia, se agrega.

Muchos de los presos acompañados de sus familiares en la prisión, con condenas de 30 años o más, decidieron quedarse a vivir hasta sus últimos días, añade sorprendentemente la información recibida del país vecino.

En La Paz están detenidos preventivamente –procesados- 786 personas, en Cochabamba 1.259, en Santa Cruz 2.233, en Sucre 53, en Potosí 163, en Tarija 163, en Oruro 85, en Beni 101 y en Pando 73.

En La Paz los presos condenados son 774 ciudadanos, en Cochabamba 148, en Santa Cruz 304, en Sucre 34, en Potosí 87, en Tarija 29, en Oruro 120, en Beni 193 y en Pando 58.

En los 54 centros penitenciarios del país hay 6.434 varones y 938 mujeres privadas de su libertad, de los cuales el 24% está procesado por delitos de narcotráfico, 13% por violación e igual porcentaje por asesinato.

Los informantes sostienen que las cárceles con régimen de ‘”máxima seguridad” como Chonchocoro (La Paz), Palmasola (Santa Cruz), o San Sebastián (Cochabamba), carecen de adecuados mantenimientos de sus infraestructuras, a lo que se agrega el hacinamiento de la población penal por falta de instalaciones carcelarias.

Por todo esto y como debe esperarse, hacinamiento y mayoría holgada de internos sin sentencia en los pabellones de alojamiento, los motines de presos son todo lo frecuente que pueden prometer este tipo de escenarios. Aunque esta síntesis de las carencias penitenciarias no tiene a Bolivia como referente único de la región.

Por el contrario, como ya se sugirió antes, la precariedad presupuestaria alcanza a la gran mayoría de los sistemas carcelarios de Centro y Sudamérica. Hace falta mucho camino –y mucho dinero del presupuesto- en la región, para presentar realidades penitenciarias medianamente aceptables. Mientras tanto, el tiempo pasa y con cada día esa realidad se ve cada vez más deteriorada.

Fotografía: imagen más que elocuente de un sector de una cárcel -lamentablemente no identificada- en la capital boliviana, La Paz. Como se ve, todo muy chiquito y precario.

Clasificación de detenidos: una versión de Estados Unidos

2008-11-13T20:21:00.000-02:00

La típica característica del sistema estadounidense de privilegiar la seguridad del personal y la del establecimiento como prioridad de la gestión carcelaria y la de afirmar, sin rubores, que con el encierro se busca segregar al delincuente de la comunidad con una separación marcada por la gravedad de lo que se le impute, surge a cada párrafo de esta información.

“El nivel de la seguridad de la prisión es indicador del grado que separa a un delincuente de la comunidad civil” define frontalmente el estado norteamericano de Carolina del Norte, cuando explica oficialmente las premisas del procedimiento al que se ajusta al afrontar la delicada problemática de la clasificación de detenidos a su ingreso a una prisión.

Según esa explicación, la clasificación de detenidos al llegar a la prisión es un método de determinar los “riesgos” del interno enfrentado a los requisitos de seguridad y las necesidades del programa de rehabilitación al que se lo incorpore, luego de atravesar un proceso de evaluación de personalidad y antecedentes en los once centros de recepción de presos –once, debe repetirse- de ese estado norteamericano.

Centros de recepción
Para determinar este riesgo los detenidos son trasladados a uno de esos centros, dos para mujeres, dos para jóvenes masculinos y siete para varones adultos, donde se los clasifica al producirse la admisión.

El interno debe atravesar un proceso de evaluación “incluyendo investigaciones médicas y mentales de la salud” dice la página oficial del estado norteamericano, a las que se agregan los cuadros de “fondo social”, educación, historia y habilidades en el trabajo, antecedentes penales y reincidencia en la prisión. Se estudia con detenimiento el tipo y la forma en que el ingresado perpetró el delito o crimen para extraer datos sobre la peligrosidad potencial que presenta, puntualiza la información institucional.

Con esta semblanza de la personalidad los especialistas en clasificación desarrollan “un perfil individual”, del que surge la “clasificación del delincuente” y, en base a esta, el traslado a la prisión “más apropiada para la custodia” se explica.

A partir de esta clasificación inicial, el comportamiento y los componentes “de riesgo” que haya mostrado en el trato con el personal de la prisión “determinarán la progresión del interno a través de los distintos niveles de custodia”, desde los de máxima seguridad a los de mínima.

Las autoridades de la penitenciaría asignan los programas de readaptación social y los trabajos a los internos. Los reclusos que aceptan las reglas de la prisión, el trabajo asignado y participan en los “programas correctivos, pueden progresar hacia la custodia mínima” se informa.

Los que rechazan las reglas y la imposición de tareas son sometidos a condiciones “más restrictivas de custodia y –eventualmente trasladados a- una prisión más segura” advierte el Departamento Correccional de Carolina del Norte.

Aquí los presos reinician un ciclo en el que deberán “demostrar comportamiento responsable y mejorado en un cierto plazo para progresar” a las clasificaciones menos restrictivas y prisiones de menor seguridad”.

Regímenes de seguridad
Los internos son clasificados para ser asignados a niveles de custodia de “cierre” –máxima seguridad-, medio –mediana seguridad- y mínimo I, mínimo II o mínimo III, de acuerdo “a los riesgos de seguridad presentados” reitera la información oficial.

Asignados dentro de esta escala de regímenes carcelarios los internos están sujetos a distintas modalidades de “control”, cuyas gradaciones descienden desde la dramática “fila de muerte” a la de control “máximo, intensivo, safekeeper, disciplinario, administrativo o protector, en un contexto general de a mayor seguridad menos libertad de acción –“freedoms”- y menos “privilegios”.

“La asignación y el cambio de estos estados es a discreción de las autoridades de clasificación” correspondiente al régimen en el que se encuentra el preso se aclara, para luego puntualizar que “la imposición de las medidas de control adicionales de custodia tienen el fin de mantener el orden en la prisión, la seguridad, la protección del personal y prever seguridad del interno”.

Las prisiones son clasificadas por el nivel de seguridad. Como se detalló los niveles son los de cierre –confinamiento-, medio, y mínimo. Estos niveles de seguridad son determinados por el diseño y las características de la prisión, la dotación de personal correccional –a mayor seguridad naturalmente más guardias- y los procedimientos de funcionamiento.

Las unidades de máxima cuentan habitualmente con barrera de perímetro de doble alambrada, torres de vigilancia con personal armado y patrulla armada. Las celdas tienen apertura desde “una estación de control segura” y “confinan a los internos más peligrosos que son una amenaza severa a la seguridad pública, al personal correccional y otros internos” se pormenoriza.

Los confinados en régimen de “cierre” -máxima de la seguridad- permanecen en su celda 23 horas al día. En la hora de recreo se les permite caminar y hacer ejercicios en el patio común del pabellón o salir al exterior a un predio totalmente enrejado. “Todo el movimiento del interno se controla estrictamente con el acompañamiento del oficial correccional e incluso con aseguramientos físicos” alerta el Departamento Correccional de Carolina del Norte.

Mediana seguridad
Las cárceles de mediana seguridad se diseñan típicamente con pabellones de hasta cincuenta internos, con duchas y lavaderos comunes. Los internos duermen en celdas individuales o dobles con camas marineras –“cucheta militar”- y tienen armario para sus uniformes y pertenencias. Estas prisiones tienen generalmente un perímetro con doble alambrado, torres con guardia armado y patrullaje armado. Hay menos supervisión y control interno sobre el movimiento de presos que en una prisión de máxima seguridad.

Seguridad mínima
Las prisiones de mínima seguridad, con menor supervisión de las actividades de los alojados se diseñan con dormitorios patrullados por oficiales correccionales sin previsiones de seguridad. El establecimiento tiene generalmente un solo alambrado en el perímetro, sin torres de vigilancia ni patrullas armadas. Los internos de estas cárceles acceden generalmente a trabajos externos para la comunidad.

La mayoría de los programas de readaptación y trabajo están dentro de la prisión, aunque internos de cárceles de mediana y mínima seguridad seleccionados por las autoridades pueden trabajar fuera de la penitenciaría en labores de granja o mantenimiento de caminos “bajo supervisión armada de oficiales correccionales entrenados” se aclara.

La información pública proporcionada por el estado norteamericano de Carolina del Norte muestra semejanzas en el proceso de clasificación de los detenidos utilizado por sistemas de Argentina, en cuanto a la asignación de los regímenes de detención y a la progresión del interno de acuerdo a su conducta hacia alojamientos con reglas más flexibles y con posibilidades de acceso a beneficios como, por ejemplo, el trabajo y esparcimiento.

También, sin eufemismos, confirmó sin necesidad de trasponer las puertas de sus prisiones que la seguridad es la prioridad en la gestión carcelaria, cuyas regulaciones están para ser acatadas por todos.-

Información completa click aquí

Argentina: fuerte cruce por informe de muertes en cárceles bonaerenses

2008-11-04T07:24:00.000-02:00

El titular del Servicio Penitenciario bonaerense (SPB), Fernando Díaz, salió al cruce de un informe de la Comisión Provincial por la Memoria y calificó como "absolutamente falsa” a la cifra de heridos en las cárceles que el trabajo difunde.

También sostuvo que la cifra de muertes no es "para nada alarmante, ya que descendió cinco veces con respecto a 2005". Díaz denunció como un "ensañamiento" la acción de la Comisión por la Memoria contra el SPB.

El informe de la Comisión aseguró que cada semana los pabellones de las cárceles de la provincia de Buenos Aires son escenario de al menos dos muertes derivadas de enfrentamientos entre los internos, situaciones de violencia o enfermedades como HIV, tuberculosis o cáncer.

Agrega que durante el primer semestre del año, 52 detenidos perdieron la vida por estas causas y otros 4.500 resultaron heridos de gravedad.

El informe preliminar elaborado por el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria registra los datos de apenas el 20% de los juzgados bonaerenses. Por eso, desde el organismo aseguran que en la práctica las muertes en cárceles provinciales serían más que las difundidas.

Las cifras fueron presentadas hace dos semanas por el titular del Comité contra la Tortura, Roberto Cipriano García, en el marco de una charla que realizaron organizaciones de derechos humanos en el Congreso. Una semana después se hicieron públicas y provocaron un duro cruce verbal entre ese organismo y las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense que denunciaron que las cifras, especialmente las del número de heridos, como "absolutamente falsas".

Según el Comité, de enero a julio de 2008 en las cárceles provinciales hubo, en promedio, unos 19 hechos de violencia por día, que sumaron un total de 3.226. De éstos, 603 involucraron a grupos de presos señala el Comité, lo que ciertamente de manera poco consistente lo lleva a deducir que hubo al menos más de tres detenidos heridos.

En total, sostiene el Comité, como mínimo 4.426 presos sufrieron heridas producidas en los más de 300 hechos de violencia mensuales. El informe avanza a afirmar que estos desórdenes fueron reprimidos con balas de goma y palos en 564 ocasiones.

Para el titular del Comité, una de las raíces del problema está en la imposibilidad por parte de los agentes del SPB de prevenir los hechos de violencia y la necesidad de intervenir cuando el conflicto ya se desató.

Pero para el jefe del SPF, Fernando Díaz, los números son caprichosos. "Desde enero hasta setiembre tenemos registrados 1.300 heridos en las 53 cárceles del sistema, por golpes de puño y por elementos punzantes. Y el número de muertos por episodios violentos en el primer semestre no es de 54, sino de 16. Si pintan como alarmantes estas cifras, no están diciendo la verdad" dijo, categórico, Díaz.

Fotografía: fachada de la cárcel de Olmos, la más conflictiva del SPB.

Los celulares ingresan ocultos hasta en pabellones de la muerte de EE.UU.

2008-10-29T19:28:00.000-02:00

Un preso sentenciado a la pena de muerte en Texas fue arrestado en su misma celda por intimidar mediante un teléfono celular no autorizado, dijeron las autoridades penitenciarias.

Richard Tabler, fue arrestado en su celda del pabellón de la muerte de la Unidad Carcelaria Polunsky, tras sorprenderlo cuando usaba el celular en el sitio considerado de mayor seguridad del sistema penitenciario de Texas. De 29 años, el detenido fue sentenciado a la pena de muerte por matar a dos hombres en noviembre de 2004.

Al mismo tiempo, agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas, arrestaron a Lorraine Tabler, de 61 años, madre del condenado, por pagar el servicio del teléfono celular que fue introducido ilícitamente en la celda de su hijo. Tabler está acusada del delito de introducir elementos no autorizados a una prisión estatal.

Los agentes creen que su hijo prestó el teléfono a cuando menos otros diez presos sentenciados a muerte para hacer llamadas. El uso de teléfonos celulares constituye un creciente problema en las cárceles de Texas, en el país más poderoso del mundo, al extremo de alcanzar los sectores de máxima seguridad de los establecimientos penitenciarios y aun cuando, por supuesto, su posesión y uso es ilegal,

Las autoridades comenzaron a investigar el caso dos semanas antes, luego que el senador estatal John Whitmire, denunciara estar recibiendo llamadas de un preso condenado a muerte.

Whitmire, presidente del Comité de Justicia Criminal del Senado de Texas, a cargo de supervisar las prisiones estatales, dijo que algunas de las llamadas fueron intimidatorias en las que el recluso aseguraba conocer las edades de las hijas de sus hijas y el lugar donde vivían.

Durante la investigación, el detenido telefoneó a Whitmire múltiples veces para hablar sobre las apelaciones que tiene pendientes e incluso para pedirle que gestionara un permiso especial para que su abuela lo visitara en la prisión. En total, los investigadores determinaron que más de 2.800 llamadas habían sido hechas desde el teléfono de Tabler durante el último mes, algunas de ellos a reporteros de medios estatales, uno de los cuales denunció también los hechos.

Whitmire dijo que funcionarios carcelarios sospechan que los guardias de la prisión están siendo sobornados para permitir el ingreso de teléfonos celulares. Este año, los guardias han decomisado 670 teléfonos celulares en las prisiones de la entidad, 19 de ellos en el pabellón de la muerte.

Para la reflexión: ¿Y la máxima seguridad en las prisiones del país más poderoso?

Foto: La cárcel de Polunsky, rodeada de montaña en Texas.

Triste récord: Texas ejecutará a diez condenados en treinta días

2008-10-24T07:09:00.000-02:00

Un hombre de 29 años fue ejecutado el martes por la noche en Texas, en la primera de una serie de diez ejecuciones programadas para los próximos treinta días en el Estado norteamericano que rompe con todas las estadísticas en la estremecedora materia.

Joseph Ray Ries, condenado a muerte por el asesinato de un hombre de 64 años, fue ejecutado mediante inyección letal y declarado muerto a las 18,17 hora local informó el departamento de Justicia de Texas.

Ayer fue el turno de Bobby Woods; el 28 de octubre el de Eric Nenno; el 30 el de Gregory Wright; el 20 de noviembre de Robert Hudson.

La última cena, el último cigarrillo y el último encuentro con los familiares de los condenados a muerte adquieren en estas semanas una dinámica nunca vista antes, que se sucederá en la prisión de Huntsville, en Texas, donde está instalada la sala de ejecución por inyección letal más usada de Estados Unidos.

Entre quince y veinte condenados conocen sus fechas de ejecución, pero es acostumbrado que el cumplimiento se desarrolle a lo largo de varios meses. La administración penitenciaria de Texas tiene ejecuciones programadas hasta el 11 de marzo.

Esta serie de ejecuciones es "excepcional incluso para Texas", explicó a AFP Rick Halperin, presidente de la coalición texana contra la pena de muerte.

"Ya hemos conocido situaciones en las cuales varias ejecuciones fueron programadas en un mes, depende del juez" que presidió al jurado que sentenció y que fija la fecha de ejecución una vez que se agotan todos los recursos, declaró Jason Clark, funcionario de relaciones públicas de la administración penitenciaria.

"Algunos meses se programan numerosas ejecuciones, otros meses pocas o ninguna", como en diciembre, precisó Michelle Lyons, responsable de relaciones públicas penitenciarias.

Asesinato a sangre fría, violaciones y asesinatos de niños, muerte de un compañero de celda son algunas de las culpabilidades que se adjudican a los nueve condenados que deben morir en los próximos treinta días.

Se suman a los 417 ejecutados por Texas, desde el restablecimiento de la pena de muerte en este Estado del sur de Estados Unidos, en 1974. Todos los reos que morirán en los próximos treinta días, a excepción de uno, fueron condenados antes de 2001

Texas llevó adelante dos tercios de las ejecuciones en Estados Unidos en los últimos 30 años, y doce de las veintisiete de este año. Virginia, el segundo Estado estadounidense en cantidad de ejecuciones, acumula 102 muertes de este tipo desde 1975.

Para un militante contra la pena de muerte "es realmente muy frustrante, es un trabajo difícil pero es allí donde se sitúa la batalla", explicó Rick Halperin, estimando que "Texas es el peor lugar del mundo libre" para las ejecuciones.

Según él, los jueces están "muy contentos de liberarse de estas personas lo más rápido posible", lo que explica la acumulación de ejecuciones a fin de año, tras la moratoria que interrumpió todas las ejecuciones en el país entre setiembre de 2007 y mayo de 2008, mientras la Corte Suprema validaba el método de la inyección letal.

"Es una tradición histórica y sociológica matar personas en nombre de la ley" en Texas, estimó.

Los aproximadamente 375 condenados que esperan actualmente en los corredores de la muerte texanos pueden testimoniar que es más bien la ley criminal que prevalecía antes de 2001 la principal responsable de este caudal de habitantes del "corredor de la muerte".

Cárceles turcas "reducen" hacinamiento: presos duermen por turnos en las camas

2008-10-20T20:29:00.000-02:00

Según un despacho de la agencia de noticias Europa Press, Turquía decidió imponer el sistema de que los presos duerman por turnos en las cuchetas carcelarias como toda respuesta al creciente hacinamiento que sufren las cárceles de ese país euroasiático.

Según cifras oficiales el número de reclusos alcanza a casi 90 mil, como efecto de un explosivo incremento de la cifra de crímenes y a pesar de que una amnistía general en el año 2000 dejó los penales prácticamente vacíos.

Si bien la cantidad de camas carcelarias se ha triplicado según se asegura oficialmente, las prisiones turcas y el personal no logra abastecer las necesidades de alojamiento, por lo que la Administración Penitenciaria no encontró mejor solución que el método de "dormir por turnos" en las cárceles estambulíes de Metris y Umraniye.

Ahora, dos internos disponen de una misma cama, que se van intercambiando cada ocho horas. Es la manera más fácil de que las celdas alojen más detenidos, mientras los pasillos han comenzado a ser utilizados como precarios lugares de detención.

Las consecuencias: muchos jueces, sabedores de los niveles críticos de sobrepoblación penal existente en los centros penitenciarios turcos, optan por fijar multas en vez de penas de cárcel, lo que redunda a su vez en que haya más criminales y delincuentes libres y la inseguridad ciudadana vaya en aumento.

Las autoridades turcas sostienen que el gravísimo problema quedará solucionado con un traslado masivo de reclusos en enero próximo, a la recientemente concluida cárcel de Silivri, en las afueras de Estambul, con una capacidad de 10.650 plazas carcelarias.

El "es lo que hay" penitenciario en Sudamérica

2008-10-14T19:41:00.000-03:00

Apenas horas después que este sitio reflejara en exclusiva la impensada –e insólita- noticia sobre la admisión oficial, por parte del estado español, de los subsidios de entre 200 a 300 euros mensuales que entrega a sus connacionales presos para “mejorar” su situación en las cárceles de esta región, una rápida mirada sobre la actualidad penitenciaria sudamericana induce, sin justificar, a recortar la crítica acerca de la naturaleza de esa asistencia a los encarcelados ideada por España.

Es que se reafirman escenarios regionales patéticos con las cárceles como protagonistas y, lo grave, es que en varios casos son reconocidos oficialmente como parafraseando a un dicho común en la Argentina: “es lo que hay”.

Así por ejemplo, la semana pasada, medios del Paraguay consideraron “noticia”, es decir digno de ser rescatado para transmitir a la gente, el siguiente título: “Prohíben los tributos por las celdas VIP y las privadas”.

La bajada de la información indicó a continuación que “el Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT) -paraguayo- emitió una resolución por la cual prohíbe a los directores penitenciarios cobrar por las privadas y las celdas VIP en las cárceles del país. De esta manera, se dejaría sin efecto una vieja práctica en las prisiones, donde los presos con mejores recursos tienen tratos privilegiados” se explica.

La resolución Nº 10/08, firmada por el viceministro de Justicia Humberto Blasco Gavilán, por viaje del ministro Blas Llano, señaló sin rubores que “se prohíbe la percepción de tributos que no estén contemplados en la ley en las penitenciarías y correccionales del país”.

Por su parte el director de Institutos Penales, Pablo Faccioli, también sin sonrojarse, señaló que “no se va a cobrar la privada y no puede existir un VIP, porque si existiera el mismo debería regularse por la conducta de cada interno, no por el precio que pueda pagar cada uno de ellos por habitar esas salas”. Con esta frase, simplemente el director negó lo que el comunicado del Ministerio de Justicia paraguayo consignado en el párrafo anterior afirmó: que “se perciben tributos” fuera de la ley. Por lo que se conoce, todo quedó en eso.

Otra
En Brasil, la llamada “masacre de Carandirú” ocurrida dieciséis años atrás -2 de octubre de 1992- tuvo un saldo de 111 presos muertos y un número no precisado de guardias golpeados, un síntoma de lo desigual del enfrentamiento o del exceso en la represión. Sucedió tras el estallido de un motín en el 9º pabellón del Complejo de la prisión de Carandirú en São Paulo, el que fue sofocado por la Policía Militar.

Después de 111 muertos –hay quienes sostienen que fueron más de doscientos- y dieciséis años el único sometido a proceso fue el oficial al mando de las fuerzas del orden, coronel Ubiratan Guimarães, cuya condena a 620 años de cárcel fue revocada después con artilugios legales.

El Complejo de Carandirú fue la prisión más grande de Sudamérica y llegó a alojar 8.000 presos. Fue demolido el 9 de diciembre del 2002 y su predio se transformó en un parque público.

Y otra
El gobernador de la provincia argentina de Buenos Aires, Daniel Scioli, cuenta con un informe del Ministerio de Justicia que afirma que “antes de fin de año, serán habilitadas 3 mil plazas penitenciarias” para dar “una respuesta a la mayor demanda de alojamiento por parte de la Justicia”.

Argumentó el ministro que esa demanda se acrecentó porque mientras en 2007 el porcentaje de libertades diarias era de 36 personas, “en 2008 este porcentaje se redujo a la mitad, lo que implicó la necesidad de una mayor infraestructura".

El argumento es inconsistente. Casi insignificante si cuenta que Buenos Aires tiene un déficit de más de diez mil alojamientos carcelarios. Peor, nadie puede ser optimista imaginando que, dentro de dos meses y medio, se habrán habilitado tres mil nuevas plazas como se anunció.

Una más
El viernes pasado el dictador Jorge Rafael Videla, presidente durante el Proceso en el que se libró la lucha contra la subversión, fue trasladado desde su casa donde cumplía prisión domiciliaria desde hace más de diez años, a una cárcel dependiente del Servicio Penitenciario Federal.

Videla merece estar preso. Fue el jefe máximo de las fuerzas que en los ´70 enfrentaron a la subversión con la modalidad de las desapariciones, incluso a pesar de la resistencia que esa forma de operar generó en algunos cuadros del propio Ejército. Por ejemplo de quien fuera a partir de 1999 el jefe de la fuerza en los gobiernos de Fernando de la Rúa, Alberto Rodríguez Saá y Eduardo Duhalde, el teniente general Ricardo Brinzoni –ya fallecido- que, como oficial subalterno en aquellos años y delante de más de una treintena de militares, se animó a cuestionarle al propio Videla semejante metodología. “Si estamos en guerra entreguen los cuerpos” de los adversarios a sus familiares dijo, palabras más, palabras menos, Brinzoni a su jefe en lo que fue un clásico de las comidillas dentro del Ejército durante mucho tiempo. Nada hizo recapacitar a Videla y a las otras jefaturas castrenses. Hoy lo está pagando.

Pero la ley Argentina prevé la prisión domiciliaria para mayores de 70 años bajo algunas exigencias entre ellas, por supuesto y como primer requisito, el convencimiento del juez de que el inculpado no se profugará. Todas estas exigencias eran cumplidas por Videla con 83 años; en rigor, hacía más de diez que las cumplía debido a la multitud de causas que lo tienen como imputado.

Dos juzgados en un mismo día cancelaron el beneficio de la prisión domiciliaria a Videla. No fue una sorpresa para todos. Por lo menos para el gobierno no lo fue.

Cuando hay ideología metiendo o sacando gente de las cárceles, el sistema penitenciario también se ve viciado. Porque es la ley lo que se bastardea. “Es lo que hay”, también en esto.

Penitenciariamente hablando los escenarios regionales reafirman su pobrerío, están estos ejemplos como testimonio avalando ese dicho común en la Argentina: “es lo que hay”. Y lo que hay, por lo visto, deja mucho que desear.

Fotografía: un sector de la tristemente célebre prisión brasileña de Carandirú ya demolida.

Celulares en cárceles y secuestro virtual: España instala inhibidores telefónicos

2008-10-02T19:16:00.000-03:00

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias de España instaló equipos que bloquean el uso de los teléfonos móviles en todo el perímetro de la cárcel de Valladolid.

Con la instalación de los inhibidores de frecuencia -radial y telefónica-, el Ministerio del Interior busca evitar el uso cada vez más extendido de estos teléfonos por los presos, a lo que las autoridades de esa cárcel mostraban impotencia para ponerle freno.

La instalación de estos equipos de interferencia en todas las cárceles de Castilla y León, difiere en el objetivo de contar con el mismo obstáculo a las comunicaciones en las prisiones argentinas.

En los dos países la utilización de teléfonos celulares móviles por parte de los presos es ilegal y no ha podido ser neutralizado por los mecanismos usuales de requisa y control penitenciario.

En Argentina uno de los usos dados por los detenidos a esos aparatos es el de simular secuestros de personas. Una vez contactada la víctima, para liberar al supuesto familiar secuestrado, se le exige la compra de tarjetas telefónicas y la enumeración de las claves de uso. En las cárceles de Argentina el “crédito telefónico” obtenido de esta manera es muy valorado por los detenidos que pujan por contar con ese recurso para mantener comunicación fluida con el exterior de la prisión.

En cambio, en España, la atención sobre el uso ilegal de los teléfonos celulares en las prisiones comenzó después que las direcciones penitenciarias tomaran conocimiento de llamados realizados a mujeres para amenazarlas, a través del aparato telefónico celular, con malos tratos por parte de ex parejas encarceladas u otros detenidos.

Fuentes relacionadas con la prisión de Valladolid reconocieron que el uso de este tipo de tecnología había crecido en los últimos años, "y de hecho es prácticamente imposible detectar la entrada de los móviles".

La característica de que la mayoría de los equipos de telefonía móvil tengan componentes plásticos dificulta que se dispare la alarma cuando la persona pasa por el arco detector de metales, explican las autoridades carcelarias.

La presencia de enchufes eléctricos en las celdas, y el hecho de que se pueda cargar crédito telefónico mediante tarjetas o, en España, a través de llamadas a la operadora, inducen y facilitan el uso de estos equipos.

Enteros y desarmados
Los funcionarios han percibido que la modalidad con la que entran los teléfonos a las cárceles es mediante dos vías. Por un lado, a través de las visitas de familiares de los internos, o cuando se autorizaba el “vis a vis”, que impide que se pueda cachear al visitante cuando ingresa a los recintos carcelarios. La ausencia en los encuentros de un funcionario de vigilancia, facilita la introducción de los móviles.

El segundo sistema advertido por el personal penitenciario utilizado para introducir los teléfonos en las prisiones es el de ocultarlos en alguna de las partes del cuerpo del recluso que regresa de un permiso, o de un familiar que acude a visitar a los internos. “Los introducen por piezas y se ha llegado a localizar hasta baterías en el ano”, puntualizó un empleado de la prisión de Valladolid.

Los inhibidores y el perjuicio para la vecindad
La aplicación del nuevo sistema de incomunicación telefónica mediante inhibidores de frecuencia afecta también a las viviendas vecinas donde residen algunos de los funcionarios de la prisión de Valladolid, lo que ha resultado en cierto malestar de las familias que por la medida preventiva quedan incomunicadas.

Esta circunstancia se trata de resolver mediante la limitación de la longitud de frecuencia de inhibición que se aplica. La reducción de la cobertura de las operadoras afecta también a los propios funcionarios que trabajan en las oficinas y se amplía a las zonas del aparcamiento.

¿Este mecanismo será la solución para neutralizar el uso ilegal de teléfonos móviles dentro de las cárceles? España pronto lo dilucidará.

Y por lo antes relatado, las autoridades penitenciarias argentinas deberían estar interesadas en obtener información sobre la eficacia de la medida ya impuesta en la Madre Patria.

Fotografía: fachada de la cárcel española de Valladolid.

213 mil millones de dólares es el gasto anual para las cárceles en EEUU

2008-09-26T12:17:00.000-03:00

El sistema penitenciario de Estados Unidos cuesta la friolera de 213 mil millones de dólares, por año, según un informe del Justice Policy Institute (JPI).

Los 213.000 millones de dólares de gasto anual en la industria carcelaria son casi diez veces superior al presupuesto general del condado de Los Ángeles para 2009, que alcanza a 22.268 millones destinados a salud, seguridad pública, asistencia social, educación, etcétera.

Actualmente, señala el JPI, existen 7,4 millones de personas -debe repetirse, 7,4 millones de individuos- bajo el sistema de justicia criminal en Estados Unidos, de los cuales más de 2,3 millones están encarcelados -2,3 millones de presos- y más de 5 millones en libertad condicional.

El informe del JPI, denominado Moving Target: A Decade of Resistance to the Prison Industrial Complex, argumenta que el incremento de esos costos, que desde 1996 ha subido un 64%, se debe en parte a la criminalización del fenómeno migratorio. Desde 1995 el número de presos en los centros de detención de inmigración ha aumentado en un 200%, indica el reporte.

Además, de 2000 a 2007 se han añadido 454 nuevos delitos al código penal federal, mientras que el número de reos federales creció en el 32% en ese período.

Ese millonario gasto, señala el JPI, se ha hecho a pesar de que casi dos terceras partes de la población consideran que se deben atacar las causas de la criminalidad desde sus raíces, en vez de enfocarse en los castigos carcelarios.

Otro de los factores por los que ha aumentado el número de presos, dice el reporte, es la criminalización de la pobreza, de los desamparados y de los enfermos mentales. "Eso es controlar a la gente pobre, a los latinos, a los afroamericanos, en vez de ofrecer lo que necesitan para vivir con dignidad", insisten los estudiosos del tema norteamericanos identificados con la no prisionalización.

La investigación subraya que a pesar de que latinos y afroamericanos constituyen en conjunto sólo una tercera parte de la población, los dos grupos representan casi dos terceras partes de los reos en todo el país.

El informe de este instituto, por otra parte, critica fuertemente el negocio de encarcelamiento de personas bajo un sistema penitenciario que es conocido en los Estados Unidos como el Prison Industrial Complex (PIC).

Este sistema, según sus detractores, se apoya en los grupos empresariales que hacen de las cárceles una industria bien remunerada y que incluye a sindicatos de custodios, compañías constructoras, vendedores de tecnología para vigilancia y otros elementos propios de las prisiones, a quienes se les considera más interesados en generar ganancias que en la rehabilitación de los internos o en reducir los índices de delincuencia.

El PIC o la industria del sistema penitenciario, sostiene el informe, asocia para sus fines una relación entre el gobierno y los intereses privados de grupos que hacen del encarcelamiento la solución a los problemas sociales, políticos y económicos que también tiene adherentes en la comunidad.

Como una opinión más referida al delicado tema de la prisión y su presencia en la sociedad, con una biblioteca completa de ideas distintas: se suma ésta precisamente referida al costo de la cárcel, naturalmente gravosa como todo lo que implica seguridad:

"Todo ese dinero, en vez de irse a las escuelas o a los hospitales, se está yendo a las prisiones… Esto nos dice que en vez de lidiar con los problemas sociales y llegar a la raíz para atender la pobreza, el gobierno prefiere gastar en las prisiones y actuar de manera más punitiva", opinó Andrea Salinas, representante de Critical Resistance, una organización nacional que critica desde hace diez años la postura dispuesta a encarcelar de los gobiernos locales, estatales y federal.

Foto: un pabellón de doble planta de una cárcel estadounidense.

La cárcel -su morbo- al extremo: sitio web vende pertenencias de asesinos

2008-09-19T12:38:00.000-03:00

Es una industria incipiente, inédita e insólita que al parecer tiene potencial como para crecer y dar de vivir a algunos en los Estados Unidos: la venta de objetos personales y hasta recuerdos de asesinos, que son requeridos por fanáticos de las "estrellas pop" de los pabellones de la muerte de ese país.

Brookey West sumergió a su madre muerta en un tacho de basura y la dejó en un depósito hasta que sus restos fueron descubiertos por alguien que no pudo soportar el olor. West negó haber matado a su madre, pero el jurado no le creyó: fue sentenciada a cadena perpetua por asesinato.

¿Le interesaría comprar algunos pedazos de las uñas de Brookey? Ofrece un título en un sitio web. Y West es una miembro de la espeluznante y morbosa lista de asesinos cuyas pertenencias se vuelven objetos de colección.

Los recortes de uñas de la mano derecha de West se venden a 19.99 dólares, ¡sin costo de envío a todo el mundo!!!, en el sitio que también vende las obras de arte de la misma reclusa: prisonboundserialkillers.com.

Criminales condenados cuyos objetos personales -sus manualidades o artesanías, cartas, fotografías y los más variadas pertenencias- son buscados y atesorados por fanáticos que admiran a los habitantes de los estremecedores pabellones de la muerte de las cárceles norteamericanas.

El dueño del sitio, llamado Randall, comenzó a vender estos raros objetos hace unos ocho meses y es uno de los primeros coleccionistas en llevar al mercado los recuerdos y objetos personales de los asesinos encarcelados.

Asentado en Massachusetts, exhorta a sus clientes a "tratar de obtener los mejores precios", por estos objetos. También les recuerda ser "malvados las 24 horas de los siete días de la semana". Cosas del país más avanzado del mundo: por lo visto también en esto del morbo y bizarría.

Randall señaló que vendió un dibujo de Jesús realizado por un asesino encarcelado en 175 dólares, aunque concedió que poca gente ha preguntado por las uñas en venta. También existe el segmento de personas que le piden elementos específicos, que debe buscar entre los encarcelados.

Al igual que la mayoría de los que reciben cosas desde adentro de las cárceles, obtiene su “mercadería” a través de la correspondencia con el asesino.

No es la primera vez que un criminal es el protagonista de un comercio. Otro sitio web de recuerdos y objetos personales de asesinos tenía a la venta fotografías de Michael Strohmeyer, arrestado hace 10 años por violar y asesinar a una niña de siete años en el baño de un casino en Primm, Nevada.

Randall también vende cosas de Strohmeyer; tiene un pedazo de papel de la cárcel con la firma de Strohmeyer y lo vende a 3.99 dólares. Y contra lo que se puede pensar, Randall no acusa remordimiento por su extraña forma de ganarse la vida. "No me siento mal, no creo que esté haciendo nada malo", dijo. "Algunas personas coleccionan tarjetas de béisbol. A mi me gusta coleccionar material de casos de alto perfil", dice con desparpajo.

Cuando el departamento de Correccionales de Nevada examinó el sitio que vende los artículos de Strohmeyer, los oficiales penitenciarios concluyeron que no podían hacer nada para impedirlo. Algunos estados han aprobado leyes para prohibir la venta de artículos de ese tipo, pero no es el caso de Nevada.

Y la ley vigente destinada a evitar que los asesinos saquen provecho de vender sus historias, fue anulada hace años, luego que la Suprema Corte determinara que era una violación a las protecciones de libertad de expresión.

Randall comenzó a comunicarse con West desde hace dos años. En ese tiempo han llegado a conocerse, y West siempre ha mantenido su inocencia. Siempre ha insistido en que no asesinó a su madre. ¿Pero la metió dentro de un bote de basura? Seguro, ni siquiera su abogado defensor lo negó. ¿Pero acabó con la vida de su madre? No.

Claro, la inocencia reduciría el valor de la obra de West; por lo que cuando se le pregunta a Randall si cree en Brookey, su respuesta es muy simple: "no, para nada".

Foto: prisión de Huntsville, en los Estados Unidos, célebre por incluir un pabellón de la muerte.

Naciones Unidas: "en 15 años se triplicó tasa de encarcelamiento en Argentina"

2008-09-12T19:46:00.000-03:00

El presidente del Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), Elías Carranza, señaló que en 1992 había 63 detenidos cada 100 mil habitantes y ese índice trepó a 152, en 2007. Lo mismo sucedió en la mayoría de los países de la región. Advirtió que se vienen "otros 15 años duros" en materia de crecimiento de la población penal.

El Ilanud es el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y su titular visitó el país hace dos semanas en el marco de unas jornadas de capacitación para personal penitenciario de la provincia de Buenos Aires, en las que aportó cifras para el análisis.

Cuantificó que en los últimos 15 años se triplicó en Argentina la tasa de encarcelamiento de acuerdo a los números de la entidad: mientras en 1992 había 63 detenidos cada 100 mil habitantes, esa estadística ascendió a 152 a fines de 2007 sostuvo Carranza.

Y seguidamente comparó la diferencia entre el crecimiento demográfico en nuestro país, que entre 1995 y 2005 fue de un 8%, con el de la población carcelaria en ese mismo período, que aumentó un 92 %.

El titular del ILANUD dijo que ese crecimiento exponencial se produjo paradojalmente, en el mismo período en el que el número de homicidios “bajó de 9,6 a 5,1 cada 100 mil habitantes entre 1980 y 2008”, siempre según números de la entidad que depende de Naciones Unidas. Aclaró, eso sí, que el descenso de este índice “no significa que haya menos robos o violaciones”.
La situación es parecida en gran parte de Sudamérica según esa entidad de investigación y control de regímenes penitenciarios.

En Brasil, dijo Carranza, la situación es análoga a la de Argentina: “en 15 años pasó de tener una tasa de 74 presos a alcanzar 211”, explicó el especialista.

En México, el aumento fue de 101 a 226; en Colombia, de 92 a 188; y en Perú, de 77 a 136.
Con respecto a la tasa de homicidios, Carranza detalló que en el año 2001 era en Argentina de 9,6 cada 100 mil habitantes, ubicándose, en 2007, en 5,1 cada 100 mil.

“Esta situación está dada por el mejoramiento macro de la economía” opinó, con la convicción de que “la inequidad en la distribución de la riqueza conlleva al crecimiento del delito” opinó Carranza.

Entre los factores que influyen para aumentar las tasas de encarcelamiento, el organismo concluye atribuyendo a la acción de la Justicia permeabilidad frente a las exigencias de mano dura de las sociedades: “la difusión de los hechos delictivos y su impacto en la opinión pública influye en los operadores de la justicia penal” y deriva en un endurecimiento de los códigos afirmó el experto.

“Por eso la cantidad de presos aumentó exponencialmente, produciendo un problema significativo a los -sistemas- penitenciarios, con cárceles superpobladas, hacinadas y un incremento lógico de violencia interna”. La tendencia, claro, bajó en los últimos tres años, sobre todo después de la tragedia en el penal bonaerense de Magdalena, donde murieron 33 presos a causa de un incendio. Es más, por estos días se cuestiona la flexibilidad en el sistema de excarcelaciones, otorgadas -incluso- a reclusos condenados por gravísimos delitos.

Contra las cárceles privadas
Esta situación de sobrepoblación penal y obsolescencia de las infraestructuras carcelarias de Centro y Sudamérica, según el Ilanud abrió las puertas para la aparición de empresarios que ofrecieron en distintos países de la región -en Argentina lo hicieron en Mendoza-, iniciar un proceso de privatización de las cárceles.

“Les advierto que las experiencias fueron muy negativas” aseguró Carranza, quien explicó que en el sistema privado de cárceles “priorizan la tecnología sobre el personal penitenciario, son tres veces más costosas que las cárceles estatales e impiden el desarrollo del sistema penitenciario en forma global” opinó.

“En Costa Rica ofrecieron construir una penitenciaria para 1.200 presos por 73 millones de dólares, a un costo diario de de 37 dólares por cada detenido, cuando en una cárcel estatal asciende a 9 dólares diarios en el mismo país”, detalló Carranza.

En Estados Unidos, el 8 % de las unidades carcelarias son privadas, tendencia que llegó a Chile, donde actualmente funcionan 6 penales de este tipo y tienen previsto construir 4 más.
Para el Ilanud, la privatización de las penitenciarias “es un mal negocio para el Estado”.

Luego Carranza insistió en la necesidad de respetar el precepto constitucional de cárceles “sanas y limpias” “El castigo -argumentó- es la privación de la libertad ambulatoria, y a ese derecho coartado no hay que agravarlo”.

Según distintos especialistas, las penitenciarías cumplen el objetivo de inflingir una sanción por el daño ocasionado, disuadir a las personas para que no delincan, readaptar a los delincuentes en su estadía en la prisión y socializarlos.

Desde las Naciones Unidas sugieren que los servicios penitenciarios deben ser respetuosos de los derechos y deberes de los detenidos: “Si ampliamos las ofertas educacionales, laborales y de relación familiar de los internos, aumentan las posibilidades de que no reincidan en el delito una vez liberados”, argumentó Carranza.

También propuso que el personal penitenciario “trate con dignidad” a los reclusos, “aunque a veces resulte difícil por sus actitudes irrespetuosas. Ese es el momento de poner la otra mejilla, ya que la experiencia demuestra que si quien ostenta el poder actúa con dignidad, recibirá el mismo trato”.

Basado en su opinión, no compartida por muchos estudiosos de la problemática carcelaria, de que existe una directa relación existente entre inequidad en la distribución de los ingresos y delito, el especialista formuló un pronóstico nada alentador.

Por los informes de la FAO, la CEPAL y el Banco Mundial, la crisis de los alimentos y del petróleo causada por la apertura del mercado en China hará que en los próximos 15 años aumenten la pobreza y con ello los índices de delincuencia, advirtió.

Foto: vista de comedor de detenidos en una cárcel privada de EEUU, cuyo sistema es cuestionado por el ILANUD

Anuncian en España "la primera cárcel de mujeres con criterio de género". En Argentina ya funciona.

2008-09-02T10:10:00.000-03:00

A un costo cercano a los 160 millones de dólares España anunció la construcción del Centro Penitenciario de Mujeres de Cataluña que, a levantarse en Sant Llorenç d'Hortons, Barcelona, sería “la primera prisión” que se erigirá contemplando "criterios de género"., según informó la Consejería de Justicia.

La nueva prisión para quinientas detenidas estaría habilitada en el segundo semestre de 2011, según informó la Consejería de Justicia de esa provincia española, y se ha diseñado incorporando “una unidad de madres” para internas con hijos menores de tres años alejada del predio penal que alojará al resto de las reclusas.

La “unidad de madres” se construirá “suprimiendo elementos propios del entorno penitenciario”, aseguraron las voces oficiales.

Como novedad un sector de esta cárcel estará destinada a internas beneficiadas con visitas de sus parejas e hijos durante 48 horas, en un régimen especial de visitas que, también según la Consejeria de Justicia catalana, ha mostrado buenos resultados en programas desarrolladas en prisiones de otros países de Europa.

Excepto este particular régimen, el resto de las prestaciones ya se da en la Argentina en el “Centro Federal de Detención de Mujeres” de Ezeiza, unidad 31 del Servicio Penitenciario Federal(SPF), donde los pabellones de madres son pioneros en ser pensados con "criterios de género, en toda Centro y Sudamérica y, por lo visto, en muchos países de Europa. ¿Estados Unidos?

La unidad 31 del SPF, inaugurada en la tan vilipendiada década del ´90, fue y es considerada “modelo” en su género: prácticamente sin rejas, las detenidas están alojadas en celdas individuales con vista al parquizado y los pabellones de madres se encuentran separados del resto de los sectores del predio penal. Cuenta además con un jardín de infantes para los menores de hasta cuatro años que acompañan a sus madres en la prisión, que sería envidiado por muchas municipalidades de esta región del mundo. No es poco.

100 millones de euros
La construcción del Centro Penitenciario de Mujeres de Cataluña costará 99,6 millones de euros -unos 160 millones de dólares- se informó oficialmente y sus obras comenzarán en el primer semestre de 2009, incorporadas al Plan de Equipamiento Penitenciario que contempla crear 6.500 plazas carcelarias para afrontar el crecimiento de la población penal y mejorar la antigua infraestructura de las prisiones.

Las internas actualmente alojadas en el Centro Penitenciario de Mujeres de Barcelona serán trasladadas entonces a la nueva cárcel, dividida en seis módulos que alojarán a quinientas detenidas.

En cuatro de esos módulos las prisioneras tendrán un régimen “más autónomo y un tratamiento más personalizado destinado a prepararlas para la libertad” dijeron los voceros oficiales.
El edificio, de casi 51 mil metros cuadrados sobre una superficie total de 165 mil, tendrá espacios para las actividades educativas, sanitarias, culturales, deportivas y laborales de acuerdo a lo que contempla el proyecto.

La consejera de Justicia, Montserrat Tura, ya visitó los terrenos donde se edificará la prisión acompañada por el alcalde del lugar, Carles Baiget, y otros funcionarios con responsabilidades en el sistema penitenciario español.

Foto (Noticias Penitenciarias): jardín de infantes de la Unidad 31 del SPF

Oficial: España subsidia a compatriotas presos para coimear en cárceles sudamericanas

2008-08-26T12:22:00.000-03:00

Cada español preso en una cárcel de Sudamérica, recibe del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero una ayuda de 100 a 200 euros mensuales -200 euros, más de 300 dólares en Argentina- para "gastos básicos" durante su estada en prisión.

La cantidad equivale en muchos países sudamericanos a más del salario mínimo de la clase trabajadora, pero los familiares de los reclusos llegan a asegurar que no es suficiente.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de España reconoció la ayuda económica que, aprobada oficialmente en el año 2000, busca brindar mejores condiciones de vida a los presos españoles en las cárceles sudamericanas. Pero, con triste ribete para los sistemas penitenciarios de nuestra región, el reconocimiento del gobierno español se sincera hasta decir que esos recursos son utilizados por los presos para pagar coimas a los guardiacárceles.

Fuentes diplomáticas informaron que cada detenido en una cárcel sudamericana es visitado por funcionarios consulares, para concretar la entrega del dinero a sus connacionales alojados en las unidades de detención. "Somos conscientes de que los reos deben pagar por todo en estas cárceles, desde por un sitio seguro donde dormir hasta por la comida", se admitió en el Ministerio de Relaciones Exteriores ibérico.

La información de la Cancillería española evitó mencionar a los sistemas penitenciarios de qué países se refiere y con esto abre un abanico de dudas sobre la actitud de otras naciones avanzadas sobre la problemática de sus connacionales encarcelados en Sudamérica.

En la actualidad en las cárceles de Sudamérica son alojados unos 810 españoles, en una situación "vulnerable" a, lo que se denuncia, como las mafias que controlan las prisiones.

La catarata de afirmaciones sobre esta realidad por voceros de organizaciones que se titulan defensoras de los derechos humanos comienzan con lo dichos por Humberto Prado, coordinador del Observatorio Latinoamericano de Prisiones (OLP): los reclusos que encabezan las mafias para controlar áreas de la cárcel, en connivencia con los propios funcionarios penitenciarios, "cobran un peaje" a los presos españoles, explicó.

Es decir, estos deben pagar un monto cada mes para evitar traslados a otros centros más peligrosos o asegurarse de que no les maten. "La ley de las mafias es clara: o pagas o te decapitan", aseguró el vocero aunque también sin enumerar los sistemas penitenciarios de los países involucrados.

Oferta y demanda
El coordinador de OLP explica que esta situación se produce porque en muchos países sudamericanos el sistema penitenciario está corrompido y a eso se suma "la falta de personal calificado y la desidia de los funcionarios contribuyen a que se aplique la ley del más fuerte y se cree un mercado negro donde todo tiene un precio".

Este mercado carcelario está dominado por los jefes mafiosos de los pabellones de las cárceles. Son los responsables de cobrar por los "derechos básicos" dentro del penal: desde la protección física hasta el espacio para dormir y la compra de cigarrillos u otros elementos de uso e incluso de defensa.

Familiares de internos españoles denuncian que el momento más crítico es al ingresar por primera vez en prisión: una vez que los identifican como europeos, los líderes entre los presos saben que pueden obtener un buen ingreso en pago de la protección.

Por ejemplo, en las cárceles peruanas, en las que reside el mayor número de presos españoles -casi 200-, los reos pagan para ser enviados a un área llamada pabellón especial. Este espacio no tiene mejores condiciones que la del resto de los alojamientos pero sí una diferencia: "los funcionarios y los presos reciben dinero para que nada violento ocurra en esta zona". "Este pabellón es el más limpio y tranquilo de la cárcel", afirmó Juan Iriarte, coordinador de la ONG peruana Derechos Humanos y Penitenciarios.

"Ser español en una cárcel de Sudamérica tiene un plus importante para el resto de los reos. El nivel de extorsión es tan alto que muchos presos tienen que pedir grandes sumas de dinero a sus familiares para pagarlo" dijo por su parte Eva Soriano, coordinadora del Programa Presos en el Extranjero, una ONG española dedicada a atender a los reclusos españoles y sus familiares.

Soriano asegura que este sistema de extorsión motiva que muchos internos asuman deudas que ponen en peligro su traslado a cárceles españolas. "Un preso que debe a los funcionarios o a otros presos mucho dinero no puede ser trasladado, ya que eso supone su muerte tan pronto como la noticia llega a los que les debe dinero", puntualizó.

Droga
Un factor que por supuesto complica mucho más es la drogodependencia de un preso. Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de España, en el 2008, el 77% de los detenidos en el extranjero estaban acusados de tráfico o consumo de estupefacientes. "Cuando un recluso debe pagar para que no lo maten ni ser trasladado, y además debe comprar droga para consumir, la deuda llega a ser tan alta que le es imposible cancelarla" sostiene Soriano, quien recomienda a los familiares que no envíen grandes sumas de dinero a los reos, porque eso puede empeorar la situación.

Un madrileño de 29 años que lleva tres años detenido en la cárcel venezolana de El Rodeo por tráfico de drogas, dijo que su estada en esa prisión: "es un verdadero infierno". Cuenta que, apenas llegó a la cárcel, dos funcionarios le dieron la bienvenida con palos de madera y le explicaron cada regla carcelaria acompañada de un golpe en el cuerpo. Mientras tanto el resto de los reclusos se paseaban por el patio central, aceptando como un hecho corriente esa escena.

"Al pasar algunas horas -agregó el detenido- le pedí a un custodio que permitiera llamar a mi familia. Sin dinero, le dejé mis zapatillas y un reloj. Cuando pude hablar con ellos, lo primero que supliqué a mis allegados fue que me enviaran dinero con urgencia, porque de lo contrario me matarían".

Con ese dinero compró el derecho a una colchoneta en uno de los pabellones más seguros de la cárcel, aunque todavía tuvo que esperar seis meses para ser aceptado por el resto de los internos de la prisión.

Foto: fachada de la cárcel de Zuera en Zaragoza

Oleada de ejecuciones por inyección letal en EE.UU.

2008-08-20T19:58:00.000-03:00

Michael Rodríguez, un homosexual que sufrió abusos de niño, participó de una fuga carcelaria de gran repercusión y fue condenado a muerte por el asesinato de un policía, es el próximo reo en la lista de ejecuciones del penal texano de Huntsville, donde recibirá una inyección letal mañana.

Rodríguez, que nació en la ciudad tejana de Béjar hace 45 años, planteó extrañamente una batalla legal de más de un año hasta que logró, en noviembre de 2007, que se lo considerara mentalmente apto para comprender sus acciones y en consecuencia se aceptara su petición de suspender todas las apelaciones a su condena a la pena de muerte.

Esta ejecución integra la oleada de ajusticiamientos que tienen como escenario la cárcel de Huntsville, dudosamente famosa por contar con una concurrida sala de ejecuciones por inyección letal. La inyección se compone de tres sustancias que en primer lugar adormecen al reo, luego paralizan su respiración y finalmente su corazón.

Aquí también fueron ejecutados la semana pasada el mexicano Jose Medellín y el hondureño Heliberto Chi, en ambos casos, y al contrario de Rodríguez, después de haber recurrido sin éxito a todos las apelaciones legales previstas para cambiar una condena de muerte.

Michael Rodríguez es uno de los presos conocidos como “los siete de Texas”, que alcanzaron notoriedad por su fuga de la prisión de máxima seguridad Connally, en el sur de ese estado, en 2000.

Cuando se fugó cumplía una condena a cadena perpetua por haber contratado un sicario para que matara a su esposa Teresa, de 29 años, con la pretensión de cobrar un seguro de 250,000 dólares. En este delito, que acabó con la vida de Theresa, participó también su hermano, Mark Rodríguez, también condenado a cadena perpetua en 1995.

Sin embargo, Michael Rodríguez será ejecutado el jueves por la muerte del agente de policía Aubrey Hawkings, quien se enfrentó a “los siete de Texas” cuando después de la fuga de la cárcel éstos intentaron robar un comercio para hacerse con armas y dinero. Los asaltantes dispararon al policía en la cabeza y, no conformes con esa agresión, se subieron a un vehículo y pasaron por encima del agente. Rodríguez fue recapturado junto a otros integrantes del grupo en 2001.

Desde que en 1976 el Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos restableció la pena de muerte han ocurrido 1.115 ejecuciones en los 38 estados que aplican ese castigo.

California encabeza la lista de condenados a la espera de ejecución con 669, seguido por Florida con 388, Texas con 370, Pensilvania 227 y Alabama con 201.

Sin embargo, Texas es el estado en el cual se han llevado a cabo más ejecuciones en este último tiempo con 410, seguido por Virginia con 102 y Oklahoma con 87.

Foto: presos trabajando frente a pabellones de la prisión texana de Huntsville.

La no memoria del gulag ruso, después de 18 millones de presos políticos

2008-08-11T19:28:00.000-03:00

“Si las cárceles de Rusia siguen pareciéndose a las de la era de Stalin, si los tribunales y las investigaciones criminales de Rusia son una farsa, ello se debe en parte a que a los jueces, los políticos y la elite empresaria de Rusia no les preocupa el pasado”.

Anne Applebaum, quien escribió lo anterior, es cronista del diario “The New York Time Sindicate” y visitó lo que hoy queda del gulag: los campos de trabajo forzados en Rusia por donde pasaron dieciocho millones de presos políticos según estima la periodista. Los mismos campos que denunció el escritor Alexander Solyenitzin. El relato que hace Applebaum sobre lo que deja ver la actualidad del gulag es estremecedor y, según la cronista, saludablemente olvidado por el pueblo ruso. Ese estremecimiento decidió a “Prisiones y Penas” a trasladar a sus lectores la nota periodística que el domingo último rescató el diario “Clarín” de Buenos Aires:

“Los contornos del campo de concentración aún son visibles desde lo alto del campanario del viejo monasterio Solovetsky, en el norte de Rusia. Subí un día luminoso y pude ver más allá del muro de ladrillos que rodeaba las construcciones del monasterio del siglo XV que alguna vez albergaron la administración del campo principal. Al norte era posible discernir la vaga forma de la iglesia de la cima de la colina cuyos sótanos contenían las celdas de castigo del campo.

Más allá de las colinas y los muelles se extienden el Mar Blanco y las otras islas de la cadena Solovetsky: Bolshaya Muksulmana, donde los prisioneros criaban zorros para obtener pieles; Anzer, donde había campos especiales para inválidos, mujeres con bebés y ex monjes; Zayatskie Ostrov, el campo de castigo para mujeres.

No fue casual que el escritor ruso Alexander Solyenitzin decidiera dar a su historia del sistema de campos soviético el título de "Archipiélago Gulag". Después de todo, Solovetsky, el primer campo soviético pensado específicamente para presos políticos, era un verdadero archipiélago.
Solovetsky fue también el modelo de lo que luego se llamó el gulag. Si bien Lenin y Trotsky empezaron a crear campos para presos políticos ya en 1918, fue en Solovetsky donde el campo de concentración se mecanizó y rediseñó, y fue ahí donde la policía secreta soviética empezó a usar en beneficio del Estado el trabajo de los prisioneros.

El Estado estaba orgulloso de ello: en un artículo de 1945, un alto funcionario de la NKVD -la policía secreta soviética- se jactaba de que el "trabajo forzado como método de reeducación" había comenzado en Solovetsky en 1926.

Por lo menos parte de la explicación de cómo y por qué Solovetsky se convirtió en el primer campo del gulag se relaciona con la personalidad de Naftaly Aronovitch Frenkel, cuya tarjeta de prisionero informaba que había nacido en 1883 en Haifa. En 1923 las autoridades lo detuvieron por "atravesar las fronteras de forma ilegal" y lo condenaron a diez años de trabajos forzados en Solovestsky.

Según cuenta la leyenda, al llegar al campo le sorprendió tanto la mala organización del mismo que escribió una carta en la que describía con exactitud cuáles eran los problemas de todas las industrias del campo, entre ellas el trabajo en los bosques, las tareas agrícolas y la fabricación de ladrillos. Se dice que un administrador le mandó la carta a Stalin, que convocó a Frenkel a Moscú.

Sabemos que Frenkel intentó que el campo fuera rentable mediante el establecimiento del sistema de pautas de trabajo y racionamiento de alimentos, que asignaba a los prisioneros diferentes cantidades de comida según el trabajo que hubieran terminado. En la práctica, el sistema dividió a los prisioneros en aquellos que sobrevivirían y los que no lo lograrían.

Frenkel mandaba a los prisioneros a construir carreteras y cortar árboles. En cuestión de unos años, los prisioneros de Solovetsky trabajaban en toda la región. Stalin abrazó ese progreso con gran entusiasmo y propició la expansión del sistema de campos incluso cuando ya era evidente para todos que el mismo no sólo era cruel sino antieconómico. Impuso la realización de proyectos imposibles -vías férreas a través de la tundra, túneles a la isla de Sajalin-, muchos de los cuales nunca se terminaron. Mandaba a sus "enemigos" a los campos y rechazaba personalmente sus pedidos de clemencia, a menudo con la frase: "que sigan trabajando".

Más de ochenta años después, sabemos cuál fue el verdadero costo del sistema de campos. Entre 1926 y 1953, el año en que Stalin murió, pasaron por el sistema del gulag unos dieciocho millones de prisioneros. Otros seis o siete millones fueron deportados a aldeas de exilio en el extremo norte. Millones enfermaron; millones murieron. Los campos contribuyeron a generar el miedo y la paranoia que caracterizaron la vida en la URSS y distorsionaron la economía soviética al concentrar gente e industrias en el norte helado e inhabitable. Los campos desempeñaron un papel aterrador ¿pero por qué el legado del gulag es algo de lo cual los rusos hablan tan poco?

En Rusia hay algunos monumentos en memoria de las víctimas del gulag, pero no hay ningún monumento nacional ni lugar alguno donde llorarlas. Peor aún, casi veinte años después de la desintegración de la Unión Soviética, no hay ningún debate.

No es difícil imaginar las razones. En Rusia, el recuerdo de los campos se confunde con la presencia de muchas otras atrocidades: la guerra, el hambre y la colectivización. A menudo me preguntan: "¿Por qué los sobrevivientes de los campos deberían recibir un trato especial?"

Mucho más significativo es el hecho de que quienes gobiernan Rusia en la actualidad son ex oficiales de la KGB, los herederos directos de los administradores del gulag. De hecho, el ex presidente y ahora primer ministro Vladimir Putin suele calificarse de "chekista", utilizando el nombre de la famosa policía política de Lenin, la antecesora de la KGB.

La tragedia es que esa incapacidad de enfrentar el pasado afecta la formación de la sociedad civil rusa y el imperio de la ley. Después de todo, los amos del gulag conservaron sus dachas y sus abultadas pensiones, mientras que sus víctimas siguieron en la pobreza y la marginación. Ahora la mayor parte de los rusos considera que cuanto más se colaboró en el pasado, más inteligente se fue. Por analogía, cuanto más se engaña y se miente, más inteligente se es.

En lo profundo, parte de la ideología del gulag también sobrevive en el desprecio arrogante de la nueva elite rusa por los pobres y la clase media. A menos que los ricos aprendan a respetar los derechos civiles y humanos de sus conciudadanos, Rusia está destinada a seguir siendo una tierra de campesinos empobrecidos y políticos multimillonarios, hombres que tienen su dinero a buen recaudo en bancos suizos y sus aviones privados en la pista y con los motores encendidos.

La incapacidad de recordar también tiene consecuencias más concretas. Puede decirse, por ejemplo, que el fracaso de Rusia en lo que respecta a analizar el pasado de forma adecuada también explica la insensibilidad de los rusos a determinados tipos de censura y a la persistente presencia de la policía secreta, que ahora se llama FSB. La mayoría de los rusos no se muestra demasiado molesta ante la posibilidad de que la FSB intervenga teléfonos y entre en residencias privadas sin una orden judicial. Tampoco les molesta mucho el horror de su sistema penal. En 1998 visité la cárcel central de la ciudad de Arjangelsk, que fue una vez una de las capitales del gulag. La cárcel, que se remontaba a tiempos anteriores a Stalin, casi no parecía haber cambiado.

Las celdas no tenían aire, la higiene era primitiva y reinaba el hacinamiento. El director de la cárcel se encogió de hombros. Todo se reducía al dinero, dijo: los pasillos eran oscuros porque la electricidad era cara; pasaban semanas antes de que se procesara a los presos porque los jueces estaban mal pagos. No me convenció. Si las cárceles de Rusia siguen pareciéndose a las de la era de Stalin, si los tribunales y las investigaciones criminales de Rusia son una farsa, ello se debe en parte a que a los jueces, los políticos y la elite empresaria de Rusia no les preocupa el pasado.

Pero la verdad es que en la Rusia actual son muy pocos los que sienten que el pasado es una carga o una obligación. El pasado es un mal sueño que debe olvidarse. Aguarda a la próxima generación.

Fotografía: una de las pocas y lavadas postales de la época del gulag; un traslado de prisioneros (diario "Clarín")

Argentina, cárceles: Cristina criticó sin proponer. Buen informe de la ONU

2008-08-05T19:02:00.000-03:00

La presidente, Cristina Fernández de Kirchner, se mostró “impresionada” porque la cifra de detenidos sin condena alcanza al 70% de los alojados en unidades del (SPF) -en las provincias se está igual y peor- y consideró que el retardo de la justicia es un “tema que golpea muy duramente en otro tema de la salud, la psíquica” del encarcelado preventivamente, al sumar al encierro la incertidumbre sobre su futuro.

La presidente criticó así los tiempos excesivos de la Justicia, pero tampoco refirió que existan proyectos para mejorar esta anacrónica realidad. Entre otras cosas, la agudización de este escenario impide que ese 70% de los presos, es decir más de las dos terceras partes del total, pueda recibir el tratamiento penitenciario de resocialización al que están sujetos por ley los condenados.

El tema es gravísimo para la sociedad y cada vez más acuciante para sus integrantes que sufren la inseguridad en carne propia, mientras el penitenciarismo bien entendido ve drásticamente recortada las posibilidades de optimizar su función social de readaptación del delincuente.

La presidente rechazó además la “situación que yo llamo de doble justicia y pasa en todos los países del mundo, donde se pena más robar una gallina que vender el patrimonio nacional”, aunque no planteó una alternativa superadora de esa situación que puede empezar a corregirse enviando al Congreso Nacional proyectos de legislación que comiencen a recortar la impunidad a influyentes y poderosos.

En otro tramo de la alocución que brindó al presidir la firma de un convenio entre los ministerios de Justicia y de Salud para promover programas de prevención y atención de la salud a los detenidos, la presidente enfatizó que “la exclusión social” tiene una “directa vinculación con la pobreza” de cuyas franjas son principalmente originarios los presos y ponderó como “un problema de la humanidad” las altas cifras de “gente de color e inmigrantes” encarcelados, incluso en los países más avanzados. Cristina Kirchner no aclaró que, si bien las cifras de encarcelamiento aumentan en épocas de crisis, ésto no es lo penitenciariamente sustancial ya que ser pobre está lejos de ser un sinónimo de ser delincuente.

Por su parte el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, en el mismo acto fue quien informó que el sistema federal aloja un 70% de procesados del total de la población penal y certeramente subrayó que eso “limita terriblemente de avanzar con las acciones que uno pretende llevar a cabo” en cuanto a tratamientos penitenciarios de resocialización y de atención de la salud como antes se citó.

El funcionario luego reafirmó otra definición sobre la cuestión delictual al instar a “no meter presos a los perejiles” que consumen drogas y lo fundamentó con contundencia al reafirmar que “este gobierno tiene la vocación de despenalizar la tenencia -de drogas-para consumo”. Añadió enseguida Fernández que desde el Poder Ejecutivo “no alentamos que se consuma”, sino que deben buscarse mecanismos de prevención de las adicciones puntualizó.

El ministro se refirió luego a la necesidad de “monitorear en conjunto los dos ministerios -la continuidad- de los tratamientos de los presos cuando éstos recuperan su libertad” lo que, de acuerdo a la intención oficial, se extendería a la atención de sus familias. El propósito es destacable en cuanto a sus fines, aunque de relativa efectividad: no muchos de los liberados permanecen en domicilios fijos e informados a la autoridad de aplicación como para posibilitar el monitoreo de los tratamientos que iniciaron en la prisión.

Sí, en cambio, reconfortó otro tema tocado por Fernández en su discurso. Se preocupó por destacar el “orgullo que significa el haber recibido un dictamen tan favorable de Naciones Unidas sobre el funcionamiento de las unidades penitenciarias federales” visitadas en los últimos días por dos enviadas del organismo internacional. “No significa que están las cosas bien, significa que por lo menos el camino emprendido es acertado” opinó el ministro.

Las enviadas de la Oficina contra la Droga y el Delito de la Organización de Naciones Unidas (ONU) con asiento en Viena, opinaron que la asistencia y el tratamiento del VIH Sida y la drogadicción en las cárceles federales es “correcto y superior al medio libre”, en su informe preliminar producido tras recorrer los establecimientos. No es poco.

Fabianne Hariga (belga experta en VIH) y Elizabeth Sáenz (venezolana investigadora en adicciones) dijeron que los tratamientos del SIDA brindados en los establecimientos de detención dependientes del Servicio Penitenciario Federal(SPF) “se respetan los protocolos internacionales” después de visitar, entre el 21 y el 25 de julio, las unidades 20 (varones) y 27 (mujeres) que alojan detenidos con trastornos graves de la personalidad; 21, de atención a internos con patologías infectocontagiosas agudas -incluye VIH Sida-); y los Centros de Rehabilitación de Drogadependientes y de atención de la salud de los complejos Federal de Jóvenes-Adultos de Marcos Paz; Penitenciario Federal I de Ezeiza y Unidad 3 para mujeres también de Ezeiza.

Agregaron que deberían realizarse evaluaciones que midan los resultados de los programas de atención de ambas patologías en prisión y producir estadísticas sobre diagnósticos y eficacia de los tratamientos para definir políticas asociadas a estas problemáticas.

Las especialistas fueron enviadas por la Oficina contra la Droga y el Delito en respuesta al pedido de “colaboración y asistencia técnica” formuladas conuntamente por las autoridades y especialistas del Ministerio de Justicia y el SPF.

En otros segmentos del informe preliminar -la ONU remitirá luego el informe final-, las especialistas consideraron “insuficientes” las posibilidades carcelarias de prevención de promoción de la salud con la actual infraestructura de personal y medios.

Finalmente puntualizaron que no existe “una articulación del seguimiento a los liberados” afectados por adicciones y/o drogadependencias, lo que sí se da en países avanzados como España y Suiza por ejemplo. La distancia entre los escenarios penitenciarios Sudamericanos y esos países es abismal.

No obstante, el dictámen preliminar de Hariga y Sáenz instala al SPF y al sistema penitenciario federal en un lugar que afortunadamente todavía no ha perdido: es el referente a imitar para Centro y Sudamérica.

Foto (Presidencia de la Nación): La presidente rodeada de médicos del SPF a los que agradeció su tarea y vocación al presidir firma del convenio para promover los programas de salud para los detenidos.

Ministro Fernández: el respeto a los presos es intocable mientras se jerarquiza al SPF

2008-07-28T11:54:00.000-03:00

El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos argentino, Aníbal Fernández, advirtió a las fuerzas de seguridad que “el respeto por la población carcelaria es intocable” como lineamiento central del trato y tratamiento a los presos, al tiempo que se comprometió a trabajar por “el reconocimiento y rejerarquización del Servicio Penitenciario Federal(SPF).

El su discurso, con tramos categóricos, el ministro apeló a todo su oficio para buscar un equilibrio entre las demandas a las fuerzas de seguridad respecto del trato a los detenidos y el reconocimiento a la labor de las instituciones en una misión de antemano imposible de realizar: el gobierno no puede justificar el pago de más del 60% (sí, más del sesenta por ciento) de los sueldos a los uniformados virtualmente liquidados en negro.

Si bien Fernández se ha comprometido con las fuerzas desde el comienzo de su gestión en diciembre a eliminar el perverso decreto que impone este calamitoso estado de cosas desde hace más de diez años, hasta el momento los hechos no han mostrado cambios. Esta situación, heredada pero no modificada durante los últimos cinco años, impide cualquier buena intención de equilibrar exigencias con reconocimientos. Por otra parte, y no puede obviarse el comentario, este estado de cosas repercute sobre toda la población del país que debe pagar con sus impuestos los miles de juicios que cada año van contra el Estado por esta forma de liquidar los sueldos.

De todas formas Aníbal Fernández, dijo lo que quería decir sin dar lugar a malas interpretaciones y para ser escuchado por el auditorio indicado avisó a los jefes de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía Federal -las fuerzas argentinas con poder de policía para detener personas- que debían estar presentes en el acto central de celebración del “Día del Servicio Penitenciario Federal”, la institución que gestiona las cárceles nacionales argentinas.

Con esos oídos el funcionario recalcó que los dos objetivos principales de su gestión exigen a las fuerzas policiales y penitenciarias “el respeto por la población carcelaria en el que no hay resquicio para volver atrás y la rejerarquización del Servicio Penitenciario Federal”.

Fernández se preocupó por ser reiterativo al señalar que “el respeto a la persona debe ser intocable; vuelvo a repetir es intocable; ninguna de las fuerzas de seguridad ni el Servicio Penitenciario, podrá pasar por alto esta sentencia” referida al trato de detenidos. “No es una concesión que las fuerzas le hacen a la comunidad; es intrínseco a las fuerzas el respeto al ser humano, al prójimo, que debemos comprender y aprender todos los días” enfatizó Fernández.

Mejorar al SPF
Por otra parte, y en la búsqueda del equilibrio retórico antes citado “una de las responsabilidades que nos hemos autoimpuesto es la de poner en el mejor nivel, jerarquizar, al Servicio Penitenciario, para que esté a la altura de las fuerzas de seguridad que conforman este ministerio.

El funcionario opinó que “quizá la falta de propuestas, de interés, la anomia, la desidia, el desconocimiento, han hecho que no se haya prestado la debida atención para llevar” a la institución al nivel de funcionamiento que se pretende.

Anticipó que “para eso hay que tomar muchas medidas; muchas decisiones que permitan que se aporten elementos modernos, responsables, que separen al personal del interno, que garanticen que las cosas funcionen como corresponde. Una de estas frases, donde dijo que entre las medidas a tomar están las “que separen al personal del interno” encierra un dato que conmovió al ministro de Justicia y Seguridad cuando recorrió al Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza, habilitado hace diez años: la falta de seguridad que sufre el personal por las carencias técnicas y en otros casos la falta de presupuesto para mantenimiento, que afectan al bagaje técnico del que se dotó a ese gigantesco complejo de detención.

Advirtió que “la población carcelaria privada de la libertad, no está privada de sus derechos y nosotros trabajamos para que esos derechos se puedan ejercer, todos ellos”, tras lo que detalló las acciones emprendidas para aumentar la atención de la salud de los internos, su educación y las posibilidades de trabajo carcelario.

Al continuar con su alocución Fernández señaló que “la rejerarquización del Servicio Penitenciario, es un deber que nos hemos impuesto todos y espero que cada uno de ustedes aporten para que todo eso se cumpla; cuando se cumpla es porque nuestros profesionales estarán preparados al mejor nivel, los sistemas funcionando al mejor nivel, los elementos técnicos necesarios -provistos- y la población carcelaria ejerciendo todos sus derechos” repitió el funcionario.

Al atender la situación del SPF el ministro afirmó que “está en marcha la compra de uniformes; el cambio de reglamento; se sancionó un nuevo llamado a la junta de calificaciones para igualarla a la de todas las fuerzas; está en marcha la solución de los conflictos técnicos en cada uno de los establecimientos; el desarrollo de software para controles de todo tipo y la capacitación de nuestro personal”.

Luego Fernández suplicó que en las próximas ceremonias los minutos de silencio para recordar a los caídos en cumplimiento del deber “sea solamente por el pasado; sólo por aquellos que les ha tocado perder la vida en el pasado. Ojalá, ruego a Dios que así sea y ojalá podamos conquistar eso” dijo.

Finalmente el titular de la cartera de Justicia reafirmó sus dichos al señalar que “nuestra política carcelaria deberá ser reconocida como tal, deberá ser respetada como tal y nunca más tiene que haber un dedo índice sobre ella”.

Excelente esta síntesis final de Aníbal Fernández, que deberá preocuparse por no pocas cosas para jerarquizar la actividad penitenciaria nacional con ese alcance deseable. Por ahora eso se espera.

Foto "Noticias Penitenciarias": el director nacional del SPF, Alejandro Marambio, entrega el premio “Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal” al ayudante de tercera Maximiliano de la Rosa, de la Unidad 28 -alcaidía del Palacio de Tribunales-, por su acto de arrojo con el que evitó el intento de suicidio de un detenido.

Europa: crecen las voces penitenciarias que reclaman alternativas a la prisión

2008-07-21T19:26:00.000-03:00

Directores penitenciarios de seis países de Europa plantearon abrir un debate social para discutir el alcance del uso de la cárcel, como respuesta a los problemas de masificación de la población penal y a las dificultades que la prisión enfrenta para cumplir con su misión social de reinsertar a los delincuentes. Asimismo reclamaron a la sociedad un mayor “respeto” por la profesión penitenciaria.

“Europa se tiene que plantear que la población reclusa no puede crecer indefinidamente” señaló a la agencia internacional española EFE la directora general de Instituciones Penitenciarias de España, Mercedes Gallizo, tras participar en París de una reunión con sus pares de Francia, Italia, Reino Unido, Bélgica y Holanda que se desarrolló en los primeros días de este mes.

Por su parte el director de la Administración Penitenciaria de Francia, Claude Harcourt, planteó que “se necesita la madurez de la sociedad” para recortar el aumento continuo de la población penal y, como anfitrión, contó que hubo también unanimidad en “una exigencia de respeto” por parte de la sociedad hacia el personal penitenciario.

La española Gallizo insistió al término de la conferencia, en que “el incremento de la población reclusa no se corresponde con un aumento de la delincuencia”, o al menos de la más grave, sino que responde sobre todo a una presión social para castigar más a los autores de delitos con penas de cárcel más prolongada.

A pesar del cargo que ocupa, la máxima jerarquía penitenciaria española, concedió que “la cárcel no es necesariamente lo más conveniente para todos los delitos” y consideró que “la prisión se ha convertido en un recurso asistencial más”, cuando habría que utilizar otras estructuras preparadas para atender con especificidad a detenidos con “problemas mentales o drogadictos”.

“A veces entrar en la cárcel es convertir a una persona que ha cometido un delito en un delincuente” advirtió sorprendentemente Gallizo, quien agregó que “nos preocupa que se piense que la solución para luchar con la delincuencia son más penas”.

De esta manera la Directora General de Instituciones Penitenciarias española, junto al panel de especialistas que deliberó en París, se asociaron a las ideas más renovadoras que tratan la problemática de la cárcel, al cuestionar a la institución penitenciaria su eficacia resocializadora, sus condiciones de hacinamiento; la carencia de medios y vocación para atender a enfermos y drogadictos y hasta el riesgo de transformar a pequeños delincuentes en grandes criminales.

El reconocimiento de este último punto por parte de un funcionario con la investidura de Gallizo sorprende, porque oficialmente coloca en una crisis de identidad a la misión de la institución carcelaria.

A su turno el director de la Administración Penitenciaria de Francia, Claude Harcourt, pidió apelar a “la madurez de la sociedad” para desacelerar el aumento ininterrumpido de la población penal y puntualizó que hubo también unanimidad en “una exigencia de respeto” por parte de la sociedad hacia el personal penitenciario.

Otra voz fue la del experto universitario inglés, Andrew Coyle, quien puso el acento en que la prisión “tiene un papel importante para proteger a la sociedad de los delincuentes peligrosos”, pero “no es su misión cuidar de enfermos mentales o de drogadictos”. Instó por otra parte a “abrir un debate” sobre la función social carcelaria.

El secretario de Servicios Penitenciarios de la Generalitat catalana, Albert Batlle, resumió el sentir de la conferencia de hoy en la “necesidad de luchar contra la masificación” y de dar “un toque de atención a nuestras sociedades” sobre esta problemática.

Batlle detalló que uno de los elementos particulares del sistema penitenciario catalán es que casi una cuarta parte los reclusos están en régimen abierto, nueve puntos porcentuales por encima de la media en el resto de las cárceles españolas.

La reunión de París, organizada en el marco del semestre de presidencia francesa de la Unión Europea, continuará con otro encuentro a fin de año o comienzos de 2009, donde se espera concretar alguna de las propuestas enunciadas.

Por lo pronto en esta reunión de París, abierto por la ministra francesa de Justicia, Rachida Dati, se acordaron tres iniciativas: que el Consejo de Europa cree un aparato estadístico común sobre la situación penitenciaria, una definición estandarizada de la capacidad operativa de las prisiones y la definición de buenas prácticas en la gestión de la detención.

Baronesa inglesa experta: "Latinoamérica no halla la forma de mantener vivos a sus presos"

2008-07-11T12:15:00.000-03:00

Vivien Stern no sólo posee el título nobiliario de baronesa en el Reino Unido, sino además tiene una banca en el Senado de su país e integra varias entidades académicas internacionales que abordan los temas penales y penitenciarios. Las cárceles, lo reconoce, son su obsesión, y estudia y trabaja para aliviar la situación penitenciaria proponiendo alternativas a la prisión para delitos leves. Hace poco visitó la Argentina y algunos de los establecimientos de detención más importantes.

Entrevistada en Buenos Aires por el periodista británico Andrew Graham-Yooll sobre la delicada problemática de la cárcel, Stern dió respuestas concretas y sorprendió al público de América latina, cuando sostuvo que "esta región no ha hallado la forma de mantener vivos a sus presos; no puede ser que el Estado quite la libertad a una persona para condenarla a muerte en una penitenciaría; no es aceptable" remató.

Aquí la entrevista:

¿Cómo se puede encarar una reforma penitenciaria cuando buena parte de la sociedad piensa que las cárceles son un basural donde las puertas deberían cerrarse y tirar las llaves?
Se debe usar nuestras cárceles para gente que es realmente peligrosa, cuyos crímenes son serios, o que han cometido crímenes que son tan inaceptables que hacen necesario dar un mensaje de advertencia. Pero no debemos usarlas cárceles para gente enferma mental o adicta o jóvenes, a quienes la cárcel los llevará de ser de pequeños criminales a grandes criminales, o para mujeres que han sido abusadas o sufrieron violencia y cuyos crímenes son en general no violentos. No debemos usar las cárceles para alojar ese tipo de gente porque es un tremendo desperdicio del dinero del contribuyente y si gastáramos el dinero de otra forma nos hallaríamos viviendo en una sociedad más segura. Este es el camino diferente.

¿Esto tiene que ver con la política?
Tiene que ver solamente con política. Comprendo lo difícil que es instalar políticas, pero puedo decir que hay partidos políticos, por ejemplo en Canadá, que en los últimos veinte años han mantenido estable y hasta disminuída la población carcelaria, mientras un poco al sur de ahí, en Estados Unidos, duplicaron la población de reclusos. Creo que hay abundante evidencia que no hay una conexión obvia entre tasas de crimen en una sociedad y números de presos. No se puede decir que en norteamérica toda esta gente está recluida porque existe un nivel tremendo de criminalidad. Canadá tiene menos gente en las cárceles y los niveles de criminalidad están bajo control. Se puede criticar muchas otras cosas de esas dos naciones, pero en este tema los datos son claros.

Su país es Inglaterra. ¿Qué situación existe ahí?
Algo cambió en el Reino Unido a mediados de los noventa. Cuando Margaret Thatcher llegó a primera ministro -mayo de 1979-, se la percibió como una política muy conservadora. Sin embargo la población penitenciaria se redujo. Las políticas carcelarias pasaron a ser más racionales. Thatcher estaba contra el despilfarro de dinero y no fue difícil para sus consejeros convencerla de no malgastar. Sus credenciales de derecha eran impecables y nadie la acusaría de ser blanda. Algunos le reclamaron que construyera muchas cárceles para llenarlas de gente. El costo era alto. El resultado fue que la población carcelaria llegó a ser algo así como la mitad de hoy bajo un gobierno laborista. Cuando el laborismo llegaba al gobierno, en varios países de Occidente los políticos descubrieron el potencial electoral de prometer “ley y orden”. Esa era una abreviación de “apelaremos al sentimiento punitivo de la gente prometiendo medidas duras contra los criminales”. Eso fue importado desde Estados Unidos a Inglaterra y ahora sus cárceles están llenas de enfermos, débiles mentales, los inadecuados y los jóvenes. El costo de mantener cárceles es grande y el público no está satisfecho con un sistema penitenciario lleno de gente que no debería estar encerrada.

¿Visitó cárceles en la Argentina?
Unicamente la cárcel de mujeres de Ezeiza. Pero mis colegas de la Universidad de Londres, que es mi base, y mi marido, que sí ha visitado penitenciarías en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y otros lugares, son mis fuentes. Entre todos tenemos un conocimiento amplio sobre la temática argentina.

En los ´90 se construyeron cárceles nuevas, pero el equipamiento en varios casos es poco feliz.
Hay que ver con dónde se buscaron los diseños. No es recomendable los diseños de Estados Unidos porque la filosofía ahí es abaratar: cuánta gente se puede meter en un pequeño lugar.
Además esas cárceles de EE.UU. tienen un aspecto horrendo que es no tener celdas al exterior con acceso de aire. Todas las celdas miran hacia un pasillo interno de rejas con una pequeña ventana con luz exterior en cada punta. Es un diseño poco feliz. Me parece lamentable. He visto cárceles en cuarenta o cincuenta países y suficientes diseños de prisiones como para saber qué es mejor y qué peor.

América latina, de punta a punta, tiene un serio problema en sus prisiones. Quizá mucho tenga que ver con historia, con economía y con cultura. Cada mañana que abro mi pantalla con información de todo el mundo, hasta tres veces por semana llega algún dato de América latina en que ha muerto un preso. Honduras, El Salvador, con frecuencia en Brasil, también en Argentina, y en toda la región. Hay un motín, un incendio, una toma de rehenes, una serie de muertes, dos y tres veces por semana. Eso es más que en el resto del mundo. Esta región no ha hallado la forma de mantener vivos a sus presos.

Hay otros aspectos del sistema carcelario que la región puede enseñar al mundo, en términos de humanidad, que son admirables y envidiables. Esto incluye las formas en que se mantiene el contacto con familias, formas que son muy superiores a las condiciones halladas en países anglosajones. Sin embargo, la violencia es la gran mancha en el sistema en América latina. Necesita ser tratada. No puede ser que el Estado le quite a una persona su libertad para condenarla a muerte dentro de la penitenciaría. No es aceptable.

Vivien Stern es titular de la comisión honoraria de reforma penal internacional, miembro de la Asociación del Centro Internacional de Estudios Penitenciarios de la Universidad de Londres, también presidente de una ONG, de nombre Penal Reform Internacional (PRI), que estudia formas de mejorar la Justicia penal y el sistema penitenciario en el mundo. Visitó Buenos Aires por tercera vez y lo central de su agenda aquí fue brindar una conferencia magistral con el ministro de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni. Llegó invitada por el British Council y la embajada británica para conversar con autoridades y expertos locales sobre el sistema penitenciario.

Uruguay inédito: presos eligen delegados formales para plantear requerimientos

2008-07-05T04:00:00.000-03:00

3.800 reclusos eligieron por votación sus representantes en las cárceles uruguayas de Comcar, Las Rosas, Colonia y La Tablada, un mecanismo que la ministro del Interior, Daisy Tourné, aprobó en febrero de este año.

Para el Comisionado, Álvaro Garcé, ese mecanismo cambiará la cultura "del grito" por la de "ciudadanía" en las cárceles. De acuerdo a Garcé "la expectativa es que esto contribuya a un cambio cultural dentro de las cárceles", sostuvo.

Ese cambio implica también nuevas reglas para los funcionarios y autoridades carcelarias. Si bien el "reglamento general sobre las mesas representativas de personas privadas de libertad" fija que "no son órganos de coadministración penitenciaria", sí modificarán la relación con las jerarquías: "para los funcionarios es un desafío importante y un cambio relevante con estos nuevos delegados", indicó Garcé.

Para el comisionado la activación de las mesas representativas, integrada por hasta tres representantes de cada uno de los módulos o pabellones, "es parte de un proceso de cambio, de sustitución de la cultura del grito o de la exigencia violenta por una cultura de ciudadanía". "Quien elige un delegado, luego confía en él y participa de un proceso democrático", afirmó.

En particular, la elección de representantes en el ámbito interno favorece los liderazgos por legitimidad y tiende a destruir aquellos que se imponen por medio de la violencia, se sostiene en los ámbitos del comisionado.

Los delegados reunidos en mesas representativas pueden proponer acciones orientadas a solucionar problemas de los establecimientos de detención y, especialmente, garantizar el respeto a los derechos humanos. También transmitirán resoluciones al resto de los reclusos, como "efectos multiplicadores".

Las autoridades se comprometieron a facilitar instalaciones para reuniones, adoptar medidas de seguridad que consideren necesarias para garantizar el funcionamiento de las mesas y contribuir con el "oportuno" desplazamiento de los delegados desde su lugar de detenciónb hasta el sitio de los encuentros.

El reglamento que rige las mesas específicamente aclara que la condición de representante "no debe ser causa de discriminación o represalias" de las autoridades hacia esos reclusos, que deberán además estar sujetos al mismo régimen disciplinario que el resto.

Los delegados tendrán reuniones periódicas con las jerarquías carcelarias y con el comisionado, lo que también implica un cambio en las prácticas administrativas ya que, por ejemplo, tendrá que autorizarse su salida de las celdas para reunirse con sus pares de otros sectores del establecimiento o con organismos de contralor.

El director de Cárceles, Jorge Szasz, declinó formular comentarios sobre el escenario carcelario que propone la existencia de delegados de los internos.

Foto: vista de la cárcel uruguaya de Comcar.

60 detenidos en Batán, procesan pescado por primera vez en una cárcel

2008-06-27T19:00:00.000-03:00

En la Unidad 15 Batán, dependiente del Servicio Penitenciario bonaerense (SPB) comenzó a funcionar una planta de procesamiento de 200 metros cuadrados, donde 60 presos elaboran medallones precocidos y congelados de pescado que son comercializados por las vías comunes en la sociedad libre.

Dependiendo de la cifra de producción, los internos trabajadores perciben un salario entre 800 a 1.200 pesos argentinos según se informó oficialmente.

La empresa Infood SA es la que decidió montar la fábrica en la cárcel de Batán, aprovechando su vecindad con la ciudad de Mar del Plata -de intensa actividad pesquera- y en el emprendimiento los detenidos trabajan ocho horas diarias y fueron capacitados por la empresa para el procesamiento de alimentos en general, sanidad animal y fileteado, como asimismo en normas de higiene y seguridad en el trabajo.

El gerente de Infood, Alejandro Ludvik, destacó que desde el 23 de noviembre pasado, la empresa se instaló en la cárcel para filetear pescados. “Pero la disposición de los internos fue tan buena que decidimos ampliar la actividad laboral, así que además de la clasificación de pescados, el eviscerado, el fileteado, descamado y descabezado, ahora incorporamos las tareas de envasado de los productos prefritados y congelados”, detalló el empresario.

Agregó que al trabajar en la planta de manufactura de pescado “los internos ayudan a sus familiares y están muy motivados para trabajar; uno de los muchachos nos contó que gracias a esta experiencia evitó que abandonaran la escuela sus dos hijos adolescentes a punto de dejar los estudios para salir a trabajar” relató Ludvik.

Además anunció la ampliación de los beneficios a los familiares de los internos que trabajan en la fábrica de pescado que, en un hecho probablemente sin antecedentes, reciben cobertura social gracias a la Fundación Infood.

Por su parte el titular del Servicio Penitenciario Bonaerense, Fernando Díaz, al señalar la importancia del emprendimiento subrayó que “la planta procesadora de pescados tiene la habilitación del SENASA y produce con calidad de exportación. Tiene capacidad para elaborar 100 toneladas mensuales de empanado y prefritado”, comentó Díaz.

Mario Vargas, director de la Unidad de Batán, ilustró sobre otro de los beneficios que proporciona el trabajo de los internos en la fábrica: “han recuperado un vínculo más firme con sus familiares, ya que colaboran con dinero para el traslado de sus seres queridos”, especificó.

“Cuatro internos que trabajaron en la planta y ya cumplieron la condena han conseguido emplearse como fileteros de pescados en empresas de Mar del Plata” indicó finalmente Rosario Ceballos, director de Trabajo del SERPENBA. Muy importante esto último; como que representa cabalmente la función social penitenciaria de readaptación social del condenado.

También premoldeados para viviendas
El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB también firmó un acuerdo con la ONG “Un techo para mi país”, para que privados de libertad fabriquen en la cárcel paneles premoldeados para la construcción de viviendas.

La rúbrica del convenio se realizó semanas atrás en la jefatura del SPB con las firmas del director del SPB, Fernando Díaz, y el Director Social de la ONG antes mencionada, Hugo Cortes Salgado.
La viviendas de material prefabricado a construir con el trabajo de los internos, consisten principalmente en paneles desmontables que luego son armados directamente sobre el terreno.
En la factura de los elementos de cada casa trabajan entre seis y nueve personas y la construcción no demanda conocimientos previos, ni herramientas especiales se puntualizó.

El SPB provee la mano de obra de los detenidos y la ONG brinda el material para la fabricación y la capacitación de los trabajadores.

Debido al espacio que demanda este emprendimiento los lugares de trabajo se disponen en las unidades con mayor capacidad de talleres y, en un principio, los establecimientos escogidos para desarrollar esta actividad son la Unidad 1 de Olmos y la Unidad 9 de La Plata.

La ONG “Un techo para mi país” habla por sí sola del alcance de su gestión al haber construído más de 25 mil viviendas en El Salvador, Chile, México, Guatemala, Perú, Colombia y Uruguay, mientras en Argentina trabaja en las provincias de Córdoba y Buenos Aires.

IIIº Encuentro Nacional de Jueces de Ejecución Penal

2008-06-23T11:44:00.000-03:00

La reunión de jueces de Ejecución Penal –en la Argentina encargados de fiscalizar el cumplimiento y las condiciones del régimen de detención de los condenados- planteó informar a las víctimas sobre la evolución del tratamiento penitenciario de sus victimarios y acerca de cada vez que se otorgue un beneficio a éstos, “especialmente el otorgamiento de regímenes de egreso anticipado” puntualizaron los magistrados.

Reafirmaron además entre las conclusiones del encuentro que “no debe estar sujeto al contralor” de los jueces de ejecución penal la supervisión de la suspensión del juicio a prueba, dado que se trata de condiciones impuestas a personas que no cuentan con sentencia de culpabilidad, precisaron.

Sobre la “reincidencia” de delincuentes, cuya declaración provoca desinteligencias entre los actores judiciales involucrados, los magistrados aprobaron dirigirse al Procurador General de la Nación y a los Procuradores Generales de los Ministerios Públicos Fiscales provinciales “a fin de que emitan instrucciones para que se plantee oportuna y expresamente, sin soslayarla, la cuestión vinculada a la reincidencia y, en su caso, se respete el criterio asumido por el tribunal al respecto, evitando revisarlo en la etapa de ejecución penal”.

Finalmente los jueces de Ejecución penal “repudiaron” la decisión de la legislatura de la provincia de Tucumán de destituir a la doctora Alicia Freidenberg de sus funciones judiciales.

Los jueces deliberaron en el marco del IIIº Encuentro Nacional de Jueces de Ejecución Penal, que se desarrolló semanas atrás en la sede de la Universidad del Salvador, de la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires.

Sus conclusiones son para tomar en cuenta: a pesar de lo anónimo de su trabajo, la especialización a la que su actividad exige los convierte no sólo en una una garantía más que tienen los detenidos acerca de las condiciones y regímenes de detención a la que están sometidos, sino también un conocimiento del ámbito carcelario que favorece la equidistancia entre los intereses de los presos, los del cumplimiento de la ley y los de la institución penitenciaria.

Las conclusiones del IIIº Encuentro Nacional de
jueces de Ejecución Penal de la Argentina fueron:
1) Reincidencia: se aprobó dirigirse al Procurador General de la Nación y a los Procuradores Generales de los Ministerios Públicos Fiscales provinciales a fin de que emitan instrucciones para que se plantee oportuna y expresamente, sin soslayarla, la cuestión vinculada a la reincidencia y, en su caso, se respete el criterio asumido por el tribunal al respecto, evitando revisarlo en la etapa de ejecución penal.

2) Requerir los mecanismos necesarios para incrementar las plazas laborales de los establecimientos carcelarios, así como adecuar su infraestructura garantizándo así trabajo a todos los internos. Recomendar que se adopten las medidas para que la retribución de los internos se ajuste a lo previsto por el art. 14 bis de la Constitución Nacional, en especial, en lo que respecta al salario mínimo vital y móvil y los beneficios de la seguridad social y del salario familiar, en los casos en que correspondiere.

3) Se debe admitir la intervención de la víctima, no como parte del proceso de ejecución, sino con una finalidad informativa, especialmente al momento del otorgamiento de regímenes de egreso anticipado al condenado.

4) No debe estar sujeto al contralor de los jueces de ejecución penal la supervisión de la suspensión del juicio a prueba, dado que se trata de condiciones impuestas a personas respecto de las cuales no se ha emitido veredicto de culpabilidad.

5) Gradualidad en la incorporación de los internos a las salidas transitorias y semilibertad. Luego de un intercambio de ideas se decidió diferir el tratamiento hasta el próximo encuentro, a fin de dar oportunidad a la presentación de ponencias debidamente fundadas.

6) Exigir de los organismos del Estado el cumplimiento de todas las obligaciones a su cargo inherentes a la salud de los internos y en atención a la trascendencia criminológica y social de las adicciones recomendar la creación de departamentos dedicados exclusivamente al tratamiento de las adicciones en cada establecimiento penal.

Vacantes penitenciarias a 50 pesos la hora en EEUU

2008-06-18T17:41:00.003-03:00

El estado norteamericano de Utah, en el centro oeste de los Estados Unidos, pide actualmente oficiales correccionales -guardias de cárcel- y ofrece un sueldo básico de 50 pesos por la hora de trabajo a quienes estén interesados en cumplir esa función.

Un salario de 50 pesos por hora, más los beneficios sociales previstos por el estado es un haber de sueño para los guardias de toda la región sudamericana del mundo sin embargo, como se verá, no alcanza para retener en sus trabajos a los agentes carcelarios en algunos lugares de Estados Undios como es el caso de Utah.

La cárcel estatal de este estado, en el distrito de Draper, se vió forzada a pedir un refuerzo del presupuesto para aumentar el 17% el sueldo de ingreso no sólo por las dificultades que afronta para cubrir las vacantes ofrecidas, sino para mantener en el plantel a sus guardias al reavivarse las posibilidades de renuncia que afecta al sistema desde hace tiempo.

Por mucho tiempo, el Departamento Correccional de Utah ha tenido que esforzarse con una intensidad sin antecedentes en el sistema, para que los guardias de cárcel no renuncien a sus puestos.

La portavoz del Departamento, Angie Welling, reconoció que "a principios de este año, hemos tenido hasta ciento sesenta vacantes laborales aquí en la prisión estatal de Utah y aunque ahora el número ha bajado a cien, necesitamos que estas posiciones sean ocupadas".

Consultada sobre el motivo por el que Utah no puede completar las vacantes para el trabajo de las prisiones, Welling explicó que "estuvimos perdiendo trabajadores debido a las otras agencias de la ley” -es decir sistemas carcelarios de otros estados-, que ofrecen mejores sueldos. La vocera concedió que otras cárceles estatales “pagan más”.

Welling dijo que como medidas “drásticas” para detener la fuga de guardias “lo primero que hicimos fue pedirle al Estado más dinero. "Necesitamos fondos adicionales para incrementar nuestros salarios y pagar igual o por lo menos casi igual a las otras agencias de la ley".

Este año, con un fondo adicional de $3 millones de dólares, los guardias empezarán a trabajar en Utah con un salario de $16,07 dólares la hora, en lugar de $13,73 la hora. Además se dispuso un incentivo para asegurar a los agentes que ganarán más dinero si deciden permanecer en sus puestos durante mucho tiempo: “se ha tenido mucho éxito con este programa” afirmó la funcionaria.

El agente de reclutamiento del Departamento Correccional, Cory Greer, comentó que "en 2005, 2006 y 2007 tuvimos cerca de mil aspirantes, ahora hemos doblado el número de ellos gracias a las campañas realizadas este año”.

Más allá de la importancia que el nivel salarial adquiere en los empleos carcelarios norteamericanos los sistemas exigen -generalizadamente- a los postulantes, estudios secundarios completos, buen estado de salud, buena contextura física para el cumplimiento de la función y temperamento adecuado para actuar en situaciones de emergencia. Estos requisitos pueden hallarse libremente en los ofrecimientos de empleo que son parte integrante de las páginas oficiales de los estados norteamericanos.

Dura crítica a situación carcelaria bonaerense en fallo de un tribunal

2008-06-10T17:03:00.005-03:00

Un fallo condenatorio del Tribunal Oral IV de La Plata, capital de la provincia argentina de Buenos Aires, incluyó en sus fundamentos una dura crítica a la realidad de un buen número de las cárceles de la jurisdicción.

El fallo lamentó los hechos de sangre que con frecuencia se producen detrás de las rejas de una prisión donde, en la teoría, es el Estado a través de la institución penitenciaria quien vigila y custodia a los presos que aloja en su jurisdicción.

Si bien la argumentación se circunscribió a la situación de las cárceles bajo dependencia del Servicio Penitenciario bonaerense (SERPENBA), la crítica judicial alcanza sin esfuerzo a muchas cárceles argentinas y de Sudamérica.

“La regla es la del no te metás, omisión de colaboración, falta de compromiso con el igual y con la institución”, señalaron los jueces Emir Caputo Tártara, Gloria Berzosa y Juan Carlos Bruni al condenar a un preso reincidente de, entre otros crímenes, matar a otro en el pabellón carcelario.

Todo surgió del fallo del Tribunal Oral IV de La Plata que condenó días atrás a treinta años de reclusión más accesorias por tiempo indeterminado a un imputado de dos crímenes, uno perpetrado mientras estaba en libertad y el restante como detenido en la cárcel de Olmos, Unidad 1 del (SERPENBA).

La sentencia afirmó que “el 19 de septiembre de 2001, a las 0.30, en el pabellón de máxima seguridad Nº 3, de la Unidad 1 de Olmos, el condenado infirió heridas en la región toráxica a otro interno con un elemento punzo-cortante de fabricación casera -fierro, faca o lanza- que le produjeron la muerte”.

Tras esta imputación el juez Caputo Tártara -a cuyo voto adhirieron los otros magistrados-, consideró que en las cárceles de la provincia están instalados el descuido, la “falta de colaboración” y el “no te metás”, que favorece la perpetración de ilícitos y crímenes atrás de las rejas. Caputo Tártara se quejó de tener que “juzgar una vez más hechos de sangre ocurridos en el seno de una unidad carcelaria bonaerense". La regla constante es la del “no te metás, omisión de colaboración, falta de compromiso con el igual y con la institución”, opinó el tribunal.

“En un alto porcentaje los integrantes del pabellón o autoridades duermen o están muy concentrados en sus labores específicas y nada pudieron percibir” ironizó luego el juez, para remarcar su disconformidad con el estado de situación. Más que suficiente para que el ministro de Justicia y la jefatura del SERPENBA se revuelquen incómodos en sus sillones.

Según su experiencia al investigar estos episodios el juez relató que “los internos hacen círculo alrededor de los contendientes a los que identifican o conocen mejor que a su propia familia: son las reglas del mundo carcelario, entendibles o comprensibles -aunque no aceptables- en atención a la vigencia de parámetros diversos de los de la vida extra muros, donde la autoridad brilla por su ausencia”, subrayó el magistrado.

El tribunal, a pesar de la crítica al sistema penitenciario bonaerense, igualmente adhirió a la petición del fiscal Carlos Gómez imponiendo al condenado la declaración de reincidente y las accesorias por tiempo indeterminado establecidas por el artículo 52 del Código Penal “en atención a la existencia de cuatro penas privativas de la libertad, siendo al menos una de ellas superior a tres años de prisión”. Por esto el condenado deberá cumplir la totalidad de la condena sin beneficios de libertad y salidas anticipadas.

EEUU: denuncian maltrato en cárceles privadas a latinos, principalmente los enfermos

2008-06-05T15:45:00.005-03:00

La situación de los presos hispanos, principalmente los enfermos, en los centros de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) como la cárcel de Stewart, produjo reacciones en algunas sedes diplomáticas latinoamericanas que envolvieron en una nube crítica a la administración de cárceles por empresas privadas.

Según fuentes diplomáticas en otras prisiones estatales y federales que, como la de Stewart, son gestionadas por la empresa privada Corporación de Correccionales de EE.UU. (CCA), los reclusos reciben mejores cuidados de salud, por lo que consideran que en Stewart la situación es diferente al alojar presos que están a poco de ser deportados a sus respectivos países de origen.

El Centro de Detención de Stewart funciona desde octubre de 2006 en Lumpkin, Georgia, al sur de la ciudad de Atlanta. Cuenta con seis módulos para sumar 1.526 plazas de alojamiento, gimnasio, varios patios de recreación, cocina y lavandería.

Aloja centralmente a varones inmigrantes detenidos en Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur, principalmente. Las mujeres presas inmigrantes son remitidas al Centro de Detención de Etowah,en Alabama.

En Stewart los presos con antecedentes criminales están separados de los infractores de leyes migratorias. Los reclusos considerados peligrosos visten uniforme rojo; los que cometieron delitos menores uniforme verde y los indocumentados uniforme color naranja.

En Stewart trabajan 311 empleados de la CCA y 29 del ICE, incluido un juez de inmigración.

Los plazos acostumbrados por la ICE para concluir la deportación de un extranjero indocumentado oscila entre los 30 a 90 días.

Las quejas
El cónsul general de Colombia en Atlanta, Camilo De Bedout, consideró que las historias de enfermos que no reciben la atención necesaria en estos sitios de tránsito previos a la deportación son casos comunes y preocupantes y sensibilizaron al de El Salvador, Asdrúbal Aguilar, quien decidió concurrir a esa cárcel del estado de Georgia para recibir las quejas por mala atención médica de parte de sus connacionales.

"He dialogado con las autoridades penitenciarias de Stewart para que se dé a los detenidos un trato más humanitario, porque tengo denuncias de connacionales con enfermedades crónicas a quienes solo se les suministran ibuprofenos -analgésicos comunes-" dijo Aguilar, quien agregó que la mala medicación "ocurre mucho con los diabéticos”.

"Seguido recibíamos llamadas de presos o sus familiares denunciando falta de atención médica, malos tratos y lentitud en los procesos de deportación" indicó Aguilar. El cónsul comentó que no pocas veces, los presos salvadoreños que informaron supuestos abusos amenazaron con apelar a medidas extremas para protestar, como amotinarse con quemar colchones y huelgas de hambre.
"Este año las denuncias han mermado, pero cada denuncia que recibimos la reportamos ante los supervisores de inmigración y creo que han actuado" puntualizó el cónsul Aguilar.

Por su parte, la cónsul de Guatemala en Atlanta, Beatriz Illescas, dijo que han recibido quejas de que los guardias mienten a los detenidos sobre sus procesos. "Los guardias les dicen que su consulado los abandonó, que sus salidas se dilatan porque no queremos emitirles sus documentos de viaje", aseguró Illescas. "Ya presentamos quejas contra algunos oficiales por esa falta de humanidad", adelantó.

"En general, las máximas autoridades tienen buenas intenciones; siempre atienden nuestras denuncias. El problema son algunos agentes insensibles e incapaces de cumplir con sus funciones", puntualizó la diplomática.

En contraste, el Consulado General de México en Atlanta informó a través de su portavoz, Armando Bello, que visitan una o dos veces al mes los diferentes centros de detenciones de su jurisdicción y que, en cuanto a enfermedades crónicas, las cárceles siempre les notifican.

"Nos consta que son atendidos en base a los estatutos de cada centro de detención. Cuando algo extraordinario ocurre generalmente nos damos enteramos por parte del mismo centro", comentó el portavoz. Seguidamente instó a los presos y sus parientes a que llamen al consulado si advierten anormalidades y se comprometió a investigar cada situación particular.

Un preso en el Centro de Detención de Stewart aseguró que durante los tres meses del año pasado que permaneció ahí, su esquizofrenia empeoró debido a que no se le habría permitido tomar sus medicamentos.

Alfaro dijo que padece desde los cinco años esquizofrenia, una enfermedad mental que provoca trastornos en la personalidad y que requiere atención clínica ininterrumpida, por lo que periódicamente sufría de ataques con agresividad. El ex detenido aseguró que, a pesar que los guardias conocían de su padecimiento, nunca le dieron la atención apropiada ni permitieron que accediera a los medicamentos que necesitaba.

"Dejé de tomar mis medicinas y por eso frecuentemente me venían los ataques", dijo Alfaro. Cuando los guardias se enteraban que estaba enfermo lo que hacían era castigarme; me encerraban en el ´hueco´ -celda de aislamiento-".

La cárcel privada
Como era de esperarse, por las denuncias, el sistema de administración privada de cárceles fue el blanco de muchas críticas.

El cónsul colombiano De Bedout se preocupó por aclarar que no toda la responsabilidad recae sobre las autoridades migratorias -conocidas como ICE, por sus siglas en inglés-, sino que el cargo debe alcanzar a la empresa privada que gestiona la cárcel de Stewart, la Corporación de Correccionales de EE.UU. (CCA). Esta empresa es una de las dos más grandes administradoras de cárceles en norteamérica.

En ese sentido De Bedout especificó que la falta de atención médica no es lo único que padecen los presos en Stewart, ya que “a ellos también se les hacen cobros excesivos por las llamadas telefónicas con sus parientes, lo que les impide reportar alguna dolencia” precisó. "Existe un monopolio y por ello una llamada por teléfono así sea local les cuesta caro. Muchos presos sin recursos económicos están incomunicados", indicó el diplomático en una tácita sospecha de que la administración privada carcelaria se aprovecharía de la situación encareciendo los servicios pagados por los detenidos.

Indemnizan con 150 mil dólares a guardiacárcel que fue rehén en sangriento motín

2008-06-02T04:00:00.001-03:00

La provincia de Córdoba, en el centro de la Argentina, pagará 150 mil dólares de indemnización más honorarios a un guardiacárcel del penal de San Martín, por las secuelas físicas y psicológicas que le dejó ser tomado de rehén por los presos durante un sangriento motín acontecido en febrero de 2005.

Un fallo de la Cámara 4º del Trabajo de Córdoba dio por probado que el agente penitenciario “padece sobresaltos, pesadillas, descomposturas, cefaleas y angustia, entre otros trastornos”, como secuela del trato que sufrió por parte de los detenidos que lo redujeron.

El demandante reclamó una indemnización por daño moral y lucro cesante, al haber sufrido "inimaginables torturas físicas y terribles tormentos psíquicos y morales, durante dos días" según el fallo. El guardia argumentó que mientras fue rehén recibió "patadas, golpes, especialmente en la cara y en los genitales" y que "lo hicieron agachar para procurar introducirle un palo en el ano, o tratar de violarlo", precisó al tribunal.

En el juicio testimoniaron personal penitenciario, médicos y especialistas que trataron a los afectados por la revuelta carcelaria, lo que fue tomado en cuenta por los jueces para considerar válido el reclamo del guardia y atribuir la responsabilidad al Estado como su empleador.

El resarcimiento para el demandante se fijó la semana pasada en 476.771,10 pesos, a lo que debe sumarse 85 mil pesos en pago de honorarios. Este es el primer caso de demanda contra el Estado cordobés que termina con sentencia, ya que otras acciones similares se arreglaron por acuerdos en la etapa de conciliación.

En el juicio por el sangriento motín concluido en febrero, donde se juzgó a 59 presos, la Justicia cordobesa condenó a penas de entre 12 y 16 años de prisión a los cabecillas de la revuelta.

El 10 de febrero de 2005 los presos coparon el penal del barrio San Martín, en la capital de Córdoba, aprovechando una pelea entre los alojados en dos pabellones. Los reclusos coparon varios sectores de la unidad penitenciaria incluida la sala de armas, donde tomaron fusiles, ametralladoras automáticas MK3 y pistolas 9 milímetros, que sumaron a las “facas” y púas de fabricación “tumbera”.

El entonces director de la cárcel, Daniel Corso, intentó interceder y también fue sumado como rehén, al igual que el vicedirector, Francisco Toledo. Ambos funcionarios fueron liberados después de 23 horas de cautiverio.

El saldo del motín fue trágico: hubo ocho muertos, dos guardias de la cárcel, un policía y cinco reclusos.

Argentina: cambia el Procurador Penitenciario. ¿Cambia una metodología de enfrentamiento?

2008-05-26T04:00:00.004-03:00

Francisco Mugnolo concluirá su mandato como Procurador Penitenciario de la Nación posiblemente sucedido por Silvia Martínez, integrante de la Comisión de Cárceles que funciona como parte de la Defensoría General de la Nación.

El Procurador Penitenciario, que es designado por el Congreso de la Nación aunque con autonomía de gestión como factor vital para la misión que se le encarga, es el defensor de los derechos de los presos en las cárceles y alcaidías dependientes del Servicio Penitenciario Federal(SPF) que hoy alojan casi 10 mil detenidos.

Mugnolo cierra su gestión con un dato más que curioso: tras interactuar durante años con cúpulas uniformadas del SPF sobrellevando mutuamente aunque con naturales altibajos sus funciones encontradas, terminó enfrentado virulentamente con la actual Dirección Nacional del SPF a cargo de Alejandro Marambio, un abogado civil ex integrante de la misma Procuración Penitenciaria Nacional y ex asesor del ministro de Justicia en temas carcelarios.

La dos razones principales: la ponderación como “exageradas” que las distintas direcciones nacionales del SPF -incluso la actual- hicieron de muchas de las recomendaciones -quejas- que formulaba el Procurador sobre la gestión de las unidades de detención y la sobreexposición mediática con la que Mugnolo acostumbró acompañar a sus informes-denuncias.

Al extremo que en conversaciones de pasillos se atribuyó a la gestión Mugnolo una confusión de identidad en el ejercicio de las funciones: se decía que había más preocupación por estar cerca de la prensa, que por estar cerca de los presos. Un duro sarcasmo.

Ciertamente el procurador saliente no eludió el enfrentamiento con la autoridad penitenciaria desde una actitud de superioridad frente al uniformado de gris, aún y cuando las puertas de las cárceles federales fueron abiertas a las inspecciones en cumplimiento de la ley. “Prisiones y Penas” ha sido testigo presencial de esto.

Último informe
El último informe de la gestión Mugnolo en la Procuración fue dramático en su título: “63% de los presos sufrieron maltratos en cárceles federales argentinas”. Esto “demostraría el uso de un alto grado de violencia” en las prisiones del país, dijo.

Es lo que sensibilizó a la prensa y ratificó al SPF la visión "exagerada" y mediática que ha percibido en las denuncias de la Mugnolo. En silencio, el SPF relativiza la entidad de esas denuncias y considera que la forma de presentación da espacio al lector no avezado en la temática para que atribuya a las cárceles federales un buen número de males como propios y particulares. Aunque es sabido que las protestas de mayor peso que formula la Procuración son comunes en los procedimientos a la gran mayoría de los sistemas penitenciarios del mundo, incluso los de los países avanzados.

Así, según la investigación de la Procuración la requisa personal y la sanción de aislamiento “aparecen legitimadas en los establecimientos carcelarios como parte del abanico de acciones del personal penitenciario", lo que es igual en las cárceles del primero al tercer mundo. "Pero encubren prácticas violentas, vejatorias y degradantes”, agrega el informe sin aclarar cuáles son las prácticas.

Dice luego que “en cuanto a la requisa personal, esta se practica en todas las prisiones con variantes”, lo que también se da igual en los distintos sistemas conocidos. Agrega, con una terminología que ofendería a las ideologías progresistas, que “los blancos predilectos” son las mujeres y los jóvenes hasta 24 años.

“El 83% de los presos consultados fue obligado a exponer su cuerpo completamente desnudo y un 24% habló de una modalidad más humillante: desnudo con flexiones para revisar los genitales” -también como en todos los sistemas del mundo-, puntualiza el informe.

El aislamiento individual es la sanción penitenciaria permanente de acuerdo a registros de los últimos diez años de la Procuración Penitenciaria. “Los presos son llevados a celdas especiales, o pabellones diferenciados de los que no pueden salir. Son lugares sin luz, sin camas ni mantas, donde se les raciona la comida. Orinan y defecan en recipientes que se dejan en el interior de las celdas. Un 28% de las personas encarceladas ha sido víctima de este tipo de sanción: la proporción por sexo es tres de cada 10 varones y uno de cada 10 mujeres”, señala el informe.

Es cierto que los presos sancionados son trasladados a “sectores correctivos” de aislamiento individual como en los sistemas generalizados de todo el mundo. En cambio si, como lo afirma la Procuración, también lo es que hay unidades donde estos sectores carecen de luz, camas y mantas y los alojados son obligados a hacer sus necesidades fisiológicas en recipientes que permanecen en el interior de las celdas, esto no es precisamente una humana condición de detención.

La responsable de la Dirección de la Investigación de Procuración Penitenciaria, Alcira Daroqui, concluyó la presentación del informe con una argumentación poco convincente y que pinta la esencia del enfrentamiento con las jefaturas penitenciarias: “negar esta investigación es negar la voz de los presos” subrayó.

Queda para el lector elaborar sus propias conclusiones, aquí con nuevos elementos a su disposición.

Cambiar la metodología
La finalización del mandato de Mugnolo debería clausurar también la metodología del enfrentamiento que utilizó. No sólo será para bien de la nueva Procurador, Martínez, y el sistema penitenciario federal, sino para bien de todos.

Los presos podrán recibir más seguramente si las inquietudes y quejas son tratadas en el terreno de la colaboración.

Porque, fuera de discusión, las cárceles federales argentinas recorren el camino de la humanización desde la restauración democrática en 1984. Es mucha la diferencia entre aquella realidad y la actual; aunque queda mucho por hacer, mucho, y los procesos son ciertamente lentos.

Cada vez es más crítica la situación penitenciaria en España

2008-05-19T04:00:00.001-03:00

"Nosotros tenemos lo que llamamos submarinos, que son celdas habilitadas en pasillos sin luz en los que caben hasta tres camas en cinco metros cuadrados", detalló un guardia de prisión española al hablar de la actualidad de los establecimientos de las Islas Canarias.

“Todas” las cárceles españolas alojan el doble de su capacidad, se quejan los guardias afiliados a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF) de prisiones, desde donde se advierte que el hacinamiento es “peligroso por los riesgos que conlleva para la integridad de los trabajadores y de los propios reclusos”.

"A veces nos parece que -la normalidad en los sectores de detención- pende de un hilo, porque no llevamos más que un bolígrafo y hay que pensar que doscientos presos están en un lugar pensado para cien; esa circunstancia influye en que haya más roces y las agresiones se incrementan", señaló el vocero de los trabajadores de cárceles de las Islas Canarias, Bernardo Fernández.

En lo que trabajadores, administraciones y representantes políticos coinciden es que no hay una solución a corto ni mediano plazo. "Se puede dar, y sin muchos problemas, el colapso del sistema, porque ya no cabe nadie más en ningún centro salvo que duerman en el suelo" explicaron.
Sin embargo, mientras preparan numerosas movilizaciones para después del verano en todos los establecimientos, los sindicatos descartan una huelga: "si la hiciéramos, los centros reventarían en dos días y eso es muy peligroso con 1.500 internos ¿Quién para luego eso?” puntualizó el portavoz de los guardias.

Cifras
Detalló luego que las prisiones de Tenerife II, construida para alojar 730 detenidos, tenía casi 1.600 en abril; Salto del Negro, construída para 690 presos, actualmente encarcela 1.360 y Tahíche, con una capacidad inicial de 80 presos, aloja en la actualidad 182, mientras se construyen ampliaciones.

Con estas cifras “pueden llegar a convivir presos primerizos con reincidentes, jóvenes con adultos, nacionales con extranjeros y demás” relató el vocero de los guardias para el asombro de los especialistas en temas penitenciarios.

Las culpas por la sobrepoblación penal que, se estima, continuará en crecimiento, se vuelcan fundamentalmente sobre la actual legislación penal española que ha endurecido las penas, encarcelando incluso por delitos de violencia de género y de violación de leyes de tránsito.

El representante de los guardias concluyó afirmando que "los internos aumentan y aumentan y sin embargo la oferta de empleo público para prisiones no crece sustancialmente. La relación de vacantes es la misma para 700 presos que para 1.500, por lo que ya me dirán qué resultados se pueden conseguir así en temas de reeducación, reinserción y demás", señaló Fernández.

Pronostican colapso en unidades de Islas Canarias
En referencia a la dramática situación que se vive en los establecimientos de las Canarias el vocero alertó que "en Tenerife II hemos roto todos los límites, ya no existen; la ley exige lo básico, pero la realidad lo supera”.

"Nosotros tenemos lo que llamamos submarinos, que son celdas habilitadas en pasillos sin luz en los que caben hasta tres camas en cinco metros cuadrados", explicó uno de los miembros de CSI-CSIF en el centro penitenciario del Salto del Negro.

Por esto la situación en las prisiones canarias da espacio a pronosticar que se acerca la novedad de que se tengan que adecuar oficinas o incluso el sector deportivo para dar un sitio a los nuevos presos que llegan a las cárceles de Canarias, ante la imposibilidad de alojarlos en celda.

En 1993 las celdas, que hasta ese momento eran individuales, pasaron a ser dobles. "Hablamos de 6,25 metros cuadrados en los que los dos internos tienen inodoro, ducha y lavado", recordó Fernández, tras lo que precisó que “en la actualidad ésto es un problema menor si se tiene en cuenta que se han habilitado pasillos para celdas, que los módulos multiplican su población y en un patio para un máximo de 100 internos hay más de 200, y que frecuentemente un sólo funcionario, a lo sumo dos, son los que tienen a cargo 200 presos.

La emergencia por hacinamiento obligó hace años al traslado de penados a la península ibérica. "Sólo se puede trasladar a los que tienen condena firme, porque no podríamos trasladar a un preventivo a quien el juez o la policía reclaman cada dos por tres por la investigación” señaló Fernández.

Unos mil presos canarios cumplen condena en cárceles peninsulares con el consiguiente desarraigo. "Se estudian los casos y se opta por quienes no tienen visita, pero aún así no se quieren ir" señala Jesús, miembro del sindicato en el Salto del Negro, quien contó que recientemente "se le comunicó a un penado que iba a ser trasladado porque porque no tenía familia y esa misma tarde se intentó suicidar alegando que si además de estar preso y sin familia lo echaban de su tierra, no quería vivir".

Cárceles federales en Argentina: ya preocupan al ministro Aníbal Fernández

2008-05-09T18:20:00.002-03:00

El ministro de Justicia y Seguridad argentino, Aníbal Fernández, sumó en los últimos días una preocupación más a su tarea: el estado de deterioro de las cárceles federales -nacionales- en el segmento de la infraestructura.

El problema promete ser tratado a la larga: Fernández tiene una la alerta roja derramada sobre su cartera por el corte de rutas de agricultores que se quejan de la voracidad oficial para recaudar y, si el gobierno lo dispone en una escalada del conflicto, será el funcionario que deberá ejecutar la reapertura de los pasos con las fuerzas de seguridad. Un imposible, debido a la extensión de la geografía argentina y a los centenares de piquetes que la gente del campo instaló en los caminos.

Pero aún tratada a la larga la coyuntura carcelaria, es positivo que el ministro se haya preocupado por su estado. Es bueno que lo tenga en agenda. Está al tanto que el raquitismo ininterrumpido de las partidas de presupuesto del sistema penitenciario federal ya provocó un deterioro avanzado en unidades de detención emblemáticas, como para recortar uno de sus componentes más sensibles: su potencial de seguridad.

Días pasados el ministro de Justicia realizó una recorrida por el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza(CP1), moderna unidad de máxima seguridad con alojamiento individual de hasta 1.800 detenidos varones -hay un sector especial para mujeres primarias- distribuidos en seis módulos de 300 reclusos cada uno.

El CP1 es una unidad emblemática del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que fue inaugurada por el ex presidente Carlos Menem a principios de 1999 con un diseño y tecnología de seguridad adecuado a la época. Puede decirse que es casi una ciudad penitenciaria aunque sin rejas.

En lugar de barrotes, está cercado por tres líneas de alambradas de contención: la primera rodeando a cada módulo de alojamiento y las dos restantes, muy altas, perimetrales de la unidad. Al inaugurarse, el CP1 funcionaba automatizado electrónicamente para la apertura y cierre de sus esclusas y puertas comunes; con cámaras de circuito cerrado de televisión en los módulos y pasillos y, en lo externo, con sensores de movimiento que disparaban los alertas correspondientes, además del patrullaje motorizado.

Durante su visita, menos de nueve años después de su inauguración, el abanico de lo que no funciona en el CP1 sorprendió al ministro Fernández. Y lo puso en guardia. Y lo hizo estimar que cosas por el estilo, tal vez no tan pronunciadas en las cárceles que todavía son de tracción a sangre, suceden en las más de treinta y cinco unidades federales de detención diseminadas por la geografía argentina, dijeron en su cartera.

Fernández habría concedido que el problema central es la falta de mantenimiento -que como todo lo que significa seguridad es caro-... por carencia de partidas presupuestarias. Es decir, reconoce entre sus allegados lo que no diría públicamente: que la falla es del gobierno. Es que desde hace cuatro años y medio él pertenece al gobierno ejercido por el matrimonio Kirchner.

Por eso no le será fácil arbitrar soluciones al ministro de Justicia, a la corta y a la larga: más allá del cambio de nombres en la presidencia el 10 de diciembre pasado, de Néstor Kirchner en sucesión a su esposa, Cristina, el gobierno argentino recorre el mismo camino de gestión: enfocando lo carcelario, el olvido del sector que entre otras cosas se traduce en recortes de las partidas destinadas a su funcionamiento.

Igualmente es de destacar la reacción ministerial: los reflejos estarán más fibrosos para atender las urgencias estructurales que planteen las cárceles. En una de esas, Fernández, hasta logra un refuerzo para recuperar las unidades de detención. Es bastante más de lo que el sistema penitenciario federal tuvo durante estos últimos años: no más que ministros intrascendentes como Horacio Rosatti y Alberto Iribarne con los cuales el sistema llegó a lo que llegó: a poner en alerta por el abandono, a quien hoy le toca sucederlos.

Prisiones en Francia: "Una humillación para la República"

2008-05-06T16:46:00.002-03:00

En 2000 una comisión del senado francés que estudió el estado de las cárceles tituló su informe con contundencia: “Prisiones: una humillación para la República”. Francia, entonces con 61 mil presos, superaba su récord de detenidos de los tiempos de la ocupación alemana.

El senado francés difícilmente hubiera encontrado un título para su informe, si hubiera recorrido las cárceles de Centro y Sudamérica: es que consideró “indigno” que no se cumpla, entre otras cosas, con el derecho a celda individual. Derecho que en muchos de los países de nuestra región no lo es y que por eso permite el alojamiento en pabellón común, fuente central de la conflictividad en los establecimientos penitenciarios. Peor: en Francia se quejan de que en una celda de tres por tres metros, son alojados “hasta cuatro personas”. Un privilegio comparado con la mayoría de las prisiones de esta porción del mundo.

Ése y otros estudios, cuyos datos merecen ser chequeados por lo menos, denuncian que en Francia la requisa acostumbra a explorar “los orificios -de los detenidos- donde pueden esconderse sustancias prohibidas”, mientras el pelotón de guardias actúa “encapuchado”. Se quejan del uso de fusiles con mira telescópica provisto a la seguridad externa de las unidades penales.

También de supuestas irregularidades cometidas por los funcionarios penitenciarios para autorizar visitas, correspondencia, llamadas telefónicas e ingreso de material de lectura. Finalmente, de los regímenes de “tortura blanca” como la incomunicación prolongada, destinada a “presos políticos” que el gobierno francés ha desconocido siempre como tales.

De ser cierto la mitad de lo que se dice en relación al trato-tratamiento de reclusos en Francia, el régimen marca un contraste abismal con lo que, por ejemplo, se pretende en algunos sistemas penitenciarios como por ejemplo el federal, o nacional argentino, donde los “habeas corpus” presentados por los presos por violación de sus derechos pululan en los juzgados y en algunos casos jaquean a la conducción carcelaria.

Y esto no es una crítica a lo que procura respetar al hombre por el sólo hecho de serlo y aún cuando en las cárceles la gran mayoría de los internos no han respetado a otros hombres y por eso están alli. Muy por el contrario, y muy alejado de ello es el único objetivo de informar sobre este abismo en la gestión carcelaria: hay rudeza en el trato de presos en muchos países avanzados. ¿Ésto produce mejor o peor resultado que en los regímenes permisivos? En todo caso; ¿El mejor resultado es humano o carcelario o humano y carcelario? La conclusión y la profundización en el tema queda para los lectores.

Francia, el senado y otros
Sostuvo el informe del senado francés que “las condiciones de reclusión” en los centros penitenciarios “son a menudo indignos de un país que se precia de dar lecciones al exterior de derechos humanos”. Categórico. Podría decirse sorprendente.

Tres años más tarde un informe del Observatorio Internacional de Prisiones, habló de la insalubridad instalada en los establecimientos de detención, obsolecencia de las instalaciones y una promiscuidad llevada al extremo con tres o cuatro personas viviendo en menos de nueve metros cuadrados. A esto se añadía falta de personal, masificación de los locutorios y carencia de actividades de formación necesarias para que la cárcel cumpliera su función de “reinserción” que la ley le confía.

Para recargar el escenario, un informe publicado por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura en 2004 aseguró que los presos franceses padecen a diario “tratos inhumanos y degradantes”, que son filmados por las cámaras de seguridad penitenciarias. Se produce la violación de sus derechos de disponer de celda individual estipulado en una ley de 2000 que, dice el informe, no se respetó.

Desde 2003 “los traslados, la represión de revueltas, los registros de celdas y el cacheo corporal de los presos, que nunca olvida los orificios susceptibles de esconder objetos o sustancias prohibidas, son realizados por los Equipos Regionales de Intervención y Seguridad (ERIS), quienes actuarían encapuchados, aseguran los denunciantes.

Los derechos a visitas, correspondencia, llamadas telefónicas y a recibir publicaciones del exterior son concedidos según el humor de la jefatura carcelaria que, además, alargaría la efectivización de liberaciones condicionales, agrega el mismo informe ingresando en lo escandaloso si esto fuera tal cual.

Los “presos políticos”, categoría que el gobierno francés niega, estarían sometidos a un régimen de incomunicación, que es calificado de violencia "blanda" por los denunciantes. “He estado encerrado durante más de siete años en una célula de nueve metros cuadrados”, comentó Jean- Marc Rouillan, condenado a perpetuidad presuntamente por su pertenencia política, en una entrevista en 2002 a la televisión: “estuve sólo durante el día y la noche, sin tener contacto directo con otras personas más que los guardias. Cuando salí del aislamiento no conseguía hablar, era incapaz de expresarme y aún hoy tengo enormes dificultades, toda conversación me resulta un esfuerzo. El aislamiento total es vivir en una tumba”, explicó el ex preso.

Por último las quejas avanzan a cuestionar la provisión de fusiles con mira telescópica a los guardias apostados en torres de vigilancia externas.

Suicidios
El dato que hoy concentra la atención de los investigadores es, no obstante, la elevada tasa de suicidios de las cárceles francesas, que se multiplicó por dos en los últimos veinte años para llegar uno cada tres días, sostienen quienes denuncian la situación.

El suicidio en febrero último de un menor en uno de los nuevos reformatorios desató una ola de protestas sobre la situación carcelaria, pero dos meses después no hubo cambios en las prisiones francesas.

Según el gobierno la solución pasa por la renovación y la ampliación de la infraestructura penitenciaria, que atienda las exigencias provocadas por el aumento de la criminalidad. La administración penitenciaria francesa prevé una población penal de 80 mil individuos para 2017.

En cambio, la oposición política y las investigaciones de un puñado de sociólogos, atribuyen a las políticas penales de los últimos veinte años, el atestamiento de las cárceles.

Desde 2000 se promulgaron cinco leyes atendiendo la problemática de la inseguridad: durante el gobierno de Raffarin -2002-2005-, la presunción general de irresponsabilidad de los menores se bajó y la edad de detención provisional se fijó a los 13 años. Después, siendo ministro del Interior el hoy presidente Sarkozy, éste elaboró la ley para la Seguridad Interior que criminalizaba más delitos menores como el pequeño tráfico de estupefacientes y tipificó nuevos, como la prostitución pasiva o las reuniones “amenazadoras u hostiles”. Ya en su presidencia se promulgaron penas fijas para los reincidentes y la “retención de seguridad”, que permite mantener detenido a quien, tras cumplir la condena, se lo considera “peligroso para la sociedad”.
Según los mismos estudios por la legislación de las últimas dos décadas las penas a más de veinte años de cárcel se multiplicaron por 3,5 entre 1996 y 2006.

Cárceles de la provincia de Buenos Aires: escepticismo tras anuncios básicos

2008-04-28T14:58:00.001-03:00

El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció como un nuevo sistema para recortar la violencia en sus cárceles, separar por su peligrosidad a los presos alojados en sus establecimientos penales.

“Los actuales criterios de selección y de destino de los internos no han sido los más adecuados ni han dado los resultados esperados, por lo cual hemos decidido cambiarlos” explicó Ricardo Casal, el ministro de Justicia provincial días atrás.

El proyecto de la gobernación encabezada por Daniel Scioli contempla un nuevo sistema de clasificación de los internos que busca favorecer la “convivencia” entre los detenidos, se dijo oficialmente. Se prevé clasificar a los internos de las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SERPENBA), según su “grado de conflictividad” agregaron las fuentes.

Lo lanzado por el gobierno provincial buscando difusión mediática, no da para un anuncio: es lo más rudimentario de una política penitenciaria que se precie de tal.

El arte de clasificar detenidos es propio y básico de la profesión penitenciaria y, sin necesidad de ser anunciado con pompa por los titulares periodísticos, su objetivo es una mejor convivencia entre los presos. Punto.

Vida o muerte
Clasificar detenidos para el alojamiento a su llegada a una cárcel puede significar la vida o la muerte para los ingresantes. Una buena lectura del profesional penitenciario tras diez minutos de consultas al encarcelado lo alojará con detenidos que, puede esperarse, lo aceptarán con más o menos ganas. Pero lo aceptarán.

Un error en esto, que cada tanto sucede -y se paga con la carrera penitenciaria-, lleva al ingresado a un pabellón donde alguien o muchos tienen cuentas que cobrarle, que no lo toleran por el tipo de delito por el que se lo acusa, o porque las personalidades de los ya alojados son incompatibles con las del nuevo. Resultado: habrá violencia contra él, a veces hasta su muerte.

Claro que todo esto se soluciona con pabellones celulares exclusivos para los ingresos.

Un poco más adelante en el trance carcelario el interno volverá a ser clasificado por penitenciarios o por éstos junto a equipos criminológicos -en los sistemas que lo tienen como el argentino-, para resolver su alojamiento definitivo atendiendo al tipo de delito que se le imputa y al perfil personalístico de quien es clasificado.

Esto, a su vez, se soluciona con un número de pabellones de alojamientos razonable, que permita una separación eficaz de acuerdo a las exigencias que en ese momento vive el sistema carcelario.

Rudimentos
Es decir que las posibilidades de recortar la violencia y la carga criminógena -propia de la cárcel- son conocidas por todos los allegados a un servicio penitenciario por rudimentarias, o como se dijo, elementales: pabellones celulares exclusivos para los ingresos y un número de pabellones de alojamiento adecuado a las exigencias del momento para permitir una separación de los internos penitenciariamente bien hecha. Es decir, que beneficie la convivencia entre los presos y entre éstos y los guardias.

Pero para esto se necesita algo más que decisión política y la anunciación mediática, se necesitan partidas de presupuesto importantes como las que demanda todo aquello que responde a la inseguridad. Porque por su naturaleza, la seguridad es cara.

Por lo detallado no pasa del escepticismo la sensación con la que el iniciado en temas penitenciarios toma la promesa de la gobernación Scioli de “cambiar los actuales criterios de selección y de destino de los internos, que no han sido los más adecuados ni han dado los resultados esperados”.

Son muchas décadas de promesas de mejorar los sistemas penitenciarios que no se cumplen en la Argentina; y un ejemplo emblemático es la provincia de Buenos Aires.

¿Por qué habrá de cumplirse ésta promesa?

En más de cuatro años de gobierno nacional, del que el estado provincial depende política y financieramente para sobrevivir, no ha asomado la decisión -ni la acción- política de mejorar los establecimientos de detención y la provincia de Buenos Aires no tiene fondos propios para la construcción de más y mejores pabellones de alojamiento de detenidos.

¿Cómo cumplir entonces el compromiso, más allá del anuncio mediático y de alguna que otra pequeña medida que no implique gasto?

Como es costumbre en la cuestión carcelaria, tras las promesas, el escepticismo y más también.

Con un dato paradójico en el medio de todo que debería erizar a las actuales gestiones de gobierno: cuando se mejoraron en su esencia las cárceles en la Argentina, en jurisdicción del sistema federal ampliando en dos terceras partes su número de alojamientos con modalidad celular, fue durante la década tan buscada por las actuales autoridades para encontrar la fuente de todas las culpas: la década del ´90.

Corte Suprema de EE.UU. reafirmó que la inyección letal es constitucional

2008-04-21T16:38:00.002-03:00

La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó el miércoles último que la inyección letal como método de aplicación de la pena capital es constitucional, en una decisión que vuelve a abrir el tránsito de los “pasillos de la muerte” para casi 3.300 sentenciados a morir en ese país.

Por siete votos contra dos el tribunal supremo estadounidense rechazó un recurso presentado por dos reos de Kentucky, quienes alegaron que la inyección provoca al ejecutado un “sufrimiento cruel” por lo que el procedimiento violaría la Constitución estadounidense que prohíbe causar al ejecutado un “sufrimiento innecesario”.

"No se ha conseguido demostrar que la posibilidad de -sufrir- dolor por mala administración de la inyección letal (...) constituya un castigo cruel e inusual", ponderó en un fallo contundente de la Corte Suprema su presidente, John Roberts.

Esta decisión abre la puerta a las ejecuciones que fueron suspendidas en los últimos seis meses a la espera del fallo del máximo tribunal, que calificó al procedimiento de la inyección letal de "protocolo probadamente humano".

El vía libre judicial a esta modalidad de la pena capital llega en un momento de plena declinación de su utilización: el año anterior las ejecuciones en Estados Unidos se recortaron a un mínimo histórico de los últimos diez años: 42 ejecutados. En 2008 no se ha realizado ninguna ejecución.

En contraste, Amnistía Internacional(AI) denunció que en los últimos tres meses -debe repetirse, tres meses- China ha ejecutado 1.781 personas, exactamente 30 más que todo el resto del mundo en el mismo período. Las ejecuciones en China no castigan sólo a crímenes violentos, sino también sobornos, malversación de fondos y robo de combustibles, precisó AI. El documento aclara que la situación es peor: el número de ejecuciones es mucho mayor de lo que admiten las cifras oficiales, ya que sólo una fracción de las penas de muerte alcanza el conocimiento público. Con frecuencia las ejecuciones en China se realizan inmediatamente después de juicios masivos que tienen lugar frente a muchedumbres reunidas en lugares públicos. En la provincia de Yunnan, un juicio de esta índole fue trasmitido en vivo por televisión, aseguró AI.

Otra vez en EE.UU.
Volviendo a la situación en los Estados Unidos, donde hoy por lo menos dos tercios de los ciudadanos están a favor de la aplicación de la pena de muerte, en 1978 muchos estados comenzaron a utilizar la inyección letal en lugar de la silla eléctrica, la horca, el fusilamiento o la cámara de gas, por considerar a estos “más inhumanos”.

La inyección letal produce la muerte por suministro intravenoso de un cóctel de tres sustancias tóxicas: el tiopental sódico es un barbitúrico de acción rápida que hace perder el conocimiento al preso; el bromuro de pancuronio es un bloqueador que paraliza el diafragma del reo inhibiendo la respiración y, finalmente, el cloruro de potasio inmoviliza el músculo cardíaco.

Los que están contra la pena de muerte sostienen que muchas veces la mezcla de estas sustancias no logra adormecer al reo y éste sufre una dolorosa muerte aunque no pueda quejarse por las mismas drogas que recibe.

Se da como ejemplo dos casos en Florida y California donde los condenados habrían tardado en morir 30 minutos. Fue entonces cuando el gobernador de Florida Jeff Bush ordenó una investigación sobre la ejecución Ángel Nieves Díaz y un tribunal de California exigió una revisión del procedimiento.

Al conocerse el fallo de la Corte Suprema confirmando este procedimiento de la pena capital, el gobernador de California, el actor Arnold Schwarzenegger, rápidamente confirmó en un comunicado de prensa que “voy a seguir defendiendo la pena de muerte y la voluntad del pueblo, y estoy seguro de que la inyección letal en California será confirmada", señaló un comunicado oficial.

La confirmación de la constitucionalidad de la pena de muerte por inyección letal coincidió con la visita de Papa Benedicto XVI, contrario por principio de la doctrina católica a la pena de muerte. El sensible tema, sin embargo, no fue abordado en las conversaciones que el Sumo Pontífice mantuvo con el presidente George Bush en la Casa Blanca, según lo informado oficialmente.

La pena de muerte, más allá de su modalidad más o menos dolorosa de aplicación, es uno de los temas más polémicos que, todavía en el siglo XXI, mantiene el mundo presuntamente civilizado.

Pero incluso por encima de la polémica, e incluso por encima de lo que puede ser medido por cada uno como humano/inhumano, la pena de muerte tiene que ser dudosamente digerible para un ciudadano: el Estado, al representarlo, matando, lo pone a la altura de los criminales a los que se castiga con la pérdida de la vida.

Foto: una sala de muerte por inyección letal en una prisión estadounidense.

Argentina: el lenguaje del tatuaje carcelario

2008-04-14T14:30:00.003-03:00

Cuando un preso decide incorporar a su cuerpo el tatuaje de una serpiente enroscada en una espada, no hace otra cosa que manifestar simbólicamente el compromiso que asumió de matar a un policía. Y su promesa no tiene retorno, permanecerá en el detenido.

Este es un ejemplo del alcance de un tatuaje carcelario: se hace presente en un cuerpo más allá de una moda o un adorno, se presenta más allá del porque sí.

El tatuaje entre presos tiene, inequívocamente, la marca de la cárcel: realizado con materiales elementales y sin las prevenciones sanitarias mínimas, su factura de origen, sus rasgos inconfundibles, también quedan incorporados a un lugar del cuerpo de un detenido para siempre.

De amenazas, jerarquías y condiciones
Acostumbrados a flirtear con la muerte y el peligro, no dudan en jugar al filo de la ley. Y a través de los dibujos profieren mensajes amenazantes contra el orden establecido.

Los tatuajes carcelarios responden a un significado bastante específico codificado por los reclusos: muchos expresan agresividad o jerarquía entre la población penal, fundamentalmente la del pabellón de alojamiento; otros buscan destacar simbólicamente los lazos con familiares, en fin, otros exaltan la pertenencia religiosa.

Entre los más difundidos se encuentra la calavera: significa que el portador del tatuaje no dudará en matar ante una situación de enfrentamiento, es una advertencia a la que sus pares convivientes del pabellón deben prestar la adecuada atención.

Los cinco puntos: significan muerte a la policía. Se dibujan cuatro puntos, cuya unión imaginaria con líneas forma un cuadrado, y un punto más en el centro de esa figura: representan a cuatro ladrones y la policía en el medio. Hay variantes de esta figura consistente en reemplazar a los puntos por imágenes en un abanico ilimitado de posibilidades.

Se agrega, como compromiso de muerte a la policía, el antes mencionado dibujo de la espada con una serpiente enroscada a su hoja.

El ataúd en un tatuaje carcelario tiene también traducción sangrienta: una muerte perpetrada por su portador.

Otra variante de tatuajes agresivos que se ven con frecuencia en los presos, son las imágenes de aves de rapiña, animales feroces, espadas y puñales. Ninguna de ellas convoca a la amistad.

El misticismo; la libertad y la rosa
Los tatuajes místicos corresponden a imágenes de santos y vírgenes, cruces o figuras de Cristo y del diablo. Este tipo de tatuajes es muy común en los presos acusados de violación aunque no se circunscriben sólo a esta categoría de criminales, sino que también son usados por presos comunes que buscan ser acompañados en su piel con la fuerza de los emblemas religiosos.

Los tatuajes con dibujos de palomas y pájaros simbolizan algo muy preciado para los detenidos: la libertad. Muchos presos prefieren estas imágenes que les recuerda la vida sin rejas por delante.

Hay también imágenes incorporadas a la piel de flores, estrellas o palmeras u otros árboles y son requeridos por presos que rechazan la violencia. También son utilizados por agnósticos y ateos.

Las imágenes de mujeres desnudas, naturalmente, también son preferidas en las cárceles de hombres y refieren, más que al contenido erótico, a la necesidad corporal de la mujer que está muy lejos, del otro lado de las rejas.

Para sorprender a muchos hay también en la cárcel tatuajes de rosas y manzanas mordidas. Son de exclusiva pertenencia de los presos homosexuales.

En las cárceles argentinas es difícil encontrar a un preso con algún tiempo de encierro que no tenga un tatuaje en el cuerpo.

El pago y los materiales
Hay detenidos que se dedican a realizar las imágenes a cambio de elementos que necesita. Puede ser desde alimentos, pasando por algunas ropas y hasta cigarrillos, “pajarito” -licor tumbero elaborado con frutas- y drogas.

Encarcelado, el tatuador no puede ofrecer mucho más que su habilidad de dibujante. Los materiales con los que trabaja son elementales y es ésto lo que identifica a un tatuaje carcelario, la tosquedad del dibujo junto al color: sólo llegan a las manos del “artista” las tintas de colores de los bolígrafos.

Azul -muy preferido-, negro, verde y rojo, que en todos los casos pierden tonalidad una vez incorporados a la piel, son los colores propios del tatuaje carcelario.

La “pistola” de tatuar: casi siempre el cuerpo plástico del bolígrafo al que se incrusta una aguja especial que permite traspasar las primeras capas de la piel para fijar el dibujo de por vida.

El nivel de dolor al recibir un tatuaje en la cárcel: alto, bastante alto. El significado de un tatuaje en la cárcel también lo es.

Sobre la jerarquización profesional penitenciaria

2008-04-04T14:06:00.005-03:00

El ministro de Justicia de la provincia argentina de Buenos Aires, Ricardo Blas Casal, aseguró días pasados en una ceremonia institucional, que desde el gobierno del distrito“haremos todo lo que esté a nuestro alcance para jerarquizar la institución penitenciaria” y especificó que “los empleados de esta institución son el motor del sistema”.

Las palabras del ministro reiteran dichos similares formulados por anteriores gobiernos que en la práctica nunca llegaron a acciones concretas: la síntesis de parvas de promesas realizadas a través de décadas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es un trabajo penitenciario casi no reconocido por la ciudadanía y tampoco reconocido en los sueldos de los agentes. No existió la jerarquización tantas veces prometida.

Escenarios calcados se detectan sin fronteras que los circunscriban: se dan en la mayoría de las provincias argentinas y en la mayoría de los países de la región centro y sudamericana.

Hay una esencia del tema de la jerarquización del trabajo penitenciario que no es seguro que los funcionarios perciban como tal. Por lo menos así lo deja inferir la ausencia de mensajes y acciones dirigidos a ponderar esa cuestión con esa característica vital. También así por lo menos lo dejan pensar los ínfimos montos de sueldo que los gobiernos destinan a un guardia de cárcel para realizar un trabajo calificado como “penoso” por las Naciones Unidas.

Una jerarquización concreta
La jerarquización del penitenciarismo se encuentra claramente y está presente como principio en la legislación argentina: “la reinserción social del condenado”, según fija la ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad Nº 24.660.

El problema es que los designados para tener a cargo las instituciones carcelarias no transmiten a los hombres y mujeres trabajadores de la cárcel cuál es el norte de la jerarquización y dónde está su futuro insustituible: el del tratamiento penitenciario de los presos.

No se escucha entre los funcionarios, quien diga con convicción a los penitenciarios de la región que su futuro es el de apuntar hacia y sostener el tratamiento de los presos como horizonte profesional.

Apuntarlo y sostenerlo por dos razones concretas, tangibles, que se pueden ver y tocar: porque mejorar las tasas de reinserción social de los liberados es decididamente un logro laboral jerarquizador capaz de ser reconocido por la ciudadanía sin discusión y, en segundo término, porque el penitenciario debe conceder que una tarea de vigilancia y custodia ya no lo jerarquizará.

Sencillamente porque ese trabajo lo puede realizar un integrante de cualquier fuerza de seguridad. Simplemente con escuchar la orden de que “nadie se fugue”. Sencillamente también, por si hace falta decirlo, porque esa tarea la realizan en algunos sistemas penitenciarios de la región hombres cuya preparación como guardias de cárceles les toma el tiempo de aprender a disparar un fusil con razonable puntería. Después de eso a las murallas...

Los penitenciarios saben que hay colas de postulantes decididos a aprender a manejar un fusil. Pero no hay muchos dispuestos a asistir a cursos de formación anuales que jerarquicen su trabajo capacitándolos para operar, supervisar y decidir en un tratamiento penitenciario.

Por allí, con algunos agregados y matices, pasa la jerarquización penitenciaria. La que ponderará la sociedad. Para bien de todos.

Esa jerarquización busca autoridades decididas a trasladar a las instituciones carcelarias el mensaje jerarquizador de la profesión: estar formado para reinsertar, para recortar las tasas de reincidencia criminal. Es el desafío penitenciario a enfrentar en el futuro.

Autoridades también decididas a plantear lo delicado del trabajo carcelario a los más altos estamentos de los gobiernos y, por esto, su necesidad de ser jerarquizado transitando un horizonte resocializador que, no puede obviarse, demanda salarios suficientes para exigir la capacitación.

Este trasfondo jerarquizado servirá de mucha mejor base a la “ampliación de los jardines maternales y de infantes que resolveremos brevemente” y a los“nuevos criterios de selección de personal y de clasificación de los internos para disminuir los índices de violencia en las cárceles”, que prometió el ministro Casal para los agentes del Servicio Penitenciario bonaerense al hablar en una ceremonia.

El ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires hizo estas promesas al presidir la semana pasada el acto de inauguración del ciclo lectivo 2008 del Instituto Superior de Formación y Capacitación del Personal Penitenciario bonaerense en la ciudad de La Plata.

La ocasión, como iniciación de un esfuerzo capacitador, fue inmejorable para dar, desde el ministerio de Justicia bonaerense, un empujón a la jerarquización de la profesión penitenciaria: en ese instituto unos mil agentes cursan tres carreras terciarias: Tecnicatura en Ejecución Penal, en Recursos Humanos y en Seguridad Institucional. Los egresados obtienen título oficial de la Dirección General de Escuelas de la provincia.

Foto: ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Blas Casal.

Congreso europeo sobre la cárcel: no a "torturas blancas" y a legislar a "golpe de noticias"

2008-03-30T12:29:00.008-03:00

El 29 de febrero y 1 de marzo se realizó en Pisa el Congreso Internacional de Abogados Europeos Demócratas que al tratar la problemática “La cárcel en Europa: entre la reinserción y la exclusión” rechazó el uso de las “torturas blancas” en las prisiones, no dio aval a la penas de cadena perpetua para menores dictadas en el Reino Unido y Holanda y, demorado, tomó nota de la aparición de la figura del “garante” que, por ejemplo en Argentina, está vigente desde principios de los ´90 bajo la denominación de “Procuración Penitenciaria”.

El Congreso incursionó en tres cuestiones ponderadas como centrales: las condiciones de detención en Europa; los sujetos de exclusión –presos extranjeros y drogadictos por ejemplo-; las medidas alternativas a la prisión y, en un alerta que toca a no sólo a países europeos, sino también a los Centro y Sudamericanos, cuestionó a los gobiernos que “se dedican a legislar a golpe de noticias sensacionalistas bajo el sometimiento a la opinión pública la cual está, a su vez, a merced de los medios de comunicación”.

Carencias de seriedad
La postura inaugural la planteó el doctor Luigi Ferrajoli, profesor de Teoría General del Derecho de la Universidad de Roma, quien recorrió la actualidad de los sistemas penales estudiados y les adjudicó males comunes “difícilmente explicables en la Vieja Europa, portadora y abanderada de los derechos que las grandes civilizaciones de la historia declararon propias del hombre por ser inalienables y comunes a todos ellos”.

Por "difícilmente explicable" el Congreso denunció la gestión en Europa de “gobiernos que, carentes de la seriedad y rigor necesario para abordar una política integral de seguridad pública, se dedican a legislar a golpe de noticias sensacionalistas, bajo el sometimiento a la opinión pública la cual está, a su vez, a merced de los medios de comunicación”.

Sorprendentemente para otras partes del mundo, Ferrajoli coincidió a pleno con lo que sucede en los países de Centro y Sudamérica –y la Argentina es una muestra nítida de ese problema-, donde la legislación –también en lo penal- no está a la altura de las necesidades de una república y en muchos casos la ignora o pisotea.

En otros tramos de su disertación el estudioso señaló que en el Viejo Mundo disminuyeron los delitos graves en las últimos cuatro décadas con menos de la mitad de violaciones, homicidios y asesinatos para luego subrayar que, en contrapartida, a cada uno de estos crímenes hoy se les dedica “medio noticiero o un programa completo” de televisión.

“Eso provoca una desorbitada alarma social que reclama cada poco tiempo un endurecimiento de las leyes penales” advirtió con justeza y, podría decirse, con una dosis de dramatismo, el especialista.

Más temas
Los abogados reunidos en el congreso de la itálica ciudad de Pisa sesionaron con un trasfondo de crítica a los sistemas que, dijeron, “castigan más hechos que antes y más duramente”. En ese sentido se cuestionó “un excesivo uso de la pena de prisión para punir penalmente conductas que podrían saldarse con penas menos gravosas para el infractor y la sociedad en su conjunto” se señaló.

Puntualizaron seguidamente que el hacinamiento carcelario es una “inevitable consecuencia de lo anterior” y la masificación del encarcelamiento asocia “el fracaso de cualquier apuesta reinsertadora –social- en la ejecución de la pena privativa de libertad.

Observaron “una grosera” criminalización de los pobres en comparación con la represión que se hace de los delitos “de cuello blanco” y se postuló que la represión de delitos económicos no debe castigar a sus autores simplemente con prisión, con penas reducidas por defensas bien remuneradas, mientras se quedan con el dinero mal apropiado: “mejor sería castigarlos duramente en su patrimonio primero y valorar después la conveniencia de una pena de prisión” planteó el Congreso.

Se llamó la atención sobre la problemática de encarcelamiento de extranjeros y se puntualizó que “las leyes de inmigración más que para impedir la llegada de inmigrantes a Europa sirvieron para crear bolsones de ilegales y la obstinación en no facilitar la regularización de inmigrantes induce a que “se conviertan potenciales delincuentes: “no hay ciudadano que cumpla mejor la ley que un extranjero legalizado, sólo por el miedo a perder tal condición” alertaron los abogados.

Datos
Otras temáticas enfocaron, por ejemplo, al Reino Unido que “impresionó” con su sistema penal para menores que prevé la cadena perpetua. Holanda y el Reino Unido son los países que más duramente castigan a sus menores, aún cuando las estadísticas no mostrarían resultados mejores de tasa de criminalidad y reinserción que otros sistemas de menores más flexibles el italiano dice la corriente garantista.

También se informó que en la ciudad de Pisa hay una figura novedosa en el entorno penitenciario: el “Garante”, es decir el Procurador Penitenciario en Argentina, creado en la década del ´90 y que en los últimos diez años mantiene una crucial puja de identidad en su interior: no ha resuelto si dedicarse más a la situación de sus defendidos, los presos, que a hacer prensa de su gestión.

Volviendo a la nueva figura del “garante” en Europa, tiene apoyo en la ONU y en el Consejo de Europa si bien hasta hoy se desarrolló únicamente en la ciudad anfitriona del congreso, Pisa. Aquí también la instancia intenta preservar los derechos de los detenidos dependiendo del Ayuntamiento de la ciudad.

En particular, el Congreso escuchó a una abogada americana que asiste a presos de Guantánamo y aprobó una "Conclusión" en contra de esa prisión por el uso de las denominadas “torturas blancas” como el aislamiento prolongado – también se criticó a España cuya legislación permite una mayor duración de aislamiento-; el castigo de la prohibición de visitas y comunicaciones con familiares; los servicios médicos insuficientes y los traslados constantes -se comentó el caso de un interno que sufrió 24 traslados en 8 meses-.

El Congreso de Abogados Demócratas de Europa sesionó con el auspicio de la Unión de Tribunales Penales Italianos y la Universidad de Pisa y del Ministerio de Justicia italiano.

Una frase final que debe rescatarse de lo producido por el Congreso la dejó el profesor Ferrajoli al postular que “mientras la cárcel exista debemos intentar que sirva para algo: si no se puede conseguir de ella que tenga un efecto correctivo, al menos que no tenga un efecto corruptivo”.